La pandemia ha acelerado la desigualdad en todo el planeta.

Lxs trabajadorxs han perdido $3,7 billones en ingresos, mientras que lxs multimillonarixs han aumentado su riqueza en $3,9 billones.

Los países ricos han invertido billones de dólares en inflar sus economías, mientras dejan a trabajadorxs informales, migrantes, mujeres y personas discapacitadas con centavos como ayuda.

Pero los países pobres han estado paralizados por una brecha de financiamiento de $2,5 billones que ha impedido una respuesta adecuada a la pandemia.

De los más de $13 billones gastados en la recuperación de la pandemia a nivel mundial, menos del uno por ciento ha llegado al Sur Global.

Para estos países, la pandemia ha sido más que una crisis sanitaria. Ha sido también una crisis financiera. La evacuación de capital por parte de inversorxs extranjerxs, el colapso de las cadenas de suministro mundiales y los servicios de salud en un estado crónico de sub-financiamiento se han combinado para crear una crisis turbulenta de proporciones históricas.

Pero las cosas pueden ponerse mucho peor. Antes de la pandemia, 64 países de bajos ingresos ya gastaban más en el servicio de sus deudas internacionales que en fortalecer sus sistemas locales de salud. Ahora, la carga de sus deudas públicas ha aumentado en alrededor de $1,9 billones.

Las finanzas públicas determinarán la dirección de la pandemia. Mientras que los países más ricos han acaparado más vacunas de las que necesitan, la camisa de fuerza fiscal de las economías vulnerables descarta el esfuerzo de salud pública que necesitamos para erradicar el virus en todas partes.

La habilidad de pedir dinero prestado es fundamental para la capacidad de un gobierno. Sin embargo, el dominio de monedas imperiales como el dólar estadounidense significa que los gobiernos en el Sur Global deben pedir préstamos en moneda extranjera –y estas deudas vienen con tasas de interés más altas que las de sus vecinos extranjeros.

Incluso en tiempos de bonanza, la economía global trabaja para extraer dinero del Sur para entregárselo al Norte.

Pero cuando golpean las crisis, las monedas del Sur pierden valor frente al dólar al mismo tiempo que se agotan los ingresos públicos. El resultado es un intercambio mortal. Pagar la deuda significa destrozar la red de seguridad social, una red que se interpone entre miles de millones de personas y la pobreza extrema. Pero la falta de pago puede ser aún peor: los países pobres se arriesgan a perder su capacidad de pedir préstamos en el futuro, lo que prácticamente garantiza la desaparición de la red de seguridad que tienen ahora.

Como los principales acreedores del mundo, los gobiernos del G20 han hecho poco para abordar este mortal intercambio. En 2020, el G20 suspendió solo el 1,66 por ciento del total de pagos de la deuda de los países de menores ingresos. En cambio, protegieron el poder de los fondos buitres y sus acreedores holdouts para cobrar dinero que se necesita urgentemente para la respuesta, la recuperación y la acción climática.

El G20 ha ofrecido ahora un “Marco Común” para abordar la incipiente crisis de la deuda. Esta oferta es un ultimátum. O se renueva el círculo vicioso –de deuda, austeridad y privatización– o se entra en un total colapso financiero.

El “Marco Común” del G20 no es un salvavidas para los gobiernos del Sur Global. Es su prisión de deudores.

Este documento es un llamado a romper con este sistema neocolonial de explotación –y un análisis de las obligaciones del G20 para iniciar un sistema de renegociación de la deuda que:

• Obligue a todos los acreedores –públicos y privados– a participar, poniendo fin a los “holdouts” que socavan los derechos de negociación de los deudores con el objetivo de maximizar sus ganancias.
• Incluya a todos los países que se enfrentan a problemas de deuda –no sólo a los países más pobres que tienen la deuda más barata.
• Cree un proceso de “renegociación” que sea transparente e inclusivo –en lugar de uno que sea por y para los acreedores.
• Garantice “valoraciones de deuda independientes” que se centren en restaurar la capacidad económica, no en minimizar costos.
• Ofrezca la cancelación real de la deuda, en lugar de diagnosticar la crisis de la deuda como una cuestión de liquidez.
• No incluya condicionalidades de austeridad –condicionalidades que han intensificado las desigualdades y vaciado los sistemas de salud pública.
• Proporcione financiación adicional para la respuesta a la pandemia y la recuperación sostenible.

En este informe, repasamos cada una de estas demandas, por qué creemos que son esenciales para una visión de la justicia de la deuda y por qué el G20 debe actuar para cumplirla.

Obligar a todos los acreedores

Los países de ingresos más bajos piden dinero prestado de una variedad de poderosos acreedores: países ricos, instituciones financieras internacionales, gigantes financieros y corporaciones multinacionales.

En la última década se ha producido una enorme diversificación de acreedores, incluyendo a los gigantes de los combustibles fósiles como BlackRock y Glencore. Solo en los últimos diez años, los acreedores privados han duplicado su participación en la deuda de los gobiernos de menores ingresos. La composición de la deuda varía mucho entre países; por ejemplo, la mayoría de la deuda de Zambia y Mozambique es de propiedad privada, mientras que los acreedores multilaterales poseen la mayor parte de la deuda de Nepal y Sierra Leona.

Pero el G20 ignora estos hechos fundamentales y solo trae a la mesa acreedores bilaterales. Sugiere –de forma irrisoria– que los acreedores privados se ofrezcan voluntariamente a participar. Esto significa que los fondos liberados del reembolso a los acreedores bilaterales simplemente se redirigen a los bolsillos de los prestamistas privados predatorios. El año pasado, los países de más bajos ingresos que calificaban para la suspensión de la deuda del G20 estaban pagando aún $32 millones diarios a los bancos y fondos de inversión. Un escenario donde el dinero público mantiene todas las prácticas lucrativas de los especuladores financieros es injusto en cualquier momento, aún más durante una crisis mundial.

Al liberar de la responsabilidad a los acreedores privados y multilaterales, el G20 está permitiendo una cultura de impunidad e incentivando los préstamos irresponsables que han llevado a esta crisis. Necesitamos un mecanismo que obligue a todos los acreedores a participar.

Incluir a todos los países

La deuda soberana que amenaza la vida no se limita a los países más pobres. Las consecuencias de la pandemia, por ejemplo, han devastado regiones que dependen de los flujos globales como remesas, exportaciones de productos básicos y turismo.

El sistema existente de "alivio de la deuda" ha dejado a estos países en el abandono. La oferta del G20 se limita a los países más pobres, excluyendo a muchos de ingresos medios y estados insulares pequeños que corren mayor peligro de verse sumidos en la deuda.

Un proceso de renegociación de la deuda debe estar disponible para cualquier país que lo pida. Esto pone la decisión de renegociación en las manos de los gobiernos de los países afectados, en lugar de cortes arbitrarios impulsados por los intereses de minimización de costos de los acreedores poderosos.

Crear un nuevo proceso de “renegociación”

No hay un mecanismo multilateral de resolución de problemas de deuda soberana. El resultado es un enfoque ad hoc con un fuerte sesgo contra los prestatarios.

El G20 espera que los gobiernos endeudados busquen alivio de otros acreedores individualmente, uno por uno. Esto alienta a los acreedores a retener el alivio y sabotear las reestructuraciones con la esperanza de que otros acepten los mayores recortes.

Este sistema es particularmente benévolo para los acreedores privados, cuya deuda está protegida por el secreto y la complejidad, lo que les otorga un enorme poder sobre los países deudores y otros acreedores.

Los gobiernos que han intentado reestructurar han sido sancionados con degradaciones crediticias por parte de agencias de calificación que son tanto actores como árbitros en los mercados globales. El resultado es el deterioro del acceso y las condiciones de la deuda soberana.

Al mismo tiempo, los derechos de los acreedores son más fuertes que nunca, con nuevas oportunidades para que los fondos buitre compren bonos en incumplimiento, persigan agresivamente los litigios y aumenten el valor de las reclamaciones mediante cláusulas de intereses de penalización y sentencias judiciales.

Esta situación fragmentada y opaca es por y para los acreedores.

Exigimos un marco verdaderamente multilateral y transparente para la renegociación y los préstamos futuros, que rinda cuentas a la ciudadanía de los países deudores y recompense, en lugar de castigar, a los Estados que tomen medidas positivas hacia la sostenibilidad de la deuda.

Garantizar valoraciones de deuda independientes

El Marco de Sostenibilidad de la Deuda (MSD) del FMI y el Banco Mundial es la base de los paquetes de alivio de la deuda del G20.

Sin embargo, estas valoraciones no tienen en cuenta los derechos fundamentales, las perspectivas de desarrollo y la acción climática. Su objetivo es, en cambio, evaluar cómo se puede ajustar el gasto para satisfacer los pagos de la deuda. Por lo tanto, se mantienen niveles insostenibles de servicio de la deuda a expensas de un gasto público crucial.

El FMI ha anunciado una revisión del MSD, pero el proceso tendrá lugar completamente fuera de la vista del público, profundizando su crisis de responsabilidad.

La evidencia que se utiliza para determinar el proceso de renegociación de la deuda no deben estar liderada por los grandes acreedores. En su lugar, el G20 debe garantizar valoraciones independientes de la deuda que proporcionen una base imparcial para las negociaciones y un claro enfoque en los derechos, el desarrollo y el clima.

Cancelar la deuda

La reestructuración de la deuda no es suficiente. La UNCTAD ha calculado que los gobiernos necesitan una condonación de la deuda del orden de un billón de dólares para lograr la sostenibilidad básica, por no hablar de la justicia social.

El G20 se resiste a esta medida inevitable en su propio detrimento.

Su oferta consiste, en cambio, en dar vueltas a las cifras: un cambio en las condiciones de pago y nuevos mecanismos de préstamo.

Esto puede hacer que se disponga de algo de dinero rápido a corto plazo. Pero a largo plazo, simplemente retrasa el reembolso sin ninguna estrategia para resolver la crisis subyacente de insolvencia. Mientras tanto, los daños colaterales para las vidas, los medios de subsistencia y el planeta serán irreversibles.

La cancelación de la deuda debe estar sobre la mesa.

Eliminar las condicionalidades de austeridad

Existe un nuevo consenso económico para apoyar la inversión pública como vehículo para la recuperación de la pandemia.

Pero los países altamente endeudados siguen enfrentándose a otra década de austeridad.

Mientras que el FMI ha abogado enérgicamente por una respuesta expansiva en los países ricos, ha seguido impulsando una agenda de austeridad e impuestos regresivos en los países de bajos ingresos.

El jefe del Banco Mundial incluso ha reconocido la tóxica extracción de rentas por parte de los créditos globales sobre lxs pobres. Sin embargo, no ha suspendido ni cancelado ninguna de las deudas que poseen. En cambio, ha seguido dando prioridad a los intereses privados sobre los públicos.

La austeridad es responsable de innumerables pérdidas de vidas. Es ilógico y cruel reconocer el papel de la austeridad en la creación de esta crisis y recetarla de nuevo.

Las renegociaciones de la deuda deben devolver la soberanía a la ciudadanía. El G20 debe garantizar que los países no se vean obligados a adoptar condiciones de austeridad a cambio del acceso al alivio.

Invertir en una recuperación común

La cancelación de la deuda es una cosa. Invertir en el futuro es otra.

Todos los gobiernos deben contar con el presupuesto para llevar a cabo una transición ecológica y justa.

Los países pobres se han visto frenados durante décadas por una arquitectura económica mundial extractiva. Ahora, es el momento de abrir los grifos e invertir.

Las medidas inmediatas incluirán una asignación de Derechos Especiales de Giro, el impulso de la financiación del Banco Multilateral de Desarrollo y la cobertura de los déficits de financiación de las pérdidas y los daños infligidos a los países de bajos ingresos por el colapso climático.

Controlar la evasión fiscal de las multinacionales y las personas adineradas, redirigiría los recursos a los presupuestos públicos y podría ir acompañado de nuevos mecanismos fiscales globales como el impuesto corporativo mínimo, el impuesto digital, el impuesto sobre las transacciones financieras y el impuesto sobre el patrimonio.

Deben eliminarse los incentivos a la explotación de los combustibles fósiles y a otras industrias intensivas en carbono, y reorientar las subvenciones hacia las transiciones energéticas y las estrategias industriales ecológicas que crean olas de trabajo digno y sindicalizado.

El mundo no sufre por falta de recursos. Sufrimos porque montos descomunales de dinero son absorbidos por los bolsillos de unxs pocxs. No hay escasez de ideas sobre las muchas vías de acción que podamos perseguir para revertir este flujo. Lo que necesitamos ahora es voluntad política y no nos detendremos hasta conseguirla.