Ya antes de la crisis de COVID-19, casi la mitad de los aproximadamente 2,6 millones de personas de Namibia vivían en la pobreza y el desempleo. Mientras tanto, la violencia de género, el abuso de mujeres y niñxs y la corrupción generalizada prosperan entre los rangos del gobierno por una poderosa élite. El año pasado, Namibia se vio envuelta en un escándalo que sacudió nuestro país cuando exministros y sus secuaces desfalcaron miles de millones de FishCor, una empresa estatal de la industria pesquera.

El COVID-19 ha paralizado nuestra ya sufrida economía y está costando a miles sus empleos, sumando a la ya alta tasa de desempleo. Datos recientes revelan que aproximadamente 200,000 niñxs sufren de malnutrición en Namibia. El acceso a las instalaciones de salud y a los medicamentos sigue siendo una pesadilla. La brutalidad policial ha cobrado muchas vidas antes del COVID-19, y una durante la pandemia. Aún así, la incapacidad de la policía para tratar a los civiles con dignidad viola los mismos derechos que se supone que deben proteger. Las personas se quejan de abusos físicos y verbales pero la policía se niega a presentar cargos contra los culpables dentro de sus filas. En cambio, los agentes de policía son protegidos, justificados por el estado de emergencia. El sistema educativo ha fracasado. Por desgracia, la educación en línea no es accesible para muchos, ya que la mayoría no pueden pagar por el Internet, y mucho menos la electricidad o entornos propicios para el aprendizaje.

En la primera fase del confinamiento, miles, si no millones, se limitaron a sus casas, sin tener la capacidad de cuidarse a sí mismos y a sus familias. A pesar de que se han donado alimentos y dinero, el presunto robo y la discriminación en la distribución de la ayuda han estado a la orden del día. La mayoría de las personas que viven en asentamientos informales no han recibido planificación ni atención adecuada, a pesar del paquete de estímulo de 8,100 millones de dólares namibios puesto en marcha por el Gobierno. Esto en sí mismo no responde a cuestiones críticas acerca de su efectividad para reactivar la economía y ha fracasado ya que son muchos los que aún no han recibido ayuda en sus distritos. La falta de planificación y organización adecuadas por parte del Gobierno para alimentar a su pueblo ha sido un tremendo fracaso.

El Movimiento de los Pueblos sin Tierra (LPM) tiene por objeto restablecer la dignidad del pueblo namibio mediante la movilización de las masas para defender sus derechos y erradicar la corrupción. Nuestro objetivo es crear mejores condiciones de vida. Después de obtener cuatro escaños en la elecciones del año pasado, estamos utilizando los recursos a nuestra disposición para luchar por lxs más vulnerables de nuestra sociedad.

El 16 de abril, el LPM publicó el documento “Más allá del COVID-19” detallando nuestras soluciones económicas, sociales y políticas para Namibia. Detalla las políticas post-COVID-19 para ayudar a la mayoría de lxs namibixs. El LPM lucha por penetrar en las mentes adoctrinadas de lxs oprimidxs para promover la democracia, el estado de derecho y el poder popular para luchar contra los males de la corrupción y la captura del estado.

Todos los poderes del gobierno ya han sido cooptados, lo cual dificulta enormemente el que lxs funcionarios de altos cargos consigan ser llevados ante la justicia. En noviembre se celebrarán nuestras elecciones locales y regionales, pero debido al estado de emergencia y las normas de confinamiento, no nos es posible hacer campañas ni realizar reuniones masivas para debatir nuestros objetivos y planes.

No obstante, nos esforzaremos por construir el poder a través de estas elecciones para que podamos cumplir con nuestras obligaciones manifiestas para las masas: proporcionarles acceso a la tierra, reformar la agricultura para que podamos empezar a producir nuestros propios alimentos y restaurar la justicia social.