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MSICG denuncia la consolidación de una dictadura en Guatemala

El Estado de Guatemala vive su peor crisis democrática desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG- afiliado a Internacional Progresista advierte de la existencia de un rompimiento del orden constitucional en Guatemala y el avance de un agresivo proceso de consolidación de una dictadura.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG- afiliado a Internacional Progresista advierte de la existencia de un rompimiento del orden constitucional en Guatemala y el avance de un agresivo proceso de consolidación de una dictadura.

El 14 de enero de 2020 tomó posesión del cargo el actual Presidente de la República de Guatemala Alejandro Giammattei Falla postulado por el partido político “Vamos” y los nuevos diputados del Congreso de la República, postulados por diversos partidos políticos.

Aunque el partido que postuló al Presidente de la República cuenta con una exigua representación en el parlamento de 17 diputados de un total de 160, rápidamente y mediante acuerdos no públicos, logró crear de facto una bancada oficialista de 106 diputados subordinando el poder legislativo al ejecutivo pese a la prohibición expresa de la subordinación de poderes establecida en el Artículo 141 de la Constitución Guatemalteca.

El control sobre el parlamento le ha permitido al Presidente obstruir el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones que debió realizarse hace meses y que ha venido siendo demorado por la negativa de los 106 diputados que controla de acatar las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad en las que ordenó a estos respetar los principios de elección establecidos en la Constitución, dentro de ellos abstenerse de elegir como magistrados a candidatos cuestionados de tener vínculos con estructuras paralelas o del crimen organizado.

La lucha del Presidente de la República por extender su control al sistema de justicia ha llevado a los diputados que controla a declarar públicamente que no acatarán las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad, declaraciones que también fueron emitidas por la Corte Suprema de Justicia que usurpa actualmente el poder judicial al seguir en funciones pese a haber excedido el plazo constitucional para el que fueron electos.

El Estado de Guatemala vive su peor crisis democrática desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y camina de manera silenciosa a la consolidación de una dictadura sin precedentes en Latinoamérica.

El 14 de enero de 2020 tomó posesión del cargo el actual Presidente de la República de Guatemala Alejandro Giammattei Falla postulado por el partido político “Vamos” y los nuevos diputados del Congreso de la República, postulados por diversos partidos políticos.

Aunque el partido que postuló al Presidente de la República cuenta con una exigua representación en el parlamento de 17 diputados de un total de 160, rápidamente y mediante acuerdos no públicos, logró crear de facto una bancada oficialista de 106 diputados subordinando el poder legislativo al ejecutivo pese a la prohibición expresa de la subordinación de poderes establecida en el Artículo 141 de la Constitución Guatemalteca.

El control sobre el parlamento le ha permitido al Presidente obstruir el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones que debió realizarse hace meses y que ha venido siendo demorado por la negativa de los 106 diputados que controla de acatar las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad en las que ordenó a estos respetar los principios de elección establecidos en la Constitución, dentro de ellos abstenerse de elegir como magistrados a candidatos cuestionados de tener vínculos con estructuras paralelas o del crimen organizado.

La lucha del Presidente de la República por extender su control al sistema de justicia ha llevado a los

El 7 de agosto de 2020 la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público se suma a la agenda del Presidente de la República para secuestrar el poder judicial y promueve un antejuicio en contra de seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal constitucional del país.

El antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad debe ser conocido por los diputados controlados por el Presidente de la República por lo que se espera que en las próximas semanas se les retire la inmunidad y se proceda a su captura para dejar el camino libre al Presidente para nombrar a los miembros del poder judicial sin ningún tipo de control constitucional.

Las acciones tomadas por Alejandro Giammattei para consolidar su dictadura han sido respaldadas por el posicionamiento de las cámaras empresariales con más poder dentro del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) cuyos intereses representa exclusivamente el Presidente Giammattei.

El tiempo que lleva en el gobierno Alejando Giammattei, que apenas supera los 6 meses, ha significado para la población una constante restricción de sus garantías democráticas, la imposición de los intereses empresariales a costa de las necesidades elementales de la población, la eliminación de los controles democráticos y una constante regresión económica y social al implementar la agenda del CACIF como fin prioritario del Estado condenando con ello a la población a más miseria, desigualdad y exclusión social.

En ese sentido, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG- afiliado a la Internacional Progresista advierte de la existencia de un rompimiento del orden constitucional en Guatemala y el avance de un agresivo proceso de consolidación de una dictadura por lo que insta a las fuerzas progresistas del mundo a condenar la pérdida de las garantías democráticas en Guatemala, a estar alertas ante el desarrollo de los acontecimientos y a exigir la restauración de la independencia de poderes y contrapesos políticos, la vigencia de los controles de constitucionalidad y derechos humanos y el cese de las medidas regresivas de derechos económico-sociales de la población.

Guatemala, 10 de agosto de 2020.

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Date
11.08.2020

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