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"La presidenta golpista de Bolivia terminará huyendo del palacio en un helicóptero”

La federación sindical COB lidera la lucha por la democracia en Bolivia mediante una huelga general y bloqueos de carreteras en todo el país, lo que demuestra el poderío del movimiento social que la respalda.
Si el gobierno golpista consigue suspender las elecciones, puede salirse con la suya en cualquier circunstancia. Esto implica que continuaría el robo descarado a las empresas estatales, la persecución de sindicalistas y activistas indígenas, y el atropello a los derechos democráticos.
Si el gobierno golpista consigue suspender las elecciones, puede salirse con la suya en cualquier circunstancia. Esto implica que continuaría el robo descarado a las empresas estatales, la persecución de sindicalistas y activistas indígenas, y el atropello a los derechos democráticos.

Nueve meses después del golpe militar que derrocó al presidente de izquierda Evo Morales, el gobierno golpista de Bolivia suspendió las elecciones por tercera vez. Como reacción a la maniobra de Jeanine Áñez, presidenta interina, de retrasar las elecciones, la Central Obrera Boliviana (COB) organizó marchas a lo largo del país a las que asistieron alrededor de medio millón de personas en El Alto. Al dirigirse a lxs manifestantes, el secretario general de la COB, Juan Carlos Huarachi, amenazó con una huelga general indefinida a menos que las elecciones se llevaran a cabo según lo previsto.

La manifestación de El Alto fue la más grande desde el período inmediatamente posterior al derrocamiento de Morales en noviembre, cuando los pueblos indígenas que protestaban contra el golpe fueron “fusilados como animales", matando al menos treinta y siete personas. Sin embargo, el presidente del tribunal electoral Salvador Romero, nombrado por el régimen golpista, hizo caso omiso de las protestas y el lunes 3 de agosto comenzó con fuerza la huelga general indefinida, con protestas, marchas y bloqueos de carreteras que se extendieron rápidamente por toda Bolivia. En 24 horas, más de setenta y cinco carreteras y autopistas principales en las provincias de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí fueron total o parcialmente bloqueadas por las filiales sindicales locales y los movimientos sociales.

Los bloqueos respaldados por la COB fueron ampliamente apoyados por los sindicatos y los movimientos sociales. Entre los participantes figuraban la Federación Sindical de Trabajadorxs Minerxs de Bolivia (FSTMB), lxs cocalerxs (las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba), la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Federación de Campesinxs de Túpac Katari y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB). Estas fuerzas cuentan con un historial de movilizaciones masivas contra los gobiernos neoliberales, como la histórica Guerra del Gas de 2003 y en las guerras del agua de 2000 en Cochabamba. Tras los primeros días de bloqueos, el 6 de agosto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se vio obligado a entablar conversaciones con los movimientos sociales sobre la fecha definitiva de las elecciones.

El 8 de agosto, tras una tensa noche de negociaciones en las que participaron la COB, el TSE y ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se llegó a ningún acuerdo. El tribunal electoral continúa rechazando cualquier intento de acercar las elecciones a la fecha original del 6 de septiembre. Al día siguiente, un intento del régimen Añez de convocar a un diálogo político nacional terminó en un humillante fracaso, ya que no sólo el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, sino prácticamente todas las fuerzas políticas boicotearon la reunión, excepto su propia alianza, "Juntos", y dos partidos minoritarios de derecha.

Resulta más prometedor que, bajo el liderazgo de Huarachi, la COB haya vuelto a sus raíces históricas de lucha por la democracia y contra la dictadura militar. De hecho, aunque la COB actualmente se opone con firmeza al intento del régimen golpista de retrasar las elecciones, hace algunos meses su posición era mucho menos firme. Con el régimen golpista tratando de evitar medirse en las urnas, los próximos acontecimientos pondrán a prueba el poder de los movimientos sociales bolivianos—y su voluntad de permanecer unidos a Morales y sus aliadxs.

Cómo la COB y la FEJUVE fallaron en defender a Evo

Esta relación no se puede dar por sentada. Cuando Bolivia se encaminaba a las elecciones presidenciales en octubre de 2019, la alianza de lxs trabajadorxs mestizxs urbanxs y los movimientos sociales indígenas rurales que durante mucho tiempo apoyaron al gobierno de Morales había empezado a debilitarse. Después de catorce años de gobierno, no quedaba mucho del espíritu revolucionario que llevó al partido MAS de Morales a la presidencia. Y aunque Morales fue acreditado como el primer presidente indígena de Bolivia, esta distinción se había convertido en algo anticuado.

Cuando lxs bolivianxs acudieron a las urnas el 20 de octubre para decidir si le concederían otro mandato a Morales, éste obtuvo un 47 por ciento del voto popular. Puede parecer un porcentaje elevado en una carrera con múltiples candidatxs, pero en comparación, en 2014 obtuvo la victoria con un 61,36 por ciento de apoyo. El referéndum constitucional de 2016 sobre la posibilidad de que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera se postularan para un histórico cuarto mandato, hizo que por primera vez desde 2005 la votación del MAS cayera por debajo del 50 por ciento—una pérdida clave que desencadenó el efecto dominó que finalmente daría lugar al golpe de noviembre de 2019.

Aunque Morales finalmente obtuvo el derecho a presentarse a las elecciones presidenciales de 2019, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, la oposición de derecha invirtió mucho tiempo y energía en la elaboración de una falsa narrativa según la cual Bolivia se había convertido en un "narcoestado" y una "dictadura", dada la negativa de Morales a aceptar los resultados del referéndum. Esta narrativa se expresó en la violencia extrema perpetrada durante la campaña electoral de octubre pasado por grupos de extrema derecha tales como el movimiento 21F, el grupo Resistencia Juvenil de Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, seguida de un motín policial a principios de noviembre y el golpe militar del 10 de noviembre.

Los baluartes indígenas del MAS resistieron la mayor parte de la violencia que acompañó a las elecciones de octubre. Las dos masacres principales ocurrieron en Sacaba, Cochabamba contra lxs cocalerxs de las Seis Federaciones del Trópico, leales a Morales, y en Senkata, contra lxs indígenas aymaras autoorganizadxs de El Alto (FEJUVE).

Ni el FEJUVE ni la COB defendieron con firmeza el gobierno de Morales ante tan intensa persecución. Una enorme campaña mediática de la Organización de Estados Americanos hablaba de un supuesto "fraude electoral" y de manifestaciones masivas de la derecha, además de militares y policías que exigían la dimisión de Morales. El líder de la COB, Huarachi, participó en los movimientos de "pacificación".

Como muchos líderes sindicales, recibió serias amenazas de muerte, y cuando la policía y lxs militares obligaron a Morales a renunciar, Huarachi comentó que debía hacerlo si eso ayudaba a "pacificar el país". Muchxs partidarixs del MAS consideraron esto como una traición—y el presidente venezolano Nicolás Maduro calificó a Huarachi de traidor.

Sin embargo, en los últimos meses estos movimientos sociales han recobrado fuerza—y endurecido su postura. Esto se debe especialmente a la relativa ausencia del régimen Áñez durante la crisis del coronavirus, y a la demanda de justicia después de un período de intensa represión. Bajo la dirección de Basilio Villasante, la FEJUVE, que forma parte del "Pacto de Unidad" del MAS, trabaja con grupos de la COB con los que el gobierno de Áñez ha rechazado toda negociación.

Al anunciar una huelga general indefinida y movilizaciones masivas, la COB está restableciendo la unidad de lxs campesinxs, lxs minerxs y lxs trabajadorxs urbanxs que se perdió en noviembre pasado. Fue precisamente esta unidad y la permanente movilización masiva durante las últimas décadas, lo que posibilitó la nacionalización de los recursos naturales y los catorce años de gobierno del MAS con un desarrollo económico exitoso. Varias semanas antes de que comenzaran las marchas, el líder de lxs minerxs Orlando Gutiérrez de la FSTMB declaró: "Esto ya no se trata de un partido político. Se trata de la dignidad del pueblo."

Recuerdos de las luchas

En su discurso en la manifestación de El Alto, Huarachi invocó las luchas de la reciente historia boliviana, señalando cómo él mismo marchó durante la Guerra del Gas de 2003. "¿Cómo podremos olvidar estas luchas y a quienes dieron sus vidas en ellas?" preguntó, "Después de muchos años, el pueblo está nuevamente unido y le dice al gobierno que respete la [fecha de la] elección del 6 de septiembre".

El día después de la marcha, el régimen golpista presentó una demanda penal contra Huarachi y otrxs sindicalistas por "promover actos criminales y atentar contra la salud pública".

Lxs minerxs —representadxs por el propio sindicato de Huarachi, la FSTMB— solían ser el principal baluarte de la organización de lxs trabajadorxs bolivianxs, al frente de la Revolución Nacional de los años 50 y de la resistencia contra las dictaduras militares y las políticas neoliberales dictadas por el FMI. Su trabajo en las minas, en un país que depende en gran medida de la exportación de minerales, los convirtió en el sector más fuerte —y el único armado— de lxs trabajadorxs organizadxs. Esto cambió con el cierre de las minas estatales durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985, debilitando el sindicato.

En los últimos años, el gobierno de Morales impidió el cierre de las minas estatales y concedió subsidios a las minas privadas para proteger puestos de trabajo relativamente bien remunerados. Esto ayudó a que la FSTMB (y la COB) se convirtieran en aliados cercanos durante el "proceso de cambio". Pero aunque la FSTMB haya perdido parte de su poder, su legado continúa en los sindicatos militantes que agrupan a ex minerxs, como las Seis Federaciones del Trópico, lxs cocalerxs de Yungas, las asociaciones sindicales de El Alto y muchos suburbios indígenas.

Dichas organizaciones aún permanecen bajo la influencia ideológica de la cultura indígena precapitalista, pero también de las tradiciones sindicales: la COB también cuenta con un gran valor simbólico dado su papel histórico en la lucha por la democracia.

Por lo tanto, la COB debe representar a su base tradicional de obrerxs y, al mismo tiempo, a la clase media indígena que surgió bajo la presidencia de Morales, incluyendo un gran número de estudiantes universitarixs. Bajo el régimen Áñez, parte de esta nueva clase media indígena ya está perdiendo los derechos sociales obtenidos en la última década, gracias a las políticas neoliberales de choque que destruyen su nivel de vida.

Así, la incapacidad económica del gobierno de Áñez para hacer frente a la grave situación económica, y la crisis económica en general, está fortaleciendo los movimientos sociales y la COB, mientras que el racismo del gobierno está haciendo que lxs indígenas de clase media vuelvan al redil del MAS.

Ecos de 2003

Para muchxs partidarixs del MAS e intelectuales de izquierda como Jorge Richter, existen claros paralelismos con los turbulentos tiempos neoliberales de principios de la década de 2000, que marcaron el ascenso inicial de Morales al poder. Hay una serie de similitudes significativas.

Al igual que en 2003, tenemos largas filas para comprar gas, un gobierno que pide préstamos al FMI, manifestaciones masivas, tanques en las calles para proteger a un gobierno impopular, y al aymara-indigenista radical Felipe Quispe Huanca anunciando su apoyo a los bloqueos de la COB.

Quispe fue quizás la figura más importante en la lucha por los derechos indígenas durante la década de 1990 y principios de la de 2000. Su frase, "No quiero que mi hija sea tu criada", cambió la política boliviana y fue el autor intelectual de la Guerra del Gas de 2003.

Nunca perteneció al MAS y desde 2014 es uno de los más severos críticos indigenistas del gobierno de Morales. Sin embargo, incluso entre tales críticos, no es el único en tomar una posición a favor de las protestas actuales. El Dr. Félix Patzi, gobernador indígena de La Paz y ex político del MAS, dijo que Jeanine Áñez terminará como Gonzálo Sánchez de Lozada ("Goni"), el presidente derrocado por las protestas contra la privatización de 2003: "Escapando del palacio en un helicóptero debido a los conflictos que se avecinan, la gente está cansada de ella y se rebelará".

Anti-MASismo

Pero existe una gran diferencia entre el gobierno de Áñez y el de Goni: este último había ganado unas elecciones democráticas, aunque por poco margen; tras su destitución, fue reemplazado por su vicepresidente Carlos Mesa. Áñez asumió el cargo gracias a un golpe militar-policial en nombre de la democracia y de "Dios", apoyado por la vieja clase media racista.

La gran mayoría de la prensa boliviana calificó la marcha encabezada por la COB como una revuelta organizada por el propio partido MAS de Morales, alimentando la tesis del gobierno golpista de que las movilizaciones masivas están dirigidas principalmente a desestabilizar el país en medio de una pandemia. Esta prensa ha calificado sistemáticamente a lxs manifestantes como "salvajes".

Lxs principales espectadorxs y lectorxs de estos medios racistas pertenecen a la clase media tradicional de las grandes ciudades y, en el baluarte blanco-separatista de Santa Cruz, incluso lxs trabajadorxs. Juntxs están construyendo un fuerte bloque antimasista, para elegir a "cualquiera" menos un gobierno renovado del MAS.

El periodista Fernando Molina elaboró una adecuada explicación para este fenómeno. La clase media tradicional en realidad nunca aceptó al presidente indígena Morales. Para ellos, la emergente clase media indígena estaba erosionando el "capital educativo" de la antigua y privilegiada clase media de ascendencia parcialmente española.

De modo que las protestas contra Morales no fueron sólo por un supuesto "fraude electoral". Se trataba de una forma eufemística de expresar un rechazo al poder indígena, que sería sustituido por un bloque de poder centrado en "las fuerzas militares y policiales, el poder judicial, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones e instituciones de las clases media y alta".

Sin embargo, debido a la corrupción y a las divisiones internas, así como al dramático mal manejo del Covid-19 por parte del régimen, este movimiento se ha desmovilizado considerablemente en los últimos meses. El principal rival de Morales en las elecciones de octubre, el ex presidente Carlos Mesa, no ha logrado hasta ahora unir a suficientes votantes blancxs y mestizxs de clase media en torno a su propia candidatura.

Si finalmente se celebran elecciones democráticas, Mesa intentará utilizar la fórmula del "voto útil", presentándose como el único candidato capaz de ganar una elección democrática contra el MAS. Es posible que su afirmación fuera acertada en el período comprendido entre el golpe de estado de noviembre de 2019 y la crisis de Covid-19, que comenzó en marzo de este año. Pero la realidad social en Bolivia ha cambiado con la crisis del coronavirus.

El COVID-19 y la crisis económica

Durante un período de cuarentena de más de cien días, el gobierno no compró respiradores ni informó a la población de habla indígena sobre el peligro de la pandemia, sino que optó por cerrar las emisoras de radio indígenas. Por consiguiente, el sistema de salud no tardó demasiado en colapsar. Desde entonces, miles de personas han muerto en las calles, en un país de sólo 11 millones de habitantes.

Al mismo tiempo, la situación económica empeoró notablemente. En los trece años de gobierno del MAS, Bolivia registró con regularidad el mayor crecimiento económico de América Latina. Esto ocurrió con el ministro de economía Luis Arce Catacora, que actualmente es el candidato presidencial del MAS. En poco más de una década, la pobreza extrema se redujo a más de la mitad, de 38,2 por ciento en 2005 a 15,2 por ciento en 2018; la pobreza moderada también disminuyó de 60,6 por ciento en 2005 a 34,6 por ciento en 2018. En este sentido, bajo la dirección de Evo Morales y Luis Arce, Bolivia vivió una década de oro.

La población indígena pobre que trabaja en la economía informal es la que más se benefició con todo esto. El gas natural fue nacionalizado, lo que permitió realizar inversiones masivas. Se crearon pagos de beneficios sociales para ancianxs, madres, padres y otros grupos demográficos. Se construyó una enorme infraestructura de escuelas, universidades, hospitales y transporte público, incluyendo proyectos modernos como los teleféricos urbanos que conectan La Paz y El Alto.

Una nueva generación de adolescentes indígenas de la clase trabajadora ingresó por primera vez a las universidades. Durante su último año de gobierno, el MAS tuvo suficientes recursos financieros para comenzar a crear un sistema de atención de salud universal (SUS) para convertir la salud en un derecho humano. Implementó su propio modelo económico "socio-comunitario" que transformó a Bolivia en un país realmente independiente.

Sin embargo, más de la mitad de la fuerza de trabajo sigue dependiendo, directa o indirectamente, del trabajo cotidiano en el "sector informal". Después de más de cien días de cuarentena, sin ninguna política social para aliviar su sufrimiento, este sector se encuentra hoy bajo una intensa presión. Algunos sectores de la nueva clase media indígena están perdiendo todo lo que tenían y la gente pobre tiene hambre, a pesar de iniciativas vecinales como las "ollas comunes" y "el pueblo se salvará a sí mismo". Esta grave situación constituye la base de los conflictos sociales que se avecinan.

La prueba decisiva

Ante una nueva provocación del régimen golpista, la COB y los movimientos sociales han optado por la vía de la movilización masiva, con bloqueos organizados en todo el país el pasado 3 de agosto. Está por verse si ahora tienen la fuerza suficiente para obligar al tribunal electoral a exhibir un grado básico de independencia institucional y forzar un voto democrático.

Si el gobierno golpista consigue suspender las elecciones, puede salirse con la suya en cualquier circunstancia. Esto implica que continuaría el robo descarado a las empresas estatales, la persecución de sindicalistas y activistas indígenas, y el atropello a los derechos democráticos. En los próximos días y semanas, podemos esperar más masacres como las de noviembre de 2019 y principios de la década de 2000.

La izquierda tiene que estar en guardia, lista para denunciar tales abusos. Hasta ahora, ningún grupo occidental de derechos humanos u ONG ha denunciado seriamente al régimen golpista por sus abusos o por las masacres que ha cometido. Le corresponderá entonces al pueblo boliviano salvarse a sí mismo.

Anton Flaig es el organizador del Movimiento Wiphala Alemania y estudia Ciencias Políticas y Sociología.

Denis Rogatyuk es periodista deEl Ciudadano, escritor, colaborador e investigador de varias publicaciones comoJacobin,Tribune,Le Vent Se Leve,Senso Comune,The GrayZoney otras.

Foto: Noticias al Día

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Authors
Anton Flaig and Denis Rogatyuk
Translators
Marisol Wexman and Francisco Domínguez
Date
21.08.2020

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