El 4 de agosto de 2020, a las 6 de la tarde, en la bodega número 12 del puerto de Beirut, todxs nacimos, o mejor, todxs morimos y algunxs volvimos a la vida entre cadáveres hechos de vidrios rotos, fragmentos de concreto y depósitos de nitrato de amonio.

No nos quedaba nada más que intentar medir la magnitud del desastre que azotó nuestra ciudad. Esto no sucedió como resultado de un desastre natural, ni como resultado de un accidente o un error de soldadura; tampoco fue simplemente resultado del estado generalizado de corrupción arraigado en el régimen neoliberal que ha gobernado nuestro país por más de 30 años.

Esta explosión es un crimen cometido contra el pueblo. Hay quienes lo ignoraron, quienes lo perpetraron, quienes se beneficiaron y continúan beneficiándose de él, e incluso quienes intentan justificarlo.

Refleja el núcleo del sistema que gobierna nuestras vidas: un régimen sectario neoliberal donde la ambición por la acumulación de capital y el poder se producen a expensas de nuestras vidas y medios de subsistencia.

El 4 de agosto expuso lo descartable de nuestros cuerpos, la vulnerabilidad de nuestras ciudades y la profundidad criminal de la mafia gobernante. La explosión no ocurrió en un vacío, sus ondas de choque han atravesado una sociedad ya agotada. Desde octubre de 2019 hemos vivido los altibajos de un levantamiento popular y una contrarrevolución represiva. Desde febrero de 2019 hemos soportado una profunda crisis económica y una caída financiera precipitadas aún más por la pandemia de Covid-19. También estamos atrapadxs en interminables guerras geopolíticas y luchas de poder imperial que han desestabilizado toda la región. Es en este contexto que el presidente de nuestra República describió la explosión del 4 de agosto como una oportunidad que “desbloqueará la red” de la ayuda financiera para el Líbano. Esta es la naturaleza del capitalismo del desastre: nuestra miseria es su oportunidad para reproducirse y mantener su poder.

El 4 de agosto de 2020 una explosión golpeó el corazón de Beirut y se declaró la guerra contra el pueblo, una guerra con cientos de muertes, miles de heridxs y discapacitadxs, cientos de miles desplazadxs, muchxs aún desaparecidxs y pérdidas inconmensurables. Esta guerra podría haber sido evitada pero sabemos que nuestros cuerpos y nuestras vidas son todas descartables para este régimen. A la luz de esta verdad renovada, miles están ahora contemplando la migración. Incapaces de sobrevivir aquí, se marcharán, mientras que aquellxs que han supervisado la ruina del país se quedarán a jugar con lo poco que nos queda, vendiendo el país al mejor postor.

El 4 de agosto de 2020 el régimen declaró que no hay límites para su intención criminal. No buscamos una investigación. La verdad es clara. Está grabada en los cuerpos de lxs muertxs y heridxs, en las calles destruidas de la ciudad, en los ojos de lxs sobrevivientes, en la memoria viva de las víctimas. No necesitamos una investigación porque no confiamos en ninguna comisión de investigación creada por un régimen que ha cooptado al poder judicial y desmantelado el sistema de justicia para proteger sus intereses. Sabemos demasiado bien que los caudillos que aprobaron una ley de amnistía en 1990 para absolverse de los crímenes que cometieron contra nosotrxs durante 15 años de guerra civil no nos harán justicia.

El 4 de agosto, el implacable régimen mafioso confirmó que no es solo corrupto, sediento de poder y moralmente en bancarrota; es asesino. Es imposible para nosotrxs coexistir con él. Ha pasado más de un mes desde la explosión y aún estamos atendiendo nuestras heridas, buscando a lxs desaparecidxs y enterrando a lxs muertxs. Ha pasado más de un mes y el régimen aún se encuentra en el poder, manipulando la investigación, extorsionando ayuda e intentando salir impune de su crimen.

Más de un mes después, una cosa queda clara: es ellxs o nosotrxs.

En octubre del año pasado salimos a las calles a exigir su caída. Cientos de miles de manifestantes se reunieron en plazas de todo el país para decir que ya hemos tenido suficiente: “Todxs ellxs significa todxs ellxs”, este fue nuestro lema, y aún lo es: todxs son responsables y todxs deben rendir cuentas. Ante nuestra movilización y nuestra indignación colectiva, el régimen respondió con violencia, desatando sus aparatos de seguridad para acabar con la disidencia. Utilizaron gas lacrimógeno y balas de goma para dispersarnos, utilizaron munición real para matarnos e intimidarnos. Nos golpearon y nos detuvieron en su intento desesperado por acabar con nuestra voluntad revolucionaria. Y cuando todo lo demás fracasó, nos advirtieron de una guerra civil. Los caudillos mismos gritan guerra ante la revolución, haciendo promesas vacías de reforma y estableciendo gobiernos títeres que nos hunden más en el colapso total.

Una semana después de la explosión, el primer ministro títere tecnócrata dimitió, dejándonos nada más que una catástrofe humana y un colapso financiero que su gabinete fracasó en abordar durante meses. Durante meses, todo lo que hizo el gobierno fue proteger los intereses del régimen mafioso. Una semana después de la explosión el primer ministro dimitió bajo la presión popular e internacional, amenazandonos con el caos y la incertidumbre. Nos dejó bajo ley de emergencia, ratificada por el parlamento e inconstitucionalmente extendida, otorgando poderes excepcionales al ejército.

En lugar de proporcionar un muy necesitado marco para el socorro y rescate, la única preocupación del régimen era camuflar su fracaso. En sus discursos sin sentido, lxs líderes políticxs describieron la catastrófica explosión como una oportunidad para poner fin al asedio económico del Líbano. Después de fracasar en asegurar los fondos para el rescate, ahora circulan como buitres evaluando los beneficios que se obtendrán de nuestra masacre. En lugar de asumir la responsabilidad, el régimen respondió con una ley que amplía la jurisdicción de las cortes militares sobre lxs civiles, otorgando poder al ejército para cerrar espacios de reunión, imponer toques de queda en cualquier momento, prohibir las reuniones que se consideren una amenaza a la seguridad, censurar publicaciones y medios, imponer arresto domiciliarios a cualquiera que participe en actividades “amenazantes”, e ingresar a las viviendas a voluntad. El estado policial que se estaba gestando durante mucho tiempo encontró una oportunidad para consolidarse en la masacre.

El 8 de agosto, cuando miles de nosotrxs nos reunimos en el centro de Beirut para llorar a nuestrxs muertxs y exigir justicia y responsabilidad, el estado policial nos recibió con gases lacrimógenos, munición real y perdigones. Muchxs de lxs que recibieron disparos o fueron heridxs habían sobrevivido a la explosión; muchxs habían sido voluntarixs en los esfuerzos de socorro y rescate. Bajo este régimen, ni siquiera podemos llorar en paz.

El 4 de agosto de 2020 la explosión que provocó el régimen en el corazón de nuestra capital cortó el último hilo que nos conectaba a él. Cien años después de la fundación de Líbano, la explosión del puerto destruyó todos los principios de un contrato social desaparecido desde hace mucho tiempo: coexistencia sectaria, resistencia y soberanía nacional. Todo esto ha expirado y una cosa ha quedado completamente clara: estamos bajo ocupación.

El 4 de agosto de 2020 el régimen perdió toda su legitimidad y entramos en una guerra abierta con sus políticxs, sus partidos, sus bancos y sus medios. Ninguna legitimidad será restaurada mediante investigaciones simuladas, las urnas o gobiernos de rescate. La legitimidad pertenece a quienes luchan por la justicia social. Y la justicia en la que creemos no deja a nadie atrás. La justicia en la que creemos nunca se hará a expensas de lxs más desposeídxs.

El 4 de agosto de 2020 el régimen nos declaró la guerra. Hoy declaramos el comienzo de nuestra batalla por la liberación.

Este artículo fue escrito por el Frente Interseccional de Izquierda en el Líbano.