"Fuimos abandonadxs sin recibir información acerca de la propagación del Covid. La semana pasada nos informaron que algunas personas dentro de los campamentos de migrantes habían dado positivo, pero no nos dijeron quiénes, ni lxs separaron de lxs demás. Ahora dicen que los casos positivos podrían haber aumentado". Quien habla es Mor Dembélé, un trabajador de Costa de Marfil que vive desde hace años en el campamento de migrantes de San Ferdinando, en la provincia de Reggio Calabria, refiriéndose a una situación potencialmente explosiva luego de que una orden regional declarara zona roja a uno de los guetos más famosos de Italia.
En la noche del 16 al 17 de octubre se produjeron protestas por parte de lxs habitantes del campamento de migrantes que alberga a unas 250 personas, rechazando la decisión de la región de cerrar la zona tras el descubrimiento de catorce casos positivos resultantes de treinta hisopados. "No hemos podido trabajar durante seis meses y ahora nos dicen que no podemos entrar y salir del campamento de migrantes, lo que significa una nueva suspensión del trabajo en un momento en que está empezando la cosecha. Mientras tanto, no nos han dado mascarillas o información y nos han impedido celebrar reuniones: es una situación realmente difícil tanto desde el punto de vista sanitario como económico", continúa Dembélé, quien vive en Italia desde 2011.
Dembélé añade que, al comienzo de la temporada de cosecha de cítricos, lxs migrantes en el campamento temen tanto contraer el virus como perder sus empleos. "Los negocios de la zona no dan trabajo a lxs africanxs porque se ha corrido la voz de que somos portadorxs del virus". El vicepresidente del gobierno regional de Calabria, Nino Spirlì, quien asumió la presidencia tras la muerte del gobernador Jole Santelli, emitió una orden el 17 de octubre por la que se declaraba zona roja al campamento de inmigrantes de San Ferdinando.
El gobierno regional está alarmado por las condiciones sanitarias de la zona. Estas condiciones han dado lugar a una incidencia positiva del 50 por ciento entre las 30 personas examinadas en una población de más de 200 personas. El 13 de octubre, la región también declaró zona roja al campo de contenedores utilizados como viviendas en la zona industrial de Rosarno, extendiendo las restricciones hasta el 26 de octubre. 20 personas dieron positivo en el campamento y luego fueron aisladas en tiendas de campaña instaladas en un área adyacente al mismo. La zona roja del campamento de migrantes debería estar vigente hasta el 27 de octubre. "Montamos seis tiendas para aislar a lxs positivxs", dice Fabio Costa, encargado del campamento de inmigrantes de San Ferdinando. "Pero los baños siguen siendo compartidos y no podemos ofrecer un aislamiento real", señala. Aunque parece que ya se ha restablecido la calma, durante días lxs trabajadorxs rechazaron los alimentos distribuidos por Caritas y pidieron salir a trabajar en los campos.
"Desde una perspectiva social, el establecimiento de la zona roja ha dejado a lxs trabajadorxs en la indigencia, ya que carecen de un contrato y no tienen derecho a ningún tipo de asistencia o protección", explica Ilaria Zambelli, trabajadora de Médicxs por los Derechos Humanos (MEDU). Ya en julio, la ONG publicó el informe "La Pandemia di Rosarno", en el que se recogían datos y testimonios sobre las condiciones precarias de lxs trabajadorxs agrícolas durante la epidemia. Denunció la explotación a la que están sometidxs, así como la falta de instalaciones de cuarentena y de un programa general para la pandemia. "En el campamento de migrantes no se ha habilitado estructuras para aislar a las personas infectadas que viven en tiendas de campaña. El invierno se avecina, lo que significa un posible empeoramiento de las condiciones de salud debido al frío inminente y a las bajas temperaturas de los últimos días", continúa la operadora.
"Los baños son compartidos, quienes han dado positivo deben ser trasladadxs inmediatamente a lugares de cuarentena adecuados", dice Zambelli. Según estimaciones del Observatorio Placido Rizzotto, entre 400.000 y 430.000 trabajadorxs agrícolas en Italia son empleadxs de forma irregular cada año por jefxs de bandas que controlan sus actividades laborales diarias. Entre ellxs, más de 132.000 están empleadxs en condiciones de gran vulnerabilidad social y grave subempleo, hasta el punto de quedar expuestxs a graves enfermedades y al riesgo diario de perder la vida como consecuencia de accidentes laborales, tal como se observa, por ejemplo, en la región Pontina del Lazio y en Calabria.
Según el investigador Marco Omizzolo "casi unx de cada dos trabajadorxs agrícolas ha sido empleadx de manera irregular durante la pandemia". Por lo general, más de 300.000 trabajadorxs agrícolas, casi el 30 por ciento del total, declaran oficialmente que trabajan menos de cincuenta días al año, aunque en realidad trabajan tres veces más. Durante la pandemia, las granjas registraron una disminución del 20 por ciento en el número de días hábiles, aunque esto fue acompañado por un aumento no registrado en las horas diarias y la intensidad del trabajo.
De acuerdo con el vicealcalde de San Ferdinando, Gianluca Gaetano, la explosiva situación de la zona es el resultado de años de políticas erróneas que no han resuelto ninguno de los problemas, a lo que se suma ahora una crisis sanitaria. "Estamos tratando de colaborar con todas las organizaciones que nos han ayudado sobre el terreno en los últimos años, pero también nos frustra la ausencia de un programa regional para hacer frente a la situación. No podemos limitarnos a utilizar la coerción con lxs trabajadorxs, tenemos que prestarles apoyo a corto plazo y hay que encontrar una alternativa al campamento de migrantes a largo plazo". El nuevo campamento de migrantes, que consta de 64 tiendas de campaña, se estableció después de que se despejara el barrio de tugurios en marzo de 2019 por orden del ex ministro del Interior Matteo Salvini. Además de las 266 personas alojadas en el campamento de migrantes, se estima que hay unxs 1.500 trabajadorxs que viven en granjas abandonadas en los alrededores.
Según Gaetano, se necesita un plan a corto plazo que incluya el apoyo a los ingresos, así como un plan a medio plazo con un fondo para de alquiler y hospedaje o casas de huéspedes para lxs trabajadorxs agrícolas: "En este momento, la muerte del gobernador Santelli ha creado un vacío de poder en la región y además, el mito de que el virus es propagado por lxs migrantes genera miedo y alimenta las tensiones en el territorio". El 20 de octubre, el alcalde de San Ferdinando envió una carta al prefecto local y a las autoridades regionales solicitando una reunión. Sus propuestas incluían "congelar el número de migrantes con derecho a permanecer en el campamento, retirar a las personas no autorizadas o sin derecho a permanecer en el lugar y a lxs migrantes responsables de causar daños y desorden público, la demolición definitiva de tiendas de campaña innecesarias, en particular las que están gravemente dañadas y adoptar todas las medidas necesarias para dar cabida a esas medidas en todo el territorio, utilizando los recursos financieros garantizados por el consejero regional Gallo".
La falta de acceso a la seguridad social para lxs trabajadorxs, que en muchos casos no tienen contratos de trabajo, ha agravado aún más la situación social, según lxs operadorxs del MEDU. "La reciente amnistía también ha demostrado ser completamente ineficaz en el sector agrícola y, específicamente, en la llanura de Gioia Tauro no ha mejorado las condiciones para ningún trabajadorx", continúa MEDU. Según la organización, era previsible que cuando comenzara la temporada de cosecha de cítricos, la llegada de trabajadorxs de temporada de otras regiones italianas produjera un aumento de los casos: "Pero las autoridades no han previsto ningún protocolo específico".
De acuerdo con Ilaria Zambelli del MEDU, el riesgo es ahora que lxs trabajadorxs, por temor a perder más días de trabajo, ni siquiera acudan a las autoridades sanitarias en los próximos meses si tienen síntomas de Covid-19 y se vuelvan aún más invisibles, contribuyendo a la propagación de la enfermedad. Según Francesco Piobbichi, de Mediterranean Hope, se trata de "un desastre en espera, que debería haberse evitado". El operador afirma que la situación es ahora aún más crítica porque lxs trabajadorxs, que trabajan de forma ilegal o semilegal, no tienen ingresos, y la tensión actual no ayuda a resolver el problema de la salud: "Quieren ir a trabajar a toda costa y no aceptan la cuarentena. Para reabrir el diálogo con ellxs, debería considerarse una forma de ingresos para quienes están en cuarentena. Esto no sólo se aplica a lxs trabajadorxs de la llanura de Gioia Tauro, sino a todxs lxs trabajadorxs esenciales que, al ser confinadxs, corren el riesgo de quedarse sin medios de subsistencia".
Foto: Rocco Rorandelli / MEDU
