Instamos a António Guterres (Secretario General de las Naciones Unidas), a Michelle Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y al Primer Ministro Moses Nagamootoo de Guyana (Presidente del G-77) a que adopten medidas urgentes para poner fin a las sanciones unilaterales e ilegales (primarias y secundarias) impuestas a más de treinta países del mundo, en particular a Cuba, Irán y Venezuela.
Estimadxs Secretario General Guterres, Alta Comisionada Bachelet y Primer Ministro Nagamootoo:
Las sanciones económicas respaldadas por los Estados Unidos afectan a casi un tercio de la humanidad en unos treinta países, causando incalculables muertes y devastación al negarles el acceso a los mercados mundiales, restringiendo su capacidad de generar riqueza, estabilizar la moneda y proporcionar bienes de primera necesidad a sus poblaciones. Durante las últimas décadas, los Estados Unidos de América han utilizado su considerable poder institucional (sobre las finanzas y la diplomacia) para asfixiar a los países que no se ajustan a su agenda política y económica mundial. El caso más dramático es el de Cuba, que se ha enfrentado a un bloqueo durante seis décadas, un bloqueo que la Asamblea General de la ONU vota anualmente para desmantelar. Más recientemente, las sanciones unilaterales (primarias y secundarias) contra Irán y Venezuela han desestabilizado a estos países y han provocado un deterioro en la salud, la educación, la nutrición y la calidad de vida en general en ambos países. Lxs miembros de la Internacional Progresista hacen un llamado a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas a través de su Carta, a que tomen medidas urgentes para restablecer el derecho de estos treinta países a tener relaciones soberanas con el mundo, sin las trabas de la interferencia de EE.UU. mediante la política de sanciones.
Pensábamos que en el contexto de la pandemia mundial estas sanciones se debilitarían; en cambio, EE.UU. ha endurecido sus sanciones contra Irán y Venezuela, golpeando duramente a estos países con un ataque contundente contra sus instituciones médicas y de bienestar.
El 23 de marzo de 2020, el Secretario General Guterres pidió un “alto el fuego mundial"; "la agresividad del virus", dijo, "ilustra la locura de la guerra". Este llamado se aplicó tanto al conflicto militar (como contra Yemen y Afganistán) como a la guerra híbrida, cuyo instrumento incluye estas sanciones unilaterales (primarias y secundarias). Las palabras del Secretario General han sido ignoradas.
A lo largo de los últimos meses, varixs relatorxs especiales de las Naciones Unidas y la Alta Comisionada Bachelet han pedido el fin de la política de sanciones. El día después de que el Secretario General Guterres hiciera su llamado, la Alta Comisionada Bachelet declaró: "En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todxs afrontamos".
El 3 de abril de 2020, el G-77 –encabezado por el Primer Ministro Nagamootoo– y China publicaron una declaración que decía: “El Grupo de los 77 y China considera que, en esta coyuntura, la promulgación y aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales tendrá un efecto negativo en la capacidad de los Estados para responder de manera eficiente a la pandemia y, concretamente, que repercutirá en la adquisición de equipo y suministros médicos para tratar adecuadamente a la población frente a esta enfermedad. En última instancia, estas medidas también afectan a la cooperación y la solidaridad esenciales que deben prevalecer entre las naciones. Por consiguiente, instamos a la comunidad internacional a que adopte medidas urgentes y eficaces para impedir la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales contra los países en desarrollo”.
En enero de 2019, cuando hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela, el embajador Idriss Jazairy, el Relator Especial de las Naciones Unidas preocupado por el impacto negativo de las sanciones, dijo: "Me preocupa especialmente escuchar informes de que estas sanciones tienen como objetivo cambiar el gobierno en Venezuela. La coerción, ya sea militar o económica, nunca debe ser utilizada para buscar un cambio de gobierno en un Estado soberano. El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno electo viola todas las normas del derecho internacional".
Por lo tanto, como miembros de la Internacional Progresista, instamos a:
- Que los Estados miembros de las Naciones Unidas defiendan la Carta de la ONU que impide el uso de sanciones unilaterales contra otros Estados miembros.
- Que el G-77 y China busquen una resolución de la Asamblea General de la ONU contra estas sanciones unilaterales (primarias y secundarias), que violan las normas del derecho internacional.
- Que el Secretario General de las Naciones Unidas trabaje para producir mecanismos para contrarrestar el impacto de estas sanciones unilaterales ilegales.
Desde la Internacional Progresista, esperamos su respuesta a esta solicitud y reiteramos nuestro compromiso con la Carta de la ONU.
