El Egipto de Sisi, que será anfitrión de la conferencia sobre el cambio climático COP27 el próximo mes, se encuentra en medio de una "crisis de derechos humanos", según Amnistía.
Entre lxs detenidxs por el régimen se encuentra el activista pro-democracia británico Alaa Abdel Fattah, que está en huelga de hambre desde abril. Su familia teme que pueda morir pronto.
Gran Bretaña se ha acercado cada vez más al régimen egipcio a medida que va aumentando la represión. El jefe del MI6, Richard Moore, se reunió con Sisi en El Cairo a finales de 2020 para discutir la "cooperación de inteligencia".
Altxs funcionarixs del MI5 y del MI6 entrenan a espías egipcixs cada año en una base militar británica al norte de Londres.
Pero la ayuda financiera del Reino Unido es otra vertiente de la participación británica en el país. El programa de ayuda financiera del Reino Unido en Egipto tiene como prioridad principal asistir a los "organismos públicos para que empiecen a ser entidades independientes" y abrir los sectores protegidos a la inversión extranjera/privada.
Su costo es aproximadamente de 14 millones de libras al año, el 98% de las cuales procede del presupuesto de ayuda británico.
El objetivo del componente económico del programa de ayuda, que cuesta alrededor de 4 millones de libras al año, es "implementar reformas estructurales" en la economía de Egipto.
El programa se está planificando en coordinación estrecha con el régimen egipcio y tiene como objetivo ayudar a Sisi con sus "prioridades de reforma."
Se ejecuta a través del Fondo de Conflicto, Seguridad y Estabilidad (CSSF), un fondo de dinero intergubernamental con el objetivo declarado de prevenir "la inestabilidad y los conflictos que amenazan los intereses del Reino Unido".
El Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el primer ministro, establece la dirección estratégica del fondo. Pero una comisión parlamentaria descubrió que el CSSF "se utilizaba como un 'fondo de soborno' para proyectos" que "no responden a las necesidades de la seguridad nacional del Reino Unido."
Egipto tiene muchos recursos codiciados que han estado largo tiempo bajo el control del Estado o de los militares. Pero el régimen de Sisi ha impulsado la privatización.
En 2018, cuando comenzó el programa de ayuda del CSSF, Egipto designó 23 empresas estatales para la privatización. Luego, en enero de este año, el ministro de planificación de Egipto dijo que el país tenía como objetivo vender acciones en empresas estatales cada mes.
En mayo, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouli, anunció otra serie de privatizaciones planificadas de empresas estatales. Madbouli presentó planes para que 10 empresas estatales y dos empresas del ejército empiecen a cotizar en la bolsa de valores este año.
La ayuda financiera británica que fomenta la privatización se canaliza a través de dos proyectos del Banco Mundial en Egipto. El más costoso es una "colaboración estratégica" con el Banco Mundial.
El otro financia la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama de préstamos al sector privado del banco, que impulsa la privatización de los servicios públicos y subvenciona a lxs oligarcas de todo el mundo.
El marco de asociación con el país del Banco Mundial, al que apoya la ayuda financiera del Reino Unido, tiene como objetivo "mejorar el clima de negocios para las inversiones privadas." También alienta "reformas del clima de inversión que impulsen la confianza de lxs inversorxs y faciliten una mayor participación del sector privado".
El Banco Mundial, según señala el marco, "tratará de fomentar...inversiones privadas transfronterizas en energía y agua".
El programa de Egipto parece ser otro ejemplo de cómo el presupuesto de ayuda británico se politiza para alcanzar objetivos estatales y corporativos bajo el pretexto del altruismo. También parece ser un ejemplo de lo que se ha denominado "neoliberalismo autoritario," la imposición de la privatización generalizada por parte de dictadorxs respaldados por el Reino Unido.
Gran Bretaña respalda a la mayoría de los regímenes autoritarios del mundo, y a menudo utiliza su poder diplomático y su presupuesto de ayuda para presionar a sus aliados a privatizar bienes estatales y permitir la inversión de empresas británicas.
El Reino Unido es uno de los mayores inversores en Egipto, con un total estimado de 50 billones de libras y con 2,000 empresas británicas operando en el mercado egipcio.
Desde que Sisi tomó el poder, el gobierno británico ha hecho un esfuerzo concertado para que las empresas se involucren en Egipto, estableciendo un Foro de Inversionistas Británicos para fomentar la inversión en 2019.
En ese momento la represión estaba en aumento. Ese año, Human Rights Watch señaló que las "fuerzas de seguridad de Sisi han intensificado una campaña de intimidación, violencia y detenciones contra opositorxs políticxs, activistas de la sociedad civil y muchas otras personas que simplemente han expresado críticas leves al gobierno."
La inversión más importante para el gobierno británico en Egipto es la de BP, que opera en el país desde hace casi 60 años. "Nos hemos convertido en uno de los principales pilares de la industria energética del país," señala la empresa.
Durante ese tiempo, el gigante petrolero británico, cercano al Ministerio de Relaciones Exteriores y al MI6, ha producido casi el 40% del petróleo de Egipto. Actualmente, la empresa produce el 50% del gas del país.
El antiguo jefe del MI6, Sir John Sawers, se incorporó a la junta directiva de BP en 2015, al año siguiente de dejar la agencia de inteligencia. La empresa le pagó 699,000 libras durante los cuatro años siguientes.
En 2015, un año después de que Sisi tomara el poder, BP anunció una nueva inversión de 9 billones de dólares para el desarrollo de gas en el Delta del Nilo Occidental, que incluye cinco campos de gas.
La empresa dijo que su inversión era "un voto de confianza en el clima de inversión y en el potencial económico Egipcio".
Actualmente, BP tiene una participación del 83% en el proyecto, que representa el 25% de la producción de gas de Egipto.
En el momento de la inversión, Sisi estaba reforzando su posición de poder por medios brutales. "La crisis de los derechos humanos en Egipto, la más grave en la historia moderna del país, continuó sin cesar a lo largo de 2014", señaló Human Rights Watch.
El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró a Declassified haber planteado cuestiones de derechos humanos regularmente a Egipto, pero no quiso hacer un comentario oficial.
Matt Kennard es investigador jefe de Declassified UK. Fue miembro y luego director del Centro de Periodismo Investigativo de Londres. Síguelo en Twitter @kennardmatt.