Nueva Delhi: Un habitante de Saharanpur (Uttar Pradesh) había pedido prestadas 10.000 rupias a un contratista para la boda de su hijo. Al no poder pagar el préstamo, el contratista conspiró con un constructor y obligó al padre y a sus dos hijos a realizar trabajos forzados en Chawri Bazaar (Delhi). Fueron sometidos a largas jornadas de trabajo, confinados en el lugar de trabajo y no recibieron ninguna compensación.
El ciclo implacable de explotación persistió durante 24 horas al día hasta que se interrumpió después de ocho meses, cuando el hijo menor sufrió una grave lesión mientras realizaba trabajos forzados. Para evadir los gastos de su atención médica, el constructor y el contratista recurrieron a la intimidación, obligándolos a irse.
Debido a la falta de tratamiento médico, la visión del joven se está deteriorando. No se trata de una anécdota de un feudo medieval, sino de una tragedia que tuvo lugar entre febrero y octubre de 2024, a escasos cinco kilómetros del Parlamento indio.
Este no es un hecho aislado. En la "nueva India" del siglo XXI, hay millones de trabajadorxs en condiciones de servidumbre. El Gobierno de la India estableció el objetivo en 2016 de liberar y rehabilitar a 18,4 millones de trabajadorxs en condiciones de servidumbre para el año 2030.
Sin embargo, la determinación del Gobierno de erradicar el trabajo en régimen de servidumbre no es una iniciativa reciente. En 1976, el gobierno promulgó la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Condiciones de Servidumbre, convirtiéndolo en ilegal. Sin embargo, sigue existiendo dentro de la sociedad india actual.
En Sonipat, en Haryana, se produjo un incidente en el que se vio involucrada una familia del distrito de Baghpat, en Uttar Pradesh, donde ocho miembros fueron retenidxs como trabajadorxs en condiciones de servidumbre durante cinco meses y quince días a cambio de un pago por adelantado de rupias. 10.000.
Entre ellxs, cuatro eran menores de edad, incluyendo una niña de un año. Lxs trabajadorxs, incluidxs lxs menores, fueron obligadxs a trabajar sin remuneración alguna y solo se les proporcionaron los alimentos mínimos para sobrevivir. Unx miembro de la familia escapó debido al hambre extrema, lo que motivó a lxs demás a huir al día siguiente abandonando sus pertenencias.
Trágicamente, a pesar de que lograron regresar a su ciudad después de un largo viaje, la salud de una mujer de la familia se deterioró durante el camino, lo que provocó su muerte al llegar a casa.
En Muzaffarnagar, un padre pidió prestadas 10.000 rupias al propietario de una fábrica local de jaggery para financiar el tratamiento médico de su hijo pequeño, que había resultado herido en un accidente de tráfico en 2021. En 2023, cuando el préstamo seguía sin pagarse, el propietario de la fábrica obligó al padre, a su esposa y a sus cinco hijxs a residir y trabajar como obrerxs en la fábrica, prometiendo un pago mensual de 45.000 rupias a cambio.
Del 16 de agosto de 2023 al 31 de mayo de 2024, lxs dos hijxs mayores también contribuyeron al trabajo. Sin embargo, al solicitar sus sueldos al final de la temporada, el propietario aseguró que todos los fondos se habían utilizado para su manutención y que solo habían quedado 45.000 rupias, que se entregarían más tarde. Cuando la familia expresó su intención de regresar a casa, sus pertenencias fueron confiscadas.
Meses después, el propietario los devolvió a la fuerza a la fábrica y lxs hizo trabajar no solo en la fábrica sino también en otros lugares hasta abril de 2025. Durante este tiempo, se enfrentaron al hambre, al maltrato físico y a los malos tratos, especialmente hacia la esposa del deudor, y finalmente, fueron despedidxs sin recibir el salario adeudado.
Se pueden citar numerosos ejemplos adicionales, ya que las organizaciones que operan en este sector poseen una amplia documentación de estos casos. En los tres casos mencionados, las declaraciones de las víctimas no han sido registradas, no se les ha expedido certificados de liberación, sus salarios siguen sin pagarse y no se han iniciado investigaciones ni acciones contra lxs responsables.
El documento de visión del gobierno de la Unión establece que "el proceso de castigo debe reforzarse para prevenir nuevas formas de servidumbre y garantizar que todxs lxs infractorxs rindan cuentas. El hecho de que no se documenten las declaraciones, se reconozca a las víctimas como trabajadorxs en condiciones de servidumbre y no se emitan certificados de excarcelación se presenta un problema importante, ya que dificulta el acceso de las víctimas al apoyo para la rehabilitación.
El gobierno de la Unión liderado por el primer ministro Narendra Modi ha establecido un programa de rehabilitación para trabajadorxs en condiciones de servidumbre, que incluye disposiciones para una asistencia financiera inmediata de 30.000 rupias a lxs rescatadxs. Se dispone de un apoyo adicional para la rehabilitación de 1 lakh, 2 lakh y 3 lakh de rupias, determinado por la categoría del trabajadorx y el alcance de su explotación, siempre que se certifique el trabajo en condiciones de servidumbre.
Sin embargo, esto solo puede ocurrir cuando el magistrado del distrito o el magistrado del área residencial identifica al trabajadorx en régimen de servidumbre y emite un certificado de liberación.
Nirmal Gorana, coordinador del Comité Nacional de Campaña por la Erradicación del Trabajo en Servidumbre, una organización dedicada a la identificación, rescate y rehabilitación de trabajadorxs en régimen de servidumbre a nivel nacional, afirmó a The Wire que la identificación de trabajadorxs no es una prioridad para las autoridades gubernamentales, y que la administración del distrito muchas veces no emite certificados de liberación.
Los datos más recientes presentados al Parlamento indican que menos de 500 trabajadorxs en régimen de servidumbre han sido rehabilitadxs en el año fiscal 2023/2024. Por el contrario, el gobierno central había establecido el objetivo en 2016 de identificar, liberar y rehabilitar a 1,84 millones de rupias de trabajadorxs en condiciones de servidumbre para el año 2030.
Para cumplir este objetivo, el gobierno debe rehabilitar anualmente a aproximadamente 13,14 lakh (1.314.000) de trabajadorxs en régimen de servidumbre. Además, la información publicada por el Ministerio de Trabajo y Empleo en respuesta a las investigaciones realizadas en la Lok Sabha el 5 de agosto de 2024 revela una disminución constante en el número de trabajadorxs en condiciones de servidumbre rehabilitados cada año.
El portal Outlook declaró en agosto de 2024, haciendo alusión al derecho a la información, que la tasa de rehabilitación de trabajadorxs en régimen de servidumbre ha disminuido aproximadamente un 80 por ciento en los últimos tres años, con un promedio de solo 900 trabajadorxs rehabilitadxs anualmente. Los datos adjuntos muestran que solo se rehabilitaron 468 trabajadorxs durante el período 2023/2024.
El gobierno central se había propuesto reducir a la mitad el número de trabajadorxs en régimen de servidumbre en un plazo de siete años, según lo establecido en su documento de visión de 2016. Las tendencias actuales apuntan a que este objetivo sigue sin cumplirse. Según un informe de IndiaSpend del año anterior, si el gobierno continúa al ritmo actual, solo se cumplirá el dos por ciento del objetivo en 2030.
Aunque el gobierno central no ha cumplido sus objetivos, puede eludir su responsabilidad gracias al Artículo 13 de la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Servidumbre de 1976, que exige al gobierno estatal establecer un comité de vigilancia en cada distrito y sus subdivisiones según sea necesario. Este comité tiene la tarea de asesorar al magistradx de distrito o a unx funcionarix autorizadx sobre la aplicación efectiva de la ley.
Además, el comité se encarga de facilitar la rehabilitación económica y social de trabajadoxs en condiciones de servidumbre liberadxs. El gobierno central administra el programa de rehabilitación únicamente a través del Ministerio de Trabajo y Empleo, que apoya a los gobiernos estatales en el proceso de rehabilitación. Es importante destacar que este programa funciona en base a la demanda.
En consecuencia, si no se alcanzan los objetivos, el gobierno central puede trasladar la responsabilidad a los gobiernos estatales.
Un informe de la Comisión Global sobre la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas indica que este delito afecta predominantemente a individuxs y grupos que ya están en situación de desventaja, marginadxs y sujetxs a discriminación. Un estudio de investigación realizado por Javed Alam Khan en 2018, titulado "Evaluación de las prioridades presupuestarias para la rehabilitación del trabajo en condiciones de servidumbre", revela que aproximadamente el 10 por ciento de la fuerza laboral total de la India está clasificada como trabajadorxs en condiciones de servidumbre.
Entre quienes han sido rehabilitadxs, el 83 por ciento pertenece a las comunidades de castas o tribus desfavorecidas.
Reflexionando sobre sus experiencias, Gorana señala que la mayoría de trabajadorxs en condiciones de servidumbre son dalits, tribales y miembros de clases atrasadas, afirmando que aún no se ha encontrado con unx trabajadorx en condiciones de servidumbre de las castas superiores.
Gorana atribuye esta situación principalmente a la falta de educación y recursos entre los dalits, las tribus y las clases atrasadas. Existe un consenso en que la práctica del trabajo en condiciones de servidumbre es un claro indicador de la explotación económica, así como un reflejo de un sistema social en el que la pobreza, las castas y la desigualdad siguen fomentando la explotación.
Traducido del original en hindi – publicado por primera vez en The Wire Hindi – por Naushin Rehman.
Foto: The Wire
