Las acciones de Israel atentan contra los fundamentos del derecho internacional

Publicación original de la revista Foreign Policy el 25 de febrero de 2025 

¿Y el legado del orden internacional? Durante más de 500 días, Israel, con el respaldo de las naciones más poderosas que le dan cobertura diplomática, equipamiento militar y apoyo político, ha violado sistemáticamente la legalidad internacional en Gaza. Esta complicidad ha asestado un golpe devastador a la integridad de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundacionales de los derechos humanos, igualdad soberana y la prohibición del genocidio. Un sistema que permite el asesinato de unas 61.000 personas no está a punto de fracasar; sino que, ya ha fracasado.

Las evidencias, que podemos ver a diario desde nuestros dispositivos y que los máximos tribunales mundiales dictaminan son inequívocas. Teniendo en cuenta el {1>pronunciamiento<1}de la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte de Israel; las {2>órdenes de arresto<2} emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra los principales líderes de Israel; las {3>medidas preliminares<3} dictadas en el caso de la Convención sobre el Genocidio presentado por Sudáfrica, es evidente que las acciones de Israel son una clara vulneración del derecho internacional.

Sin embargo, a pesar de estos sentencias, los abusos persisten, avalados por naciones que desafían descaradamente a los más altos tribunales del mundo, con sanciones a funcionarios, empleados, agentes de la CPI y un claro desacato a las órdenes de la corte.

La nueva propuesta de EE.UU. El último intento del presidente Donald Trump de "apoderarse" de Gaza; es decir, de anexionarse el territorio y llevar a cabo la limpieza étnica de la población palestina, que según el presidente estadounidense "debería ser deportada a Egipto y Jordania", es la vulnerabilidad contra los cimientos del derecho internacional, que la comunidad global tiene el deber de defender. Si se llevaran a cabo estas acciones se incurriría en una grave transgresión del orden jurídico internacional y de los principios fundamentales por los que aboga la ONU. Carta de las Naciones Unidas

El asalto contra el pueblo palestino reproduce los capítulos oscuros de la historia de países como Sudáfrica en manos del apartheid; Colombia durante la contrainsurgencia y Malasia bajo el dominio colonial. Estas luchas nos recuerdan que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. No importa el lugar de donde procedamos, ya que compartimos la misma convicción: ser condescendiente es cómplice de esos crímenes. La defensa del derecho inalienable del pueblo palestino a su autodeterminación es una responsabilidad colectiva.

En septiembre de 2024, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica que establece las obligaciones legales de los Estados como garantía para el fin de la ocupación ilegal por parte de Israel. Con una abrumadora mayoría de 124 naciones a favor, se ratifica  la necesidad imperiosa de “garantizar la rendición de cuentas por todas las violaciones del derecho internacional que se llevaron a cabo, a fin de poner fin a la impunidad, garantizar la justicia, disuadir futuras vulneraciones, proteger a los civiles y promover la paz.”

Es por eso que, junto con Bolivia, Colombia, Honduras y Namibia, hemos creado el Grupo de La Haya: una coalición comprometida a tomar medidas decisivas y coordinadas en busca de exigir responsabilidad por los crímenes cometidos por Israel.

Los tres compromisos iniciales del Grupo de La Haya se basan en dos imperativos: poner fin a la impunidad y defender a la humanidad.

Nuestros gobiernos cumplirán con las órdenes emitidas por la CPI contra el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, al ahondar en investigaciones y enjuiciamientos justos e independientes, ya sea a nivel nacional o internacional. Impediremos que los buques que transportan suministros militares a Israel utilicen nuestros puertos e imposibilitaremos cualquier transferencia de armas que pueda propiciar nuevas violaciones del derecho humanitario.

En un mundo cada vez más conectado, las injusticias son latentes en las cadenas globales de suministro. El armamento de última generación no se puede construir sin metales, sin componentes, sin tecnología y sin redes logísticas que se expandan por todos los continentes. Al coordinar nuestras políticas, aspiramos a construir un baluarte en defensa del derecho internacional.

El objetivo de estos esfuerzos no es socavar el multilateralismo, sino rescatarlo. Así como la comunidad internacional se unió en su momento para desmantelar el apartheid en Sudáfrica —mediante presión legal, económica y diplomática coordinada de forma similar—, hoy debemos unirnos para que se respete el orden internacional y se ampare el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación. La alternativa es rendirse a un mundo en el que sólo el poder determina qué leyes importan y cuáles se pueden contravenir de forma impune.

El reciente cese de hostilidades, el intercambio de rehenes y el regreso de las familias palestinas desplazadas representan avances alentadores hacia una resolución pacífica de esta terrible catástrofe. Sin embargo, el alto el fuego ya ha demostrado ser endeble, y nuestra responsabilidad colectiva de garantizar la paz duradera urge de forma acuciante.

El sistema internacional no puede perdurar si se ve socavado por quienes ejercen vetos y sanciones para proteger a los aliados del escrutinio o utilizan la ayuda y el comercio como instrumentos de coerción. La amenaza de castigo busca obligar a los países a recurrir a un lenguaje de súplicas. No podemos permanecer pasivos y ser forzados a difundir “llamamientos” y “demandas” mientras se destruyen los principios de justicia que sustentan nuestro orden internacional.

Apostamos por el protagonismo, no por la súplica. La elección es clara: O actuamos juntos para que se cumpla el derecho internacional o corremos el riesgo de que colapse. Elegimos actuar, no sólo por el pueblo de Gaza, sino por el futuro de un mundo en el que la justicia prevalezca sobre la impunidad.

Que este momento marque el comienzo de un compromiso renovado con el internacionalismo y los principios que nos unen como comunidad mundial.

Cyril Ramaphosa es el Presidente de Sudáfrica.

*Anwar Ibrahim es el Primer Ministro de Malasia.*

*Gustavo Petro es el Presidente de Colombia.*

*Varsha Gandikota-Nellutla es la Co-coordinadora General de Progressive International y Secretaria Ejecutiva del Grupo de La Haya.*

Foto: Foreign Policy