La pandemia por Covid-19 ha hecho saltar este mito. Nuestra salud personal no puede separarse de la salud de nuestrxs vecinxs, ni de la de nuestro planeta. Tampoco puede separarse de los factores estructurales y de las decisiones políticas que desde mucho antes de nuestro nacimiento ya han determinado el destino de nuestra salud.

El derecho a la salud, en el contexto de estas interconexiones, es un derecho universal. Tu vida no vale más ni menos que la de tu vecinx, dado lo íntimamente conectados que están sus destinos.

Ni la escasez de recursos ni la falta de tecnología son los que impiden el acceso al derecho universal a la salud. Todo lo contrario. La riqueza de este mundo, bien invertida, podría terminar con la pandemia antes de finalizar el año.

Pero nos frena otro mito: que existe una contraposición entre la salud pública y la de la economía. Esta suposición dicta que toda política pública debe estar subordinada al gran dios del crecimiento económico, incluso si nos cuesta la vida. El concepto de salud privada emerge de este segundo mito, convirtiendo a nuestros cuerpos en mercancías y a los servicios esenciales de salud en un mercado.

Los sistemas de salud públicos de todo el mundo están cuidadosamente estructurados para servir a un objetivo de lucro. No es de extrañar que sus resultados sean desiguales e insuficientes y que dejen a comunidades pobres y marginadas sin poder recurrir a servicios de salud privada.

Tal como evidencian las repercusiones sanitarias de la pandemia del coronavirus y de las respuestas políticas a ésta, es innegable que el impacto del virus tiene una dimensión racial, de género y de clase. También se ha puesto en evidencia la dura realidad de la fragilidad de los sistemas económicos y de salud del Norte para hacer frente a la crisis social. Los países que han tenido éxito, como Vietnam, Cuba y Nueva Zelanda, conciben la salud pública como riqueza económica.

Así, volvemos a la premisa. La salud es un bien público en todas sus dimensiones.

¿Cómo podemos crear un mundo que refleje esta simple premisa?

El primer paso es la descolonización. Los países del sur global no pueden cumplir con la promesa de una salud pública cuando se ven limitados por las condicionalidades neocoloniales que acompañan a los financiamientos filantrópicos y préstamos multilaterales. Este enfoque verticalista despoja a los países de la soberanía para decidir cómo financiar sus servicios de salud, privatiza la infraestructura sanitaria y debilita las provisiones de las políticas sociales.

La mayoría de estos países aseguraron los servicios sanitarios universales como algo natural en los años 60 y 70. Luego llegó el reajuste estructural. La imposición del Consenso de Washington en el transcurso de los años 80 y 90 condujo a un replanteamiento radical del sector sanitario como ámbito lucrativo, de privatización y desregularización. La introducción de tarifas para lxs usuarixs y la priorización de soluciones de alta tecnología importadas obligaron a millones de personas pobres a quedarse marginadas. Los “paquetes mínimos” de atención se impusieron sobre la salud primaria y comunitaria integral.

Es por eso que la salud pública requiere la propiedad pública, un tipo de propiedad que pueda ofrecer transparencia y fomentar la participación ciudadana en la prestación de servicios de salud. Deben crearse clínicas públicas, compañías de asistencia domiciliaria y empresas biomédicas del sector público para asegurar la producción y distribución de medicinas esenciales y tecnologías médicas así como de servicios de salud.

Libres de las limitaciones estructurales de la supremacía de los accionistas y de la maximización de ganancias, estas empresas serían capaces de priorizar tecnologías preventivas y curativas, llenar las lagunas en tratamientos existentes, proporcionando productos al precio de costo o por debajo del mismo para satisfacer las necesidades de la salud pública.

Además, podrían transferir los ingresos s a los balances públicos, reducir ineficiencias y potenciar la capacidad de responder ante emergencias. Contar con una sólida infraestructura del sector público para el desarrollo, manufactura y distribución de bienes esenciales como medicinas, equipamiento profesional para el personal y otros instrumentos médicos rompe con el monopolio corporativo sobre nuestro suministro de bienes médicos, reduciendo la captura regulatoria e incrementando el poder público para demandar acceso universal y equitativo a bienes y servicios de salud fundamentales.

La salud como bien público ofrece externalidades positivas para la economía y la sociedad. Incluso siguiendo la lógica de un bajo crecimiento económico, se estima que un dólar invertido en la salud en países en desarrollo genera un retorno económico de dos a cuatro dólares. Y estos dólares son la mejor inversión cuando las comunidades y naciones tienen la autonomía para priorizar sus propias necesidades e invertir en la creación de instituciones que sirvan a largo plazo,a sus comunidades en los años venideros.

Países como Cuba y Vietnam han demostrado que, incluso con presupuestos modestos, desarrollar un sistema soberano de salud que dé prioridad a la atención primaria y preventiva, junto con una infraestructura pública sólida puede ofrecer resultados de primera calidad para la comunidad. Se ha demostrado que invertir en sistemas de salud públicos contribuye a obtener mejores resultados que invertir en sistemas de salud privatizados. Liberar al sector de salud de los imperativos del mercado permitiría la repriorización del cuidado primario y preventivo, la planificación de un acceso equitativo y una sólida divulgación de la salud en la comunidad, aspectos que tradicionalmente no son tan lucrativos. Además, pueden crearse programas de desarrollo laboral específicos para satisfacer las necesidades de la comunidad, proveyendo al mismo tiempo puestos de trabajo estables en el sector público, que son en sí mismos una inversión previa en la salud comunitaria.

La recuperación de la autonomía en el sector público por parte de las naciones soberanas requiere alejarse de los programas verticales de control de enfermedades, que son los más financiados al priorizar las necesidades de la comunidad. Las intervenciones verticales para erradicar enfermedades específicas son frecuentemente costosas y han sido impuestas a los países de ingresos bajos y medianos a expensas de mejoras horizontales de la infraestructura pública de salud que servirían a toda la población a largo plazo y fortalecerían los sistemas de salud locales. También contribuyen a la fuga de cerebros, ya que personas talentosas abandonan el sector público por empleos con un mejor salario en organizaciones internacionales y no gubernamentales.

La reversión de las condiciones de ajuste estructural y la desvinculación de los préstamos, las subvenciones privadas y la financiación externa de las condicionalidades es esencial para reclamar soberanía en la toma de decisiones sobre la salud pública de un país. Es vital una reestructuración total de los mecanismos de gobernanza sanitaria mundial para garantizar la representación democrática de todos los países participantes en la toma de decisiones, independientemente de si son donantes o recipientes. Los mecanismos de gobernanza global de la salud deben implementar medidas que aseguren que la influencia externa ejercida sobre los países esté subordinada a la soberanía nacional, y que las actividades de las organizaciones globales de salud sin un mandato democrático sean supervisadas y su impacto fiscalizado por los gobiernos nacionales.

La representación de lxs más marginadxs y de las comunidades más impactadas por el colonialismo y por el ajuste estructural en la gobernanza de las instituciones sanitarias y financieras es importante para la inclusión de sus prioridades y perspectivas en la agenda y en las prioridades de desarrollo. Además, un enfoque que ofrece a las comunidades más empoderamiento, participación y planificación conjunta en el proceso de desprivatización de los servicios de salud puede contribuir a la democratización de la salud y ofrecer mayores oportunidades de transparencia, responsabilidad ciudadana y supervisión.

La recuperación del sector público de salud para el bien público debería estar acompañada de la reivindicación de servicios esenciales como agua y energía. Las inversiones en energía y agua públicas, junto al desincentivo al uso de combustibles fósiles, crearían resiliencia climática y un acceso más equitativo a la infraestructura básica de salud pública. Entre los mayores desafíos para la salud pública de muchos países del mundo siguen estando las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, malaria e infecciones respiratorias inferiores, todas altamente correlacionadas con determinantes sociales como el acceso al agua potable y buenas condiciones habitacionales, la calidad de aire y el saneamiento. Cualquier estrategia que reclame la salud pública para el bien público debe centrarse en los determinantes sociales y tratar de incrementar el poder público en todos los sectores de la economía responsables de las condiciones básicas de la vida humana y la estabilidad de nuestro medio ambiente.

La pandemia por Covid-19 ha abierto una ventana de oportunidad para revisar y reevaluar los muchos mitos que han mantenido un sistema de salud global roto. Así nos ha ofrecido la oportunidad de construir un sistema de salud público realmente global: equitativo, inclusivo y centrado en las personas.

No basta con una crítica abrasadora al capitalismo. Es hora de reimaginar un mundo en el que la vida humana y la sustentabilidad ambiental sean la primera prioridad y en el que el derecho universal a la salud sea la base de toda política pública.

Un sistema que tenga este derecho universal como premisa, e impulsado por la solidaridad global, no solo es posible. Es necesario para la supervivencia de nuestra especie.

Este ensayo forma parte de nuestra serie “Manifiesto por la Vida Humana” publicado en el aniversario de la pandemia de Covid-19. Firma aquí el manifiesto.