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Introducción

La democracia está amenazada en todas partes. Las insurrecciones en el Capitolio de los Estados Unidos y en la Plaza de los Tres Poderes de Brasil no sólo ilustraron el destino común de nuestros sistemas democráticos, sino también las tácticas compartidas desplegadas por las fuerzas reaccionarias para debilitarlos. Sin embargo, el arma más poderosa del arsenal del autoritarismo es también la más insidiosa, mucho menos teatral que un motín, pero a menudo mucho más eficaz en su asalto a nuestras democracias: la guerra jurídica, o "lawfare".

A pesar de los numerosos panegíricos de la última década, la democracia aún no ha muerto. En todo el hemisferio se han formado nuevos y poderosos movimientos para incorporar las demandas populares a nuestros sistemas democráticos. El llamado a salarios más altos, reforma agraria y "paz total" emana hoy de las protestas callejeras a las salas del parlamento. En América Latina, los nuevos gobiernos "progresistas" están llegando al poder con el mandato de responder a esas protestas y cumplir sus demandas.

Sin embargo, los intereses consolidados en América Latina —muchos de los cuales han dominado la región durante siglos, con apellidos que han permanecido en el poder durante generaciones— no se derriban fácilmente. A medida que las fuerzas progresistas han ido ganando confianza, experiencia y popularidad electoral, estas fuerzas reaccionarias se han visto obligadas a reagruparse y renovar sus estrategias para aferrarse al poder y resistirse a las reformas progresistas.

Hace dos siglos, esa estrategia era llevada a cabo por las potencias imperiales. Hace un siglo, por generales militares. Pero hoy, en América Latina, la democracia sigue siendo el paradigma dominante y la norma estándar de gobierno nacional, aprobada, si no impuesta, por los vecinos del norte, los Estados Unidos y Canadá. Las fuerzas reaccionarias, por su parte, entienden que la búsqueda de la dominación debe ajustarse a sus amplios límites.

Dentro de esas limitaciones, pues, una táctica se ha convertido en dominante: la "guerra jurídica" —el despliegue del poder judicial para perseguir a oponentes políticos: candidatxs, partidos, incluso organizaciones y movimientos sociales enteros.

América Latina ha sido un laboratorio de estas tácticas, desde casos de alto perfil como el del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que captan la atención del mundo, hasta otros de perfil más bajo, como el Movimiento para la Liberación de los Pueblos de Guatemala, que reciben poca cobertura en el extranjero.

Pero estas tácticas se están globalizando, exportándose y desplegándose por todo el mundo en países como Turquía, India e incluso los EE. UU.. Por tanto, el destino de la guerra jurídica —de la táctica, de quienes la practican y de quienes se resisten a ella— es el destino de la democracia y punto.

Teniendo en cuenta lo que está en juego, este informe ofrece una descripción de la guerra jurídica: sus orígenes, su aplicación y sus implicaciones.

Comienza con una visión general del concepto: ¿Qué es la guerra jurídica? ¿De dónde procede? ¿Cómo se utiliza? ¿Y por qué es tan peligrosa?

A continuación, el informe se centra en su despliegue en tres estudios de casos de la última década: Brasil, Ecuador y Guatemala, tres países en los que la guerra jurídica ya ha cambiado irrevocablemente el curso de la historia de estas naciones.

Por último, el informe examina las implicaciones tanto a nivel regional como mundial, a través de la internacionalización de la táctica y su aplicación más allá de América Latina.

Por tanto, el objetivo del informe no es sólo describir un capítulo de la historia o proporcionar una lección de ciencia política. Más bien, se trata de ayudar a formar a las fuerzas progresistas para que se preparen para la llegada de esta insidiosa táctica, y para resistirla: en las calles, en la prensa, en nuestros parlamentos y en los tribunales.

Visión general 

La guerra jurídica se ha convertido en el arma elegida por las fuerzas reaccionarias de todo el mundo. Pero no siempre ha sido así. ¿De dónde procede? ¿Cuándo llegó a América? ¿Por qué ganó tanta popularidad en distintos partidos, países y contextos?

Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos instalaron y apoyaron dictaduras militares en toda América Latina: en Brasil, Guatemala, Argentina, Perú, Chile y Paraguay, entre otros países. Estas intervenciones se basaban en la injerencia pública o encubierta de los Estados Unidos como superpotencia militar mundial, o en la posibilidad creíble de que se produjera dicha injerencia. Esta supresión de las fuerzas populares y de izquierda utilizó la fuerza violenta: mediante asesinatos, suministro de armas a las fuerzas reaccionarias, garantías de apoyo militar de los Estados Unidos, incluso guerras por poderes y guerra a gran escala, como la invasión de Granada en 1983.

Sin embargo, en las décadas posteriores al final de la Guerra Fría, América Latina ha sido escenario de un constante rejuvenecimiento democrático. Los proyectos populares florecieron durante la llamada "marea rosa", cuando las fuerzas de las mayorías sociales se hicieron con el poder estatal en países como Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Venezuela y Uruguay. En muchos contextos, estos gobiernos emprendieron una profunda reorganización de la sociedad y de los sistemas de gobierno. Además, empezaron a unificarse como actores geopolíticos en proyectos de integración regional como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otros.

Derrotada en las urnas, la derecha de toda América Latina comenzó su búsqueda de una táctica eficaz para repeler a las fuerzas populares y a sus aliados en el gobierno. Los Estados Unidos —su principal patrocinador en el Norte— se encontraron sin el adversario de la Guerra Fría que era la Unión Soviética y, por tanto, sin una razón convincente para oponerse a los gobiernos de izquierda elegidos en sistemas de democracia liberal que decían promover.

Entonces, ¿a dónde se dirigieron?  Al poder judicial.

¿Qué es la guerra jurídica?

El término lawfare fue acuñado por el coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, Charles Dunlap, en 2001 para describir "el uso de la ley como arma de guerra". Inicialmente, Dunlap identificó la guerra jurídica como un arma potencial contra los Estados Unidos y sus aliados, desplegada en el ámbito del derecho internacional o contra las operaciones estadounidenses en otros países.

Sin embargo, pronto se reconoció también que la guerra jurídica era una herramienta que podían utilizar los Estados Unidos y las fuerzas afines a sus intereses. La derecha latinoamericana, coordinada en algunos casos con organismos gubernamentales de los Estados Unidos, empezó a utilizar la guerra jurídica como una de sus tácticas principales en su campaña continental para hacer retroceder a la marea rosa.

Vollenweider y Romano definen la guerra jurídica como: "el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político." Viviana Maryoli Hinojoza Cáceres añade: "Ello supone aplicar la ley como un arma para destruir a la contraparte política por la vía judicial".

La escala de la guerra jurídica puede variar mucho y puede dirigirse contra oponentes políticos, desde individuos como líderes y lideresas políticxs, activistas o candidatxs, hasta partidos enteros, organizaciones o movimientos sociales. Puede incluso, especialmente en momentos de protesta social, movilizarse contra clases enteras de la sociedad, utilizando justificaciones como terrorismo, sedición, rebelión u otras acusaciones para revocar derechos básicos a escala masiva.

A las breves definiciones anteriores, debemos añadir también varios componentes generalizables de la guerra jurídica tal y como se ha observado en toda la región.

La guerra jurídica despolitiza

Aunque a primera vista la guerra jurídica parece politizar mecanismos jurídicos supuestamente "neutrales", la táctica de la guerra jurídica forma parte de hecho de la lógica más amplia del avance neoliberal, a saber, la despolitización.

La guerra jurídica pretende someter las cuestiones políticas a las tecnocráticas, decididas no por el pueblo, sino por burócratas, abogadxs y jueces. Por supuesto, estos sistemas tecnocráticos y jurídicos no son neutrales, sino que se basan en sistemas particulares de conocimientos y valores que favorecen los intereses dominantes. En lugar de un discurso público floreciente, un debate ideológico abierto o una contestación política sobre las necesidades materiales de la sociedad y la mejor forma de satisfacerlas, la guerra jurídica pretende someter la política a los tribunales.

Este empuje hacia los tribunales transforma cuestiones políticas como la propiedad, la redistribución, el poder y la justicia social en cuestiones jurídicas de faltas individuales, errores procesales y acusaciones. Las fuerzas reaccionarias reconocen que lo que está en juego es altamente político, por supuesto. Sin embargo, es mucho más difícil cuestionar las políticas redistributivas ampliamente respaldadas de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva o Rafael Correa, que simplemente atacarlos como criminales e impedir su camino legal hacia el poder político. 

Esta despolitización se logra con el desplazamiento inicial del terreno de la política democrática al judicial. A continuación, se reproduce y agrava en un círculo vicioso mediante la desmoralización de las esperanzas de la gente, la legitimación de la propaganda contra quienes llevan a cabo reformas sociales por medio de la ley y el aumento del cinismo. En última instancia, amenaza con un rechazo total de la política como mecanismo de cambio social. 

La guerra jurídica oculta intereses 

Del mismo modo que elude la cuestión política, la guerra jurídica también oculta por completo los intereses políticos y económicos implicados. A pesar del trabajo de valientes periodistas independientes, puede resultar casi imposible revelar el alcance total de los intereses dominantes específicos en juego —nacionales y extranjeros— en un determinado caso de guerra jurídica, ya que sus beneficiarixs se ocultan tras el escudo del sistema legal. 

Sólo gracias a las investigaciones de periodistas decididos de medios de comunicación como* BrasilWire,* Pandemia Digital y otros medios independientes, empezamos a comprender el alcance de estas redes. Aunque a menudo es posible determinar con relativa rapidez lxs beneficiarixs y los objetivos de un caso de guerra jurídica, pueden pasar años hasta que se reúnan las pruebas necesarias para esbozar definitivamente todas las fuerzas que actúan. Por ejemplo, el papel activo de la complicidad del gobierno de los Estados Unidos en el Lava Jato se ocultó al Ministerio de Justicia brasileño y la presidenta Dilma Rousseff no lo supo en su momento.

La guerra jurídica aprovecha los medios de comunicación

La guerra jurídica rara vez se limita a los tribunales. Algunos, como el Observatorio de Lawfare del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), consideran la guerra jurídica como la manipulación de un singular "aparato jurídico-mediático". 

En condiciones de poder mediático privado hegemónico, concentrado y afín a los intereses oligárquicos, la ley y los medios de comunicación se legitiman mutuamente. Las organizaciones mediáticas dispuestas a colaborar con la guerra jurídica o acríticas con ella pueden "fabricar el consentimiento", según la terminología de Chomsky y Herman (1988), reforzando la opinión pública y moldeando el discurso político para apoyar los cambios hacia el neoliberalismo sin necesidad de coacción manifiesta. 

Esto hace que incluso las acusaciones de delito sean tan potentes para la guerra jurídica, por infundadas que sean. Incluso los casos sin ningún rastro de legitimidad jurídica pueden convertirse en años de dañino espectáculo mediático. 

Del mismo modo, el propio poder judicial legitima la cobertura sesgada de los medios hegemónicos por su propia autoridad legal. Las principales organizaciones de noticias no tienen por qué inventar propaganda de la nada. En lugar de ello, pueden simplemente centrarse en el caso penal o en los procedimientos judiciales que inyectan al debate público, en lugar de en la lucha política o de clases subyacentes. 

El poder de los medios de comunicación hegemónicos para moldear el discurso se ve amplificado por las redes sociales mediante la desinformación descarada, las invenciones, las "noticias falsas" y, simplemente, abrumando al público con medios negativos. La contratación de granjas de trolls, bots y publicidad selectiva con este fin está bien documentada. 

La guerra jurídica opera desde arriba 

No existe una base popular para la guerra jurídica —casi por definición. 

Como escribe Silvina Romano, la guerra jurídica siempre opera "desde arriba." En otras palabras, la guerra jurídica es ejercida contra oponentes políticos por pequeños grupos de jueces, abogadxs y profesionales de los medios de comunicación, a menudo con ayuda extranjera, de abogadxs, think tanks, agencias gubernamentales o servicios de inteligencia. Los movimientos sociales, las fuerzas populares y la clase trabajadora no instigan ni pueden instigar la guerra jurídica desde abajo.

Dentro del Estado, la guerra jurídica pretende privilegiar o elevar a los órganos judiciales del Estado, a menudo no elegidos, por encima de lxs representantes elegidxs por el pueblo en los poderes ejecutivo o legislativo, vehículos a través de los cuales los movimientos populares y progresistas han conseguido el cambio social mediante la organización política desde abajo. 

La guerra jurídica crea un estado de excepción 

La guerra jurídica no es aleatoria. Se despliega en momentos concretos utilizando lógicas particulares que responden a los intereses de sus artífices. 

La guerra jurídica puede verse a menudo en acción cuando un caso surge justo a tiempo para descalificar a un oponente políticx, quizás lo suficientemente tarde como para que no pueda haber una apelación legal adecuada o en el momento más perjudicial para las fuerzas populares. En algunos casos, puede utilizarse como último recurso para revertir una victoria popular. 

Cuando se emprende la guerra jurídica, a menudo se racionaliza con la más dudosa doble moral. Esto puede significar leyes aplicadas sólo a una corriente política, quizás utilizando un fundamento jurídico totalmente novedoso para criminalizar a todo un movimiento, o un enfoque jurídico singularmente pedante para descalificar a la oposición por detalles minúsculos. 

La guerra jurídica es flexible 

Un aspecto atractivo de la guerra jurídica como estrategia para las fuerzas reaccionarias es la amplia gama de objetivos posibles que ofrece con pocos costos políticos. 

Los objetivos pueden ser individuos, organizaciones, partidos o tendencias políticas enteras. Aunque el objetivo final puede ser la criminalización o prohibición total de tendencias políticas enteras —es decir, declarar sedicioso un movimiento político nacional— incluso si no se consigue el objetivo, las mismas tácticas pueden eliminar candidatxs políticxs, decapitar movimientos populares o encarcelar a organizadorxs clave. 

Cuando la base de la guerra jurídica es débil, inventada e ilegtima, incluso según la lógica de un sistema jurídico determinado, la guerra jurídica puede seguir siendo un terreno fértil para cultivar una narrativa unilateral en la prensa con el fin de perjudicar a los movimientos populares y/o para abrumarlos con costos legales o años de juicios contra bufetes de abogados con recursos desproporcionados. 

Independientemente de si se cumple alguno de estos objetivos, el simple intento de guerra jurídica puede generar “lawfear” —duda a la hora de instigar un cambio político por temor a la guerra jurídica—  y extender el cinismo entre la población. Con un refuerzo constante en los medios de comunicación, el uso repetido de la guerra jurídica (incluso los intentos fallidos) puede llevar a las bases populares a ver los movimientos por el cambio como inútiles, autodestructivos o corruptos.

La guerra jurídica no es un comodín 

Estos aspectos de la guerra jurídica mencionados anteriormente también pueden ayudar a delimitar el concepto de guerra jurídica. A pesar del uso persistente y brutal de la guerra jurídica en América Latina durante la última década —con efectos regionales, internacionales y globales— cualquier interacción entre los movimientos populares y la ley no debería etiquetarse acríticamente como guerra jurídica. 

La guerra jurídica no es más que uno de los muchos instrumentos del amplio conjunto de herramientas de la guerra híbrida, que va desde la propaganda mediática a la intervención militar directa, pasando por todo lo demás. Ya en el siglo XXI, las fuerzas populares de América Latina se han enfrentado a muchos ataques que utilizaban tácticas no relacionadas con la guerra jurídica. Estas armas adicionales de la guerra híbrida o convencional pueden complementar a la guerra jurídica, pero no tienen por qué utilizarse conjuntamente. 

Algunas de estas armas son económicas. Los Estados Unidos siguen imponiendo unilateralmente a Cuba un bloqueo económico ilegal de más de 60 años. Países como Canadá, el Reino Unido y otros Estados europeos se han unido a los Estados Unidos para imponer un castigo colectivo en forma de sanciones paralizantes contra Venezuela, Nicaragua y Haití. Durante décadas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han impuesto programas de ajuste estructural para acelerar las reformas neoliberales, abrir los mercados del Sur a la privatización y someter el desarrollo nacional soberano a las exigencias del capital internacional. 

Algunos implican el uso de la violencia coercitiva. Las balas, las prisiones y los herbicidas tóxicos de la Guerra contra las Drogas dirigida por los Estados Unidos asolan el mundo. Militares y fuerzas de seguridad extranjeras continúan con operaciones directas e indirectas, desde tropas británicas que asesoran a fuerzas policiales en Colombia hasta la intervención militar directa de los Estados Unidos, Canadá, entre otros, en Haití en 2004 para consolidar el golpe contra Jean-Bertrand Aristide. En 2023, tropas, aviones y buques de guerra canadienses y estadounidenses vuelven a desplegarse en Haití. 

Otras implican golpes de Estado explícitos. En Bolivia, las falsas acusaciones de fraude electoral, reforzadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) junto con intereses extranjeros, precipitaron un golpe de Estado contra el ex presidente boliviano Evo Morales por parte de Jeanine Áñez y sus aliadxs. En 2009, un golpe del ejército hondureño alentado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos expulsó del país en plena noche al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya. 

Sin embargo, ninguno de estos ejemplos, por reprobables que sean, debe confundirse con la guerra jurídica. Si queremos combatir la guerra jurídica, debemos entenderla no como un comodín, sino como una estrategia movilizada sistemáticamente contra las fuerzas populares. 

Estudios de caso

La siguiente sección describe tres casos destacados de guerra jurídica en el ámbito de la política nacional en América Latina: 

1. La guerra jurídica contra el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil derivada del caso Lava Jato, que provocó en primer lugar el golpe de Estado blando a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, dañó gravemente la economía brasileña e impidió que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se presentara a las elecciones presidenciales de 2018; 
2. La guerra jurídica contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, los partidarios de su movimiento Revolución Ciudadana (RC) (incluidos destacados funcionarios electos junto con el movimiento de protesta de 2019), y el candidato presidencial ecuatoriano de 2021, Andrés Arauz; 
3. La guerra jurídica contra la candidatura presidencial guatemalteca de Thelma Cabrera Pérez y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), para inhabilitar su candidatura e impedir la celebración de elecciones libres en Guatemala en 2023. 

Brasil

A menudo es difícil precisar el momento exacto en que comienza un determinado proceso de guerra jurídica. En el caso brasileño, se podría empezar en 2012, cuando, como reveló el informante Edward Snowden un año después, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos espió a la presidenta Dilma Rousseff y a sus ayudantes, interceptando sus comunicaciones privadas en sus operaciones de recopilación de información. 

Snowden también reveló que la agencia había puesto en su mira a Petrobras, la petrolera estatal brasileña, una de las mayores empresas públicas del mundo. Las relaciones entre el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y la presidenta Rousseff —que canceló una visita de Estado a la Casa Blanca por la violación de la soberanía nacional brasileña— fueron claramente tensas, lo que llevó al ex presidente Lula a llamar a una disculpa oficial de los Estados Unidos. Sin embargo, esto fue sólo el primer indicio de lo que estaba por venir. 

Como informa Brian Mier, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977 —redactada originalmente para impedir que las empresas de los Estados Unidos realizaran sobornos en el extranjero— se modificó posteriormente y se incorporó al tratado de la Convención contra el Soborno de 1997. La ley y el tratado que la acompaña permiten a los Estados Unidos reclamar la jurisdicción extraterritorial en cualquier Estado firmante que haya accedido alguna vez al sistema financiero estadounidense —empresas que hayan utilizado alguna vez dólares estadounidenses, hayan sido titulares de una cuenta bancaria estadounidense o tengan acciones o cuentas bancarias en los Estados Unidos— siempre que exista la debida colaboración con las autoridades nacionales. Dado que Brasil firmó el tratado, sus fiscales pudieron coordinarse con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y, posiblemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las investigaciones. 

La operación "Lava Jato" (o "Lavado de Coches", en español) comenzó con fiscales brasileños en 2014 en Curitiba, pero rápidamente implicó al gobierno de los Estados Unidos en marzo de 2014. En 2015, una delegación de fiscales brasileños voló a Washington, DC, para reunirse con una serie de agencias estadounidenses, pero cuando una delegación de varias agencias estadounidenses visitó Brasil ese mismo año, los fiscales de Lava Jato no informaron al Ministerio de Justicia brasileño. El fiscal jefe del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, llegó a decir a sus ayudantes que los organismos estadounidenses implicados pidieron al equipo que no compartiera información sobre su implicación. 

Según otro tratado de asistencia judicial mutua (MLAT), el Ministerio de Justicia debería haber sido el organismo encargado de la cooperación con los funcionarios de los Estados Unidos, y no el Ministerio Público (MPF). Sin embargo, incluso cuando el Ministerio de Justicia se enteró de forma independiente de la visita de los Estados Unidos a Brasil, los fiscales de Lava Jato sugirieron que fueran menos "celosos" con las relaciones internacionales y siguieron pasando por alto al Ministerio de Justicia durante toda la investigación. El fiscal general adjunto en funciones de los Estados Unidos, Kenneth Blanco, se jactaría más tarde, en un acto del Atlantic Council celebrado en 2017, de que "dada la estrecha relación entre el Departamento [de Justicia] y los fiscales brasileños, no necesitamos recurrir únicamente a procesos formales como los tratados de asistencia jurídica mutua". 

El diputado brasileño Paulo Pimenta del PT argumentó en un informe de 2019 a la Unión Europea, en busca de solidaridad internacional, que esta guerra jurídica equivalía a una cooperación ilegal de los fiscales y los Estados Unidos. "En la acción de los Estados Unidos contra Petrobras, los fiscales brasileños actuaron como ayudantes de la 15ª fiscalía estadounidense, en contra de los intereses de Brasil y de Petrobras", escribió, "[estableciendo], en claro desafío a la Constitución, una política exterior independiente hacia los Estados Unidos". 

En 2020, Fabio de Sá e Silva, profesor de Estudios Brasileños en la Universidad de Oklahoma, declaró asimismo: "Mucha gente piensa que los Estados Unidos vinieron a investigar a estas empresas en un intento de encontrar algo que le diera la oportunidad de interferir en estos procesos, mediante los cuales estas empresas estaban evolucionando y ganando mercados". 

Sin embargo, incluso cuando Lava Jato acaparaba los titulares como "el mayor escándalo de corrupción de la historia", la presidenta Dilma Rousseff —a quien se ocultó el alcance de la colaboración de los Estados Unidos— seguía comprometida con la erradicación de la corrupción. Este compromiso de investigar los delitos y sobornos entre la clase política brasileña llevó a ministros de otros partidos a conspirar contra ella. "Tenemos que parar esta mierda... tenemos que cambiar el gobierno para poder parar esta purga", dijo el entonces ministro de Planificación, Romero Jucá. 

Finalmente, en un “golpe blando” parlamentario dirigido por muchos políticos acusados de delitos mucho más graves, en 2016 Dilma Rousseff fue destituida como presidenta de Brasil. Su mandato democrático fue interrumpido por una acusación menor de transferencia irregular de fondos entre presupuestos públicos. Sobra decir que la tormenta mediática que atacaba a la ex presidenta y a su partido como epítome de la corrupción alcanzó su punto álgido. 

Años después, en 2022, el Ministerio Público (MPF) confirmó oficialmente que la presidenta Dilma Rousseff no había cometido ningún delito. Era inocente y, por tanto, había sido destituida de uno de los cargos más poderosos del continente de forma totalmente injustificada. Mucho antes de convertirse en presidenta, Dilma Rousseff sobrevivió a salvajes torturas a manos de la dictadura militar instaurada en 1964 con el apoyo de los Estados Unidos. Tras décadas de lucha popular con el Partido de los Trabajadores, al frente del país más grande de América Latina como jefa de Estado, la presidenta Rousseff fue destituida por la guerra jurídica. 

Las fuerzas reaccionarias brasileñas y sus colaboradores de los Estados Unidos no se detuvieron ahí, como tampoco lo hizo el enorme poder, convertido en arma, de la investigación Lava Jato. La derecha trató de eliminar cualquier posibilidad de que el Partido de los Trabajadores y los movimientos populares volvieran al poder. Así que tuvieron que impedir que Lula se presentara a las elecciones presidenciales de 2018.  

Dirigido por el juez de la cruzada Lava Jato Sergio Moro —que había recibido formación y asesoramiento de abogados de los Estados Unidos del Departamento de Justicia—, Lula se convirtió en el siguiente objetivo de la guerra jurídica. Mensajes de texto filtrados entre los abogados de Lava Jato mostraban que estaban políticamente motivados no sólo para inhabilitar a Lula para la presidencia, sino para derrotar a cualquier candidato del Partido de los Trabajadores (PT). 

El caso presentado contra Lula alegaba que había recibido un soborno por corrupción de Petrobras en forma de un apartamento en Guarujá, São Paulo, del que no era propietario y que nunca había visitado. Como prueba, la acusación presentó un artículo de 2010 en el que se afirmaba que la familia Lula era propietaria de un apartamento cercano en una torre diferente y se apoyaba en su propia diapositiva de PowerPoint con líneas que señalaban el nombre "Lula" en el centro. Alegando dudas y humillación pública por la presentación en PowerPoint, Moro consoló en privado a los fiscales: "las críticas a su presentación son desproporcionadas". Manténganse firmes”.

Más tarde se demostró que Moro no sólo se comunicaba de forma poco ética e ilegal con los fiscales de Lava Jato, sino que les ayudaba activamente y actuaba en complicidad con ellos. Proporcionó consejos jurídicos a la fiscalía y les asesoró sobre las relaciones con los medios y su estrategia de comunicación, todo ello con el objetivo de eliminar a Lula como candidato presidencial e infligir el máximo daño a su imagen pública. 

El 5 de abril de 2018, Moro emitió una orden de detención para que Lula se entregara a una pena de 12 años de prisión. Incluso cuando estaba condenado y cumpliendo condena, Lula seguía siendo el candidato presidencial más popular en las encuestas y la Comisión de Derechos Humanos independiente de las Naciones Unidas llamó a la protección de sus derechos políticos. Sin embargo, un tribunal de apelación confirmó rápidamente la condena de Moro, impidiendo la candidatura presidencial de Lula. Permaneció encarcelado 580 días. 

Con los ex presidentes del Partido de los Trabajadores procesados y encarcelados, Lava Jato allanó el camino para una victoria sin precedentes de la extrema derecha representada por Jair Bolsonaro. En un aparente (aunque nunca probado) quid pro quo, Bolsonaro nombró a Moro ministro de Justicia con poderes ampliados y más tarde afirmó que "prometió" a Moro un nombramiento vitalicio en el Tribunal Supremo (STF). Sergio Moro es ahora senador. 

Las consecuencias políticas de la guerra jurídica de Lava Jato sobre el Partido de los Trabajadores fueron titánicas: entre ellas, la destitución de la presidenta Rousseff, la inhabilitación de Lula en 2018 y el ascenso al poder de fuerzas reaccionarias lideradas por Jair Bolsonaro. Pero sus efectos negativos sobre la economía brasileña no fueron menos dramáticos. La inversión disminuyó el equivalente a casi el 4 por ciento del PIB, Brasil perdió el equivalente a miles de millones de dólares estadounidenses en ingresos fiscales, se pagaron miles de millones más en concepto de multas por orden de los tribunales de los Estados Unidos y muchas de las mayores empresas de ingeniería del país quebraron. Lo peor de todo es que unos 4,4 millones de brasileñxs —casi el 2 por ciento de la población de Brasil— perdieron su empleo como consecuencia de las repercusiones económicas. 

Las ramificaciones de las consecuencias políticas, económicas y sociales combinadas de la guerra jurídica con la complicidad ilegal de los Estados Unidos no pueden documentarse en su totalidad en este informe. Sin embargo, podemos afirmar con certeza que la guerra jurídica contra el Partido de los Trabajadores entre 2012 y 2018 cambió para siempre la historia de Brasil. 

Ecuador

La última década de la política ecuatoriana presenta varios de los ejemplos de guerra jurídica más risiblemente inventados, aunque perjudiciales. La guerra jurídica se dirigió inicialmente contra el presidente Rafael Correa y su movimiento político, pero pronto abarcó las protestas callejeras y, en 2021, incluso a la propia Internacional Progresista. 

En 2017, Rafael Correa dejó la presidencia de Ecuador y se trasladó a Bélgica. Sus adversarios políticos, ahora en el poder, se movilizaron para presentar más de 30 investigaciones penales contra él con el fin de impedir su regreso físico a Ecuador y adelantarse a la agenda de su movimiento político. En 2018, Correa fue condenado por un juez ecuatoriano por ser el "autor intelectual" de un presunto secuestro en Colombia, condena que Interpol rechazó por motivos de derechos humanos, por ser incompatible con sus normas. Interpol también se negó a ejecutar al menos otras dos solicitudes por los mismos motivos, incluido el infame "Caso Sobornos." 

El caso contra el presidente Correa por soborno fue sólo una de las docenas de investigaciones falsas. Pero, como señaló el ex canciller ecuatoriano Guillaume Long, "la mayoría de estas investigaciones penales no podían dar lugar a causas judiciales que pudieran ser juzgadas in absentia, y si no puedes ser juzgado in absentia y no hay sentencia condenatoria, entonces [el ex presidente Lenin Moreno] no puede impedir que Correa se presente? Así que, finalmente encontraron uno, en un caso muy concreto de soborno, que podía ser juzgado no estando presente". 

El Caso Sobornos se basaba en el testimonio y las "pruebas" presentadas por Pamela Martínez, ex funcionaria del gobierno de Correa, que había trabajado con empresas como Odebrecht. ¿Las pruebas condenatorias? Un cuaderno de Hello Kitty en el que supuestamente se detallan los sobornos que facilitó en 2012 "hasta el céntimo exacto." Sin embargo, más tarde se reveló que el cuaderno no sólo se escribió cuatro años después de los supuestos hechos del caso, sino que además la Sra. Martínez admitió que escribió el cuaderno en 2018 como "una memoria." 

Fue un caso fabricado de guerra jurídica en los términos más claros posibles, como confirmó Interpol al negarse a ejecutar las órdenes de detención internacional contra Rafael Correa. No obstante, Correa fue declarado culpable, condenado a ocho años de prisión y perdió sus derechos políticos —incluido el derecho a presentarse como candidato a un cargo electo— durante 25 años. 

En 2019, las fuerzas conservadoras que sucedieron a Correa en el poder aprobaron una oleada de medidas contra la austeridad. Esto provocó una huelga nacional con decenas de miles de manifestantes en movilizaciones históricas. El gobierno respondió con la mano dura de la guerra jurídica, deteniendo sumariamente a miles de ecuatorianos acusados de sedición y rebelión. 

Estas detenciones masivas no sólo afectaron a los manifestantes, sino también a líderes y lideresas de organizaciones indígenas, partidos de la oposición y movimientos populares. Incluso Paola Pabón, la prefecta de Pichincha, fue encarcelada durante 72 días y luego sometida a arresto domiciliario con un monitor en el tobillo durante años, prácticamente durante todo su mandato como gobernadora. Se retiraron todos los cargos por falta de pruebas, pero la guerra jurídica había hecho su trabajo: perseguir, encarcelar y calumniar sin piedad a los oponentes políticos. 

"El lawfare comienza con la difusión de bulos en las redes, después la Fiscalía actúa contra ti", dijo la prefecta Paola Pabón. "Los medios de comunicación no son imparciales, son un eslabón más en la estrategia de los grandes actores de poder." 

La intervención extranjera también desempeñó un papel clave en la guerra jurídica ecuatoriana. En el periodo previo a las elecciones generales ecuatorianas de 2021, el candidato presidencial Andrés Arauz fue objeto de una guerra jurídica emprendida por los Estados colombiano y ecuatoriano en complicidad con Semana —un importante medio de comunicación colombiano—un caso que también difamó a la Internacional Progresista. 

Semana, una revista colombiana anteriormente muy acreditada, fue comprada varios meses antes, a finales de 2020, por magnates de la banca con el objetivo de utilizar su perfil para convertirla en un medio de comunicación de derechas que siguiera el modelo de Fox News de los Estados Unidos. 

El 30 de enero, apenas unas semanas antes de las elecciones de 2021, Semana publicó un artículo en portada en el que citaba fuentes militares y de inteligencia colombianas que afirmaban que Andrés Arauz había recibido un préstamo de 80.000 dólares de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La base de esta mentira difamatoria eran unos supuestos archivos encontrados en un ordenador portátil del combatiente del ELN asesinado Andrés Felipe Vanegas Londoño, conocido con el alias de "Uriel." Pero Semana fue aún más lejos, afirmando que Rafael Correa había facilitado el pago entre Arauz y el ELN en la Cumbre inaugural de la Internacional Progresista de septiembre de 2020. 

Las acusaciones del caso son fáciles de desacreditar. La Cumbre de la Internacional Progresista tuvo lugar enteramente en línea durante el primer año de la pandemia de Covid-19. Las sesiones completas de la Cumbre pueden verse aquí. No hubo ninguna reunión física ni ninguna forma posible de que la supuesta transacción pudiera haberse llevado a cabo. La Internacional Progresista rechazó categóricamente (y sigue rechazando) la información falsa y malintencionada publicada por Semana sobre un supuesto vínculo con el ELN. Como declaró la Internacional Progresista en 2020, "La Internacional Progresista no tuvo ni tiene ningún contacto con el ELN." 

Por último, el gobierno colombiano ha utilizado repetidamente la táctica de presentar pruebas infundadas procedentes de "ordenadores portátiles mágicos" supuestamente incautados a las fuerzas guerrilleras para afirmar su complicidad con políticos de países vecinos. 

Sólo un día después, el 31 de enero, apareció en Internet un video falso ampliamente compartido en el que aparecían hombres vestidos con uniforme militar junto a banderas y pañuelos con el emblema del ELN desde "la selva de Colombia," supuestamente defendiendo su apoyo al "camarada Andrés." Sin embargo, en 20 un ornitólogo ecuatoriano demostró rápidamente que el video era una invención total tras identificar el silbido de un pájaro en el video como el del perdiz ceja blanca (Crypturellus transfasciatus). El perdiz ceja blanca sólo se encuentra en el bosque seco tumbesino del suroeste de Ecuador y el noroeste de Perú. En otras palabras, el video no se grabó en Colombia, sino en el área de distribución del perdiz ceja blanca, a todo un país de distancia. 

Sin embargo, el éxito de la guerra jurídica no radica en su base, sino en su ejecución. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno se apresuró a legitimar los informes de Semana sobre la supuesta financiación del ELN por parte de Arauz. Refiriéndose a Arauz, el presidente Moreno declaró en un discurso público que "es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país." 

El 12 de febrero, menos de dos semanas después de que Semana publicara su primer informe y pocos días después de la primera vuelta de las elecciones, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Quito en visita oficial para entregar en mano a su homóloga ecuatoriana, la fiscal general Diana Salazar, las supuestas pruebas producidas por el portátil mágico de Uriel. La visita produjo un espectáculo mediático público y las informaciones sobre el supuesto escándalo de financiación de Arauz se difundieron ampliamente en todos los medios de comunicación y en el discurso político, dañando gravemente la imagen y la credibilidad política de Arauz. 

El caso contra Andrés Arauz es una ventana al funcionamiento de la guerra jurídica. En este caso, un medio de comunicación extranjero de derecha publicó pruebas no verificables y malintencionadas citando fuentes militares y de inteligencia del Estado. Esto precipitó la intervención directa de altos funcionarios del gobierno colombiano en las elecciones presidenciales ecuatorianas—incluso después de que las acusaciones fueran desacreditadas públicamente y se demostrara que eran totalmente falsas—y luego fueron utilizadas como arma por los medios de comunicación y los políticos ecuatorianos para destruir la imagen política de Arauz. 

Andrés Arauz perdería por un estrecho margen la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021 frente al banquero conservador Guillermo Lasso, que se enfrentó a un proceso de destitución debido, en parte, a su participación en empresas ficticias de paraísos fiscales reveladas por los Papeles de Pandora (‘Pandora Papers), ilegales según la legislación ecuatoriana. Pero incluso si hubiera ganado las elecciones, las denominadas "pruebas" del portátil mágico podrían haberse utilizado para impedir que asumiera el cargo o para destituirlo de la presidencia. 

Es difícil cuantificar el daño político causado a Andrés Arauz y a su campaña por esta campaña concertada de guerra jurídica. Sin embargo, no es exagerado decir que esta conspiración internacional para utilizar la guerra jurídica puede haberle costado a Arauz la presidencia. 

Guatemala

El último estudio de caso que examina este informe es el más oportuno de todos: de hecho, sigue en curso. 

En Guatemala, el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) es un partido político de izquierdas formado en fuerte conexión con las bases sociales rurales, mayoritariamente indígenas, en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). El MLP se ha organizado en torno a la reivindicación de una asamblea constituyente, un nuevo estado plurinacional en Guatemala que represente mejor a los pueblos indígenas y pasos hacia una sociedad más socialista y democrática. 

El movimiento ha ido ganando apoyo desde las elecciones presidenciales de 2019, cuando su candidata indígena (maya Mam) Thelma Cabrera Pérez obtuvo más del 10 % en la primera vuelta de la votación, casi lo suficiente para pasar a la segunda vuelta. A finales de 2022, la candidatura presidencial y vicepresidencial de Thelma Cabrera Pérez y Jordán Rodas, ex Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala de 2017 a 2022, prepararon su campaña y empataron en el segundo lugar de las encuestas nacionales. 

Los años de servicio de Rodas como Procurador de los Derechos Humanos fueron extremadamente eficaces. Defendió la seguridad del jefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Iván Velásquez, que investigó la impunidad criminal tras la guerra civil en Guatemala y se negó a dejar de criticar a los políticos guatemaltecos. Como resultado, se reveló que funcionari0s del Congreso y del gobierno nacional habían ordenado explícitamente una "campaña de desprestigio" contra Rodas. Se fue de Guatemala por su propia seguridad y por temor a ser detenido arbitrariamente justo antes de que concluyera su mandato como Procurador de los Derechos Humanos. 

Aunque esta detención no llegó a producirse, el nuevo Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova Herrera, acusó inmediatamente a Rodas de supuestas "anomalías durante el cobro de la indemnización" durante su mandato previo como Procurador de los Derechos Humanos. Córdova presentó una denuncia oficial el 6 de enero de 2023 sin más pruebas que sus propias acusaciones. 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano electoral de Guatemala, informó entonces tanto a Cabrera como a Rodas que su inscripción como candidatos presidenciales había sido rechazada el 28 de enero de 2023 debido a "cargos jurídicos y denuncias" pendientes. Rodas respondió inmediatamente: "las mafias organizadas pretenden dejar fuera a una de las candidaturas decentes de las elecciones. Es inaudito que el TSE rechace nuestra inscripción como binomio del MLP. La democracia en Guatemala ha retrocedido otro paso, le temen al pueblo y sus decisiones soberanas." 

En una sola jugada, las fuerzas reaccionarias de Guatemala pudieron utilizar la guerra jurídica como represalia por el trabajo realizado por Rodas en el pasado en defensa de la justicia en Guatemala tras décadas de guerra civil, así como eliminar a Thelma Cabrera — que no está acusada de ningún delito — de la participación en las elecciones presidenciales. Uno de los partidos políticos más poderosos y populares ha sido excluido de la posibilidad de aspirar a la presidencia en 2023. 

Por supuesto, el binomio presidencial apeló esta sentencia, que fue rechazada por la mayoría de los magistrados del TSE el 3 de febrero de 2023, transfiriendo así la jurisdicción de las autoridades electorales al sistema de apelaciones del poder judicial. Sin embargo, un magistrado del TSE declaró en una opinión discrepante que las acusaciones por sí solas eran insuficientes para inhabilitar una candidatura presidencial, requiriéndose una condena y una “sentencia debidamente ejecutoriada." 

Al iniciarse la campaña el 27 de marzo, el MLP se encontró en los tribunales presentando un recurso de última hora ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aunque el restablecimiento de sus candidaturas sigue siendo una posibilidad técnica, en el momento de redactar este informe, la candidatura presidencial del MLP ha sido eliminada de las papeletas de los votantes guatemaltecos en las elecciones de 2023. 

La descarada estrategia de retraso judicial es claramente el capítulo final de este episodio de la guerra jurídica. Prohibida en la papeleta al iniciarse la campaña, el daño ya está hecho. Rodas y Cabrera ya han advertido contra la legitimación de las elecciones por parte de observadores, afirmando además que "no habrá elecciones libres en Guatemala sin nosotros" porque "ya comenzó el fraude." 

Por si esto fuera poco, Zury Ríos lidera el campo presidencial. Ríos es hija del despiadado dictador militar general Efraín Ríos Montt —condenado por crímenes contra la humanidad y el genocidio de cientos de miles de indígenas, sobre todo mayas— y dirige un partido de extrema derecha. En una escandalosa doble moral, el artículo 186 de la Constitución de la República de Guatemala excluye explícitamente a Ríos de la presidencia por ser miembro de la familia directa del dictador Gral. Ríos Montt. En su justificación, los tribunales dictaminaron que esta prohibición constitucional sobre la elegibilidad de Ríos era temporal. 

Sin embargo, el MLP no se deja intimidar. El partido y los ex candidatos presidenciales siguen apoyando a los candidatos congresionales y municipales, al tiempo que construyen el poder popular a partir de sus bases sociales. 

El 3 de abril, Thelma Cabrera dijo a sus seguidores en el Encuentro Plurinacional de Mujeres por el Buen Vivir: "Ha llegado el momento de nosotros y nosotras como pueblos. Tenemos que unirnos ante un Estado fallido, corrompido y por eso tienen miedo. Sé que están esperando una respuesta del TSE, pero esto no está en nuestras manos. Nos inscriban o no, la lucha sigue." 

Conclusión

Este informe ofrece una descripción detallada del concepto de guerra jurídica (o “lawfare”) y tres casos críticos de su aplicación en América Latina, que ilustran la amenaza existencial que supone la guerra jurídica para las elecciones justas, los derechos civiles y políticos y los sistemas democráticos en general. 

Sin embargo, la guerra jurídica no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. Por décadas, América Latina ha desempeñado el papel de taller del imperio, un laboratorio para que los Estados Unidos y sus aliados experimenten con políticas económicas y tácticas políticas que luego se exportan a otras partes del mundo. 

La guerra jurídica no es una excepción. En el momento de escribir estas líneas, la táctica de la guerra jurídica se está desplegando activamente en las mayores democracias del mundo para criminalizar, encarcelar y eliminar a las fuerzas progresistas del campo de batalla: desde Turquía, donde el gobierno de Erdogan ha desplegado un poder judicial capturado para prohibir el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) pocos días antes de unas elecciones generales; hasta la India, donde el primer ministro Modi ha utilizado un endeble pretexto judicial para asaltar las sedes de los partidos de la oposición y expulsar del parlamento a sus principales figuras. 

Dada la escala mundial de la guerra judicial, y lo que está en juego a nivel existencial, el informe se centra en sus cuestiones clave: ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos resistirnos a la táctica de la guerra jurídica? ¿Cómo podemos reparar sus efectos corrosivos en nuestras democracias? ¿Y cuál es el papel de los aliados que viven en el extranjero? 

Los expertos suelen responder a estas preguntas centrándose en las urnas: Si no te gusta algo o alguien de la política democrática, simplemente destitúyelo. Pero, como ilustran los casos de este informe, la estructura de la guerra jurídica no puede desmantelarse sólo con elecciones. 

De hecho, el éxito de la guerra jurídica depende en gran medida del comportamiento de jueces, periodistas y editores no elegidos, actores a los que no es fácil desalojar de sus dominantes posiciones de poder. Ni siquiera el control de los poderes presidencial y legislativo es suficiente para contener los efectos de la guerra jurídica — especialmente cuando puede ser impulsado por gobiernos extranjeros decididos a interferir en los asuntos políticos de potencias soberanas desde el exterior. 

Pero la guerra jurídica no es una táctica imparable. Puede ser, y ha sido, derrotada en el pasado. Y la solidaridad internacional —a través de sindicatos, partidos políticos, publicaciones de prensa, comunidades diaspóricas organizadas e incluso organizaciones comunitarias locales— ha desempeñado un papel fundamental en esa resistencia. 

Por un lado, las campañas internacionales pueden proporcionar un apoyo material esencial a las víctimas del “lawfare”: desde donaciones a familias hasta asilo y refugio en el extranjero. Esta forma de solidaridad internacional ofreció apoyo vital a miles de familias durante las dictaduras latinoamericanas del siglo XX; hoy sigue siendo una línea de vida fundamental para los activistas perseguidos, los políticos y sus familias en el exilio. 

En segundo lugar, las campañas internacionales ofrecen apoyo técnico en estos casos: asistencia jurídica, por ejemplo, o reportajes de investigación para revelar las prácticas corruptas que a menudo se esconden tras el pacto entre actores judiciales y políticos. El periodismo de investigación riguroso ha sido un recurso esencial tanto para los ciudadanos como para los observadores para dar sentido a los casos de guerra jurídica y recuperar la verdad de una trama de mentiras y propaganda. 

En tercer lugar, la solidaridad internacional aporta un apoyo político fundamental: desde manifestaciones populares hasta declaraciones parlamentarias, la presión internacional puede destruir los mitos locales que sustentan la persecución legal y cambiar el cálculo político que guía estos casos centrales. No se puede exagerar el refuerzo moral que se obtiene de una avalancha de apoyo mundial. 

Considera la campaña Lula Livre (Lula Libre). Movilizada por el "Comité Internacional de Solidaridad en Defensa de Lula y la Democracia en Brasil", la campaña Lula Livre convocó a los aliados de más alto perfil para la defensa del ex presidente encarcelado, como otros ex presidentes como Pepe Mujica o Evo Morales. La campaña también llamó a sindicatos, movimientos sociales, estudiantes organizados, periodistas y artistas de todo el mundo. 

Todos los días, la campaña movilizó a estos simpatizantes hasta la cárcel donde estaba recluido Lula para gritar "buenos días", "buenas tardes" y "buenas noches". Se lanzaron huelgas de hambre, emisoras de radio y grandes marchas en nombre de Lula. A nivel internacional, llegaron declaraciones de apoyo internacional de 27 parlamentarios, personalidades, abogados y prestigiosas instituciones denunciaron la guerra jurídica contra el ex presidente. 

Tras casi 600 días, Lula por fin salió libre. Su primer acto tras la liberación fue dar las gracias al campamento de simpatizantes que estuvieron a su lado todos los días durante su encarcelamiento. "Todos los días fueron la fuerza viva de la democracia por la que necesitaba resistir", dijo Lula. 

La campaña Lula Livre ilustra cómo la solidaridad internacional puede movilizarse como instrumento político. Periodistas destaparon la corrupción del caso Lava Jato. Las actividades elevaron la moral de la resistencia. Los políticos elevaron el costo político de la persecución de Lula. En resumen, la campaña no sólo derrotó el objetivo inmediato de la guerra jurídica de mantener a Lula en prisión, sino que también derrotó su objetivo más dañino de difamar su imagen, disuadir su activismo político e impedir su regreso al poder. 

Hoy, el presidente Lula es una fuerza líder en la construcción del tipo de movimientos internacionales que fueron tan vitales para su libertad. "La extrema derecha es un movimiento internacional. Por eso propongo la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas de todo el mundo", declaró recientemente el presidente Lula. 

Este informe ha dado el primer paso para documentar el despliegue de la guerra jurídica. Ahora es tarea de los movimientos sociales, los partidos políticos y los sindicatos unirse al movimiento mundial del presidente Lula para hacer frente a la guerra jurídica y desmantelar el complejo mediático-judicial-político que la sustenta. 

La Internacional Progresista y Common Frontiers han escuchado el llamado de Lula a construir la "unidad de las fuerzas democráticas y progresistas de todo el mundo." Esperamos que ustedes también lo oigan.