Grupo de Justicia de la Deuda: “Una vez más, debemos oponernos a la austeridad en Ecuador”

El 30 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional aprobó una nueva facilidad crediticia para el Ecuador por 27 meses. A pesar de su renovado discurso contrario a la austeridad y que recalca la importancia del gasto y la inversión pública para la recuperación de los países, el texto del acuerdo con el país sudamericano repite la misma receta fallida de ajuste fiscal y desregulación que desató una enorme conflictividad social y dejó un grave saldo de violaciones a los derechos humanos en octubre de 2019.

Si bien los objetivos generales del programa hablan de proteger a las personas, restaurar la estabilidad económica, fortalecer las instituciones y generar empleo, un análisis minucioso del acuerdo y las condiciones acordadas con el Gobierno del Ecuador van en contrasentido con la renovada retórica de las autoridades del Fondo.

Desde la Internacional Progresista señalamos nuestras preocupaciones de manera pública y directamente a la directora-gerente Kristalina Georgieva, antes de que la Junta Directiva del Fondo conociera y aprobara el texto del acuerdo. No obstante, el acuerdo que finalmente fue aprobado insiste en el recorte del gasto público y no explica cómo se van a medir los impactos distributivos de estas medidas.

El texto tampoco define mecanismos para garantizar que el flujo de recursos de la facilidad crediticia vaya efectivamente a financiar programas de protección de derechos, para fortalecer la gestión sanitaria derivada de la crisis del Covid19 y que en el proceso de implementación y seguimiento se incluya a amplios sectores de la sociedad civil. Solo uno de nueve indicadores de seguimiento está relacionado con compromisos sociales, el cual plantea un aumento de la cobertura de transferencias condicionadas a la población de menores ingresos, a costa de recortarla a otras familias que actualmente son beneficiarias y que también pudieron caer en la pobreza producto de la pandemia.

Así mismo, expresamos nuestra preocupación por la ausencia de una discusión y medidas para gestionar el problema del enorme volumen de divisas que salen de la economía ecuatoriana o que simplemente no ingresan a la misma por parte de los grandes grupos económicos del país. Este fenómeno pone en riesgo la sostenibilidad del esquema monetario ecuatoriano dependiente de dólar norteamericano. En contrasentido con esto, el acuerdo insiste en revivir las reformas legislativas que fueron rechazadas a fines de 2019 por la Asamblea Nacional del Ecuador y que tienen por objeto eliminar los mecanismos de gestión de liquidez de la economía que posee el Estado, que muchos países del mundo utilizan activamente para palear los efectos de la crisis actual y que para el Ecuador son más urgentes para cuidar la salud de su economía dolarizada. No estamos en contra de que se haga una gestión adecuada y transparente de los mecanismos de gestión de liquidez por parte del Estado. Pero para ello, no debe privarse al Estado de estas herramientas y entregarles el Banco Central a los grupos económicos del país bajo una falsa noción de independencia.

La primera revisión del programa con Ecuador es una nueva oportunidad que tiene el FMI para mostrar que efectivamente no solo su retórica ha cambiado sino también pueden cambiar sus acciones. El FMI sabe bien que la austeridad no trae sino efectos adversos a las economías, más aún si están en pleno proceso de recuperación. En efecto, como lo plantea el más reciente Fiscal Monitor del FMI el gasto público tiene un mayor efecto multiplicador para propiciar la recuperación económica justo en momentos de alta incertidumbre macroeconómica, como el que actualmente atraviesa Ecuador. No se entiende entonces por qué se insiste en el nuevo acuerdo en un drástico ajuste fiscal del 5.5 por ciento del PIB hasta 2025.

Por otra parte, hemos expresado e insistimos en nuestra preocupación sobre la ausencia de evaluación y lineamientos para abordar el gran problema de salida de capitales que posee Ecuador. El FMI entiende bien que esto es un problema para Ecuador y comprende bien sus similitudes y diferencias con otros países. El FMI entiende sus particularidades en relación a la forma de operar de los capitales locales y las implicaciones perjudiciales que puede tener para la dolarización. Aunque hay vocerxs de las élites económicas ecuatorianas que se empeñan interesadamente en ocultar esta realidad, ya hay quienes han reconocido este problema como también lo ha hecho la propia titular del Banco Central del Ecuador con quien el FMI tiene permanente relación. Cabe además señalar que el FMI está obligado por su convenio constitutivo a garantizar que no haya salidas considerables y continuas de capital durante la vigencia de sus acuerdos crediticios. Finalmente, el mismo día que se aprobó la facilidad crediticia con Ecuador, la Oficina de Evaluación Independiente del FMI emitió su informe sobre flujos de capital donde reconoce que la entidad debe darle mayor importancia al problema y hay casos en que se deben fortalecer las medidas para afrontar la salida de capitales y garantizar la adecuada implementación de sus programas.

De momento, el gobierno ecuatoriano ha cumplido con las metas fiscalistas y apresura las reformas legales incluidas como condiciones para el desembolso de diciembre del programa. Sobre esto último, y con la presión del FMI encima, la Asamblea Nacional trabaja a toda marcha una ley de lucha contra la corrupción y una norma de extinción de dominio. Estas requieren un debate minucioso para garantizar su conformidad con la Constitución Ecuatoriana y que no se presten a la persecución política. Hacemos un llamado a que el FMI no imponga sus urgencias y no sea corresponsable de un marco normativo que pudiera ser inconstitucional e inadecuado. Así mismo, la discusión de estos proyectos de ley debería ser la oportunidad para incluir mecanismos que frontalmente combatan los delitos de defraudación contra el Estado bajo la forma de evasión y elusión tributaria desde paraísos fiscales que, además, suman al gravísimo problema de salida de capitales que hemos señalado insistentemente desde nuestros espacios. Instamos al FMI a que se haga eco de esta necesidad en el marco de una adecuada discusión de estas normas.

El FMI está ante una nueva oportunidad histórica para hacer las cosas de manera distinta para precautelar mejores condiciones de vida para lxs ciudadanxs ecuatorianxs, así como para mostrarle al mundo que sus promesas de cambio van más allá de la retórica.

Pero FMI habrá una vez más perdido una cita con la historia si no hace una profunda revisión del programa con Ecuador que incluya un verdadero monitoreo a los impactos de las medidas de austeridad y un replanteamiento de dichas medidas en línea con los estándares de derechos humanos. Esta revisión de su programa debería incluir las preocupaciones sobre la salida de capitales a manera de indicadores, compromisos concretos y desistiendo de mermar al estado de los mecanismos de gestión de liquidez bajo la falsa idea de un Banco Central independiente. Finalmente, la revisión del acuerdo debería implicar la adopción de procesos de consulta genuinos que muestren que su relación con los actores de la sociedad civil no es solo una invitación a un diálogo de sordos.

Firmantes:

Andrés Chiriboga-Tejada, Observatorio de la Dolarización del Ecuador y Sciences Po Paris

Sergio Chaparro and Allison Corkery, Centro de Derechos Económicos y Sociales

Andrea Guillem, Centro de Derechos Económicos y Sociales

Dr. Philip Mader, Instituto de Estudios del Desarrollo, Reino Unido

Adrian Falco, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos

Osama Diab, investigador de derechos económicos y profesor de estudios de desarrollo

Melinda Cooper, profesora de Sociología, Universidad Nacional de Australia

Jayati Ghosh, profesora de Economía, Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi

Nicholas Loubere, profesor asociado arincipal, Universidad de Lund, Suecia

Matthias Goldmann, Universidad Goethe de Frankfurt e Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, Heidelberg

Gilad Isaacs, codirector del Instituto de Justicia Económica de Sudáfrica

Z. Fareen Parvez, profesor asistente de Sociología, Universidad de Massachusetts en Amherst

Ingrid Harvold Kvangraven, profesora de Desarrollo Internacional, Universidad de York

Foto: Pedro Szeleky / Flickr