Urgente llamado a elecciones libres y justas en Ecuador

Muy estimados Alta Comisionada Bachelet y Relator Especial Voule,

Estamos presenciando el colapso de las instituciones democráticas en Ecuador. Mediante esta carta, los miembros de la Internacional Progresista solicitamos que tomen medidas urgentes —dentro de su marco diplomático, mandato y misión— para restaurar los derechos democráticos en Ecuador y evitar daños irreparables a la integridad del proceso electoral en América Latina y en todo el mundo.

Estamos alarmados ante la negativa de las autoridades electorales a registrar a “Fuerza Compromiso Social,” el partido político asociado con Rafael Correa, miembro del Consejo de la Internacional Progresista y ex Presidente de la República del Ecuador, en las próximas elecciones presidenciales: una flagrante violación de las normas constitucionales e institucionales que deberían garantizar la ejecución de un proceso electoral libre y justo.

Esta maniobra ilegal de las autoridades electorales de Ecuador no es un hecho aislado. Es más bien parte de un avance alarmante de una estrategia de persecución política contra las fuerzas progresistas del Ecuador - y la aceleración de la guerra jurídica (“lawfare”) contra la oposición política en la región de América Latina, más ampliamente. En Brasil, Bolivia y ahora Ecuador, los partidos políticos y los gobiernos elegidos han enfrentado ataques jurídicos arbitrarios y discriminatorios que han resultado en la privación del derecho de voto de los principales partidos políticos y movimientos con amplio apoyo social. El propio Papa Francisco alertó sobre “el uso indebido y arbitrario de la prisión preventiva”, una de las manifestaciones del Lawfare, que se aplica de manera selectiva y tendenciosa desde las esferas jurídicas, vulnerando gravemente los derechos humanos, civiles y procesales. Si la comunidad internacional no se pone de pie para defender las instituciones democráticas y el derecho a unas elecciones libres y justas en Ecuador, los defensores de la guerra jurídica sólo se volverán más descarados, y exportarán estas tácticas mucho más allá de América Latina.

La guerra jurídica contra la oposición política en Ecuador ha ido en aumento desde hace varios años. La encarcelación del ex vicepresidente Jorge Glas, hace casi tres años; las medidas cautelares impuestas contra Paola Pabón, Virgilio Hernández y otros dirigentes políticos, a quienes primero dictaron prisión preventiva y que actualmente están a espera de juicio y bajo arresto domiciliario. Todos los asambleístas o ex altos cargos que se han visto obligados a buscar asilo político en México, así como el proceso judicial contra el propio Rafael Correa, a quien esta misma semana le han denegado la apelación, ratificando en segunda instancia la condena que le inhabilitaría para ejercer cualquier cargo público. — Todos, casos que presentan un contexto lo suficientemente grave como para entender que la decisión del CNE es un paso más en esta estrategia coordinada de guerra judicial contra la oposición política en Ecuador. Fuerza Compromiso Social es el sexto partido político que ve bloqueada su posibilidad de registro sin más justificación que la persecución política.

La conducta de las autoridades ecuatorianas es inadmisible e ilegal, si se tiene en cuenta el marco internacional de protección de los derechos humanos y, por lo tanto, debe ser declarada inválida de inmediato.

El no revertir dicha decisión tendría como consecuencia unas elecciones ilegítimas, en donde la ciudadanía ecuatoriana se vería limitada arbitrariamente, por el Ejecutivo, en su derecho fundamental a la autodeterminación. Garantizar unas elecciones limpias, en las que las diferentes opciones políticas puedan concurrir y competir
en igualdad de condiciones, es deber de todos los poderes públicos del Estado ecuatoriano. Y es el deber de sus instituciones reunir a la comunidad internacional para apoyar su proceso democrático.

Como miembros de la Internacional Progresista, urgimos a:

1. Que se activen los mecanismos de garantía para restaurar de inmediato los derechos civiles y políticos vulnerados.
2. Que los organismos a quienes remitimos la presente carta activen mecanismos independientes de observación de la legitimidad e imparcialidad del proceso pre-electoral y electoral en la República del Ecuador.
3. Que los organismos competentes declaren medidas precautorias urgentes para las personas cuyos derechos han sido vulnerados, para así evitar daños irreparables a los mismos.

Desde la Internacional Progresista esperamos su respuesta a la presente solicitud y reiteramos nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos, los cuales vigilaremos desde todas las jurisdicciones, espacios, organizaciones y movimientos donde estamos presentes.

Firmado

Elizabeth Gómez Alcorta
Ministra de la Mujer, Género y Diversidad de Argentina.

Celso Amorim
Ex-Ministro de Asuntos Exteriores de Brazil

Renata Ávila
Abogada internacional especializada en derechos humanos

Alicia Castro
Ex-embajadora de Argentina y activista sindical

Noam Chomsky
Profesor laureado de lingüística, Universidad de Arizona

Nikhil Dey
Miembro fundadora de Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS)

Jean Drèze
Profesor Visitante en la Ranchi University en India

Nick Estes
Profesor Asistente en la American Studies Department en la Universidad de Nuevo México

Álvaro García Linera
Ex Vicepresidente de Bolivia

Srećko Horvat
Co-Fundador, DiEM25

Giorgio Jackson
Diputado de la República de Chile

Harsh Mander
Activista de derechos humanos

John McDonnell
Miembro del Parlamento por Hayes and Harlington

Edgar Mojica
Congreso de los Pueblos

Vijay Prashad
Director del Tricontinental: Institute for Social Research

Aruna Roy
Miembro fundadora de Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS)

Ece Temelkuran
Novelista y comentarista

Yanis Varoufakis
Miembro del Parlamento Helénico y Secretario General de MeRA25

Foto: Giovani Martínez/Twitter