Mediante esta carta, los miembros de la Internacional Progresista les demandamos que tome acciones urgentes dentro de su mandato para restaurar los derechos fundamentales del pueblo boliviano a la paz, la protesta y la autodeterminación democrática. En nuestro mensaje dirigido a ustedes, enfatizamos la urgencia de su acción para proteger la integridad del proceso electoral en el Estado Plurinacional, para prevenir la persecución violenta de la población indígena, y para asegurar que un golpe de estado similar no se extienda por toda América Latina y el mundo.

Estamos indignados de que se haya permitido al gobierno de facto continuar con su asalto a las instituciones democráticas del Estado Plurinacional de Bolivia. Aunque todavía no ha podido consolidar su gobierno — debido a la valiente y sostenida resistencia del pueblo boliviano — ha utilizado todos los medios para impedir el retorno de la democracia desde el golpe militar que lo llevó al poder en la noche del 11 de noviembre de 2019.

Aquellos días las Fuerzas Armadas y la Policía — desconociendo el orden constitucional y el resultado electoral del 20 de octubre — amenazaron de muerte al Presidente Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro García Linera, incitando a la violencia contra los simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que ha costado cientos de sus vidas en comunidades de toda Bolivia.

La Organización de Estados Americanos (OEA), y su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, conducido por Gerardo de Icaza Hernández, informaron un fraude electoral que no fue tal, como demostraron múltiples estudios posteriores.

La Constitución boliviana en su artículo 12 señala la existencia de cuatro poderes del estado, los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. El Organismo Electoral Plurinacional está regulado por la LEY No 018 promulgada en 2010. Allí se indica en su Artículo 24 que el Tribunal Supremo Electoral, conducido hoy por Salvador Romero, tiene la atribución de: “Convocar a procesos electorales de período fijo establecidos en la Constitución Política del Estado, fijando la fecha de realización de los comicios y aprobando el calendario electoral correspondiente”.

Por otra parte, el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2020 resuelta en Sucre el 15 de enero, que obliga a que, dentro del año 2020, con el plazo máximo del 31 de diciembre del corriente, este normalizado el país, electo el nuevo gobierno y asumidas las nuevas autoridades.

Toda esta jurisprudencia es la que alegó el Tribunal Supremo Electoral para fijar el nuevo cronograma electoral unilateral comunicado este jueves 23 de julio. Según anunció su Presidente, Santiago
Romero, se informó que las Elecciones Generales de 2020 donde se elegirían Presidente y Vicepresidente para el periodo 2020-2025 junto a 36 Senadores y 130 Diputados, representantes de los 8 departamentos del país, se llevarían adelante finalmente el domingo 18 de octubre de 2020 (1a vuelta) y el domingo 29 de noviembre de 2020 (2a vuelta) de ser necesaria.

La aplicación de esta legislación, pensada para tiempos de democracia, fue legítimamente cuestionada por el MAS, fuerza política mayoritaria del país, la evidente interrupción institucional acaecida en el Estado Plurinacional de Bolivia, y la excepcionalidad sobreviniente.

El Tribunal Superior Electoral había mantenido hasta el miércoles 22 de julio, su compromiso para realizar elecciones el 6 de septiembre. Comunicó incluso su decisión a varios organismos internacionales, pidiéndoles su asistencia y su observación electoral. Su cambio de criterio aportó más inestabilidad, a una situación ya muy compleja.

La situación se ha agravado a partir del rechazo de la población y los movimientos sociales a la postergación de las elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con manifestaciones multitudinarias que han sido reprimidas con violencia.

En este contexto institucional, político y social, la adopción unilateral de medidas relacionadas con la postergación de la fecha de elecciones — que se apartan de los acuerdos alcanzados por los diferentes poderes del estado y sectores de la sociedad — rompe el delicado equilibrio construido entre los diversos actores sociales, contradicen la naturaleza intrínsecamente transitoria del gobierno de facto de Jeanine Añez, y aleja al pueblo boliviano del derecho a elegir a sus propios representantes, haciendo valer la voluntad popular.

La recuperación democrática del Estado Plurinacional de Bolivia puede ponerse en marcha a pesar de las múltiples acechanzas que aún la agobian. Es compromiso de todos los estados democráticos,
los parlamentos nacionales e internacionales y los colectivos y organizaciones de todo tipo reafirmar su compromiso con la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia, acompañando el proceso y auditando de modo internacional el comicio propiamente dicho. La democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia debe ser un compromiso de todos y de todas.

Como miembros de la Internacional Progresista urgimos a:

1. Que se activen los mecanismos de garantía para restaurar de inmediato los derechos civiles y políticos en el Estado Plurinacional de Bolivia.
2. Que los organismos a quienes remitimos la presente carta activen los mecanismos independientes de observación de la legitimidad e imparcialidad del proceso pre-electoral y electoral en el Estado Plurinacional de Bolivia.
3. Que los organismos competentes declaren medidas para garantizar la DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2020 resuelta por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitida en Sucre el 15 de enero, que obliga a que, dentro del año 2020, con el plazo máximo del 31 de diciembre del corriente, este normalizado el país, electo el nuevo gobierno y asumidas las nuevas autoridades.
4. Que los organismos internacionales competentes insten al Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia a garantizar la realización de los comicios generales programados para el próximo 18 de octubre con garantía de organismos internacionales que puedan velar por un proceso con transparencia y sin proscripciones.

Desde la Internacional Progresista su respuesta a la presente solicitud y reiteramos nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos, los cuales vigilaremos desde todas las jurisdicciones, espacios, organizaciones y movimientos donde estamos presentes.

Firmado

Celso Amorim
Ex-Ministro de Asuntos Exteriores de Brazil

Andrés Arauz
Ex-Ministro de Ecuador

Renata Ávila
Abogada internacional especializada en derechos humanos

Rafael Correa
Ex-Presidente de Ecuador

Alicia Castro
Ex-embajadora de Argentina y activista sindical

Nick Estes
Profesor Asistente en la American Studies Department en la Universidad de Nuevo México

Elizabeth Gómez Alcorta
Ministra e la Mujer, Género y Diversidad de Argentina

Srećko Horvat
Co-Fundador, DiEM25

Giorgio Jackson
Diputado de la República de Chile

Vijay Prashad
Director del Tricontinental: Institute for Social Research

Yanis Varoufakis
Miembro del Parlamento Helénico y Secretario General de MeRA25

Paula Vega
Miembro del Congreso de Costa Rica

Comité Organizador
Wiphalas por el Mundo

Foto: Corrado Scropetta