El juicio –conocido como el "caso Kobani"– acusa a lxs imputadxs por una publicación de Twitter de octubre de 2014 que llamaba a la solidaridad con el pueblo de Kobani y en contra de los ataques del Estado Islámico (ISIS) y la policía local turca. En total, más de 37 personas murieron en las protestas de 2014 en Kobani, la gran mayoría por disparos de la policía turca.

Lxs fiscales acusan al tuit de incitar a la violencia. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no encontró pruebas para sostener la acusación. Al revisar el caso en diciembre de 2020, el TEDH consideró que el tuit "se mantenía dentro de los límites del discurso político, en la medida en que no puede interpretarse como un llamado a la violencia", y pidió la liberación inmediata del copresidente del HDP, Selahattin Demirtaş.

El presidente Erdoğan pretende ahora borrar la sentencia del TEDH, eliminar al HDP y encarcelar a sus dirigentes. El propio Demirtaş se enfrenta a 15.000 años de cárcel por el caso Kobani. Mientras tanto, el fiscal del Tribunal de Casación –nombrado por Erdoğan hace menos de un año– ha pedido al Tribunal Constitucional que prohíba el HDP por completo.

El HDP no está solo. Las tácticas de guerra legal, o "lawfare", se han ensayado contra abogadxs, periodistas, activistas y representantes políticxs en toda Turquía, mientras Erdoğan busca consolidar su poder. A lxs críticxs del AKP se les acusa sistemáticamente de "apoyar el terrorismo" y de "sembrar el miedo y el pánico", lo que despeja el camino para que lxs fiscales aplasten la disidencia, cierren publicaciones y encarcelen a sus reporterxs.

Se trata de un fenómeno global. La escalada de la guerra legal en Turquía forma parte de un esfuerzo planetario por criminalizar a los movimientos populares y corromper las instituciones democráticas diseñadas para protegerlos. El caso de Kobani es un escalofriante capítulo más en la historia de la intensificación de la persecución política en todo el mundo.

La Internacional Progresista se está movilizando a Ankara para defender la democracia, resistir la persecución judicial y dar testimonio del juicio histórico del caso Kobani.

Reuniendo a Maciej Konieczny (Miembro del Parlamento, Razem, Polonia), Eva Ampazi (Consejera General, MeRA25, Grecia) y David Adler (Coordinador General, Internacional Progresista), la delegación llega a Turquía con dos objetivos principales.

El primero es apoyar al HDP. Sus valores –la paz, el pluralismo, el feminismo y el internacionalismo– constituyen el núcleo de nuestro proyecto. Su lucha es una inspiración para el mundo.

La segunda es enviar una señal a las fuerzas reaccionarias de todo el mundo. De Ankara a Brasilia, la IP está dispuesta a salvaguardar la soberanía popular allí donde se vea amenazada.

El caso de Kobani puede comenzar el lunes, pero no termina ahí. Con una duración de 45 días, el caso Kobani llamará a la solidaridad de todas las fuerzas progresistas en todos los países de todos los continentes. Porque la democracia está en juicio, y es nuestra responsabilidad histórica defenderla.