El 25 de junio de 2023, los ciudadanos guatemaltecos acudirán a las urnas para votar en las elecciones generales.

Sin embargo, la guerra jurídica (o “lawfare”) ya ha privado de sus derechos a una de los principales candidatos a la presidencia. A pesar de no haber cometido ningún delito, las autoridades guatemaltecas rechazaron la candidatura presidencial del binomio de la lideresa del movimiento campesino indígena Thelma Cabrera Pérez y el ex Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Efectivamente, las elecciones presidenciales ya han sido robadas.

El 27 de enero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala informó tanto a Cabrera como a Rodas que su inscripción como candidatos presidenciales había sido rechazada debido a “acusaciones y denuncias legales” pendientes contra Rodas, lo que constituye un impedimento legal para ocupar cargos públicos. Sin una condena o siquiera un procedimiento legal oficial, las acusaciones por motivos políticos por sí solas han negado a uno de los partidos políticos populares más grandes de Guatemala su derecho a presentarse al cargo más alto del país. Es lawfare en su forma más pura.

Rodas declaró: “Es inaudito que el TSE rechace nuestra inscripción como binomio de MLP. La democracia en Guatemala ha retrocedido otro paso, le temen al pueblo y sus decisiones soberanas.”

Este lawfare no es una coincidencia. El MLP está liderado por indígenas feministas defensoras de los derechos humanos y se presenta como la expresión política de movimientos sociales masivos, organizando a cientos de miles de guatemaltecos desde la ciudad al campo, en torno a un proyecto común. Juntos exigen una nueva Constitución redactada por una asamblea constituyente elegida democráticamente, un Estado plurinacional que represente a los diversos pueblos indígenas de Guatemala y la construcción del buen vivir para todos.

Esta negación de los derechos democráticos es simplemente el último ejemplo de represión e injusticia a la que se enfrentan los movimientos populares de Guatemala. En los últimos años, decenas de líderes y lideresas campesinos, indígenas y sindicales han sido asesinados en horribles ecos del genocidio contra estos mismos sectores una generación atrás. La opresión racista de la dictadura militar del general Efraín Ríos Montt no ha desaparecido — sino que se ha transformado, al igual que sus tácticas.

La campaña oficial comenzó el 27 de marzo, el mismo día en que el MLP realizó la vista pública ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción de Amparo, uno de sus últimos recursos para ser inscrito en las elecciones presidenciales, la cual debía dictar sentencia dentro de los tres días siguientes.

Tras años de guerra civil, austeridad y brutalidad policial, el pueblo de Guatemala sigue luchando por sus derechos democráticos más básicos.

El Gabinete de la Internacional Progresista denuncia la exclusión arbitraria y políticamente dirigida de la candidatura presidencial del MLP en las elecciones presidenciales guatemaltecas de 2023 como un ataque más a los movimientos populares, campesinos e indígenas de Guatemala.

Esto no es sólo un ataque contra el MLP, sino un ataque contra los derechos de todos los guatemaltecos a la democracia y la soberanía popular.