Ahora, a pocos días de las elecciones generales en Ecuador, Guillermo Lasso, el presidente saliente, ha declarado el estado de excepción con el despliegue de militares por todo el país y la suspensión por decreto de los derechos constitucionales.

Sin embargo, en lugar de proteger el proceso democrático en el período previo a las elecciones del 20 de agosto, la respuesta al asesinato de Villavicencio amenaza con socavarlo.

Las fuerzas reaccionarias —tanto dentro de Ecuador como en el extranjero— están utilizando este atroz atentado para criminalizar a la Revolución Ciudadana, a su principal candidata presidencial Luisa González, y a su aliado, el ex presidente Rafael Correa.

Antes del tiroteo, Villavicencio había declarado públicamente que había recibido múltiples amenazas de muerte, incluso de parte de un dirigente de Los Choneros, organización afiliada al cártel mexicano de Sinaloa y una de las numerosas bandas de crimen organizado que operan actualmente en Ecuador.

Otros detalles señalan una posible implicación del Estado. Villavicencio contaba con el máximo nivel de seguridad pero en el momento del incidente se violaron ciertos protocolos. Al parecer, uno de los presuntos sicarios murió bajo custodia policial tras un tiroteo con personal de las fuerzas de seguridad, pero aún no se han aclarado las circunstancias de su muerte.

Durante los últimos seis años Ecuador se ha visto consumido por la violencia, con un desastroso aumento del crimen organizado y el narcotráfico tras la drástica reducción de la delincuencia que acompañó al mandato del presidente Correa —un mínimo histórico de 5,8 homicidios por cada 100.000 en 2017. Los sucesivos gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, por el contrario, han dejado a Ecuador como el cuarto país más peligroso de la región, con una tasa de homicidios de 25,5 por cada 100.000 en 2022.

A pesar de estos hechos, la muerte de Villavicencio se ha utilizado ahora como excusa para atacar a su partido rival —e intimidar a las fuerzas progresistas de Ecuador.

El brutal y estremecedor asesinato de Villavicencio exige una investigación inmediata y exhaustiva para que sus perpetradores sean sometidos a la justicia. Desde el Observatorio, la Internacional Progresista condena la instrumentalización de este terrible acto de violencia política y exhorta a las fuerzas democráticas de todo el mundo a defender el derecho de los ecuatorianos a unas elecciones libres, justas y transparentes el 20 de agosto.