Más de 500 años desde que el propio Cristóbal Colón reclamó por primera vez la isla de Borikén para la corona española, lxs puertorriqueñxs todavía no tienen esencialmente control sobre su economía, ni control sobre sus fronteras, ni capacidad para representarse a sí mismxs en importantes organizaciones regionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o las Naciones Unidas. Este estatus colonial se ha puesto de manifiesto durante toda la pandemia, ya que Puerto Rico se ha visto obligado a abrir sus fronteras a lxs turistas estadounidenses que desobedecen flagrantemente las normas sanitarias locales, mientras que la respuesta pandémica de la isla se ha visto socavada por la incapacidad de negociar directamente con sus vecinos caribeños. Los desafíos coloniales de Puerto Rico tienen siglos de antigüedad, pero la isla está comenzando a imaginar nuevos futuros.

El Puerto Rico de hoy es radicalmente diferente a la isla donde nació mi padre. Mi padre ha estado separado de su isla durante más de cuatro décadas. Y, sin embargo, como la mayoría de lxs puertorriqueñxs que se ven obligados a irse, se ha mantenido ferozmente orgulloso de sus raíces puertorriqueñas y de su identidad boricua. Mi padre nació en Ponce, Puerto Rico en 1959. No fue ni diez años antes de su nacimiento que el 30 de octubre de 1950 en el vecino municipio de Jayuya, lxs nacionalistas puertorriqueñxs, encabezadxs por la incomparable Blanca Canales, se levantaron en desafío del dominio colonial estadounidense y declaró la independencia de Puerto Rico. No pasó mucho tiempo para que el gobierno colonial de San Juan, en ese momento liderado por el ícono liberal Luis Muñoz Marín, enviara aviones con el expreso propósito de someter al pueblo a golpes. Esta revuelta, y el posterior bombardeo de civiles, se conocería como el Levantamiento de Jayuya, o El Grito de Jayuya, y fue uno de los eventos clave que forzaron nuevamente al movimiento independentista puertorriqueño a la clandestinidad. Ahora, casi setenta años después, lxs independentistas puertorriqueñxs continúan luchando por la soberanía y aún se atreven a ondear la bandera puertorriqueña a pesar de los incansables esfuerzos de Estados Unidos para reprimirlxs. Hace solo 15 años que el FBI mató al líder independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos en un "tiroteo" que atrajo la condena de toda la isla. Y sin embargo, en la última década, Puerto Rico ha atravesado algunos de los desafíos más importantes de toda su historia como colonia estadounidense, con ese mismo estatus colonial en la raíz de todo.

Este estatus colonial ha estado en el centro de todas las grandes crisis que han afectado a la isla y su gente durante la última década. La acumulación de una asombrosa deuda pública, más de $70 mil millones, fue el resultado directo de las mismas políticas que hicieron prosperar a las corporaciones estadounidenses en Puerto Rico durante el siglo XX. Después de la década de 1990 y el inicio del neoliberalismo, la eliminación de las exenciones fiscales para las corporaciones estadounidenses en Puerto Rico y los acuerdos comerciales como el TLCAN, que alentaron a las corporaciones a explotar países como México en lugar de Puerto Rico, llevaron a la contracción de la economía y la destrucción de servicios sociales para el pueblo puertorriqueño. La crisis de la deuda de Puerto Rico fue y sigue siendo impulsada por los fondos buitre de Wall Street que limpian los huesos de lo que alguna vez fue una economía próspera. Estos fondos buitre han ayudado a cerrar el círculo del gobierno colonial en Puerto Rico cuando el presidente Obama y un Congreso estadounidense bipartidista aprobaron la Ley PROMESA en 2016. La junta de control fiscal designada por los Estados Unidos resultante (o la junta, como se la conoce en la isla), recibió la tarea con la administración de la economía puertorriqueña en nombre de los Estados Unidos. Esta junta de control fiscal sólo puede interpretarse como un paso atrás en la relación colonial y un reconocimiento más de lo que Estados Unidos ya ha afirmado una y otra vez a través de sus tribunales: que Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos y, por lo tanto, el Estados Unidos puede hacer con Puerto Rico lo que quiera. Bajo la junta, el gobierno federal procedió a priorizar a lxs tenedorxs de bonos sobre el pueblo puertorriqueño. A medida que los servicios sociales disminuyeron y el desempleo se volvió endémico, lxs puertorriqueñxs continuaron saliendo de su país en números cada vez más altos (la diáspora con base en los EE. UU. Ahora supera a la población de la isla), aunque nadie podría haberse dado cuenta de que esto era simplemente la punta del iceberg.

Solo un año después de la adopción de PROMESA, los huracanes Irma y María devastaron la isla. Si bien Cuba demostró cómo un país totalmente independiente puede lidiar adecuadamente con la temporada de huracanes en el Caribe, muchxs puertorriqueñxs se quedaron simplemente tratando de sobrevivir. Plagado de apagones e infraestructura rota, la gente fue abandonada por el gobierno federal en Washington, así como por el gobierno colonial en San Juan. Aislada del resto del mundo, la gente no podía apelar al resto del mundo sin el permiso de Washington. En estos tiempos oscuros, la gente de la isla solo se tenía entre sí. A pesar de los severos daños que causó el huracán María, muchos de los cuales aún no se han reparado por completo debido al ineficiente y profundamente corrupto gobierno de la isla, el pueblo puertorriqueño superó uno de los momentos más difíciles de su historia y vislumbró nuevas posibilidades. La década de 2010 puso a prueba a Puerto Rico, pero la década también permitió que la gente redescubra su propio poder.

Este noviembre abre el próximo capítulo en la historia de la peculiar relación de Puerto Rico con la superpotencia más grande del mundo. Las próximas elecciones serán las primeras que se celebren desde el huracán María. También serán las primeras elecciones a raíz del movimiento de protesta que obligó a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló (PNP). La isla ha soportado décadas de falsas promesas y pronto serán seis plebiscitos sin salida y, sin embargo, lxs puertorriqueñxs continúan buscando una solución tangible al estado de Puerto Rico, una solución que brinda más que complacer al mismo tiempo que niega cualquier ejercicio real de auto-determinación. "Autodeterminación para Puerto Rico", dentro del discurso político de los Estados Unidos, se ha convertido en una frase tan sin sentido como "reforma migratoria integral". Este tráfico de frases sin sentido tanto de liberales como de conservadores ha producido los grandes niveles de insatisfacción que tienen lxs puertorriqueñxs con sus funcionarixs electxs locales.

Ahora, por primera vez en décadas, el poder no será simplemente impugnado por los dos partidos gobernantes. El conservador Partido Nuevo Progresista (PNP), comúnmente conocido en inglés como Statehood Party, y el liberal Partido Popular Democrático (PPD), al que la mayoría se referiría en inglés como el Partido Colonia (o Status Quo), han sido los dos retadores históricos dentro de la política electoral puertorriqueña desde la década de 1970, mientras que el movimiento independentista ha sido relegado a un segundo plano o forzado completamente a la clandestinidad como organizaciones clandestinas. Sin embargo, esta vez las cosas parecen ser diferentes. Después de que las protestas masivas de "Ricky Renuncia" obligaron a dimitir al ex gobernador del PNP, Puerto Rico ha estado en un estado continuo de confusión e incertidumbre política. Con el Partido de la Estadidad deslegitimado por su corrupción cómica nefasta y el uso indebido de la ayuda de socorro por huracanes, y el Partido del Status Quo que continúa deslegitimándose a sí mismo con su persistente defensa del estatus colonial, se han presentado dos nuevas opciones.

El primero, en realidad, no es tan nuevo en absoluto. El Partido de la Independencia de Puerto Rico (PIP) es uno de los partidos políticos activos más antiguos de Puerto Rico. Después de años de ganar alrededor del 5 por ciento de los votos en las elecciones para gobernador y casi perder el reconocimiento oficial, el PIP parecía dirigirse al basurero de la historia. Para 2016, el PIP había recibido menos del 3 por ciento de los votos para gobernador en cuatro elecciones consecutivas. Sin embargo, avanzando hacia 2020 con mensajes nuevos y refrescantes de su candidato a gobernador Juan Dalmau, es probable que el PIP se dirija a más del 10 por ciento en un campo dividido. Que un candidato explícitamente independentista gane una parte importante de los votos sería un acontecimiento sin precedentes en la política puertorriqueña moderna. El PIP ha aprendido de sus errores y ahora tiene más ganas que nunca de ofrecer un futuro para Puerto Rico que no esté sumido en el desempleo o la dependencia de Washington. Juan Dalmau ya lanzó un grito de guerra a favor de lxs independentistas y pronunció la que fue una de las líneas más memorables del primer debate gobernador, "Creo en la independencia, no para separarnos de Estados Unidos sino para unirnos al resto del mundo". Es este tipo de visión la que pone al PIP en el camino de la mayor actuación electoral de su historia.

Los tres partidos históricos, el PNP, PPD y PIP, también se enfrentarán a un rival muy nuevo para esta elección. El movimiento que más se ha identificado con las recientes protestas y la ira del pueblo puertorriqueño por la corrupción sistémica del PNP y el PPD ha sido el recién formado Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). El MVC comenzó como una alianza de varias figuras políticas y partidos políticos menores dentro de la política de izquierda puertorriqueña y ahora se ha convertido en una fuerza genuina. Más visiblemente identificado con la pareja de poder político de Alexandra Lúgaro, candidata a gobernadora del MVC, y Manuel Natal, candidato del MVC a la alcaldía de San Juan, el partido es parte de una nueva ola progresista de políticxs que exigen una conversación seria sobre el estatus político de Puerto Rico. En lugar de participar en los debates sobre plebiscitos y referendos, o sobre qué opción de estatus debería llevarse a Estados Unidos, el MVC ha favorecido un enfoque diferente. La idea de una asamblea constitucional, formada con el propósito expreso de decidir el estatus de Puerto Rico, es la piedra angular del enfoque de MVC a la cuestión del estatus. Si bien los partidos opositores lo ridiculizan como un intento de eludir una posición firme, la opción de la asamblea constitucional puede muy bien ser el primer intento honesto de resolver el estatus político de Puerto Rico desde que Estados Unidos anexó la isla en 1898. Una asamblea constitucional vinculante que involucra a todxs lxs puertorriqueñxs, así como una sólida campaña de educación sobre lo que significaría la estadidad (por ejemplo, ¿sería el inglés el único idioma oficial?) O lo que significaría la independencia (¿Qué pasaría con las corporaciones estadounidenses con sede en la isla?) es infinitamente más audaz y productiva que un referéndum sobre la estadidad, u otro plebiscito no vinculante que esboza tres o cuatro opciones de estatus vagamente definidas. Por primera vez en su historia moderna, Puerto Rico tendrá cuatro candidatxs a gobernador viables con cuatro visiones en competencia.

Y, sin embargo, a medida que cambian algunas cosas, otras permanecen igual. El referéndum de este año sobre el estatus político de Puerto Rico bien puede ser el plebiscito más ridículo hasta ahora. El PNP, lidiando con las consecuencias de un gobernador caído en desgracia, así como con sus diversos escándalos en curso, ha puesto muy cínicamente un referéndum de "Estadidad: ¿Sí o No?". Los tribunales de Estados Unidos ya han reconocido este referéndum como no vinculante, revelando así que es un ejercicio inútil de política partidaria y una desinformación deliberada por parte del PNP. El PNP ha estado impulsando esta línea durante años con la esperanza de que se pueda utilizar un voto de pluralidad de estadidad para avergonzar a lxs liberales en los Estados Unidos para que apoyen la estadidad en el Congreso. Lo que estxs liberales estadounidenses a menudo no parecen darse cuenta o eligen ignorar es que muchxs puertorriqueñxs no reconocerán este plebiscito. ¿Por qué? Porque este será el sexto referéndum de estatus en la historia de Puerto Rico. ¿Por qué unx puertorriqueñx debería tratar este plebiscito con más seriedad que los cinco plebiscitos indecisos anteriores? Una encuesta reciente realizada por el encuestador puertorriqueño Jorge Benítez mostró que el 43 por ciento está a favor de la opción "sí", el 41,5 por ciento está a favor de la opción "no" y un enorme 17,5 por ciento está indeciso o no planea participar en absoluto. En el pasado, resultados como estos le permiten al PNP repetir su línea de que la mayoría de lxs puertorriqueñxs están a favor de la estadidad, a pesar de que lo contrario se ha demostrado una y otra vez. Sin embargo, esta vez, Puerto Rico ha cambiado. A diferencia de 2016, cuando las fuerzas de la oposición decidieron boicotear el referéndum sobre el estatus, esta vez las fuerzas de la oposición se han unido en la campaña del No para hacer una declaración contra la estadidad. Si la campaña del No es capaz de unir verdaderamente a todas las fuerzas opuestas de la estadidad en la isla y derrotar el voto del Sí, sería la reprimenda más firme a la estadidad y al PNP en la historia política moderna de Puerto Rico.

Lxs puertorriqueñxs ahora pueden estar en la cúspide de algo especial. Después de una década llena de tragedias, la gente ha perseverado. Para muchxs puertorriqueñxs, el estatus colonial es omnipresente, una parte integral del gobierno y la sociedad puertorriqueña. Pero un nuevo siglo ha puesto a prueba ese estatus y ha expuesto las profundas fallas inherentes a un gobierno colonial del siglo XX que navega por los problemas del siglo XXI. La colonia más antigua del mundo se enfrenta ahora a una auténtica elección para trazar un nuevo curso. Si bien la oficina del gobernador está virtualmente garantizada para permanecer con el PNP o el PPD debido a sus extensas maquinarias políticas y redes de patrocinio, un gran número de candidatxs municipales y legislativos del PIP y el MVC ahora tienen la oportunidad de ingresar a la política puertorriqueña. Podrían comenzar a construir un nuevo sistema de partidos que pueda definirse mediante un debate honesto sobre el estatus político de Puerto Rico y terminar con la flagrante complacencia y la corrupción que definen tanto al PNP como al PPD.

A partir de este mes de noviembre, lxs puertorriqueñxs tienen la oportunidad de demostrar definitivamente que no son simplemente una isla para anexar. Puerto Rico tiene su propia bandera, su propia cultura, su propia música, su propia comida y su propio idioma. El abismo geográfico y cultural entre Puerto Rico y Estados Unidos no es uno que pueda simplemente eliminarse con una ley o un voto. Puerto Rico es una nación y un país por derecho propio. Ningún puertorriqueño disputaría este hecho. Independientemente de los resultados del plebiscito sobre la estadidad, ahora es el momento de que lxs progresistas y socialistas, en los Estados Unidos y en todo el mundo, reconozcan a Puerto Rico como la nación y el país que es.

Austin González es miembro del Comité Político Nacional de la DSA (Democratic Socialists of America).

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