Social Justice

La larga lucha de Argentina por el aborto legal

Tras muchos años de campaña, los movimientos feministas de Argentina consiguieron una victoria histórica con la legalización del aborto.
A finales de 2020, el Senado de Argentina finalmente votó a favor de la legalización del aborto. Este hito histórico fue posible gracias a la incansable campaña de los movimientos sociales feministas, estudiantiles y comunitarios, pero también se basó en la larga historia de lucha de las mujeres en Argentina.
A finales de 2020, el Senado de Argentina finalmente votó a favor de la legalización del aborto. Este hito histórico fue posible gracias a la incansable campaña de los movimientos sociales feministas, estudiantiles y comunitarios, pero también se basó en la larga historia de lucha de las mujeres en Argentina.

Esa votación condensó muchos años de campaña feminista. Cientos de miles de personas en las vigilias de todo el país guardaron un silencio absoluto y se tomaron de las manos mientras esperaban los resultados. Cuando la palabra "aprobado" apareció en verde en las pantallas públicas, estalló un grito colectivo ensordecedor. Los abrazos entre amigxs y desconocidxs se mezclaron con lágrimas de alegría, esperanza y alivio de que el esfuerzo no había sido en vano. Cada mujer vestida con el emblemático verde brillante de la campaña por el aborto ese día era una hermana, una compañera que sentía esa victoria en sus entrañas.

Tras 12 horas de debate en el Senado, la ley fue aprobada con un margen mucho más amplio de lo previsto: 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. El resultado alegró a lxs activistas, algunxs de lxs cuales llevaban dos días acampando frente al Congreso Nacional de Argentina. Hasta el mismo día del debate, lxs senadorxs que habían declarado sus posiciones estaban divididxs en partes iguales a favor y en contra, con cuatro indecisxs.

Desde hace mucho tiempo, el aborto fue objeto de un debate público entre feministas, que han exigido su despenalización y legalización durante décadas, y conservadorxs, que se niegan a aceptarlo como un derecho bajo ninguna circunstancia. La aprobación del proyecto de ley ha resuelto este debate a favor de las muchas miles de mujeres que realizaron una incansable campaña durante muchos años por el derecho legal a controlar su propio cuerpo.

UNA MEMORIA DE RESISTENCIA

Argentina tiene una larga historia de lucha de las mujeres. Aunque en muchos casos no se autodenominaron feministas, sus demandas y su praxis política estuvieron, sin embargo, estrechamente ligadas a los fundamentos del movimiento. Las feministas de hoy nos basamos en esas experiencias para luchar en cuerpo y alma por nuestro derecho a decidir. Nuestros ideales de resistencia y nuestras demandas de derechos no están aislados en el tiempo, sino que se nutren de las luchas del pasado, especialmente del período posterior a la última dictadura militar-cívico-eclesiástica, marcada por la violencia social y económica.

La memoria de la resistencia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es un pilar fundamental de los procesos revolucionarios que marcan nuestro presente. En medio de la dictadura más sangrienta de nuestra historia moderna, exigieron valientemente la aparición con vida de sus hijos e hijas desaparecidxs. No se detuvieron ante las constantes amenazas y persecuciones del gobierno de facto: organizaron su militancia, reafirmaron sus principios y convicciones fundacionales, se capacitaron y se convirtieron en líderes indiscutibles que aún hoy continúan incansablemente con su trabajo por los derechos humanos.

En términos de justicia, soberanía y calidad de vida, en Argentina los años 90 fueron desastrosos. El neoliberalismo favoreció a lxs más ricxs y condujo al resto al hambre y al desempleo extremos. Esto desembocó en una terrible crisis social y económica en 2001. Durante este periodo, las compañeras tuvieron un papel crucial sosteniendo los comedores públicos, manteniendo a lxs niñxs y responsabilizándose de la vida de la comunidad lo mejor que pudieron. Mientras ellas asumían la responsabilidad de asegurar las necesidades básicas de la vida, los hombres se convertían en destacados activistas y líderes sociales.

En la década siguiente, Argentina fue dirigida por gobiernos progresistas de izquierda que se ocuparon de las necesidades de la clase trabajadora. La creciente posibilidad de progreso social hizo posible que la gente imaginara nuevas perspectivas sociales y una praxis política más allá de la necesidad inmediata de sobrevivir.

Todos los años, desde 1986, las organizaciones de mujeres de Argentina celebran un Encuentro Nacional de Mujeres, en el que miles de asistentes discuten acciones políticas concretas para llevar a cabo en sus ámbitos sociales. La idea de una campaña unificada para legalizar el aborto por cualquier causa surgió durante los encuentros de 2003 y 2004. El año siguiente se puso en marcha la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que constituyó un punto de confluencia para cientos de grupos, organizaciones y personas.

La consigna principal de la campaña es: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir." Desde 2007 presentaron proyectos legislativos para legalizar el aborto electivo en seis oportunidades, hasta que se aprobó en la Cámara de Diputadxs, pero en 2018 se rechazó por un estrecho margen en el Senado.

Desde 2015, el movimiento Ni Una Menos viene uniendo a millones de mujeres y disidentes de género en todo el país con la intención de visibilizar la violencia machista como un problema grave. Grupos de mujeres de todos los sectores profesionales, políticos e independientes mostraron públicamente el proceso de organización que el feminismo venía desarrollando desde hace varios años. A partir de ahí, establecieron la agenda de las luchas públicas que se iban a librar en todos los ámbitos, desde la legislatura y los medios de comunicación hasta el sistema educativo.

LA MAREA VERDE ARRASA EN ARGENTINA

Durante la campaña por el aborto, el debate en todo el espectro feminista se centró en el impulso para legalizar la interrupción del embarazo. Aunque existen muchos debates entre los grupos feministas que a veces parecen irreconciliables, esta fue una demanda que los unió a todos. El consenso fue tan poderoso que la multitud de personas que llevaron la demanda a la calle, vestidas con ropa, pintura y brillos de color verde, fue conocida como la "Marea Verde", después de que el color distintivo fuera adoptado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Al frente de esta Marea Verde había adolescentes y jóvenes de organizaciones estudiantiles y movimientos sociales comunitarios, especialmente en lugares marginados como villas (asentamientos informales) y ocupaciones de tierras. Impulsaron la campaña a través de la acción colectiva, brindando apoyo emocional a las mujeres que necesitaban abortar, espacios para difundir información sobre derechos sexuales y reproductivos, y mecanismos de autocuidado para protegerse mutuamente del agotamiento.

De cara a las elecciones de 2019, el actual presidente Alberto Fernández encabezaba la candidatura del Frente de Todxs, una coalición que agrupaba al peronismo (un gigantesco movimiento popular en Argentina que engloba a varios partidos políticos) y a un amplio espectro de movimientos sociales. Bajo la presión del movimiento feminista que conformaba gran parte de ese frente social, adoptó el aborto legal como una de sus principales promesas de campaña.

Aunque la pandemia de Covid-19 retrasó el debate varios meses, Fernández mantuvo su compromiso de legalizar el aborto. Tras una nueva oleada de protestas feministas y reuniones con legisladorxs, programó un debate en la Cámara de Diputadxs para el 10 de diciembre de 2020. Tras 20 horas de discusión, lxs diputadxs aprobaron el proyecto al día siguiente a las 8 de la mañana.

La Ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada por el Senado el 30 de diciembre, legaliza el aborto por cualquier causa dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Las interrupciones pueden realizarse más allá de ese límite si el embarazo es fruto de una violación o si la vida o la salud integral de la embarazada están en peligro. Los abortos serán gratuitos en el sistema de salud pública de Argentina y las compañías de seguros de salud deberán ofrecer una cobertura integral del procedimiento.

Lxs profesionales de la salud tienen derecho a plantear una objeción de conciencia, pero deben ser coherentes: no se les permite objetar en los hospitales públicos y luego cobrar por realizar el procedimiento en el sistema privado. Si una paciente solicita una interrupción del embarazo, deben remitirla a unx médicx con disposición a realizarla. La objeción de conciencia no se aplica a los tratamientos post-aborto ni a las urgencias.

OPOSICIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN

La legislación sobre el aborto en Argentina ha evolucionado desde 1921, cuando se reformó por primera vez el Código Penal para ofrecer vías legales limitadas para la interrupción del embarazo. Desde 2012, el aborto es legal en casos de violación y si el embarazo supone un riesgo para la salud integral de la persona gestante. Sin embargo, en los centros de salud, las personas embarazadas suelen encontrarse con trabas que retrasan el acceso a este procedimiento urgente. Lxs profesionales de la salud suelen alegar objeción de conciencia, negar que el derecho exista o intentar convencer a la persona de que no aborte. A menudo, las instituciones y el personal que niegan los abortos dentro del marco legal pasan a ofrecer abortos clandestinos a un costo considerable.

Esta estigmatización contra las personas gestantes no hace más que obligarlas a pagar fortunas por la intervención o, si no consiguen el dinero, a realizar ellas mismas abortos inseguros, utilizando objetos punzantes, golpes en el estómago y venenos. Las prohibiciones legales y morales del aborto no impiden que se produzcan, solo las hacen más peligrosas.

Si bien la campaña por el aborto fue lanzada hace 15 años, la mayoría de los grupos antiaborto solo surgieron al calor del debate de lxs diputadxs de 2018. Esta oposición llegó principalmente en forma de la campaña Con Mis Hijos No Te Metas, que tiene vínculos con NOS, un partido político ultraconservador formado en 2019. Los grupos de presión de la derecha, como la iglesia católica y las compañías de seguros médicos, que se benefician cuando los abortos no están regulados, impusieron serios impedimentos a la capacidad del gobierno para legislar. Para ello, ejercieron una violenta presión sobre lxs políticxs antes de la votación, hasta el punto que muchxs mantuvieron su decisión en secreto hasta el día de la votación. Incluso después de la aprobación de la legislación, estos grupos siguen planteando obstáculos: una reciente demanda presentada en el Juzgado Federal nº 2 de la provincia de Salta alega que la recién aprobada ley del aborto es inconstitucional.

En noviembre, cuando la ley del aborto fue presentada por el Ejecutivo, el gobierno nacional también presentó un proyecto de ley llamado "Plan de los 1000 días". Este plan busca brindar apoyo económico estatal a las madres en situación de vulnerabilidad social durante su embarazo y los primeros tres años de vida de su hijx. Fue formulado en respuesta a las acusaciones de grupos antiderechos de que lxs legisladorxs pretendían "matar a lxs bebés" sin tener en cuenta la salud sexual y reproductiva de las madres y los niñxs por nacer. Este proyecto fue aprobado el 11 de diciembre, inmediatamente después de la maratónica sesión de diputadxs sobre el aborto y sin debate.

AGRAVAMIENTO DE LA OPRESIÓN PATRIARCAL EN EL MARCO DE LAS CUARENTENAS POR EL COVID-19

La campaña por la legalización del aborto y la reacción conservadora en su contra deben ser entendidas como parte de una lucha más amplia por la igualdad de las mujeres. En América Latina la violencia machista es estructural. Las agresiones individuales son legitimadas por una compleja red que naturaliza la idea de inferioridad de género. Así lo demuestran crímenes machistas como el alarmante número de feminicidios, desapariciones vinculadas a la trata, niñas forzadas a gestar y abusos sexuales dentro de la familia en Argentina.

No se trata de actos criminales aislados, sino que forman parte de un sistema más amplio de patriarcado y misoginia institucionalizados. Los gobiernos, las instituciones eclesiásticas y el aparato represivo del Estado defienden el statu quo. En indignantes veredictos judiciales las víctimas son juzgadas por su apariencia, sus hábitos privados y sus preferencias sexuales. Legisladorxs y funcionarixs públicxs hacen declaraciones que parecen salidas de la Edad Media. Destacamentos enteros de policía están implicados en casos de prostitución infantil.

La violencia machista también hace imposible que las mujeres accedan a posiciones de poder. Esta dominación simbólica tiene lugar en entornos cotidianos: la sala de descanso del trabajo, los espacios familiares, los espacios comunitarios. El comportamiento de las mujeres es disciplinado a través de mecanismos de naturalización como las bromas que humillan o desvirtúan, las bromas sobre la intimidad y aquellas que buscan deslegitimar identidades y sexualidades.

El deseo de disciplinar a las mujeres también alimenta las estrategias para desprestigiar las luchas y demandas feministas, que durante mucho tiempo han sido calificadas como locas, amargas o intolerables. Esto aleja a las mujeres de los lugares donde se toman las decisiones importantes sobre el rumbo del país y la legislación de derechos que las afecta directamente. El “techo de cristal” hace que las posiciones de poder recaigan mayoritariamente en hombres blancos heterosexuales que se benefician de las condiciones materiales que favorecen el éxito político. Son los encargados de elegir, desde sus subjetividades empíricas, qué derechos legales se priorizan y cuáles no.

La pandemia de Covid-19 ha reafirmado e intensificado esta opresión de varias maneras. Durante los períodos de cuarentena, con familias enteras juntas en casa todo el día, la cantidad de trabajo doméstico se disparó. A pesar de su importancia fundamental para el capitalismo, el trabajo doméstico no es remunerado o es precario y no está regulado y, por supuesto, lo realizan mayoritariamente las mujeres.

Además, para muchas mujeres, la cuarentena significó quedarse en casa con sus agresorxs y abusadorxs. Cuando acudieron a las instituciones que se supone debían ayudarlas, se encontraron con que tanto el personal como la capacidad de funcionamiento habían sido recortados. Incluso en los centros de salud, esta reducción en el personal y el número de casos fue severa: por ejemplo, quienes necesitaban un aborto, incluso en las circunstancias ya permitidas por la ley, encontraron una serie de retrasos burocráticos para una intervención en la que cada minuto cuenta. El hecho de que no se reconociera esta urgencia en los centros de salud demuestra que los derechos de las personas gestantes no son una prioridad.

MUCHAS MÁS LUCHAS POR GANAR

Fue gracias a la prolongada lucha de trabajadorxs de la salud, activistas, jóvenes, estudiantes, desempleadxs y muchos miles de personas más que la demanda de un aborto legal, seguro y gratuito llegó a la agenda pública –y que lxs funcionarixs se sintieron presionadxs a dar una respuesta. Tras la aprobación de la ley, era imposible ignorar que esta victoria se había producido gracias a la incansable insistencia de feministas de todos los frentes políticos y sociales.

Las leyes no suelen ser suficientes para garantizar nuestra dignidad. Tendremos que seguir trabajando estrechamente para que el acceso a la educación sexual, la anticoncepción, el aborto y la atención a las personas embarazadas sea una realidad y no un mero trámite burocrático.

Ahora que el derecho al aborto es ley, el movimiento feminista se enfrenta a un nuevo reto: abordar las discusiones internas que se pospusieron durante este debate y volver a encontrar nuestros horizontes estratégicos y tácticos comunes en el camino hacia un mundo de igualdad.

Aunque son muchos los derechos que las mujeres aún deben conquistar, parece claro que debe discutirse sobre el empleo de las mujeres y de las personas disidentes de género. Esto puede implicar presionar por la existencia de cuotas laborales en el mercado público y privado para que nuestro género no nos limite en nuestros trabajos. Esto es especialmente importante para las mujeres trans, que suelen ser las más excluidas del mercado laboral. También podría consistir en el reconocimiento del trabajo de cuidados como un auténtico trabajo que merece remuneración y beneficios por parte del Estado, o el reconocimiento de quienes ejercen voluntariamente la prostitución como trabajo.

Este último punto genera las mayores divergencias de posiciones entre organizaciones feministas, algunas de las cuales creen que hay que abolir el sistema de prostitución y no legitimarlo, y otras que luchan para que el trabajo sexual sea una actividad laboral legal como cualquier otra.

Todas estas cuestiones necesitan tiempo de reflexión y sistematización, tiempo que no hemos tenido porque en el ámbito político toda nuestra energía se ha dedicado a conseguir que el aborto sea legal. Ahora que lo hemos conseguido, somos conscientes de que todo este inestimable sacrificio representa un hito histórico. Pero aún quedan muchas luchas por ganar hasta que dejemos de estar en riesgo por el simple hecho de ser mujeres.

Virginia Tognola es periodista, militante del Movimiento Popular Nuestramérica y escritora independiente centrada en política, cultura y derechos humanos y ambientales.

Foto: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito

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Author
Virginia Tognola
Translators
Marisol Wexman and Nora Bendersky
Date
05.03.2021

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