La sentencia de un tribunal holandés dictada en enero de 2021 que ordena a la filial nigeriana de Shell indemnizar a lxs agricultorxs locales por las recurrentes fugas de petróleo, fue acogida con satisfacción por muchxs e incluso produjo "lágrimas de alegría" en algunos casos. Aunque el resultado de esta instancia es ciertamente mejor que su alternativa inmediata, celebrarlo es prematuro. La fuerza del caso radica, en gran medida, en su potencial para poner en marcha una oleada de juicios sucesivos que podrían significar que los conglomerados del petróleo tengan que rendir cuentas de manera significativa.
En el pasado, presionar a los gobiernos y a los organismos internacionales para que sancionaran económicamente las actividades nocivas en el delta del Níger resultó ser inconsistente. En el marco del capitalismo neoliberal, las actividades nocivas se legitiman y reproducen a través de estas prácticas: si remunerar a la comunidad se convierte en algo habitual en el sector petrolero, tales gastos se convertirán simplemente en un costo más en los estados financieros de las organizaciones. La existencia de esta regulación lleva implícita la aceptación de estas transacciones, reforzando la ideología de que el bienestar ambiental y social tiene un precio. Para tener la posibilidad de iniciar un cambio significativo en la región y desmantelar los ideales neoliberales, es necesario reconceptualizar los delitos a fin de que incluyan las acciones de una élite privilegiada
El intrincado ecosistema del delta del Níger alberga innumerables especies de flora y fauna, y es fundamental para la cultura, la identidad y el sustento del pueblo ogoni local. Su modo de vida ha sido angustioso durante décadas, ya que muchas comunidades han sido desplazadas de sus territorios ancestrales, abandonadas a su suerte en tierras y aguas degradadas sin posibilidad de recuperación y rodeadas de conflictos y disturbios. Los repetidos derrames constituyen el origen de años de tensiones entre las empresas transnacionales y las comunidades locales; una lucha marcada por extremas asimetrías de poder e inexorables incompatibilidades ideológicas.
En la actualidad, los actores empresariales e institucionales desempeñan papeles distintos, aunque interconectados, que en última instancia se complementan para mantener un orden económico internacional en el que está incrustada la delincuencia. Tras la independencia de Nigeria, las desiguales relaciones de poder y la subordinación de las necesidades de la mayoría pobre frente a las de la acumulación de capital se han visto reforzadas por la globalización y el neoliberalismo, lo que ha favorecido las prácticas corruptas y configurado el clima neocolonial. A nivel internacional, vemos que el capitalismo en su forma más descarnada ha creado un terreno fértil para la proliferación de la delincuencia económica. Sin embargo, también hay que entender que considerar el sistema económico dominante per se como el problema es simplificarlo: debemos profundizar en los roles que representan los actores particularmente poderosos que representan, imponen e impulsan la reproducción del capitalismo neoliberal.
Al considerar lo anterior, el actor empresarial es tal vez el más evidente, ya que muchos se dedican a hacer lobby, se protegen ejerciendo influencia en los marcos regulatorios o trabajan para eliminar las normativas del todo (una tarea sencilla en el actual contexto pro-mercado). En Nigeria, los consorcios petroleros actúan sistemáticamente al margen de la ley, utilizando métodos agresivos para bloquear legislaciones que protejan a las comunidades. Las cifras exactas de los derrames de petróleo en la región varían, pero se puede interpretar con seguridad que en las últimas décadas se han filtrado ilegalmente millones de barriles de petróleo en los sistemas naturales del delta del Níger. Los propios registros de Shell Petroleum muestran un promedio anual de 221 derrames en su área de operaciones desde 1989; por cierto, es probable que la cifra real sea mucho mayor.
A pesar de haberlo reconocido, Shell asegura que la principal causa de los derrames es el sabotaje de vándalxs locales. Aunque el reciente resultado de la disputa que durante 13 años enfrentó al multimillonario conglomerado petrolero con cuatro agricultorxs de la zona, contribuye a desplazar las ideas dominantes sobre quién es culpable: las victorias superficiales no bastan para generar un cambio sostenible. Shell y sus homólogos deben aceptar abiertamente la responsabilidad por los horrores que se derivan de su búsqueda de lucro y ese reconocimiento debe ir acompañado de planes de recuperación viables. Esto es lo mínimo que se debe hacer para empezar a rectificar el nivel incuantificable de daño social y ecológico que ha ocurrido en las últimas décadas.
Aunque declaran públicamente su compromiso de llevar una contabilidad abierta y honesta, Shell y British Petroleum (BP) han ejercido una gran presión en contra de ello, tras haber anulado con éxito las normas relativas al cumplimiento de la transparencia respecto a la relación ingresos-gastos en la industria. La ejecución de Ken SaroWiwa, muy bien documentada, demuestra la brutal realidad del poder que tienen estos actores económicos para reprimir a la oposición. Sin embargo, lo que resulta más sorprendente es la audacia de los actores empresariales criminales al presentarse como salvadores de la comunidad, cruzados de los derechos humanos o pioneros de la sostenibilidad.
Los actores políticos también desempeñan un papel fundamental en la perpetración de delitos económicos en el Delta y fuera de él; se calcula que más de 500.000 millones de dólares en ingresos del petróleo han sido saqueados por líderes políticxs nigerianxs (desde la Independencia), quienes utilizan su poder y su acceso a cargos públicos para obtener beneficios sociales, económicos o políticos privados. Nigeria se ha convertido en un ejemplo tristemente célebre, donde se creó una clase de élite política llamada "los padrinos" que gobiernan desde las cúpulas de importantes redes de patrocinadores. En esencia, el Estado y la clase capitalista dominante aprovechan colectivamente su poder institucional para reproducir las relaciones sociales y mantener el statu quo. En Nigeria, las élites gubernamentales se dedican a reprimir a las comunidades tribales, en complicidad con las compañías petroleras y lxs militares, unidxs por un deseo de continua expansión capitalista y riqueza personal.
Los daños producidos, por tanto, no se deben a la conducta errónea de alguna de las partes: son la base de su verdadera esencia y propósito, impulsada por la búsqueda de ganancias y crecimiento. En virtud de la lógica neoliberal, la lejana degradación del inmenso ecosistema del delta del Níger puede considerarse un subproducto inevitable de las ganancias y la acumulación para los directivos de Shell en Occidente. En estas interacciones, los gobiernos locales y las organizaciones internacionales son inseparables de las empresas, ya que mantienen activamente el orden económico mundial mediante la exaltación de la ideología neoliberal, la creación de mercados y presentar la prosperidad de las empresas como si estuviera al servicio del interés nacional.
La capacidad de actores poderosxs para influir o dictar normativas es un elemento primordial en la proliferación de los delitos económicos; muchos han comentado sobre la "puerta giratoria" entre regulador y reguladx. Sin embargo, esta dicotomía regulador/reguladx pasa por alto el hecho crucial de que los organismos reguladores existen esencialmente para servir al mismo propósito que los Estados y las empresas: la reproducción sin conflictos de un orden mundial capitalista. La mayoría de los tratados internacionales regulatorios se crean en salas dominadas por voces que representan los intereses del Norte global, lo que perpetúa una dinámica de poder desigual y da lugar a prácticas políticas cada vez más reconocidas como ambientalmente racistas. En este sentido, la ley actúa a menudo como protectora máxima de la acumulación de capital, y como impulsora fundamental del daño social criminal.
La mayoría de los esfuerzos existentes para reducir la eco-criminalidad (especialmente las soluciones impulsadas por lxs poderosxs ganadorxs neoliberales) buscan un "capitalismo más verde", que aspira a regular las prácticas inherentemente perjudiciales para el medio ambiente. Estas políticas, que no son distintas de los acuerdos de remediación como el mencionado al principio de este artículo, acaban produciendo daños en la medida en que legitiman la mercantilización de prácticas socialmente perjudiciales. En estas condiciones, el éxito de la gobernanza se mide por la mera reducción –no la eliminación– de los daños. Los marcos normativos de un sistema capitalista suelen subordinar las necesidades de la mayoría pobre a los intereses de lxs económicamente poderosxs, cuya irreductible capacidad para someter a la sociedad a un daño criminal a menudo no se cuestiona en términos legales. Esta tendencia queda patente en el último Informe de Sostenibilidad de Shell, que afirma que si "no es posible" evitar los resultados sociales y ambientales adversos, se empleen estrategias para minimizar los impactos.
En lo que respecta a los procesos judiciales, la historia se repite. Los sistemas de justicia penal "están inevitablemente dirigidos, controlados y operados por y en beneficio de lxs miembros de la clase dominante, que tienen un interés creado y arraigado en mantener e incluso ampliar las prácticas corruptas". Están diseñados con una predisposición inherente a evadir la persecución de lxs poderosxs. Hay algunas excepciones a esta tendencia general: a veces es necesario que los sistemas de justicia realicen actos simbólicos para demostrar que funcionan. En estos casos, los organismos reguladores identificarán y castigarán la violación corporativa, subordinando las necesidades inmediatas de una entidad para satisfacer las demandas a largo plazo del capital a gran escala, al tiempo que ayudan a la legitimación del sistema de justicia en su conjunto.
En el delta del Níger, las normativas, las penas y las sanciones más estrictas serán insuficientes para generar resultados positivos para la población local. Así lo demuestra la gran cantidad de tratados regulatorios aplicables a la región, que han resultado insuficientes para crear un cambio significativo en favor de las comunidades. El hecho de regular una práctica intrínsecamente perjudicial subraya el problema profundamente arraigado que plantea el actual paradigma político-económico. La reforma económica normativa simplemente reinventará el modo en que los poderosos ocasionan daños. Los intentos de restaurar los sistemas naturales del Delta van a contracorriente de las ideologías neoliberales imperantes, que acabarán por socavar los esfuerzos por "ecologizar" la industria extractivista.
Lo cierto es que la posición hegemónica de los actores institucionales favorece la propagación de la delincuencia económica. El mantenimiento del orden económico neoliberal propicia la delincuencia, porque la reproducción social pacífica sirve a los intereses creados de una minoritaria clase poderosa, que no actúa de acuerdo con las necesidades más amplias de la sociedad. En el delta del Níger, estas condiciones han dado lugar a una lucha persistente por parte de las comunidades locales para obtener un modo de vida justo y sin perturbaciones.
Phoebe tiene un máster en Desarrollo Global de la Universidad de Leeds y se interesa por la economía política de la gestión de los recursos naturales, los derechos de lxs indígenas y los delitos económicos.
Foto: Sosialistisk Ungdom / Flickr
