La decisión del lunes es el último episodio de la lucha legal del gobierno de Nicolás Maduro, elegido democráticamente, para recuperar el acceso a las reservas. Siguiendo lo que el tribunal describió como el "principio de una sola voz", el tribunal dictaminó que, en virtud de las disposiciones constitucionales del Reino Unido, el reconocimiento político de los estados extranjeros corresponde al ejecutivo del país.

En 2019, la primera ministra conservadora del Reino Unido, Theresa May, reconoció al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, como "presidente interino" como parte del esfuerzo liderado por los Estados Unidos para derrocar al gobierno de Maduro. Su sucesor, Boris Johnson, ha mantenido este reconocimiento a pesar de desentonar con la gran mayoría de los gobiernos del mundo, incluida la Unión Europea.

Anulando una sentencia anterior del Tribunal de Apelación inglés, el Supremo determinó que no se reconocía a Maduro como presidente de Venezuela "a ningún efecto", argumentando además que el tribunal de apelación estaba "equivocado" al sugerir que había un "reconocimiento implícito" del gobierno de Maduro.

Citando el trabajo del jurista Ti-chiang Chen, el experto en Derecho Internacional Dock Currie señaló a Venezuelanalysis que el reconocimiento político del Reino Unido a Guaidó como presidente de Venezuela fue "ilegal" y constituyó un acto de intervención.

"Juan Guaidó nunca ha sido elegido presidente de Venezuela y su reconocimiento como tal por parte de los estados imperialistas es en sí mismo un crimen, una injerencia ilegal en la soberanía de Venezuela", dijo Currie, estudiante de Derecho Penal en Victoria, BC (Canadá) y graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers.

"La expropiación de las posesiones de Venezuela en el extranjero por parte de estos estados imperialistas y su entrega a Guaidó agrava exponencialmente este crimen", añadió.

Por su parte, el periodista de investigación británico John McEvoy advirtió que "este precedente permitiría al [gobierno del] Reino Unido despojar de sus activos a cualquier Estado extranjero tras un cambio de reconocimiento" y lo calificó de "expresión moderna de la piratería".

La sentencia es la última de una larga saga en los tribunales del Reino Unido sobre quién controla las 31 toneladas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. El gobierno de Maduro ha estado intentando conseguir la liberación de estos fondos para comprar alimentos y medicinas en medio de la pandemia de Covid-19.

La decisión del tribunal supremo no entregó de inmediato el control de las reservas de oro a Guaidó, con lo que el BdE mantuvo la posesión de los activos. El Tribunal Supremo del Reino Unido consideró, en cambio, que el Tribunal de Comercio debía evaluar si las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) "deben reconocerse o hacerse efectivas".

El TSJ ha dictaminado en repetidas ocasiones que el "estatuto de transición" aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, en febrero de 2019 que facultaba a Guaidó a nombrar un directorio del Banco Central de Venezuela (BCV) era nulo. La máxima autoridad judicial de Venezuela dictaminó igualmente que el decreto de la Asamblea Nacional saliente para prorrogar su mandato tras su finalización en enero de 2021 era inconstitucional.

Sin embargo, el Tribunal Supremo del Reino Unido fue claro en su directriz de que el Tribunal Comercial no podía dar efecto a las sentencias de tribunales extranjeros si iban en contra de la política interna del Reino Unido, que ha reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela.

Sarosh Zaiwalla, que representa a la junta directiva del BCV designada por el gobierno venezolano, dijo que su cliente esperaba continuar con el caso y demostrar que "el BCV en Caracas es la única autoridad válidamente designada para tratar los activos extranjeros de Venezuela en interés de la población venezolana".

Por su parte, Guaidó celebró la última sentencia. El líder opositor y sus colaboradorxs han sido objeto de duras críticas por su manejo de activos extranjeros en varios casos de arbitraje internacional.

Foto: Venezuela Solidarity Campaign