La votación se produce tras casi una década de gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC). El PAC llegó al poder como una fuente de esperanza para millones de costarricenses, para oponerse a los acuerdos comerciales injustos –como el recientemente firmado Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA)– y restaurar la celebrada democracia social del país.
Sin embargo, al final de la década, el PAC había traicionado esta promesa. El partido gobernante redobló su programa de liberalización, personificado en el acuerdo del presidente Carlos Alvarado con el FMI por valor de 2.000 millones de dólares, que trajo consigo una devastadora austeridad pandémica, la venta de activos públicos y la mayor huelga de los sindicatos en décadas.
No obstante, muchos de los partidos que han surgido para sustituir al PAC presentan una amenaza aún mayor para la democracia costarricense. El candidato principal, el ex presidente José María Figueres, impuso la primera ola de privatizaciones de las empresas públicas de Costa Rica en la década de 1990, transformando incluso los bosques y los ecosistemas en "servicios" que se comercializan y mercantilizan. Su elección sometería a lxs costarricenses a las condiciones de nuevos acuerdos de libre comercio y nuevos préstamos del FMI, devolviendo al país a su trayectoria neoliberal de los años 90.
La amenaza que supone esta ortodoxia económica se ve agravada por una nueva ortodoxia social reaccionaria promovida por los partidos de extrema derecha de Costa Rica. Candidatxs como el cantante evangélico Fabricio Alvarado, por ejemplo, arremeten contra el derecho al aborto, el control de la natalidad, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el espectro de la "ideología de género".
Estas opiniones extremas se extienden también al medio ambiente. Las fuerzas conservadoras de Costa Rica rechazan el histórico Tratado de Escazú, de ámbito latinoamericano, para proteger a lxs defensorxs del medio ambiente y a sus movimientos de represalias violentas, mientras que abrazan el eje de la derecha dura de la Carta de Madrid, promovida por la ultraderecha de VOX en España, junto con figuras como Jair Bolsonaro, José Antonio Kast y Keiko Fujimori.
Pero las fuerzas progresistas se están reagrupando. En respuesta al acuerdo antiobrero del FMI en 2020, los sindicatos organizaron huelgas masivas, protestas y bloqueos de carreteras en todo el país. Ahora, en las elecciones generales de 2022 exigen una alternativa real tanto a la implacable erosión del bienestar social como al ultraconservadurismo fundamentalista. Luchan por un futuro basado en la solidaridad, la igualdad, la sostenibilidad y la democracia popular.
Nos movilizamos a San José por primera vez para asegurar unas condiciones justas para estos movimientos que luchan contra todo pronóstico para renovar la promesa social, igualitaria y pacífica de Costa Rica.
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