Entre las medidas más predecibles para paliar la crisis del coste de vida anunciadas por la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, en septiembre—aumento de las prestaciones por hijxs, ampliación de comidas escolares gratuitas, congelamiento de las tarifas de ScotRail [la empresa ferroviaria pública de Escocia]—hubo una que tomó a muchxs por sorpresa: el congelamiento durante siete meses de los alquileres, tanto sociales como privados, en todo el país.

El congelamiento iba en contra de la dirección decididamente anti-inquilinxs que perseguía la entonces primera ministra Liz Truss, quien recientemente archivó la promesa del manifiesto de los tories para 2019 de eliminar la sección 21 o desahucios "sin culpa” en Inglaterra y Gales (aunque luego pareció dar marcha atrás).

Sturgeon también rompió con la opinión generalizada sobre el mercado de la vivienda en el Reino Unido y la economía nacional que se apoya en él: la vivienda es un bien de mercado, no un bien social, y los alquileres de lxs propietarixs deben estar protegidos ante la mano entrometida del Estado. Con su declaración, Sturgeon se ha convertido en la primera política británica en controlar el alquiler privado desde los años 80. Stormont [el parlamento de Irlanda del Norte] estuvo a punto de aplicar un recorte general del 10 por ciento al alquiler a principios de este año, pero el Sinn Féin [partido socialdemócrata gobernante] se echó para atrás)

Probablemente tampoco sea la última. Desde Londres hasta Bristol, desde el Parlamento escocés hasta el Senedd galés, políticxs de todo el Reino Unido están contemplando medidas drásticas para frenar el desbocado mercado de la vivienda en Gran Bretaña—lo cual indica que el control del alquiler, una medida considerada irreal desde hace tiempo, podría convertirse pronto en una realidad.

Un regreso histórico

Durante la mayor parte del siglo XX, el control de los alquileres era una realidad en Gran Bretaña. 1,1 millones de viviendas resultaron dañadas o destruidas durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, provocando una aguda escasez de viviendas de la que se intentaron aprovechar lxs propiertarixs.

En Glasgow, que vio una afluencia de residentes durante la guerra debido a su gran industria de municiones, 20.000 personas se declararon en huelga de alquiler contra propietarixs especuladorxs, obligando al partido liberal gobernante a imponer un control sobre el alquiler a nivel nacional.

Estos controles se fueron erosionando progresivamente a lo largo de las décadas siguientes, hasta que en 1988 Margaret Thatcher los suprimió. Dado que la edad media de unx inquilinx en el Reino Unido es de 47 años, hoy en día pocxs recuerdan una época en la que en Gran Bretaña se controlara el alquiler. Esto ha contribuido a una situación en la que el control del alquiler—la norma en muchos países europeos ricos como Francia, Suecia, Alemania, España y los Países Bajos—ha pasado a ser visto por muchxs en el Reino Unido como algo irremediablemente idealista.

Aun así, en los últimos años, incluso el Partido Conservador ha empezado a reconocer que el juego está amañado contra lxs inquilinxs. Fue la entonces primera ministra Theresa May quien en 2019 se comprometió a eliminar los desahucios "sin culpa”; Michael Gove [ministro de Crecimiento, Vivienda y Comunidades] quien en agosto publicó un libro blanco titulado "Un sector privado de alquiler más justo".

El documento de Gove enumera varias medidas—a veces llamadas "regulaciones al margen del precio”—que lxs Conservadorxs han introducido para frenar los excesos del mercado de la vivienda sin tocar los alquileres de lxs propietarixs (es decir, los suyos)—entre ellas la concesión de licencias para compartir viviendas, la regulación de agencias immobiliarias y el registro de malxs propietarixs. En Escocia entró en vigor en 2017 un nuevo contrato de alquiler indefinido que ofrece a lxs inquilinxs estabilidad a falta de asequibilidad. El alcalde de Londres ha introducido un sistema de comprobación de propietarixs deshonestxs y una herramienta para denunciarlxs. Sin embargo, con un millón de familias en el Reino Unido pagando un alquiler que no se pueden permitir, hay un creciente consenso popular sobre la necesidad de tomar medidas más drásticas.

Amy Cullum es la responsable de legislación del sindicato de inquilinxs Acorn. “No se puede seguir esperando que lxs propietarios se regulen a sí mismxs”, afirma. "Llevamos una década en la que los alquileres suben y suben porque [lxs propietarixs] son sobre todo gente de negocios; su prioridad es obtener todo el beneficio que puedan".

"Hay algunxs buenxs propietarixs que no optarán por ello en un momento de crisis", añade Cullum, "pero no debería depender de la buena voluntad del/la propietarix: debería estar regulado".

El público está con Cullum. Según un sondeo realizado por Ipsos en mayo, el 72 por ciento del público del Reino Unido apoya el control del alquiler, frente a un 64 por ciento en 2019. Una razón obvia para este repunte, dice Gordon Maloney, activista del sindicato escocés de inquilinxs Living Rent, es el crecimiento de la cantidad de inquilinxs privadxs, que casi se duplicó entre 1991 (13,9 por ciento) y 2018 (26,6 por ciento).

"El enorme crecimiento del sector de alquiler privado ha hecho que haya mucha más gente alquilando que cuando se eliminó el control del alquiler en los años 80", afirma. "Esto implica no solo más gente, sino también una demografía más políticamente relevante. Cada vez es más difícil que lxs políticxs lo ignoren".

Si lxs políticxs conservadorxs se empeñan en ignorar al público—incluido el 59 por ciento de sus propios votantes—otrxs no lo harán.

Ken Gibb es profesor de economía de la vivienda en la Universidad de Glasgow y asesor del gobierno escocés en materia de vivienda. Dice que las "dudas" sobre el control de los alquileres que ha encontrado en Westminster "no parecen existir en absoluto en Escocia o Gales" (el líder de Plaid Cymru [partido socialdemócrata gobernante en Gales], Adam Price, ha insinuado que el control de los alquileres figurará en su libro blanco sobre la cuestión del alquiler, previsto para finales de este año). Cualquiera que sea el estado de ánimo en nuestro parlamento de propietarixs, dice Maloney, el retorno del control del alquiler es "prácticamente inevitable".

Mucho ruido y pocas nueces

Lxs políticxs llevan algún tiempo haciendo ruido sobre el control del alquiler, pero con poca acción. La propuesta era una pieza clave del manifiesto electoral del Partido Laborista en 2019. Ese mismo año, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, publicó su informe 'Reformando el alquiler privado’, en el que exponía un proyecto detallado para controlar el alquiler en la capital.

Bajo el mandato de Starmer [líder del Partido Laborista desde 2020], lxs laboristas han abandonado las peticiones por el control del alquiler, e incluso se han opuesto activamente a ellas: durante la pandemia, la Secretaria de Vivienda, Thangam Debonnaire, dijo que un congelamiento de alquileres sería "poco laborista". Khan, por su parte, ha suavizado su demanda, pidiendo un congelamiento temporal de los alquileres como respuesta a la crisis del coste de la vida similar a la de Sturgeon—aunque en una declaración a Novara Media, Khan aseguró que "el control del alquiler sigue absolutamente en mi agenda".

Mientras tanto, en Bristol, el alcalde laborista Marvin Rees fue reelegido el pasado mes de mayo con la promesa—impulsada por Acorn—de reclamar poderes descentralizados de Westminster para controlar el alquiler. En marzo, Rees puso en marcha el mecanismo para cumplir esa promesa, organizando una cumbre sobre el alquiler con Acorn y la organización benéfica de vivienda Shelter. Sin embargo, poco se ha materializado desde entonces, lo que ha preocupado a activistas por la posibilidad de que el alcalde—cuyo líder en materia de vivienda, el concejal Tom Renhard, presidió anteriormente el consejo de administración de Acorn—haya perdido el interés.

Sturgeon, sin embargo, está más comprometida con esta política. En las elecciones de Holyrood [el parlamento escocés] de este año, el Partido Nacional Escocés (SNP) se comprometió a introducir el control del alquiler para el final del actual parlamento en 2026. Pero el momento de la intervención prometida por Sturgeon podría ser decisivo.

Desgranando los detallesHay pruebas que sugieren que los controles del alquiler pueden ser más perjudiciales que beneficiosos si se promulgan de forma aislada. En San Francisco, un grupo de investigadorxs han descubierto que el control del alquiler en algunas propiedades ha producido su subida en otras. En Escocia, por su parte, activistas defensorxs de la vivienda temen que los controles temporales del alquiler puedan tener un efecto bumerán si no van acompañados de restricciones a más largo plazo.

Meg Bishop es portavoz de Living Rent. Afirma que "a menos que el SNP introduzca controles del alquiler antes de que se levante el congelamiento, lxs propietarixs subirán los alquileres para compensar las pérdidas que han sufrido durante el mismo, aprovechando también para adelantarse a futuros controles del alquiler deformando el tipo de mercado".

Es por eso que si bien Acorn y el Sindicato de Inquilinxs de Londres tienen previsto exigir un congelamiento de alquileres como el de Escocia a corto plazo, ambos sindicatos subrayan que esta demanda servirá de trampolín para otra. En palabras de Cullum, “congelamiento de alquileres ahora, control del alquiler después".

Luego quedan los retos a largo plazo que puede plantear el control del alquiler. Lxs propietarixs llevan mucho tiempo advirtiendo que el control de los alquileres les obligará a abandonar el sector, una perspectiva preocupante en un país cuyo parque de viviendas sociales fue arrasado por el Derecho a Compra [legislación de 1980 que permite la compra de viviendas de protección oficial por sus inquilinxs, con un descuento]. "Por supuesto que [lxs propietarixs] dicen eso", dice Gibb, "pero no deja de haber algo de verdad en ello, ya que no hay capacidad para ofrecer más vivienda social rápidamente".

Maloney es más optimista. Señala que el mercado de la vivienda "no es como una fábrica, que puede recortar puestos de trabajo: lxs propietarixs pueden abandonar el sector, pero la casa sigue ahí”

"O venden a otrx propietarix, lo cual no repercute en la oferta", añade, "o venden a alguien que compra por primera vez, ayudando a la gente a salir del sector del alquiler privado".

Otra posibilidad, dice Maloney, es que "si lxs propietarixs venden en masa, surja una oportunidad para que los ayuntamientos vuelvan a adquirir viviendas en propiedad pública, deshaciendo así el daño del Derecho a Compra sin tener que empezar a construir desde cero."

Esto no sería inédito: en Glasgow, el ayuntamiento compró recientemente siete pisos de un bloque de viviendas a unx propietarix privadx y los alquila ahora a precios sociales.

Otrxs advierten que el control del alquiler podría desincentivar a lxs propietarixs en el mantenimiento de sus propiedades, empeorando las ya lamentables condiciones de vida de lxs inquilinxs. La solución que propone Living Rent es un sistema de puntos que mantenga los alquileres bajos y recompense a lxs propietarixs que mantengan sus viviendas.

Otro detalle decisivo para cualquier futuro control de los alquileres es el índice económico al que se vinculan. El que se propone en muchos estudios académicos es el Índice de Precios al Consumo (IPC). Sin embargo, dado que el IPC está actualmente por encima del 10 por ciento, el más alto en los últimos 40 años, los controles de alquiler vinculados al IPC no contribuirían a mejorar la asequibilidad.

En su lugar, tanto Acorn como Living Rent abogan por índices basados en medidas como el ingreso medio (como el que utiliza los Países Bajos) o en la categoría de vivienda definida por el impuesto al ayuntamiento (lo cual evitaría el problema de zonas, como el distrito londinense de Kensington y Chelsea, donde los ingresos medios están distorsionados por un puñado de residentes superricxs).

Por muy importantes que sean los detalles, Cullum desconfía de los desacuerdos que puedan descarrilar la campaña. "Preferiría que tuviéramos algún tipo de control del alquiler ahora [...] y que luego lo afináramos.”

Maloney cree que es esencial exigir algo más que lo mínimo. Dice que algunos modelos de control del alquiler son "tímidos, diseñados sólo para abordar los peores excesos del sector". El reto ahora para lxs inquilinxs no es sólo ganar el argumento a favor del control del alquiler, algo que ya estamos ganando", dice Maloney, "sino ganar el argumento a favor de nuestra visión del control del alquiler".

 Rivkah Brown es editora y reportera de Novara Media. También es editora de Vashti.