El jueves 15 de diciembre, el Royal College of Nursing se declaró en huelga por primera vez en sus 106 años de historia. Decenas de miles de enfermerxs del servicio de sanidad público (NHS), mal pagadxs, sobrecargadxs y sufriendo los efectos de la escasez de personal, se declararon en huelga tras negárseles un aumento de sueldo. Aclamadxs un año, obligadxs a recurrir a bancos de alimentos al siguiente, lxs enfermerxs han visto sus sueldos bajar más de 3.000 libras en términos reales desde 2010. Tres de cada cuatro dicen ahora que trabajan horas extra para hacer frente al aumento de las facturas de energía.

El público recordará 2022 como el año en que el Partido Conservador condujo este país hacia la total inestabilidad política. Sin embargo, tras el melodrama se esconde una crisis del costo de vida que ha llevado a personas desesperadas a la pobreza y a las llamadas clases medias al borde del abismo. Tendríamos que recordar 2022 como el año en que la pobreza infantil relativa alcanzó sus niveles más altos desde 2007 y la tasa de crecimiento de sueldos reales alcanzó sus niveles más bajos en medio siglo. (El ingreso medio se ha reducido en 80 libras al mes, e increíblemente hasta 180 libras al mes para trabajadorxs del sector público). Éste es el verdadero escándalo.

Para algunos miembros del parlamento, este año fue el momento de lanzar sus carreras como estrellas de reality show. Para otrxs, éste fue el año en que dijeron a sus hijxs que no podían permitirse regalos de Navidad. Para las compañías energéticas, éste fue el año en que se rieron hasta la puerta del banco: en el mismo tiempo que tardó Rishi Sunak en perder y luego ganar la pugna por el liderazgo del partido conservador, Shell obtuvo ganancias de 8.200 millones de libras. SSE, multinacional energética con sede en Escocia, vio triplicadas sus ganancias en solo un año. Las ganancias de las siete mayores petroleras del mundo ascendieron a casi 150 mil millones de libras.

Hacer frente a la crisis del costo de vida requiere el planteamiento de una alternativa a nuestro modelo económico actual —un modelo que permite a  empresas inmunes beneficiarse de la miseria de lxs consumidorxs y de la destrucción de nuestra tierra. Y eso requiere defender un valor, una doctrina y una tradición que nos une a todxs: la democracia.

El Partido Laborista anunció recientemente "la mayor transferencia de poder al pueblo británico en la historia de Westminster.” Agradecí la renovación de muchas de las políticas de nuestro manifiesto de 2019: la abolición de la Cámara de lxs Lores y el traspaso de poderes a los gobiernos descentralizados, las autoridades locales y las alcaldías. Estos planes deberían ir de la mano, para garantizar que cualquier segunda cámara refleje la diversidad geográfica del país. De aplicarse, se descentralizaría un modelo de gobierno concentrado en Whitehall que desperdicia el talento, energía y creatividad de las distintas regiones de este país.

No obstante, la autonomía, la descentralización y la democracia no son solo asuntos de la constitución. También deberían caracterizar nuestra economía. Los gobiernos regionales exigen mayores competencias por la misma razón que una segunda cámara no elegida es manifiestamente arcaica: queremos poder intervenir en los temas que afectan nuestra vida cotidiana. Esto, sin duda, debe abarcar cómo se producen y distribuyen nuestros recursos básicos.

Tanto en el caso de la energía, el agua, la red ferroviaria o el servicio postal, un pequeño número de empresas monopolizan la producción de recursos básicos al margen de lxs trabajadorxs a lxs que explotan y de lxs clientes a lxs que estafan. Somos nosotrxs quien dependemos de estos servicios, y lxs trabajadorxs quienes lxs mantienen en funcionamiento, pero ejecutivxs y accionistas remotxs deciden cómo se gestionan y se benefician de su suministro. ¿No tendría más sentido que lxs trabajadorxs y consumidorxs decidieran cómo gestionar los servicios que producen y consumen?

Ante la subida vertiginosa de precios y ganancias, es hora de colocar recursos básicos como la energía, el agua, la  red ferroviaria y el servicio postal donde pertenecen: en manos públicas. Un elemento clave es que este modelo de propiedad pública no supondría una vuelta a los consejos nombrados a dedo de los años cuarenta, sino un restablecimiento de la responsabilidad cívica. El agua, por ejemplo, debería ser un bien controlado a nivel regional por consumidorxs, trabajadorxs y autoridades locales, colaborando estrechamente con agencias medioambientales que supervisen su conservación, los vertidos de aguas residuales, la preservación de costas y la protección de nuestro entorno natural. Este organismo democrático respondería únicamente ante el público, no ante dividendos de lejanos fondos de inversión.

Transferir la energía, el agua, la red ferroviaria y el servicio postal a un sector público democrático es darle a la población local poder sobre los recursos que utiliza. Es asegurarse de que esos recursos sean producidos de manera sostenible y distribuídos universalmente en el interés de trabajadorxs, comunidades, y el planeta.

Además de los servicios públicos esenciales, hay toda una serie de servicios y bienes que requieren inversión, una inversión que debería estar bajo el control de comunidades locales. En 2019 nos comprometimos a crear bancos de inversión regionales en todo el país, gestionados por la población local para decidir —colectivamente— donde se destinaría mejor la inversión pública. Las peticiones de inversión no basarían sus argumentos en la suma de ganancias a obtener, sino en cómo podrían beneficiar al conjunto de la ciudadanía.

Para democratizar nuestra economía, tenemos que democratizar también los lugares de trabajo. Podemos acabar con las jerarquías laborales y las desigualdades salariales otorgando a lxs trabajadorxs el derecho a decidir, conjuntamente, cómo funciona su equipo y cómo se organizan sus estructuras salariales. Si queremos poner en marcha una transferencia masiva de poder, tenemos que redistribuir la riqueza de quienes la acaparan a quienes la crean.

La población local conoce los problemas a los que se enfrenta y sabe cómo resolverlos mejor que nadie. Si queremos practicar lo que predicamos, los mismos principios de democracia, autonomía y descentralización deben aplicarse también a nuestros propios partidos. Los miembros locales del partido, y no sus dirigentes, deberían elegir sus propixs candidatxs, formular políticas y decidir lo que defiende su movimiento.

Solo un partido democrático puede ofrecer el espacio necesario para soluciones creativas y transformadoras ante las crisis a las que nos enfrentamos todxs. En un mundo en el que la división entre ricxs y pobres es mayor que nunca, nuestro objetivo debe ser unir al país en torno a una alternativa más esperanzadora, una alternativa que reconozca nuestra dependencia mútua para sobrevivir y prosperar.

Esta alternativa no es un ideal abstracto para entretener la imaginación. Es una alternativa por la que a día de hoy luchan trabajadorxs en los piquetes. Incluso antes de que lxs enfermerxs se declararan en huelga, 2022 fue un año récord de acción sindical. Lxs trabajadorxs en huelga no solo están luchando por sus salarios, por muy esenciales que sean esas reivindicaciones. Luchan también por una sociedad sin pobreza, hambre ni desigualdad. Luchan por un futuro que anteponga los intereses de la comunidad a la avaricia de las empresas energéticas. Luchan por todxs nosotrxs.

Su lucha colectiva nos enseña que la democracia existe —y prospera— fuera de Westminster. El gobierno está haciendo todo lo posible para hacer de lxs trabajadorxs del servicio postal y del sector ferroviario enemigxs del público general, un público general que aparentemente no incluye personal universitario, conductorxs de autobús, abogadxs, cargadorxs de equipaje, funcionarixs, conductorxs de ambulancias, bomberxs y trabajadorxs benéficxs. Como demuestra la enorme cantidad de acción sindical, lxs trabajadorxs en huelga son el público general. El año 2022 pasará a la historia no como el año en que los tories le quisieron tomar el pelo a la ciudadanía, sino como el año en que la ciudadanía contraatacó. Unidxs en sus miles, están enviando un mensaje claro: esta es la viva imagen de la democracia.

Jeremy Corbyn es diputado del Partido Laborista británico por Islington North.