La UP se fundó en 1985 bajo los términos de un acuerdo de paz entre el entonces gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y reunió a antiguxs guerrillerxs y a otros grupos de izquierda en su búsqueda del cambio político por medios electorales, un cambio importante respecto a la lucha armada que las FARC habían llevado a cabo anteriormente.

Sin embargo, después de que la UP obtuviera victorias electorales a nivel regional y local, las fuerzas estatales se confabularon con paramilitares, políticxs y grupos empresariales para perpetrar una brutal violencia contra el partido, en una campaña comúnmente denominada “genocidio político” en Colombia. El objetivo era simple: impedir la aparición de la UP como alternativa creíble a las estructuras de poder ya establecidas y, como afirma la sentencia, “contrarrestar el ascenso de la UP en la arena política”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal autónomo encargado de llevar a cabo investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en toda América. Algunas de estas investigaciones no pueden llevarse a cabo fácilmente en los países donde presuntamente han tenido lugar.

La sentencia dice que entre los actos de “violencia sistémica” sufridos por las víctimas y perpetrados a escala nacional se encontraban desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, agresiones físicas, estigmatización, persecuciones legales, tortura, desplazamiento forzado, entre otros. Esto se vio facilitado por unas investigaciones que, si se llevaron a cabo, fueron lamentablemente ineficaces y se caracterizaron por “altos niveles de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades”. Alineada con la complicidad activa de las autoridades en la violencia, la ausencia de repercusiones permitió que los asesinatos y otros abusos continuaran sin impedimentos.

Además, la Corte encontró al Estado culpable de violar los derechos de las víctimas a la libertad de expresión y de libre asociación. Esto se manifestó a través de la estigmatización continua de un partido descrito como “enemigo interno”, un discurso que legitimó la persecución contra la UP. Funcionarixs estatales de alto rango fueron quienes más alimentaron el clima de agresión a través del discurso político, que tuvo el efecto —en palabras del Tribunal— de “agravar la situación de vulnerabilidad... y generar un motivo para promover ataques contra ellxs”. Además de afectar a su seguridad física, esto generó un grave impacto psicológico en muchxs miembros y simpatizantes de la UP.

Los derechos de las víctimas siguen siendo violados hoy en día, ya que el Estado no ha investigado adecuadamente la violencia, no ha procesado a lxs responsables ni ha defendido el derecho de las víctimas a la verdad.

En su sentencia, la Corte dictó varias formas de reparación estatal:

• Garantizar investigaciones y conclusiones rigurosas, que no duren más de dos años, que establezcan la verdad en torno a lo ocurrido, determinen las medidas punitivas a las que deben enfrentarse los autores y garanticen el fin de la impunidad.
• Localizar los restos de las víctimas de desaparición forzada cuyo paradero aún se desconoce.
• Proporcionar tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas.
• Difundir y promover la sentencia del Tribunal.
• Organizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado.
• Crear un día nacional conmemorativo de las víctimas y realizar actividades de sensibilización al respecto, incluso en colegios y universidades.
• Construir un monumento a la memoria de las víctimas y su legado.
• Instalar placas en al menos cinco espacios públicos para conmemorar a las víctimas.
• Producir y estrenar un documental sobre la campaña contra la UP.
• Lanzar una campaña pública para sensibilizar a la opinión pública sobre la violencia, la persecución y la estigmatización que sufre la UP.
• Organizar foros académicos en al menos cinco universidades de todo el país.
• Elaborar un informe en colaboración con la UP que aborde formas de mejorar y reforzar la seguridad de lxs miembros del partido.
• Pagar las indemnizaciones que determine la sentencia de la Corte.

No es la primera resolución judicial sobre la violencia contra la UP. En marzo del año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —el tribunal de justicia transicional creado en el acuerdo de paz de 2016— reveló que 5.733 miembros de la UP fueron asesinadxs o desaparecierxn entre 1984 y 2018. En total, la JEP documentó a casi 8.300 personas que habían sido perseguidas por su afiliación a la UP. La traición del Estado al acuerdo de paz de 1985 condujo a la escalada del conflicto armado hasta su momento más crítico en las décadas de 1990 y 2000. El Estado y sus fuerzas paramilitares atacaron sistemáticamente a sindicalistas, campesinxs, estudiantes, comunidades indígenas y afrocolombianas y a otras personas falsamente calificadas de "subversivas". En respuesta, muchxs excombatientes que habían abandonado las FARC por la UP regresaron a las filas de la guerrilla.

En enero de 2021, el periodista Alberto Donadio informó de que el presidente colombiano Virgilio Barco Vargas —que sucedió a Belisario Betancur al año siguiente de la fundación de la UP— aprobó la campaña de exterminio contra el partido. Lxs autorxs de la campaña podrían considerarla un éxito, ya que la UP se debilitó hasta tal punto que en 2002 fue despojada legalmente de su condición de partido político. Esto se invirtió en 2013, cuando la UP volvió al ámbito electoral. Hoy, bajo la dirección de la senadora Aida Avella —que en 1996 se vio obligada a exiliarse tras sobrevivir a un intento de asesinato— la UP es miembro de la coalición del Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro, elegido el año pasado como el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia.

Nick MacWilliam es co editor de Alborada.