El proyecto de ley para acabar con los sindicatos añade prohibiciones aún más estrictas a la versión original

Sin ninguna consulta significativa, el gobierno húngaro presenta un proyecto de ley para abolir la deducción de las cuotas de afiliación sindical en el sector público, escriben seis confederaciones sindicales nacionales en una declaración conjunta.
Según las organizaciones que componen el sector de lxs trabajadorxs del Consejo Nacional de Conciliación de los Intereses de los Servicios Públicos (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács, OKÉT), esto aumentará la vulnerabilidad de lxs trabajadorxs húngarxs, especialmente de aquellxs que cumplen sus obligaciones laborales en el sector público respetando su juramento.
Según las organizaciones que componen el sector de lxs trabajadorxs del Consejo Nacional de Conciliación de los Intereses de los Servicios Públicos (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács, OKÉT), esto aumentará la vulnerabilidad de lxs trabajadorxs húngarxs, especialmente de aquellxs que cumplen sus obligaciones laborales en el sector público respetando su juramento.

"Esto se hace presentando un proyecto de ley cuya justificación no refleja la realidad y que impone una carga administrativa adicional tanto a lxs trabajadorxs como a las organizaciones que lxs representan", destacan lxs firmantxs, la Confederación de Sindicatos Intelectuales (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, ÉSZT) la Liga Democrática de Sindicatos Independientes (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája), la Séptima Confederación (Hetedik Szövetség), el Foro de Cooperación Sindical (Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, SZEF), la Federación Nacional de Consejos de Trabajadores (Munkástanácsok Országos Szövetsége) y la Confederación Sindical Húngara (Magyar Szakszervezeti Szövetség, MASZSZ).

"Desgraciadamente, las libertades humanas y civiles de lxs empleadxs de la Administración y de los servicios públicos, profesorxs, funcionarixs, funcionarixs de Hacienda, personal sanitario, etc. están sujetas a restricciones, por lo que es mucho más difícil hacer valer sus derechos y proteger sus intereses materiales y sociales que los del resto de lxs ciudadanxs en general. La afiliación sindical es, por tanto, casi la única vía que tienen para hacer valer colectivamente sus intereses", añaden. Nos pusimos en contacto con Csaba Csóti, presidente del Foro de Cooperación Sindical, quien nos dijo que "la consulta en línea –llamada "consulta social"-- fue seguida de protestas, acciones, declaraciones y argumentos de profesionales. Pero todo eso no hizo que el Gobierno abandonara su objetivo, al contrario, añadió una prohibición mucho más fuerte al texto".

Según informa Mérce, la última versión de la propuesta de enmienda del Gobierno presentada al Parlamento prohíbe categóricamente a lxs empleadorxs participar o facilitar de algún modo el pago de las cuotas sindicales de lxs empleadxs públicxs. 

Según la primera propuesta del Gobierno, que aduce la necesidad de simplificar las operaciones del Estado, lxs afiliadxs a los sindicatos tendrían que pagar directamente sus cuotas a partir de enero de 2024. Hasta ahora, lxs empleadorxs deducían automática y gratuitamente de sus nóminas el 1 por ciento del salario de lxs trabajadorxs (la cuota de afiliación sindical). Así, lxs trabajadorxs no tenían que hacer nada más para pagar sus cuotas y lxs empleadorxs emitían automáticamente un certificado de pago, que también se incluía en la declaración de renta como deducción fiscal.  

El 26 de septiembre se celebró en el Parlamento un debate general sobre el proyecto de ley ómnibus "sobre disposiciones relativas a una mayor simplificación del funcionamiento del Estado", y su aprobación podría tener lugar a finales de octubre.

En su declaración, los sindicatos señalan que es especialmente triste que no se haya convocado al Consejo de Conciliación de los Intereses de la Administración Pública Nacional (OKÉT), a pesar de que el sector de lxs trabajadorxs solicitó una consulta sobre la venta prevista de las propiedades utilizadas por los organismos gubernamentales para fines sociales, recreativos y educativos. También destacan que, al no celebrar una consulta, el gobierno se niega a evaluar conjuntamente la situación salarial de todo el sector público y a trabajar en propuestas de solución.

"El OKÉT es el foro estatutario de consulta entre los sindicatos nacionales y el Gobierno, pero no se ha convocado desde junio. Mientras tanto, se ha convocado el Foro Consultivo Permanente entre el Sector Privado y el Gobierno (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, VKF), y las centrales sindicales plantearon la cuestión del pago de las cuotas de lxs empleadxs públicxs; sin embargo, lxs representantxs del Gobierno respondieron que no eran competentes en ese asunto", nos informó Csaba Csóti.

Como recuerdan las centrales sindicales en su declaración, la Carta Social Europea estipula que las partes se comprometen a que las legislaciones nacionales no restrinjan, ni en sí mismas ni mediante su aplicación, la libertad sindical de lxs trabajadorxs. Además, el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece explícitamente que deben adoptarse medidas para promover la negociación colectiva, con el fin de reforzar la importancia del diálogo en los Estados que ratifiquen el Convenio.

Csaba Csóti añadió que, tras la aprobación de la ley, intentarán impugnarla en foros nacionales e internacionales.  

En relación con las cuestiones mencionadas, el sector de lxs trabajadorxs expresa su preocupación por los procesos de diálogo social en Hungría. En una declaración conjunta, estipulan la exigencia explícita de que se mantenga y refuerce el sistema de conciliación en Hungría mediante un diálogo sustantivo y significativo, en línea con las normas europeas. En consecuencia, el día en que se apruebe la ley sin consulta se declarará día de luto para el diálogo social húngaro.

Available in
EnglishSpanishHungarianPolish
Author
Fazekas Lázár Benjámin
Date
01.01.2024
Source
Original article🔗
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