El 16 de noviembre de 2024, un ingeniero agrónomo marroquí de 34 años se presentó en una estación de policía en Casablanca, en respuesta a una orden de citación emitida por las autoridades locales. Lo detuvieron y, dos días después, lo acusaron de “incitación a cometer delitos varios”. En los meses previos, Ismail Lghazaoui había estado trabajando con su grupo local de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para protestar contra la complicidad de empresas y el estado con la guerra de aniquilación de Israel contra los palestinos en Gaza. Por sus esfuerzos, la policía marroquí lo había detenido previamente en octubre mientras se dirigía al Consulado de los Estados Unidos para protestar contra el apoyo estadounidense a Israel, aunque fue liberado más tarde sin cargos.
Sin embargo, tras su detención en noviembre, lxs fiscales citaron los discursos de Lghazaoui en los que hacía un llamado a movilizaciones populares alrededor del consulado estadounidense, los cuales circularon por las redes sociales en árabe, como base para las acusaciones en su contra. Además, incluyeron en su expediente declaraciones que hizo pidiendo a lxs trabajadorxs portuarixs y manifestantes que bloquearan los barcos con destino a Israel, después de que investigaciones locales e internacionales revelaran que el puerto de Tánger en Marruecos estaba siendo utilizado para transferir cargamento militar a Israel.
Un mes después, mientras estaba en prisión tras la denegación a la solicitud de libertad provisional por parte de su abogadx, Lghazaoui recibió la pena máxima por su cargo: un año de pena de cárcel y una multa de $500. Durante todo el transcurso de su juicio y durante su actual encarcelamiento, Lghazaoui ha estado retenido en una celda de aislamiento, con acceso limitado a suministros de higiene, luz solar y visitas familiares.
Al principio, el caso de Lghazaoui parece ser una historia común de represión contra quienes abogan por Palestina, perpetrada por un gobierno árabe que ha normalizado desde hace tiempo sus relaciones con Israel. Sin embargo, la compleja secuencia de eventos que llevaron a su arresto retrocede desde Haifa y Ashdod, a través del Estrecho de Gibraltar, y cruza el Océano Atlántico hacia puertos comerciales en Nueva Jersey y Texas. Cada lugar representa un nodo crucial en el motor invisible del genocidio en Gaza: la cadena de suministro global que canaliza armas y cargamento militar fabricados en Estados Unidos hacia Israel.
A principios de noviembre del año pasado, el Movimiento Juvenil Palestino (MJP), en colaboración con la Internacional Progresista, publicó un informe de investigación, en el que analizan 2,000 envíos de carga militar destinados al Ministerio de Defensa Israelí desde el inicio del genocidio, en embarcaciones operadas por el gigante logístico danés Maersk. El informe descubrió que los envíos —que incluían millones de libras en vehículos blindados de personal, vehículos tácticos militares, placas blindadas, partes de aeronaves, ensayos de bombas y núcleos de balas— generalmente partían de Estados Unidos desde puertos en Nueva Jersey y Texas antes de transitar por el Puerto de Algeciras, España, en su camino a Israel.
Lo más crucial es que el informe reveló que Maersk había violado conscientemente la ley española que prohíbe el tránsito de material militar destinado a Israel a través de los puertos españoles y que está en vigor desde mayo de 2024. Como resultado de la presión de la campaña del MJP, Maersk se vio obligado a admitir públicamente por primera vez que estaba transportando armas a Israel la Venta de Armamentos Militares al Exterior de Estados Unidos. En respuesta a estas revelaciones, el gobierno español comenzó a negar la entrada a los buques de Maersk que se consideraban sospechosos de llevar cargamentos hacia el Ministerio de Defensa de Israel. Tras la interrupción del acceso a uno de sus principales centros de transbordo, Maersk se vio obligado a empezar a desviar sus buques a una terminal al otro lado del estrecho de Gibraltar: el puerto de Tánger en la costa de Marruecos.
Aunque Marruecos ha mantenido relaciones comerciales con Israel durante mucho tiempo, la revelación de que el reino estaba facilitando directamente el traslado de carga militar a las fuerzas israelíes en Gaza provocó una indignación generalizada en la sociedad civil marroquí. La ciudad de Tánger, en particular, donde se encuentra el puerto, ha sido testigo de protestas a gran escala desde noviembre debido al apoyo explícito del gobierno al genocidio en curso. Lghazaoui participó en estas movilizaciones populares y pidió la interrupción de los envíos militares en el puerto, junto a grupos como BDS Marruecos y el Frente Marruecos por Palestina y Contra la Normalización.
La severidad de la acusación de Lghazaoui estuvo probablemente vinculada al deseo de las autoridades de dar un ejemplo de una figura prominente del movimiento de protesta, después de ver cómo lxs trabajadorxs portuarixs respondían a los llamados de la sociedad civil. Varixs trabajadorxs en el puerto de Tánger se negaron a manejar carga militar y luego fueron disciplinadxs o despedidxs, mientras que otrxs renunciaron a sus empleos en señal de protesta. Después de que se filtraran fotos que mostraban vehículos militares tácticos sobre camas de contenedores abiertos en la terminal de Maersk, las autoridades portuarias comenzaron a limitar el acceso a las cámaras de seguridad y a atracar los barcos de noche. Las movilizaciones de lxs trabajadorxs portuarixs alcanzaron su punto máximo con una campaña de sindicalización que solicitó el apoyo de la Federación Internacional del Comercio, pero Maersk sofocó el intento incipiente mediante una carta enviada a lxs trabajadorxs portuarixs.
La actual crisis sobre el papel de Marruecos en el genocidio de Israel ha exacerbado las tensiones existentes entre las políticas del estado y el sentimiento de la opinión pública. En estados de mayoría musulmana como Marruecos, donde el apoyo popular a la causa palestina es elevado (desde el comienzo del genocidio, el apoyo a las relaciones diplomáticas con Israel se ha desplomado del 31 al 13 por ciento), lxs funcionarixs del gobierno oscilan ansiosamente entre hacer declaraciones vacías sobre Gaza y estrechar la mano a sus patrocinadorxs estadounidenses, israelíes y europexs.
La disposición del gobierno marroquí a permitir que los envíos de armas a Israel pasen por sus puertos, a pesar de la negativa del gobierno español a hacerlo, es una consecuencia lógica del acuerdo de normalización entre Israel y Marruecos mediado por la administración anterior de Trump. La participación de Marruecos en los Acuerdos de Abraham de 2020, que formalizó una historia de relaciones diplomáticas previamente discretas con Israel, dio frutos en forma de colaboraciones en inteligencia, ejercicios militares conjuntos, compras de armas y el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. En julio de 2024, el ejército marroquí firmó un contrato de $1.000 millones con Israel Aerospace Industries para adquirir satélites espías Ofek 13, los cuales Israel ha utilizado para vigilar Irán, Irak, Libia, Siria y Líbano.
Solo en el último año, dos personas nacionales de Marruecos, Said Boukioud y Abderrahmane Azenkad, fueron condenadas a una pena de prisión de cinco años por denunciar la normalización de Marruecos con Israel en las redes sociales. Sus casos, al igual que el de Lghazaoui, pretendían suprimir la oposición nacional convirtiendo en ejemplo a los defensores públicos. En toda la región, en países como Jordania, Egipto y los Estados del Golfo, las autoridades han adoptado definiciones elásticas de “incitación”, “delito informático" y "terrorismo" para perseguir a organizadorxs, periodistas y estudiantes por denunciar el papel de sus gobiernos en la facilitación de la matanza de Israel.
