No cabe duda que la actual pandemia producida por la aparición y dispersión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, agente causante de la enfermedad conocida como COVID 19, ha visibilizado de manera dramática las grandes contradicciones del modelo civilizatorio hegemónico moderno capitalista con su carga estructural de individualismo, racismo, patriarcado, colonialismo y destrucción de la naturaleza. Ha pasado un largo tiempo desde que la preocupación por los temas ambientales estaba restringida a pequeños grupos de activistas o académicxs aisladxs. Actualmente lo ambiental se ha convertido en tema de campañas electorales, programas de gobierno y encuentros internacionales donde se toman decisiones de impacto global y aunque la pandemia parece haber opacado el tema, en realidad está mostrándose como una de las caras de la crisis ambiental global. Es la destrucción de los ecosistemas naturales y la imposición de un modelo agrícola basado en el monocultivo y la cría intensiva de animales, cargas extraordinarias de agroquímicos y antibióticos, y orientado por el negocio de la alimentación y no por el derecho a la alimentación y a decidir de manera soberana qué comer, lo que aumenta la probabilidad de pandemias como la que estamos viviendo en este momento. Es tiempo de revisión de paradigmas y de decidir si optamos por una “nueva normalidad” basada en un capitalismo más humanitario, sea lo que sea que esto signifique con cambios aparentes para no cambiar, en otras palabras una “post-normalidad”; o emprendemos los cambios verdaderos que impacten las estructuras de un modelo que nos llevó al grado de destrucción del que somos testigos actualmente. En este artículo mostraré brevemente cuál ha sido la evolución del paradigma ambiental global, usando para ello uno de los síntomas de la crisis del modelo civilizatorio con mayor cobertura mediática como es el cambio climático global, así como también el papel de Venezuela en dicha evolución. Seguidamente expondré la propuesta venezolana de principios y acciones ante la crisis, como también en concreto ante el cambio climático, para luego culminar con una propuesta de enfoque para la “nueva normalidad” post-pandemia.

El tema ambiental en la agenda global

El tema ambiental se instaló de manera formal en la agenda global en 1972 cuando la Organización de las Naciones Unidas organizó la Primera Conferencia sobre el Ambiente en la ciudad de Estocolmo, Suecia y que llevó a su vez a la creación del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA). En 1979, un grupo personas de la Academia lideradas por el meteorólogo sueco Bert Bolin, establecieron con el apoyo de la Organización Mundial de Meteorología (OMM), el Programa Mundial de Investigación sobre el Clima (WCPR por sus siglas en inglés) que se propuso como objetivos determinar a) si el clima estaba cambiando, b) si era posible predecirlo y c) si los humanos eran de alguna manera responsables de lo que se observaba. En 1987, se lanzó el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, un programa de investigación a escala global y regional que buscaba vincular los procesos biológicos, químicos y físicos y sus interacciones con los sistemas humanos. Dicho programa sentó las bases de lo que podríamos denominar una ciencia del sistema planetario en donde se entiende que existen procesos a nivel global que deben ser estudiados de manera conjunta, interdisciplinaria y no aislada. En 1988, el PNUMA y la OMM crean el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) considerado el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático. Naciones Unidas organiza en 1992 (20 años después de la Conferencia de Estocolmo) la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, conocida como Conferencia de Río y es durante la misma que se colocan las piedras fundacionales de tres tratados que se convertirán en la columna vertebral de la política ambiental global: a) Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), b) Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) y c) Convención de Lucha contra la Desertificación. En el caso específico de la CMNUCC (en adelante la convención), la misma es implementada parcialmente por el Protocolo de Kyoto acordado en 1997 durante la Tercera Conferencia de las Partes (COP3), la enmienda de Doha en 2012 (COP18) y el más reciente Acuerdo de París en 2015 durante la COP21. El régimen climático establecido en la actualidad es el producto entonces de un proceso que puede dividirse en tres fases. La primera de 1990 a 1995 que implicó la negociación, adopción y entrada en vigor de la Convención. La segunda fase de 1995 a 2004, desde las negociaciones que llevan al Protocolo de Kyoto hasta su implementación y la tercera y última fase que se concentra en el desarrollo de un enfoque global que logre limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de todos los países y que tiene su punto cumbre en la COP21 con el Acuerdo de París. Esta división en tres fases es sin duda una simplificación de un proceso que ha sido mucho más complejo. En realidad, subyacente a esto ha estado la presión sostenida de los llamados países desarrollados por diluir y hacer desaparecer los principios de la Convención en particular aquel de responsabilidades históricas así como el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Debe destacarse aquí por ejemplo, el fracaso de la COP15 en Copenhague en la que se pretendió desdibujar dichos principios de la Convención por parte de un grupo reducido de países industrializados. Es importante mencionar el papel que jugaron los países agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en oponerse a un Acuerdo que pretendió imponerse sin el debido debate. En aquel entonces el discurso clave del Comandante Hugo Chávez dio el golpe de gracia a las pretensiones hegemónicas de imponer una agenda del norte global. La posición adoptada y defendida por ALBA abrió el camino al Acuerdo de París que logró mantener, aunque debilitados, los principios de la Convención. A pesar del fracaso de, Copenhague, el mismo marca el inicio de un proceso de viraje desde un enfoque “Top-Down” (se generan instrucciones desde la Cumbre hacia las Partes) hacia un enfoque “Bottom-Up” (las Partes proponen sus propios compromisos) reflejado esto en las “Contribuciones Nacionalmente Determinadas” (NDCs por sus siglas en inglés) presentadas por cada país. En dichas NDCs, los países se comprometen de manera voluntaria a reducir sus emisiones y a proponer una serie de acciones a nivel nacional tanto para la mitigación como para la adaptación, esta última considerada opcional dado que países como EEUU se niegan por todas las formas a incluir la adaptación como parte de los compromisos toda vez que implica transferencias de fondos al sur global.

Hemos visto que los cambios ambientales globales no tienen precedentes en la historia de la Tierra y es un hecho que se discute al más alto nivel diversas propuestas que permitan frenar esos cambios y “suavizar” sus efectos. Es también un hecho que cuando hablamos de cambios ambientales globales no se trata sólo de cambios en el medio biofísico. Se trata de cambios que afectan profundamente a la sociedad en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural. Pero llegar a acuerdos entre países con diferente grado de responsabilidad, con visiones diferentes en lo político, económico e incluso epistemológico acerca de la historia y las causas de los cambios no es un asunto que escape a tensiones y conflictos. Son tensiones que van más allá de aquellas entre países y que se reflejan a lo interno de cada región, de cada país, de cada localidad. Tensiones entre gobiernos pero también entre gobiernos nacionales y locales, entre órganos gubernamentales y movimientos sociales u organizaciones locales. Tensiones que reflejan visiones encontradas de la sociedad.

Venezuela Bolivariana y su posición en el contexto ambiental

La política ambiental de la República Bolivariana de Venezuela tiene antecedentes que se remontan a los tiempos del Libertador Simón Bolívar pero es en el siglo XX que se sancionan leyes especiales que atienden temas ambientales, se establecen los primeros Parques Nacionales y se configura una institucionalidad especial para el caso. Las políticas no difieren de las emprendidas por otros países de América Latina e internalizan básicamente los preceptos y orientaciones emanadas de organismos internacionales y multilaterales. En 1999 comienza un proceso de transformación liderada por el Presidente Hugo Chávez que establece como hito fundador la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de refundar la República. La Constitución allí elaborada y refrendada en consulta popular, establece elementos cruciales como lo son el concepto de democracia participativa y protagónica y el de corresponsabilidad. En la visión de Hugo Chávez se trata de potenciar el ejercicio de la soberanía sin pretender abolir toda representatividad sino más bien articular la relación entre el poder constituido y el poder constituyente. Como vemos, apunta a solventar una de las tensiones de las que hablamos cuando nos referimos a las tensiones entre los órganos del Estado, los movimientos sociales y las organizaciones populares.

A continuación quiero resaltar leyes y artículos que muestran la orientación de la política pública en materia ambiental en la República Bolivariana de Venezuela. Los mismos deben colocarse en el contexto de lo dicho anteriormente referente a los conceptos de participación, protagonismo y corresponsabilidad del pueblo en la gestión pública y en la implementación de políticas públicas dentro de un proceso de transformación social.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es explícita en sus artículos 127, 128 y 129 en lo que se refiere a los derechos ambientales. Allí se establece que i.- es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de si misma y del mundo futuro, ii.- toda persona tiene derecho individual y colectivamente de disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, iii.-es una obligación del Estado con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente equilibrado, iv.-el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, culturales, (…) y v.- toda actividad susceptible de generar daños a los ecosistemas debe ir acompañada de evaluaciones de impacto ambiental. Está presente en este articulado y en otros apartados de la CRBV la inclusión de consultas populares a fin de tomar las decisiones que incluyan afectaciones a los ecosistemas e impactos en la población. Esto es, la participación en la toma de decisiones como ejercicio pleno de soberanía.

La Ley Orgánica del Ambiente por su parte, tiene por objeto

establecer disposiciones y principios rectores para la gestión del ambiente en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del Planeta en interés de la Humanidad.

Una serie de leyes especiales subordinadas a esta Ley rigen materias particulares como la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, Ley de Bosques y Gestión Forestal, Ley de Semillas, Ley de Aguas, Ley de Gestión Integral de la Basura, Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, etc. Aquí no se trata de hacer una compilación exhaustiva del cuerpo jurídico que en materia ambiental rige en la República Bolivariana de Venezuela sino de mostrar que existe un compendio legal desarrollado y en permanente revisión y que en ese cuerpo legal están presentes siempre la participación corresponsable del pueblo. A pesar de ello, la materia cambio ambiental global solo aparece de manera tangencial o implícita en todas estas leyes y es solo hasta la aprobación del Plan de Desarrollo Social y Económico de la Nación 2012-2019 (Plan Patria) convertida en ley de la República y actualizada en 2019 hasta 2025, que la materia “cambio climático” es expuesta de manera explícita.

El Plan Patria establece cinco objetivos históricos cada uno con objetivos nacionales, estratégicos y generales. Si bien los cinco objetivos históricos se transversalizan unos a otros se resalta aquí el Quinto Objetivo que reza textualmente:

Contribuir con la preservación de la vida en el Planeta y la Salvación de la Especie Humana.

Incluidos en este Objetivo histórico están entre otros los siguientes objetivos nacionales:

Objetivo Nacional 5.1. Contribuir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre lxs humanxs y la naturaleza que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales respetando los procesos y ciclos de la naturaleza

Objetivo Nacional 5.2. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro pueblo, que será su principal garante

y

Objetivo Nacional 5.4. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador

Dentro de este último se establecen la lucha por la preservación, el respeto y el fortalecimiento del régimen climático conformado por la Convención y su Protocolo de Kyoto, la oposición a mecanismos de mercado, el diseño de un plan de mitigación como unacontribución voluntaria nacionaly el diseño de un plan nacional de adaptación.

Este aparato jurídico y político va a sentar las bases de la posición que Venezuela ha mantenido en los escenarios internacionales y particularmente en las negociaciones sobre cambio climático.

Las NDC de Venezuela desarrollan los principios que basan la posición del país en escenarios internacionales. Tienen su base en la CRBV y en una serie de elementos políticos reflejados en las políticas públicas no sin tensiones ni contradicciones. La presentación comienza reconociendo el pasado de luchas por la independencia dejando en claro los ideales de justicia, libertad, democracia e inclusión que guían la política de la Nación así como su posición anticolonialista y antiimperialista. El documento expresa el convencimiento de que son los valores capitalistas como el consumismo, individualismo y el crecimiento ilimitado la base de la actual crisis no solo ambiental sino también política y social de la civilización. Continúa el documento afirmando que

Los valores capitalistas deben ser reemplazados por valores basados en la justicia, la solidaridad, la vida comunitaria, la armonía con la naturaleza y el respeto a sus ciclos, el respeto por los valores y saberes indígenas y campesinos. En otras palabras, deben ser reemplazados por valores ecosocialistas

La lucha contra el cambio climático se materializa entonces en una lucha entre dos modelos y visiones de la sociedad. Por un lado

Los países desarrollados buscan perpetuar los esquemas hegemónicos que los favorecen, fortaleciendo los patrones de consumo, producción, control, dominación y mercados que enriquecen a sus élites dominantes (…y por otro…) los países en desarrollo exigen el derecho a erradicar la pobreza y elegir sus propias formas de desarrollo sin sufrir las consecuencias y cargar con el lastre generado por los niveles de consumo insostenibles de los países llamados desarrollados.

En sus NDCs, Venezuela insiste en que la lucha contra el cambio climático debe basarse en estrategias efectivas pero también justas y equitativas que deben considerar las responsabilidades históricas y contribuir a disminuir (no a profundizar) las inequidades que afectan a numerosos países y sectores sociales. Se hace énfasis en los compromisos y principios adquiridos por las partes firmantes de la Convención en particular aquellos referentes a las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las prioridades que tienen para los países en desarrollo la erradicación de la pobreza así como –tal como se ratificó en Río + 20- el derecho de cada país a decidir sus propias formas y vías para alcanzar un desarrollo sustentable. El derecho a la autodeterminación está siempre presente en la posición del país.

Otro elemento importante que se expone en dichas NDCs es que se reconoce a los pueblos, representados en sus gobiernos, como los entes legítimos para mediar y equilibrar los diferentes sectores e intereses dentro de sus países y no a las empresas privadas. Esto fue elemento de aireados debates durante la COP21 y sigue siendo motivo de controversias en las actuales negociaciones. Es en este contexto además, que Venezuela se opone a convertir las negociaciones en rondas de negocios en donde se discuten mecanismos de mercado que finalmente se convertirán en espacios para el enriquecimiento de las empresas privadas y poco o nada contribuirán a contrarrestar los efectos del cambio climático.

Podemos resumir así la posición de Venezuela en las negociaciones de cambio climático en los siguientes puntos:

1. Fortalecimientos de alianzas estratégicas para la conformación de un mundo pluripolar
2. Defensa de la Convención, sus principios y disposiciones
3. Perspectiva y responsabilidad histórica manteniendo al mismo tiempo el enfoque interseccional (género, raza, etnia, cultura, edad, etc.), esto es, justicia climática
4. Derecho a la autodeterminación y soberanía nacionales
5. La adaptación como responsabilidad global y prioridad para los países en desarrollo
6. Combate a los mecanismos de mercado, comercialización de la naturaleza y “derechos de contaminación”
7. Responsabilidad global sobre el uso de hidrocarburos y sus consecuencias
8. Necesidad de un cambio radical en los patrones de producción y consumo, en especial en los niveles de consumo de los países desarrollados.

Venezuela ha realizado en este contexto un conjunto de acciones que se exponen en sus NDCs. Algunas de estas acciones no habían sido presentadas con anterioridad formalmente en el contexto del combate al cambio climático aunque tienen un impacto directo o indirecto en el mismo y se presentan en las NDCs.

Aunque Venezuela es solo responsable de un 0,49% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (0,18 GTon CO2eq/año) para el año 2010, se ha comprometido con un Plan Nacional de Mitigación (establecido en el Plan Patria) que involucra la reducción de un 20% de las emisiones para 2030 con relación al “escenario inercial” en el cual no se emprende ninguna acción de mitigación. Es importante acotar que los valores de emisiones producidas por Venezuela son tan bajos que entran dentro del margen de error de los valores estimados para EEUU, Unión Europea o China. Esto no ha sido motivo para que Venezuela no emprenda acciones contra el cambio climático. Algunas acciones ya en ejecución en el contexto de las políticas de mitigación serían:

1. Desarrollo y ejecución de proyectos de minimización y aprovechamiento de gas quemado y/o venteado por parte de la industria petrolera nacional (PDVSA). Se estima que en un período de dos años se ha dejado de emitir a la atmósfera un total de 516 KTon CO2eq/año) y se dejó de emitir durante el período 2016-2019 538,2 KTon CO2eq/año)
2. Proyecto Nacional de eliminación progresiva de sustancias agotadoras de ozono. En cumplimiento con el Protocolo de Montreal, se busca reducir en un 10% el consumo de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) lo que implica una reducción de 2,5 MTon CO2eq/año)
3. Programa de sustitución de bombillos incandescentes por bombillos ahorradores que logró la instalación (totalmente financiado por el Estado) de 206 millones de lámparas fluorescentes compactas hasta el 2015
4. Programa de reemplazo de equipos de aire acondicionado (A/A) y refrigeradores por equipos eficientes. Así, se sustituyeron 42504 A/A entre 2011 y 2013 y 3077 refrigeradores en 2012.
5. Expansión de sistemas de transporte masivo como sistemas de bus de tránsito rápido con canales exclusivos, paradas inteligentes y sistemas de seguridad, 45 nuevos sistemas (329 nuevas rutas) de transporte superficial y expansión de las líneas de metro en la ciudad de Caracas, Los Teques y Valencia lo que llevaría a una reducción del uso del vehículo particular.

En cuanto a los planes de reducción de riesgos y adaptación podríamos mencionar como ejemplos los siguientes:

1. Misión Vivienda. Se trata de un ambicioso plan de construcción de viviendas que se originó en 2010 por la emergencia producto de torrenciales lluvias que dejaron a cientos de miles de familias de bajos ingresos sin hogar. Hasta el 2019, se construyeron y entregaron cerca de 3 millones de viviendas lo que se tradujo en una respuesta a pérdidas y daños por lluvias extremas para cientos de miles de familias y una reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático para más de 12 millones de personas.
2. Misión Barrio Adentro. Se trata de un Plan de salud de atención primaria dirigida a los sectores más desfavorecidos y que hasta el 2015 (fecha de la entrega de las NDCs) había realizado más de 704 millones de consultas lo que entre otras cosas implica una disminución de la vulnerabilidad a enfermedades algunas de las cuales verán aumentada su incidencia y distribución geográfica producto del cambio climático.
3. Manejo y conservación de agua. Desde 1999, el Gobierno Nacional ha dado impulso a la conformación de “Mesas Técnicas de Agua” (MTA), formas de organización popular desde donde las comunidades participan de manera corresponsable y protagónica en el diagnóstico de necesidades, diseño de planes y participación en las obras tendientes a garantizar el servicio de agua potable y sistemas de aguas servidas con un componente de formación ambiental. Más de 7000 MTA se encuentran activas lo que ha permitido en parte elevar a un 96% el porcentaje de población con acceso al agua potable y disminuir sustancialmente la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático sobre disponibilidad de agua potable.
4. Programas de Manejo Forestal Alternativo. La Empresa Nacional Forestal (ENAFOR) se encuentra ejecutando el Plan de Manejo Forestal Sustentable Reserva Forestal Imataca al sur del país. Se trata de un modelo innovador de producción forestal que usando técnicas y normas legales novedosas ha permitido evitar en 5 años la emisión de 1.1 millones de Ton CO2eq de manera directa y 18 millones de Ton CO2eq de manera indirecta. El proyecto incluye la formación de técnicos e ingenierxs forestales con una visión alternativa y ambientalmente sustentable a la vez que incorpora y forma personal de las comunidades locales generando sustentabilidad política y social. Un proyecto similar se realiza en el Delta del Orinoco donde se incorporan comunidades indígenas del Pueblo Warao.

Son ejemplos de Leyes y acciones específicas producto de los compromisos adquiridos en los escenarios internacionales pero mezclados con las directrices que orientan el proceso de cambios que construye el país desde hace casi 20 años y que a pesar del asedio imperial y el bloqueo ilegal al cual hemos sido sometidos por parte de EEUU, se hacen esfuerzos titánicos por mantener. Es así que Venezuela emprende acciones para proteger sus bosques decretando por un lado Parques Nacionales (una directriz de la Convención de Diversidad Biológica), pero promoviendo por otro un desarrollo forestal alternativo que respeta las culturas locales fuera del marco de programas con visión neoliberal tipo REDD+ y que concuerdan más con el tránsito hacia una sociedad ecosocialista como lo dictamina su Plan de Desarrollo Económico y Social. Es una mezcla de acciones que no escapan a tensiones internas y que en el caso de Venezuela podríamos atribuir a ese trance entre aquello que -parafraseando a Gramsci- no termina de morir y aquello que no termina de nacer.

Hemos sido testigos de fuertes negociaciones para establecer mecanismos de implementación de la Convención de CC a través del Acuerdo de París en donde se ha llegado a cuestionar hasta los mismos principios de la Convención y en donde las “oportunidades de negocios” parecieran imponerse a los intereses de la Madre Tierra y por consiguiente de la Humanidad misma. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos ha dicho que no podemos resolver un problema moderno aplicando soluciones modernas. Esta breve historia que he relatado muestra como desde los espacios multilaterales se hacen intentos por mitigar el cambio climático sin cuestionar la causa estructural del mismo y el resultado es que la situación es cada vez peor. Desde Venezuela, en medio de las inevitables contradicciones y bajo el asedio internacional liderado por el imperialismo norteamericano, se intenta actuar localmente con una visión alternativa ecosocialista, a la vez que se llevan esas posiciones a los espacios multilaterales. En una situación de asedio bajo la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de EEUU y aliados que violan claramente el derecho internacional y socavan las bases del multilateralismo, la lucha de Venezuela es aún mayor y amerita esfuerzos gigantes para mantener el trabajo que nos permita alcanzar las metas propuestas más aún cuando la pandemia producida por la COVID19 ha afectado a tal grado las dinámicas de países y pueblos enteros a escala global.

El tema ambiental y el mundo post-pandemia

Actualmente mucho se habla de la post-pandemia y del mundo por venir. En un principio corrieron por las redes videos de animales deambulando por las calles vacías, delfines acercándose a las costas y entrando en los canales de Venecia, pumas en las calles de Santiago de Chile, jabalíes recorriendo los suburbios de varias ciudades españolas y se habla de una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Aparecen entonces quienes haciendo gala de un optimismo ingenuo aseguran que si es posible parar la contaminación, que si es posible mitigar el cambio climático, desacelerar el ritmo y lograr un mundo más armónico. En esa visión “ingenua” se sugiere la posibilidad de cambiar el mundo sin cambiar nada y discursos que disfrazados de un velo progresista aplauden medidas del Fondo Monetario Internacional o declaraciones de mandatarixs abiertamente promotorxs del neoliberalismo cuando hablan de aumentar impuestos a los más ricos o mejorar el acceso a la salud. La verdad es que la paralización de actividades industriales a nivel global solo logró una disminución de un efímero 17% de las emisiones diarias durante el mes de abril y muchos indicadores relacionados con el cambio climático están alcanzando valores de no retorno como ocurre con el aumento del nivel del mar o el grado de derretimiento del permafrost en Siberia. Y esto es sólo un aspecto de la crisis socioambiental que se manifiesta de muchas otras formas como la acelerada pérdida de biodiversidad, la amenaza a los sistemas de conocimiento indígena, y la proyección de que los mares tendrán más plástico que peces en 2030. El capitalismo como sistema y modelo no se paralizó. El cambio que estamos obligados a realizar debe ser estructural si queremos salvar a la humanidad y las medidas que se tomen deben ser integrales y realmente transformativas. Recientemente Vijay Prashad propuso en nombre del Instituto Tricontinental de Investigación Social 10 puntos o líneas de acción para construir un mundo post-COVID19. Dicha propuesta se hizo en el marco de la Conferencia de Alto Nivel sobre Economía Post-pandemia organizada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América moderada desde Caracas por el Presidente venezolano Nicolás Maduro. La propuesta incluye 1. Atacar la pandemia, 2. Ampliación de la solidaridad médica, 3. Creación de un patrimonio intelectual común, 4. Cancelación de las deudas externas, 5. Expansión de la solidaridad alimentaria, 6. Mejoramiento del sector público, 7. Implementación de impuestos a las fortunas, 8. Establecimiento de controles al capital, 9. Comercio regional no basado en el dólar y 10. Centralizar la planificación descentralizando la acción pública.

Así como no se acabará con el racismo llevando a prisión a unxs cuantxs policías racistas no se logrará controlar el cambio climático o la(s) pandemia(s) con medidas puntuales que solo buscan suavizar las causas estructurales del problema. La propuesta del Instituto Tricontinental es digna de debate. Son propuestas nacidas desde el sur global basadas en experiencias generadas en el sur global. Tanto el cambio climático como la pandemia son problemas globales y requieren de acciones integrales, requieren de solidaridad, intercambios justos y de relaciones internacionales que se mantengan en el marco de la legalidad internacional y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. La propuesta de la Tricontinental va en esa dirección y hacia allá debemos apuntar los movimientos progresistas del mundo y estar alertas ante propuestas generadas desde el norte global que niegan las experiencias del sur e intentan colocar como progresistas las posiciones de quienes son parte del problema y representan realmente a las estructuras del poder neoliberal. Esto incluye propuestas devenidas de quienes desde el mismo sur global se colocan desde un punto cero de supuesta neutralidad a promover reformas que terminarán favoreciendo al poder capitalista neoliberal. La pandemia nos ha colocado en un momento que bien puede llevar el mundo hacia el fascismo y los nacionalismos extremos o hacia un mundo mejor de igualdad y relaciones de respeto entre los pueblos. Es momento de definiciones y el movimiento progresista tiene una gran oportunidad para impulsar y hacer posibles las transformaciones necesarias que nos lleven a ese otro mundo mejor que soñamos todos y todas.

Guillermo R Barreto es un biólogo venezolano. Profesor de la Universidad Simón Bolívar vinculado con temas ambientales, gestión de la diversidad biológica, gestión de la ciencia y la tecnología y pensamiento descolonial.

Foto: Gosia Malochleb / Flickr