El 2 de junio de 2024, México acogerá el mayor proceso electoral de su historia. Cerca de 100 millones de mexicanxs votarán en los 32 estados del país para elegir a más de 1.000 legisladorxs locales, 628 diputadxs, 18.000 cargos municipales, 9 gobernadorxs y unx presidentx. 

El impacto de estas elecciones no sólo se dejará sentir en todos los rincones del país. Bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, México se ha convertido en un líder regional en cuestiones como el proceso de paz de Colombia, el embargo de Cuba y los flujos migratorios de Centroamérica. Por tanto, la integridad de las elecciones del domingo será fundamental para el futuro de todo el hemisferio.

Sin embargo, en las últimas semanas, lxs observadorxs del Observatorio de la Internacional Progresista han constatado un aumento de las amenazas al proceso democrático de México, lo que ha generado la alarma que motiva la presente misión de observación en el país.

La primera de estas amenazas se refiere a la seguridad de lxs propixs candidatxs. El actual proceso electoral ha estado marcado por amenazas, secuestros y ataques armados del crimen organizado que han provocado el asesinato de unxs 40 candidatxs a cargos públicos y la renuncia de 500 candidatxs.

Estos ataques amenazan el derecho básico del pueblo mexicano a unas elecciones libres y justas. Sin embargo, se han visto amplificados por una campaña de desinformación llevada a cabo por medios de comunicación corporativos nacionales e internacionales. Estos medios han acusado, sin pruebas, al gobierno del presidente López Obrador de orquestar esta violencia, a pesar de que el partido gobernante MORENA ha registrado el mayor número de asesinatos políticos desde que comenzó la campaña.

Esta campaña de difamación comenzó mucho antes del inicio del proceso electoral formal. En febrero, una serie de medios de comunicación de los Estados Unidos —entre ellos ProPublica y el New York Times— publicaron historias casi idénticas que pretendían implicar una conexión directa entre la campaña del presidente López Obrador y la financiación de los cárteles de la droga del país, contribuyendo a una creciente ola de desinformación en todo el país.

La amenaza de los medios de comunicación tradicionales ha ido acompañada de una campaña aún mayor de manipulación de la información en las redes sociales. Sólo en la plataforma X, se han registrado cientos de miles de publicaciones de bots digitales de países como España, Argentina y Colombia que buscan difundir desinformación entre el electorado mexicano. Las pruebas sugieren que esta campaña está conectada con entidades de la Red Atlas, con un largo historial de injerencia electoral en toda América Latina. 

Las herramientas desplegadas por estos "mercenarios digitales" van mucho más allá del ámbito de los medios de comunicación. En las últimas elecciones presidenciales mexicanas de 2018, empresas de software israelíes desplegaron programas maliciosos para espiar a periodistas, activistas y candidatxs de la oposición. Según revelaciones recientes de un consorcio de medios de investigación, 15.000 números de teléfono mexicanos fueron objeto de vigilancia entre 2016 y 2017, los dos años cruciales previos a las elecciones presidenciales de 2018.

En la actualidad, estas tácticas para interferir en el proceso democrático de México se combinan con amenazas directas de invasión extranjera. Sólo en el último año, varixs representantes, senadorxs, gobernadorxs y candidatxs presidenciales estadounidenses en ejercicio han presentado leyes y hecho declaraciones formales de su intención de debilitar la soberanía de México con una intervención armada de los Estados Unidos. Estas amenazas contribuyen a crear un clima de miedo e intimidación que perjudica la integridad del actual proceso democrático. 

Ante estos diversos y peligrosos intentos de interferir en las elecciones del domingo, la Internacional Progresista ha sido invitada por el INE a traer una delegación de alto nivel a la capital para ayudar a salvaguardar el derecho constitucional a un proceso electoral libre, justo y transparente, mientras lxs votantes se preparan para la posibilidad histórica de elegir a la primera mujer presidenta del país en los próximos seis años.