Como representantes de diversas naciones, hemos sido testigos de un inquietante patrón que se repite en nuestros propios países: los gobiernos reaccionarios, a través de políticas equivocadas, crean las condiciones sociales, económicas y políticas que permiten el encrudecimiento de la delincuencia violenta. Luego, en respuesta al previsible estallido, estos mismos gobiernos recurren a la represión estatal como supuesta solución. Este círculo vicioso, que el plebiscito uruguayo propone ahora consagrar en la ley, ha fracasado sistemáticamente a la hora de abordar las causas profundas de la delincuencia y el malestar social.

Debemos subrayar que la fórmula que promueve mayores poderes policiales y allanamientos nocturnos nunca ha logrado crear sociedades más seguras y justas. En lugar de abordar los problemas subyacentes que conducen a la delincuencia, estas medidas represivas se dirigen invariablemente contra los sectores más vulnerables y marginados de la población. El resultado es un clima de miedo e inseguridad que, paradójicamente, alimenta las mismas actividades delictivas que pretende combatir.

Cuatro crudos ejemplos de distintas partes del mundo ilustran el fracaso de este enfoque:

1. En Filipinas, la “guerra contra las drogas” del presidente Rodrigo Duterte lanzada en 2016 autorizó ejecuciones extrajudiciales y violentos allanamientos policiales. Esta política provocó miles de muertes, predominantemente pobres, al tiempo que no logró reducir de forma significativa el tráfico o el consumo de drogas. Por el contrario, provocó abusos generalizados a los derechos humanos y el colapso del Estado de derecho.
2. En los Estados Unidos, las políticas de “mano dura contra el crimen” y la militarización de las fuerzas policiales, especialmente evidentes en las décadas de 1980 y 1990, afectaron de forma desproporcionada a las comunidades minoritarias. Estas medidas, que incluían agresivos allanamientos nocturnos y tácticas de «parar y registrar», no sólo no redujeron significativamente los índices de delincuencia, sino que erosionaron la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden, lo que agudizó las tensiones sociales y las desigualdades.
3. En Brasil, la implantación de una policía militarizada en las favelas, sobre todo en Río de Janeiro, ha provocado numerosas violaciones de los derechos humanos y muertes de civiles. Operaciones como el programa de “pacificación” que implicaba agresivos allanamientos policiales, no lograron proporcionar seguridad a largo plazo y, en cambio, intensificaron la violencia, en especial contra las comunidades afro y pobres, al tiempo que hicieron poco por abordar las causas profundas de la delincuencia y la actividad de las bandas.
4. En Kenia, la aplicación de tácticas policiales agresivas para combatir la delincuencia en la década de 1990, que incluían allanamientos nocturnos y fuerzas especiales como el mortífero “Escuadrón Volador”, dieron lugar a ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en zonas de bajos ingresos y asentamientos informales. Con el tiempo, esto convirtió a la policía de una institución de seguridad a la fuente de la inseguridad. La impunidad se extendió a los escuadrones antiterroristas con escasa supervisión, lo que condujo a una enorme represión de las comunidades minoritarias somalíes y musulmanas, convirtiendo en vulnerables a quienes más necesitaban protección.

Lxs promotorxs de los allanamientos nocturnos en Uruguay afirman que esta reforma es “la bala de plata para combatir las bocas de droga”. Sin embargo, la experiencia de nuestros respectivos países ha demostrado que no existe una bala de plata para el problema de la delincuencia organizada. Sólamente abordando las causas subyacentes de la delincuencia —la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la marginación social— puede Uruguay asegurar una paz duradera y una convivencia armoniosa en todo el país.

Alzamos nuestras voces en este momento crítico de la democracia de su país, mientras se abre un nuevo camino hacia la compasión, la equidad y la verdadera seguridad —un camino que defienda la dignidad y los derechos de todxs lxs uruguayxs, y que una vez más sea un ejemplo para el mundo.

Observatorio de la Internacional Progresista