MANILA -Más de mil manifestantes marcharon hacia la Avenida University de La Universidad de Filipinas, Diliman el 4 de julio, un día después de que el presidente Rodrigo Duterte firmara la Ley Antiterrorista de 2020.
Negándose a ser aterrorizadxs por las peligrosas disposiciones de la Ley de la República Nº 11479, activistas de diversos sectores señalaron que "lxs verdaderxs terroristas" son Duterte, lxs miembros de su gabinete y lxs autorxs del proyecto de ley.
Entre quienes se unieron, se encontraban miembros de grupos progresistas que experimentaron de primera mano lo que describieron como "el virus Duterte, que ha estado causando estragos en la vida del pueblo filipino".
Elmer Cordero, de 72 años, dijo: "La Ley Antiterrorista debería ser desechada. En medio de la pandemia, las prioridades equivocadas del gobierno han golpeado más duramente a lxs más pobres de lxs pobres como nosotrxs. Incluso antes de que se aprobara esta ley, lxs ciudadanxs comunes como nosotrxs ya habían experimentado la auténtica brutalidad policial al ser tratados como criminales cuando sólo luchábamos por nuestro sustento".
Cordero es uno de lxs seis miembros del grupo de transporte Piston, que fueron arrestadxs por la policía el 2 de junio mientras protestaban por la reanudación de sus operaciones durante la cuarentena general de la comunidad. Estuvieron detenidxs en una celda estrecha durante casi una semana, y dos de ellxs dieron positivo para Covid-19 después de ser liberadxs.
"Debemos seguir luchando mientras estemos vivxs, no podemos echarnos atrás ahora", dijo Cordero.
Lxs miembros del grupo Bahaghari, defensor de los derechos LGBT, también se unieron a la protesta. Algunxs de sus miembros se encontraban entre lxs 20 que fueron arrestadxs y detenidxs por la policía el pasado 26 de junio durante la Marcha del Orgullo LGBT en Manila.
Kalvin Morales, de 23 años, relató el incidente: "Vi cómo nuestrxs otrxs miembros fueron arrastradxs por la policía al vehículo patrullero. A pesar de nuestra protesta pacífica y adecuado distanciamiento social, fuimos violentamente interrumpidxs y dispersadxs."
"Desde ese incidente, mi defensa de los derechos LGBT se ha fortalecido", dijo Morales a Bulatlat.
Con la aprobación de la Ley Antiterrorista, Morales y sus compañerxs activistas LGBT están aún más decididxs a reforzar la lucha contra la discriminación y contra todas las formas de opresión estatal. "No debemos acobardarnos ante el miedo, debemos seguir luchando aún más."
Por su parte, el ex representante de Anakpawis Ariel Casilao, sostuvo que Duterte firmó el proyecto de ley porque "teme la ira del pueblo".
Casilao dijo que la ira del pueblo se intensificó debido a la ineptitud e incompetencia de la administración Duterte para enfrentar la crisis de Covid-19. Casilao todavía se enfrenta a cargos por incitar a la sedición. Él y otrxs seis voluntarixs de ayuda fueron arrestadxs cuando iban a proporcionar paquetes de comida a lxs pobres en Norzagaray, Bulacan, el 19 de abril. Fueron liberadxs después de pagar una fianza de 40.000 pesos filipinos cada unx.
Casilao dijo que la nueva ley penalizará aún más la disidencia, incluidas las luchas de larga data de lxs agricultorxs y pescadorxs por su derecho a la tierra y los medios de subsistencia.
Por su parte, la artista Mae Paner, también conocida por sus actuaciones satíricas, dijo que el gobierno debería tomar las críticas de forma positiva. "El papel del artista es criticar. Yo soy una artista. No soy una terrorista", dijo.
Ma. Kristina Conti, de Concerned Lawyers for Civil Liberties (Abogadxs Preocupadxs por las Libertades Civiles), estuvo de acuerdo con que la nueva ley se utilizará contra lxs disidentes políticxs.
"El Consejo Antiterrorista de Duterte será el que determine quiénes serán etiquetadxs como terroristas y qué constituye un acto terrorista", dijo Conti.
En particular, Conti dijo que las Secciones 4-8 de la Ley Antiterrorista de 2020 son las "más problemáticas". "Les animo a todxs a que examinen los términos utilizados en la Ley Antiterrorista de 2020. ‘Seguridad pública’, ‘emergencia pública’, ‘peligro grave’, y otros términos relacionados son muy, muy peligrosos. El principal desafío de esta ley es su vaguedad, y luego ser 'demasiado amplia'", dijo Conti.
Añadió que bajo la Ley Antiterrorista, unx sospechosx de terrorismo no es diferente de lxs "terroristas probadxs". Conti también dijo que el gobierno puede ahora acceder a toda la información de cualquier sospechosx de terrorismo, ya que la vigilancia se ha convertido en algo legal según la ley.
Una de las manifestantes, Lina Macaurog, de 50 años, se considera "candidata" a tal persecución. Es una sobreviviente de la Ley Marcial, miembro de SELDA (Samahan ng mga Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Aresto) una organización de ex prisionerxs políticxs,y musulmana.
"Puede que no seamos terroristas, pero somos conscientes de la intención de la ley, por eso seguimos resistiendo a esto. El presidente Duterte ha tratado durante mucho tiempo a lxs bangsamoros como terroristas", dijo Macaurog a Bulatlat en una entrevista.
"La Ley Antiterrorista de 2020 pisotea nuestros derechos humanos básicos y es inconstitucional. No nos proporciona salvaguardas ni protección contra el terrorismo. En realidad, es en sí misma un instrumento para crear terror total entre la población", dijo Macaurog.
A partir del 21 de julio, se presentaron al menos diez peticiones ante el Tribunal Supremo para anular la ley. Entre lxs peticionarixs se encuentran abogadxs, organizaciones populares, personas de la Iglesia y defensorxs de los derechos humanos que han sido etiquetadxs como "comunistas-terroristas" por las fuerzas de seguridad del estado. Argumentan que la ley equivale a terrorismo de Estado.
La promulgación de la ley vino después del cierre del mayor grupo de medios de comunicación en Filipinas. Lxs activistas durante los años de la Ley Marcial describen la situación actual como "una reminiscencia de la dictadura de Marcos".
