Las fuerzas reaccionarias de Ecuador han abandonado la pretensión de democracia

El 8 de septiembre, la Corte Nacional del Ecuador decidió confirmar la sentencia en el caso “Sobornos 2012-2016" contra el ex presidente Rafael Correa, impidiéndole presentarse como candidato a la vicepresidencia en las próximas elecciones programadas para febrero de 2021. En cambio, Andrés Arauz, economista y ex ministro de su gobierno, encabezará la candidatura presidencial de la coalición Unión por la Esperanza, mientras que el reconocido periodista Carlos Rabascall ha sido seleccionado para reemplazar a Correa como candidato a la vicepresidencia de la coalición.

Apenas comenzó la campaña de Arauz y Rabascall, surgió una nueva amenaza para bloquear sus candidaturas desde el CNE, lo que llevó a organizaciones de izquierda y progresistas a organizar movilizaciones masivas frente a la sede de los órganos electorales en Quito el 29 de septiembre. Tanto la descalificación de Correa como los intentos de descalificación de Arauz y Rabascall han sido condenados internacionalmente por ex presidentes y cancilleres latinoamericanxs, en particular los del Grupo de Puebla, por representar la mayor amenaza para la democracia ecuatoriana en la era moderna.

Se ha alegado que la presión para deslegitimar sus candidaturas ha venido de varias direcciones. Primero, todo el proceso es una nueva escalada de la campaña político-judicial del gobierno autoritario de Ecuador que ha apuntado a Correa y sus aliadxs desde que el gobierno del país regresó al neoliberalismo bajo la presidencia de Lenín Moreno.

El fallo se dictó en un tiempo récord mientras el equipo legal de Correa, encabezado por Fausto Jarrín, apelaba la decisión anterior basándose en que el caso carecía de pruebas sustanciales o del debido proceso, por no hablar de las motivaciones políticas obvias. El 8 de abril la Corte Nacional de Justicia del Ecuador condenó por primera vez al ex presidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glas a ocho años de prisión, intentando además impedirles el ejercicio de cargos públicos durante los próximos 25 años.

La Fiscal General del Estado Diana Salazar dirige la acusación, alegando una y otra vez que el ex presidente operó una "red de corrupción" durante su último mandato de 2013 a 2017. Según Salazar, el partido de Correa de entonces, Alianza PAIS, sirvió como la organización de fachada para recibir sobornos de hasta $7,8 millones de empresas privadas como la conocida constructora brasileña Odebrecht. La única evidencia física fueron $6000 que Correa pidió prestados al fondo presidencial y que luego devolvió. Antes de esta sentencia, sin embargo, Correa ya se enfrentaba a otros 25 cargos por motivos políticos que iban desde el soborno hasta la corrupción e incluso el secuestro.

Al igual que en el caso de Lula da Silva en Brasil, Correa ha sido víctima de una campaña de persecución judicial. Su propósito es atentar contra la integridad del ex presidente y otrxs líderes históricxs de la Revolución Ciudadana a través de la persecución judicial por motivos políticos, y al mismo tiempo empañar su legado de prosperidad económica, reducción de la pobreza y fomento de la solidaridad entre las naciones del Sur Global.

Correa no ha sido el únicx líder históricx de la Revolución Ciudadana que se ha enfrentado a la persecución política. Jorge Glas, su antiguo vicepresidente, está en prisión desde octubre de 2017 luego de un caso similar de supuesta recepción de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Paola Pabón, prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, ex miembro de la Asamblea Nacional, y Christian González, activista comunitario de la organización Bulla Zurda, fueron todxs encarceladxs tras su apoyo al levantamiento de octubre de 2019 contra el régimen de Moreno. Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional, Ricardo Patiño, ex ministro de Relaciones Exteriores, y Sofía Espín, ex miembro de la Asamblea Constituyente, se han visto obligadxs a buscar asilo en México.

Durante todo este tiempo, Correa se acostumbró a los continuos ataques por parte de la notoriamente decadente prensa privada de Ecuador y de la oposición de derecha alineada con EE.UU. que nunca dejó de calificar a su gobierno como una "dictadura". Su gobierno fue objeto de diversas manifestaciones y protestas masivas organizadas por la oposición de derecha contra sus propuestas de aumentar los impuestos a lxs ultra ricxs en 2015. Casi exactamente hace 10 años, el 30 de septiembre de 2010, el ex presidente incluso sobrevivió un intento de golpe tras un motín policial que recibió amplio apoyo y cobertura favorable por parte de algunos de los más grandes grupos mediáticos y canales televisivos privados del país. La actual campaña de persecución judicial y política es un eco de los antiguos intentos por destruir la Revolución Ciudadana y sus logros.

Por otro lado, el gobierno del régimen de Moreno se ha enfrentado a una serie de crisis sociales y económicas autoinfligidas desde su inicio, cuando se volvió contra la política de la Revolución Ciudadana y se alineó con las fuerzas políticas tradicionalmente de derecha del país. Habiendo sido vicepresidente de Correa durante sus dos primeros mandatos, la elección de Lenín Moreno según la plataforma política de la Revolución Ciudadana debía constituir la continuación del proyecto iniciado por Rafael Correa. Sin embargo, a pocos meses de su presidencia, Moreno comenzó a hacer alianzas políticas con las fuerzas tradicionalmente derechistas del país, así como a manipular varias instituciones jurídicas del Estado ecuatoriano, desmantelando gradualmente el sector público y los proyectos sociales iniciados por el gobierno de Correa.

Así pues, el nivel total de gasto social también se ha reducido gradualmente desde 2017, siendo los más afectados los sectores de educación y salud. El mayor daño al sector público del país se produjo tras la firma de un nuevo paquete de deuda de $4200 millones con el FMI en marzo de 2019. Más de 10.000 trabajadorxs fueron despedidxs durante la preparación de las reformas de la entidad financiera, de lxs cuales entre 2500 y 3500 trabajaban en el sector de la salud. Más importante aún, más de 300 personas empleadas en el control y tratamiento de las pandemias también fueron despedidas, casi exactamente un año antes del inicio de la pandemia de Covid-19.

Mientras tanto las estructuras estatales se vaciaron con la eliminación de 13 de las 40 instituciones para abril de 2019 y con los $2000 millones en recortes y austeridad a través de la eliminación, privatización y fusión de varias empresas estatales y entidades públicas. Como resultado de estas políticas, el nivel de pobreza estructural ha aumentado del 23,1 por ciento en junio de 2017 al 25,5 por ciento en junio de 2019. Algunxs economistas han previsto que la pobreza estructural alcanzará el 30 por ciento a finales de año si se promulgan las nuevas medidas económicas. La pobreza extrema también aumentó del 8,4 por ciento al 9,5 por ciento durante el mismo período de tiempo.

Y mientras lxs ecuatorianxs se empobrecen, el escándalo de "INA Papers" reveló que Moreno había escondido cuentas bancarias en Panamá y Belice, los dos países latinoamericanos que son conocidos por ser notorios paraísos fiscales. El gobierno de Correa implementó previamente una ley que prohibía a lxs funcionarixs públicxs mantener cualquier activo financiero en paraísos fiscales extranjeros.

La propuesta de eliminar los subsidios a los combustibles y reducir los salarios del sector público el 1 de octubre de 2019 resultó ser la chispa que encendió el levantamiento liderado por indígenas durante ese mes, también conocido como la "Revolución de los Zánganos". La ferocidad de la represión contra las protestas masivas mostró al mundo por primera vez el alcance del autoritarismo del régimen de Moreno. Después de 12 días de protestas, con más de mil heridxs y por lo menos 8 trabajadorxs asesinadxs por la policía en todo el país, el régimen de Moreno renunció a la implementación de la propuesta relativa a la eliminación de los subsidios al combustible propuestos.

A pesar de esta victoria de los movimientos populares, la política económica neoliberal continuó hasta bien entrado el año 2020 y no se detuvo con la llegada de la pandemia de Covid-19. Se transfirieron más de $324 millones a manos de acreedorxs extranjerxs, a pesar de la evidente necesidad de invertir urgentemente en medidas de contención del Covid-19, y se planificó reducir otros $1400 millones como parte de la "optimización y reducción" del estado.

No es de extrañar que la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Moreno haya sido considerada como una de las peores del mundo, con numerosas investigaciones realizadas durante abril de 2020 señalando que las cifras de infectadxs y muertxs superaban con creces las cifras oficiales, mientras que el número total de infectadxs alcanzó los 122.000 a mediados de septiembre.

En este contexto, la persecución judicial contra Rafael Correa no es más que un último intento de la élite económica y política del país para impedir el regreso de la Revolución Ciudadana. A pesar de no poder participar, no hay duda de que Correa y lxs demás líderes históricxs de la revolución continuarán desempeñando un enorme papel durante la campaña y la Revolución Ciudadana estará encabezada por una nueva generación representada por jóvenes líderes como Andrés Arauz.

Denis Rogatyuk es periodista en El Ciudadano, escritor, colaborador e investigador en varias publicaciones como Jacobin, Tribune, Le Vent Se Lève, Senso Comune, The GrayZone y otras.

Foto: Agencia de Noticias ANDES, Wikimedia