La violencia contra lxs habitantes de la Amazonía no es nada nuevo. A medida que lxs capitalistas –empresas mineras, terratenientes y el propio Estado– se apoderan cada vez más de la tierra y de los recursos de la región, inevitablemente se enfrentan, y luego despojan violentamente, a las comunidades indígenas, a lxs quilombolas y a lxs campesinxs que viven allí. Bajo el gobierno de Bolsonaro, estos "conflictos", más apropiadamente considerados como violencia unilateral contra aquellxs que solo buscan mantener su derecho a sus propios recursos, han aumentado a niveles sin precedentes.
Un nuevo informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), publicado el mes pasado, señala un número récord de conflictos agrarios en 2020, con 2.054 casos registrados. La Amazonía Legal, región formada por los estados de la región Norte, Mato Grosso y la mayor parte de Maranhão, ha sido el principal foco de violencia en el campo brasileño, con el 77 por ciento de los casos.
En general, la encuesta señala un aumento del 8 por ciento en el número de conflictos registrados en el ámbito rural, pasando de 1.903 en 2019 a 2.054 en 2020, alcanzando la cifra más alta en los 35 años de historia del informe del CPT. En 2018, un año antes de la llegada de Bolsonaro al poder, fueron 1.547.
El número de hectáreas en conflicto también se disparó, llegando a 77.442.957 en 2020, frente a las 53.313.244 de 2019, un aumento del 45 por ciento. El año pasado, el territorio en disputa fue casi el doble que el de 2018, cuando fue de 39.425.494 hectáreas.
En 2020, 18 personas, siete de ellas indígenas, murieron a causa de los conflictos. En 2019, fueron 32.
Aunque el número de conflictos por el agua disminuyó en comparación con 2019, siguen siendo muy superiores a los registrados en períodos anteriores. Hubo 350 en 2020 y 509 en 2019, frente a los 279 de 2018.
Para la investigadora Patrícia Rosa Chaves, profesora de Geografía Humana de la Universidad Federal de Amapá (Ufap) y especialista en Geografía Agraria, los datos sugieren una consolidación del patrón de concentración de la violencia agraria en la Amazonía Legal, una tendencia que comenzó en 2015. Chaves es una de lxs asesorxs del CPT responsables del análisis de los datos.
"A pesar de los ataques, se supone que la Amazonía es una región protegida por la cantidad de reservas ambientales y territorios indígenas", dice. "Pero el actual gobierno está empeñado en entregar estos bienes naturales a lxs capitalistas brasileñxs y extranjerxs". Señala que la idea de explotar la Amazonía en asociación con países aliados siempre estuvo en el programa de gobierno de Bolsonaro y replica el proyecto de la dictadura militar.
Durante los dos primeros años del gobierno de Jair Bolsonaro, el número de conflictos en el ámbito rural en los que el propio gobierno fue el agresor incrementó. La CPT registró 311 casos, siete veces más que los observados durante el gobierno de Dilma Rousseff (PT), cuando el gobierno federal fue el agresor en 45 casos. Los principales objetivos de esta ofensiva llevada a cabo con la participación directa o el apoyo del gobierno son los pueblos indígenas, lxs quilombolas y lxs trabajadorxs de la industria extractiva. Este número no tiene en cuenta el apoyo político a lxs demás agresorxs: terratenientes, explotadorxs de minas de oro y acaparadorxs de tierras.
Patrícia señala que la retórica de Bolsonaro coincide con el falso argumento de que la región es un vacío demográfico. "El propio número de conflictos y familias afectadas demuestra la falacia del argumento", explica. "Y hay que recordar que las familias del ámbito rural, especialmente las de los pueblos tradicionales y originarios, tienen más miembros que la mayoría de los centros urbanos". Los 1.576 casos de conflictos en la Amazonía Legal en 2020 afectaron a 171.000 familias.
Durante la pandemia, estos "conflictos" se han vuelto aún más asimétricos: "No son casos en los que estas comunidades estén ocupando tierras (como estrategia de protesta). Simplemente están viviendo en sus propios territorios, luchando por sobrevivir, enfrentándose a los impactos del Covid-19, y son atacadas por quienes quieren explotar esas tierras".
Con poca protección y políticas sanitarias precarias incluso antes de la pandemia, estas poblaciones han sufrido doblemente, como queda claro en las cifras de muertes de indígenas y quilombolas por el coronavirus.
Los ataques a estas poblaciones fueron fundamentales para que la región Norte superara a la Nordeste en número de conflictos agrarios. El cambio comenzó en 2015 y se ha consolidado en los últimos dos años. En 2020, incluso pequeños estados del Norte, como Acre y Amapá, estaban entre los diez estados con mayor número de conflictos.
"Amazonas no está entre los diez estados con mayor número de conflictos, pero los conflictos involucran también a una gran población", comenta Patrícia. La región más crítica es el llamado Bico do Papagaio, en la frontera de Pará con Maranhão y Tocantins, en la Amazonía Legal. Con parte de su territorio en la Amazonia Legal y también en Matopiba, Maranhão fue el estado con mayor número de conflictos.
La investigadora también compartió su preocupación por la disminución de los números relativos al trabajo esclavo: "No es una señal de que el trabajo degradante o explotador haya disminuido, sino que las investigaciones y el seguimiento de las denuncias por parte del poder público han perdido impulso".
Leonardo Fuhrmann es periodista de De Olho nos Ruralistas.
