Nota editorial: Desde la publicación original de este artículo, el diputado laborista y miembro del Consejo de la Internacional Progresista, John McDonnell, lidera una moción parlamentaria para condenar el papel del Reino Unido en la promoción de los ataques anti-laborales en Ucrania.
Un plan de comunicación para 2021 elaborado por una consultora de desarrollo internacional y con el logotipo de la embajada británica en Kiev recomienda que el ministerio ucraniano "destaque" que la liberalización de la legislación laboral producirá "resultados positivos" para lxs trabajadorxs ucranianxs.
La estrategia de comunicación, publicada por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP), incluye un informe de los medios de comunicación y lxs principales comentaristas en materia de liberalización laboral que sugiere que la reforma propuesta no goza del favor del público ucraniano.
Para promover las ventajas de la liberalización, la estrategia sugiere que el Ministerio "haga sus mensajes más fáciles y más emotivos" para el público y anime, a través de reuniones extraoficiales, a lxs simpatizantes ajenxs al gobierno a hacer alegatos más "emotivos" al público sobre la liberalización.
"El Reino Unido está tratando de socavar efectivamente los esfuerzos de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Europea", señaló la FSESP, la cual afirmó que el Reino Unido está "financiando propaganda" para "crear un clima" en contra de los sindicatos ucranianos.
Recomendaciones sobre el modo en que el Ministerio de Economía ucraniano debe comunicar la reforma laboral | Fuente: FSESP
Una fuente del gobierno británico dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores contribuye al proceso de reforma laboral de Ucrania "con asesoramiento jurídico y asistencia técnica basados en las mejores prácticas internacionales, así como en las recomendaciones de organizaciones internacionales respetadas, como la Organización Internacional del Trabajo".
En enero de 2020, el gobierno ucraniano dio marcha atrás en su drástico intento de liberalizar la legislación laboral y de eliminar la propiedad y los derechos sindicales, tras las reacciones y protestas de la población.
Ahora, el gobierno ha presentado dos nuevos proyectos de ley –los proyectos de ley 5388 y 5371– que pretenden una liberalización parcial del derecho laboral.
Con un estimado de más de tres millones de personas empleadas informalmente en Ucrania, el gobierno argumenta que la simplificación de los procedimientos de contratación animará a lxs empresarixs a contratar legalmente a lxs trabajadorxs, atraerá a inversorxs extranjerxs y creará un entorno empresarial más flexible.
En concreto, el gobierno busca simplificar los procedimientos de contratación y despido, introducir los contratos de trabajo individuales como base principal de las relaciones laborales –en lugar de los convenios colectivos y el actual Código Laboral del país– y dar a lxs empresarixs más poderes para modificar las condiciones de trabajo.
Estas medidas, según declaró en septiembre la viceministra de Economía Svitlana Hlushchenko, "garantizarían normas honestas en el mercado laboral, alcanzarían un equilibrio de intereses entre trabajadorxs y empresarixs, y estimularían la actividad empresarial".
"El exceso de regulación de las relaciones laborales oficiales suele llevar a una situación en la que una parte importante de las mismas permanece en la sombra", dijo Hlushchenko tras la aprobación del proyecto de ley 5388 en su primera lectura en el Parlamento. El Ministerio de Economía no respondió a una solicitud de comentarios.
Pero a lxs críticxs, incluidxs los sindicatos del país y la Organización Internacional del Trabajo, una agencia de la ONU, les preocupa que, de ser aprobadas, estas leyes puedan reducir gravemente los derechos de lxs trabajadorxs y no estimularán a las empresas a emplear legalmente a sus trabajadorxs.
"La razón por la que lxs empresarixs ucranianxs no contratan legalmente a lxs trabajadorxs no tiene que ver con la formalidad o la flexibilidad. Se trata de ahorrar dinero e impuestos", declaró a openDemocracy Vasyl Andreev, presidente del sindicato ucraniano de trabajadorxs de la construcción y vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU).
Andreev sostuvo que mientras el proyecto de ley 5388, que pasó su primera lectura en el Parlamento en septiembre, era "una especie de intento suave de disminuir el poder sindical", el proyecto de ley 5371 podría excluir "entre 70y 80 por ciento de lxs trabajadorxs de la legislación laboral ucraniana por completo –incluidos sindicatos, regulaciones de la jornada laboral, tarifas salariales, así como condiciones de trabajo saludables y seguras".
George Sandul, abogado de la ONG ucraniana Labor Initiatives especializada en derechos de lxs trabajadorxs, afirmó que el proyecto de ley es "absolutamente ilógico en las circunstancias de Ucrania, y no beneficiaría ni a lxs trabajadorxs ni a las empresas".
"Ni siquiera lxs empresarixs ucranianxs son partidarixs de simplificar la contratación y el despido", afirmó.
Sandul calificó la justificación de la liberalización –es decir, la incorporación de personas al empleo legal– como un "argumento pobre", señalando que después de que el gobierno ucraniano redujera considerablemente el nivel de las contribuciones de bienestar social de lxs empleadorxs en 2016, no hubo ninguna evidencia de un aumento sustancial en el número de personas que trabajan oficialmente.
"Estos proyectos de ley vulneran los fundamentos de las garantías laborales que tenemos en Ucrania", declaró.
En virtud de los proyectos de ley 5371 y 5388, las relaciones laborales estarán cada vez más determinadas por contratos individuales, en lxs que empresarixs y trabajadorxs negociarán sobre el salario y las condiciones como si fueran partes iguales.
El papel de los sindicatos en la regulación de las relaciones entre la dirección y lxs trabajadorxs se reducirá efectivamente, incluida la supresión de la disposición por la que la dirección tiene que contar con la aprobación de los sindicatos para efectuar despidos.
El proyecto de ley también introduce disposiciones que parecen cercanas a los contratos de ''cero horas'', es decir, el paso de salarios mensuales establecidos por horas de trabajo establecidas, al pago por trabajo bajo demanda.
Un proyecto conjunto de la Unión Europea (UE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de "trabajo seguro, saludable y declarado" en Ucrania respondió con críticas y recomendaciones a estos proyectos de ley, y a la tendencia de liberalización laboral de Ucrania en general.
Por ejemplo, sobre el proyecto de ley 5371, el proyecto UE-OIT argumentó que sus disposiciones para un "régimen paralelo y menos protector" para lxs trabajadorxs de las pequeñas y medianas empresas "parece excluir a una parte importante de la mano de obra ucraniana" del Código Laboral general.
Con la introducción del "empleo a voluntad" y la posibilidad de que lxs empresarixs modifiquen unilateralmente los "términos y condiciones esenciales" de los contratos de trabajo individuales, el proyecto señaló que la ley 5371 también podría "infringir las normas laborales internacionales" y contradecir "los principios generales de la legislación y la práctica europeas".
El proyecto UE-OIT también criticó la tendencia a la liberalización laboral de Ucrania por estar "basada en supuestos erróneos y sesgados", entre ellos la idea de que "lxs empresarixs y lxs trabajadorxs tienen el mismo poder de negociación" y, por tanto, "no es necesario el diálogo social, la negociación colectiva y la consulta a lxs representantes de lxs empresarixs o de lxs trabajadorxs" en el lugar de trabajo reformado.
En opinión del proyecto, esto contraviene las directivas de la UE sobre la legislación laboral, las disposiciones de protección laboral del Acuerdo de Asociación de Ucrania con la UE y los convenios de la OIT, incluido su convenio fundamental sobre el derecho de sindicalización.
Desde septiembre de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores financia un proyecto de "transformación de la regulación laboral" en Ucrania, para ayudar a "desarrollar herramientas y estrategias legales y prácticas" con el fin de "implementar reformas exhaustivas en el Código Laboral y la legislación relacionada", como parte de un paquete más amplio de reforma, apoyo al ejército y a la sociedad civil del país.
Según documentos públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la financiación del Reino Unido para la desregulación laboral en Ucrania procede del Fondo de Buena Gobernanza del Ministerio de Relaciones Exteriores, que apoya la liberalización, el estado de derecho, la independencia de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción en Europa oriental y los Balcanes occidentales.
Sin embargo, el plan de comunicación está identificado como apoyado por UK Aid Direct, un fondo de 150 millones de libras del Ministerio de Relaciones Exteriores gestionado por la consultora británica de desarrollo Mannion Daniels, y fue creado por Abt Associates, una consultora de desarrollo e investigación global.
Abt Associates no respondió a una solicitud de comentarios.
UK Aid Direct afirma que "apoya a las pequeñas y medianas organizaciones de la sociedad civil" para "lograr una reducción sostenida de la pobreza".
Como parte de este esfuerzo, UK Aid también "financia organizaciones que aspiran a aumentar y diversificar los ingresos de las comunidades pobres en los países en desarrollo, además de abogar por condiciones de trabajo libres y justas".
openDemocracy preguntó a UK Aid cómo la desregulación de la legislación laboral ucraniana apoyaría las "condiciones de trabajo libres y justas" en el país, pero no recibió respuesta.
"Al igual que con todos los proyectos de desarrollo y ayuda, este proyecto es objeto de extensas consultas con una amplia gama de partes interesadas, incluidos los sindicatos, para garantizar que cualquier recomendación incluya a los diferentes grupos sociales, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, lxs desplazadxs internxs y lxs veteranxs", declaró una fuente del gobierno británico.
Los sucesivos gobiernos ucranianos han tratado de modificar la legislación laboral desde la década de 2000, encontrando a menudo fuertes fricciones con los sindicatos del país.
Según lxs autorxs del proyecto de ley 5388, "los procedimientos complicados e insuficientemente claros, que requieren tiempo y siguen siendo exclusivamente formales, son una especie de ‘señal de alto’ para una empresa que quiere contratar a trabajadorxs".
Junto con la carga de documentos relacionados con los RRHH, lxs autorxs afirmaron que la legislación actual es una "seria barrera para conducir las relaciones laborales de acuerdo con la ley, y que a menudo asusta incluso a lxs empleadorxs que se rigen por la misma".
El plan de comunicación señala que el "empleo ilegal" en Ucrania alcanza una "escala catastrófica".
"La proporción entre empleadxs oficiales y empleadxs informales es de 1 a 2. Los derechos laborales de al menos 10 millones de ucranianxs no están protegidos por la ley", informa.
A principios de 2020, el Ministerio de Economía del país intentó impulsar la liberalización de la legislación laboral. Ese proyecto de ley habría permitido la terminación de contratos sin motivo justificado, reducido la prima por el pago de horas extras, obligado a lxs empleadxs a revelar cualquier información (vagamente definida) que pudiera afectar al desempeño de su trabajo y ampliado significativamente el alcance de los contratos de cero horas.
En respuesta, los sindicatos ucranianos organizaron una oposición pública a la reforma propuesta, en un contexto de fuertes críticas en Internet y protestas públicas, y la reforma fue retirada.
"Derrotamos ese intento [de liberalización], fue una lucha activa –no sólo en las calles, sino también en los medios de comunicación", declaró Pavlo Prudnikov, jefe adjunto del Sindicato de Trabajadorxs de la Industria y la Energía Nuclear de Ucrania, que forma parte de la FPU. "No estamos acostumbradxs a una cobertura positiva– lxs sindicalistas de todo el mundo son acusadxs de apoyar ideas de izquierdas e impedir el desarrollo de las empresas –pero el tema se hizo viral".
Ahora, sin embargo, lxs diputadxs y el Ministerio de Economía han "cambiado de táctica" y "han dividido el proyecto de reforma de 2020 en una serie de proyectos de ley más pequeños", dice Prudnikov, en un esfuerzo por aprobarlo. Junto con el impacto del coronavirus, esta "fragmentación", explica, hará más difícil la movilización contra la liberalización.
"Por eso hemos pasado, en cierta medida, a otra forma de actividad: las negociaciones tripartitas sobre la reforma laboral con el gobierno, las empresas y los sindicatos", señala Prudnikov.
Gregory Schwartz, sociólogo del trabajo de la Universidad de Bristol, coincide. "Esta vez no será tan fácil para lxs trabajadorxs identificarse con los asuntos que están en juego", dijo. "A diferencia del año pasado, la gente no se enfrenta a quedarse totalmente sin pensiones".
Para Prudnikov, sin embargo, la pregunta sobre la razón de ser de la reforma propuesta se mantiene. "¿Qué impide el desarrollo de las empresas y la economía ucranianas? En primer lugar, hablamos de la corrupción, los tribunales no reformados, la difícil y compleja fiscalidad, los problemas de infraestructuras", señaló Prudnikov.
"Pero, en mi opinión, parece que es más fácil para el Ministerio de Economía reescribir la legislación laboral que ocuparse de esos problemas".
Thomas Rowley es editor jefe de oDR. Síguelo en Twitter en @te_rowley.
