Crystal, acompañante de aborto mexicana, lleva un pañuelo verde atado a su mochila que señala su participación en la marea verde del activismo por los derechos reproductivos que está cobrando impulso en toda América Latina. En su mochila lleva folletos de Aborto Seguro Red Tijuana y de Las Bloodys, la colectiva feminista que ayudó a fundar. Diseñados para doblarse en un rectángulo ordenado que se desliza discretamente en un bolsillo trasero, los folletos proporcionan detalles sobre cómo autoadministrarse un aborto de forma segura, evitando riesgos legales y médicos.
El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México despenalizó el aborto, que hasta el mes anterior era ilegal en el estado de Baja California,donde vive Crystal, y en gran parte del resto del país. La reciente sentencia permitirá eventualmente un mayor acceso a los servicios de aborto y liberará a las mujeres encarceladas bajo leyes previas, a menudo solo por ser sospechosas de interrumpir intencionalmente un embarazo. Sin embargo, la sentencia tardará en surtir efecto en los 32 estados de México, especialmente en los 17 que tienen enmiendas constitucionales que declaran que la vida comienza en la concepción. Y aunque la sentencia protege a las personas en busca de un aborto de ser perseguidas, no garantiza el acceso universal. Aunque el movimiento por los derechos reproductivos en México lleva mucho tiempo esperando esta decisión, "nada cambiará mucho para nosotrxs", me dijo Crystal tras la noticia. "La legalización nunca ha sido nuestra meta final".
"Nuestro trabajo no se detendrá hasta que el aborto sea libre", continuó. "Queremos el aborto libre". Crystal aclaró que aborto libre no sólo significaba gratuito; también significa liberado, libre del estigma, libre del control medicalizado y las restricciones legales, libre para que las personas embarazadas tomen la mejor decisión para sí mismas. En los años previos a la decisión de septiembre, colectivos de acompañantes como Las Bloodys, Las Confidentas y Las Libres proporcionaron apoyo emocional, logístico e incluso médico a las personas que buscan abortar. Esta red informal está redefiniendo la lucha por la justicia reproductiva.
Mientras se despenalizaba el aborto en México, quienes defienden la causa al norte de la frontera se enfrentaban a devastadores reveses: el Proyecto de Ley 8 del Senado de Texas que restringe severamente el acceso al aborto en el estado, y el anuncio de la Corte Suprema de los Estados Unidos de que escucharía los argumentos sobre la prohibición del aborto en Mississippi después de 15 semanas de embarazo —un desafío directo al caso Roe contra Wade. En este difícil tiempo, el movimiento de acompañantes en México puede enseñar a activistas estadounidenses sobre la movilización de base donde el acceso restringido es la norma. Su modelo flexible y holístico de atención al aborto se anticipa a los límites de los servicios de salud estatales y del sistema médico formal. Ahora es el momento de revivir las redes transfronterizas de solidaridad y consolidar un movimiento transnacional de justicia reproductiva que se centre en la autonomía corporal y en opciones diversas y dignas para las personas embarazadas.
Antes de la sentencia de septiembre, lxs acompañantes solían trabajar al margen de la ley para cerrar las brechas en el panorama desigual de los derechos reproductivos en México. Con el apoyo de las organizaciones feministas y de derechos reproductivos de México, ponían a las personas en contacto con recursos médicos y jurídicos formales, y financiaban los viajes a la Ciudad de México y a los otros pocos lugares donde el aborto era legal. Si bien lxs acompañantes ayudaron a llevar a las personas a las clínicas, descubrieron que muchxs preferían autoadministrarse abortos utilizando misoprostol, o "miso", un medicamento para la úlcera y un eficaz abortivo que se puede adquirir sin receta en México. Aunque los datos son difíciles de conseguir, se estima que el 30 por ciento de los abortos en México se inducen con miso. Una de las muchas funciones de lxs acompañantes, por tanto, es ayudar a minimizar los riesgos que conllevan los abortos autogestionados.
Muchos colectivos alientan a las personas a hacerse ecografías en las clínicas y enviar los resultados a profesionales médicxs aliadxs para confirmar el éxito de un aborto autoadministrado. La mayoría de los colectivos también recomiendan tomar el miso por vía oral en lugar de por vía vaginal, para reducir la posibilidad de que un proveedor médico poco comprensivo encuentre evidencia residual. Sin una prueba física o una confesión, es posible afirmar que un aborto planificado fue un aborto espontáneo.
Aunque la sentencia de la SCJN reduce los riesgos legales que enfrentan lxs acompañantes y solicitantes de aborto, no significa el fin del trabajo de los colectivos feministas de base. Incluso si hubiera una garantía legal de atención gratuita del aborto, "seguimos viendo un papel importante para lxs acompañantes", dijo Natalia, miembro de Las Confidentas. "Nuestra meta final es desestigmatizar y abolir la violencia obstétrica. Incluso cuando esto se consiga, es probable que las personas aún quieran que las acompañen, para asegurarse de que reciben el tipo de apoyo emocional que incluso las clínicas más lujosas no pueden ofrecer".
Algunas de las clínicas "de lujo" —los consultorios privados de la Ciudad de México que ofrecen abortos legales hasta la duodécima semana de embarazo— tienen paquetes de atención escalonados. Una intervención quirúrgica en la clínica cuesta unos $200 dólares; la anestesia tiene un costo adicional. Por $100 dólares más, puedes obtener refrigerios, zapatillas y una habitación privada para recuperarte. Para alguien que gana el salario mínimo de México, $7 dólares al día, estos son lujos inaccesibles. "Trabajamos para conseguir un mundo donde todas las personas puedan tener refreigerios y zapatillas con su aborto", señala Marina, otra miembro de Las Confidentas.
Lxs acompañantes a menudo acogen a las personas en sus casas para proporcionar un lugar seguro para la autoadministración de píldoras abortivas. "Por cero pesos puedes venir a mi casa y me aseguraré de que estés cómoda, de que tengas refrigerios, una botella de agua caliente y Netflix", se rió Marina. Luego se puso más seria: "Es ridículo. ¿Cómo es que sólo la gente rica tiene acceso a este tipo de apoyo?".
Antes de la sentencia Roe contra Wade de la Corte Suprema en 1973, el panorama del aborto en EE.UU. se parecía más al de México antes del 7 de septiembre: aunque no había un acceso garantizado, una robusta red de activistas ayudaba a proporcionar atención al aborto. Varixs acompañantes mencionaron haberse inspirado en los movimientos clandestinos y en las redes feministas de Estados Unidos. Marina se refirió al Colectivo Jane, un grupo de activistas en Chicago con una línea telefónica anónima que conectaba a personas embarazadas con los servicios de aborto y capacitaba a profesionales no médicos para realizarlos. Silvia, una acompañante de Mexicali, recordó haber recibido formación en los años setenta a través de una red de solidaridad binacional que enseñaba a activistas de ambos lados de la frontera a realizar abortos quirúrgicos, un método que se ha vuelto menos común con la llegada y la disponibilidad de los medicamentos para el aborto.
Aunque muchos de estos grupos clandestinos de solidaridad transnacional desaparecieron después de Roe, todavía hay redes de activistas que apoyan el acceso al aborto en los Estados Unidos al conectar a las personas con recursos y diversos tipos de atención. Especialmente para mujeres de color y personas en zonas conservadoras y de bajos ingresos, la legalización nunca significó el fin de los esfuerzos de organización y movilización de base, en gran medida porque Roe nunca proporcionó el aborto libre universal que la gente a veces cree.
Las organizaciones encabezadas por activistas negrxs y morenxs, como el SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective con sede en Georgia, han trabajado para ampliar la forma en que quienes defienden los derechos reproductivos de EE.UU. conciben la lucha por la autonomía corporal y el derecho a elegir. En Reproductive Justice: An Introduction, las académicas-activistas Rickie Solinger y Loretta Ross explican la "justicia reproductiva" como el reconocimiento del "derecho humano a mantener la autonomía corporal personal, tener hijxs, no tener hijxs y criar a lxs hijxs que tenemos en comunidades seguras y sostenibles". Activistas mexicanxs del aborto y destacadas organizaciones de derechos reproductivos también adoptan el lenguaje de la justicia reproductiva. Organizaciones sin fines de lucro como GIRE establecen conexiones con las luchas de lxs trabajadorxs domésticxs y enmarcan la justicia reproductiva como un llamado a unos derechos sociales y económicos más sólidos, incluyendo un mayor acceso a la licencia parental y otras formas de apoyo para las personas que eligen ser madres o padres.
A través de la capacitación y la defensa, SisterSong y otras organizaciones activistas fomentan redes informales de voluntarixs para apoyar a las personas embarazadas económica, logística y emocionalmente. Un número cada vez mayor de colectivos de doulas radicales y de amplio espectro, integrados por cuidadorxs sin formación médica, están encontrando formas de ayudar a las personas en todas las posibles etapas del embarazo —preconcepción, parto, aborto, posparto y más allá. En California, Nueva York, Kentucky, Texas y otros estados, estos grupos están llamando la atención sobre las disparidades raciales y económicas en la atención reproductiva.
El misoprostol se utiliza como abortivo desde la década de 1980. El régimen de aborto médico más común hoy en día es una combinación de misoprostol con mifepristona, o "mife", como lo llaman lxs acompañantes. La combinación mife/miso es 98 por ciento efectiva antes de los 60 días de gestación, mientras que el miso solo en la primera fase gestacional es menos eficaz, con una probabilidad de 75 a 85 por ciento de terminar el embarazo. Lxs acompañantes prefieren utilizar la combinación, pero el mife no está disponible sin receta, por lo que la mayoría de acompañantes proporcionan a las solicitantes de aborto solo el miso.
Aunque los abortos autoinducidos se han vuelto más seguros en las décadas transcurridas desde que los abortivos salieron al mercado, los riesgos legales han permanecido. Tanto en México como en los Estados Unidos se ha procesado a personas por realizar abortos caseros sin receta. En 2015, una mujer en Indiana fue acusada de homicidio fetal por tomar medicamentos inductores del aborto; 28 estados tienen leyes de homicidio fetal como la de Indiana. En México, las personas siquiera sospechosas de buscar abortos pueden recibir hasta seis años de cárcel. Según cifras de GIRE, desde 2015 se han realizado alrededor de 500 investigaciones penales por aborto al año. 98 de estos casos terminaron en condenas. Con la sentencia de la SCJN en septiembre, ser sospechosa de abortar ya no será penalizado de esta manera.
Quienes abogan por la atención autogestionada a ambos lados de la frontera quieren una legislación que permita a las personas elegir el procedimiento de aborto que más les convenga. Mientras tanto, organizaciones mundiales sin fines de lucro como Women Help Women ofrecen recursos con instrucciones detalladas sobre cómo autoadministrarse un aborto de forma segura en cualquier parte del mundo.
Lxs activistas de los derechos reproductivos suelen hacer hincapié en los extremos a los que llega la gente cuando ha decidido interrumpir un embarazo, y en las muertes causadas cuando los servicios no son legales. La sentencia Roe de 1973 fue seguida de un rápido descenso de las muertes maternas, lo que demuestra la importancia de la legalización para aumentar el acceso a una atención segura. Pero estas narrativas también pueden reforzar un estigma contra la atención autogestionada y minimizar el apoyo financiero, emocional y de otro tipo que pueda necesitar una persona embarazada. Lxs defensores de la atención radical del aborto argumentan que no todos los abortos ilegales autogestionados son intrínsecamente inseguros, y que pueden ampliar el acceso de forma drástica. La importancia de centrar la atención en las necesidades y preferencias de la persona embarazada por encima de la autoridad de unx médicx o del gobierno es una de las muchas lecciones importantes que se pueden aprender del trabajo de activistas mexicanxs.
Crystal se siente alentada por la decisión de la SCJN de México, pero también quiere que el movimiento global por la justicia reproductiva piense más allá de las barreras y batallas legales. "La lucha legal es importante, pero no es el único camino para conseguir el aborto libre", afirmó. Las noticias de Texas confirmaron la creencia de Crystal de que se necesitan visiones más radicales de la justicia reproductiva. "Estoy trabajando por un mundo en el que todxs poseamos los conocimientos médicos y herbales para manejar un embarazo como queramos y [podamos] acceder a los recursos que sólo nosotrxs sabemos que necesitamos", dijo.
"Mi mensaje para lxs activistas de la salud reproductiva en los Estados Unidos es que no dejen que las batallas legales se interpongan en el camino de imaginar formas alternativas de cuidarnos entre nosotrxs y a nosotrxs mismxs. Las mujeres siempre han encontrado un camino y seguiremos haciéndolo. Despenalizado, legalizado, no importa. Estamos aquí para ti, te enviaremos pastillas por correo, te guiaremos a través de nuestras tácticas. Lo que necesites", dijo.
Zoé VanGelder es miembro de la colectiva transnacional de narrativa En Nepantla y académica-activista cursando su doctorado en antropología en la Universidad de Stanford.
Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons
