Desde que la multinacional de petróleo y gas TOTAL llegó a Mozambique, no ha traído más que desastres y sufrimiento. En la provincia de Cabo Delgado, donde lidera el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en alta mar de Mozambique, de $24,000 millones, ha destruido de forma irreversible la vida de la población, antes de haber extraído siquiera una gota de gas. En febrero, Total se jactó de haber obtenido una ganancia anual de $15,000 millones en 2021. Este dinero, que comprará a lxs accionistas las ostras más frescas y el mejor champán francés en los restaurantes más caros de París, se ha obtenido a partir de los cuerpos y las vidas de la gente, en su mayoría del Sur Global, y a costa de las economías de los países en desarrollo.
TOTAL es uno de los principales actores de la industria del gas en Mozambique y, para prepararse para la futura extracción de gas, está construyendo el Parque de GNL de Afungi, que alberga el aeródromo, las plantas de tratamiento, el puerto, las oficinas y otras instalaciones de apoyo para muchos de los proyectos y lxs contratistas. Para hacer sitio a los 70 km2, la empresa desplazó a más de 550 familias de las comunidades circundantes. Las comunidades pesqueras que habían estado viviendo a escasos metros del océano durante generaciones, fueron desplazadas a un "pueblo de reubicación" a más de 10 km tierra adentro, sin posibilidad de acceder al mar. Lxs agricultorxs, que habían perdido sus tierras, recibieron terrenos pequeños e inadecuados lejos de las casas de reubicación que se les habían asignado. Estas comunidades han perdido sus medios de sustento y han quedado en la indigencia.
Las repercusiones climáticas y ambientales del proyecto serán irreversiblemente devastadoras: la extracción de gas provocará la eliminación de varias especies de peces, flora y fauna en peligro de extinción del archipiélago de las Quirimbas, una biosfera de la UNESCO, frente a la costa de Cabo Delgado. Las emisiones de metano de la construcción de solo un tren de GNL aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país hasta en un 14 por ciento.
Desde 2017, las comunidades de Cabo Delgado se han enfrentado a una violencia espantosa, primero por parte de la insurgencia y luego del ejército de Mozambique. TOTAL era muy consciente de esta violencia cuando se hizo cargo del proyecto en 2019, es decir, más de dos años después de que se registraran los primeros ataques. Tras un grave ataque insurgente en la aldea de Palma —el pueblo grande más cercano al Parque Afungi— en marzo de 2021, TOTAL decidió abandonar la zona y los procesos en curso con las comunidades, alegando "fuerza mayor" (es decir, que debido a la insurgencia no podía cumplir con su obligación comercial) y retirando a su personal de la zona, deteniendo el proyecto indefinidamente. Durante este ataque quedó claro que el ejército mozambiqueño solo estaba interesado en proteger los activos de TOTAL; 800 soldados defendían el parque de Afungi, mientras que solo un puñado defendía Palma y a su población civil. Una vez que TOTAL se marchó, suspendió por completo el pago de indemnizaciones a lxs miembros de la comunidad y no ha cumplido sus obligaciones de pago a lxs contratistas, incluidas las pequeñas empresas mozambiqueñas.
La industria del gas ha sido fundamental en este violento conflicto entre insurgentes, fuerzas armadas de Mozambique, Sudáfrica y Ruanda, y mercenarixs. Hasta ahora, ha desplazado a 800,000 personas, muchas de las cuales se encuentran ahora en campos de refugiadxs en la vecina provincia de Nampula. Aunque TOTAL y los demás actores del sector, así como el gobierno mozambiqueño, calificaron inmediatamente a lxs atacantes de "yihadistas" o ISIS, la realidad es mucho más compleja. A lxs habitantes de la zona se les prometieron puestos de trabajo, pero solo han recibido trabajos temporales, serviles y no cualificados, mientras veían cómo TOTAL y las élites del gobierno saqueaban sus tierras. Este aumento de la pobreza, la marginación y la opresión ha provocado tensiones sociales que avivan el conflicto. La población local ha denunciado situaciones en las que lxs militares mozambiqueñxs que habían sido movilizadxs para protegerla contra lxs insurgentes extorsionaban a la gente para obtener su compensación, a veces reteniendo a lxs beneficiarixs como rehenes, o amenazando a sus familias con violencia (incluso con agresiones sexuales). A pesar de conocer las acciones de lxs militares, TOTAL solicitó al gobierno el despliegue de más tropas mozambiqueñas para proteger sus bienes. El gobierno también contrató a una empresa de seguridad privada sudafricana, Dyck Advisory Group (DAG), para luchar contra lxs insurgentes. Sin embargo, la población local denunció que los helicópteros de DAG disparaban indiscriminadamente contra las infraestructuras civiles. El contrato de la empresa, discretamente, no se renovó.
El ejército ruandés, desplegado en julio de 2021, es conocido por las terribles torturas infligidas a supuestxs disidentes congoleñxs y ruandesxs en los centros de detención militar. Aunque TOTAL insiste en que no tiene nada que ver con la presencia del ejército ruandés en Mozambique, la empresa tiene un historial de ubicar sus operaciones en zonas políticamente sensibles.
En Myanmar, TOTAL proporcionaba a la opresiva junta militar la mayor parte de sus ingresos a través del proyecto de gas de Yadana. La junta militar es conocida por la limpieza étnica de la población rohingya y por cometer violaciones masivas contra los derechos humanos, como violaciones, abusos sexuales, secuestros y torturas. Recientemente, TOTAL afirmó que pondría fin a sus operaciones en Myanmar, pero, una vez más, se saldrá con la suya con la destrucción que ha dejado a su paso. En Yemen, la planta de gas natural licuado de Balhaf (de la cual Total es propietaria en un 39%), fue expuesta por albergar la base de la élite Shabwani, una milicia tribal respaldada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Oficialmente se trata de un grupo antiterrorista, pero extraoficialmente se le conoce como un grupo creado para proteger los intereses relacionados con los combustibles fósiles. También se ha revelado que el lugar alberga las famosas "prisiones secretas" de los EAU que retienen a detenidxs yemeníes.
Desde el momento en que TOTAL entró en escena, ha buscado formas de evitar la responsabilidad por sus acciones y los impactos generalmente onerosos de la industria extractiva. Una forma de hacerlo es culpar de todo a Anadarko, la empresa estadounidense que inicialmente dirigía el proyecto de GNL de Mozambique hasta que TOTAL se hizo cargo en 2019. Anadarko había iniciado una farsa de proceso de consulta, que violaba varios principios de consentimiento libre, previo e informado. Lxs miembros de la comunidad no podían disentir en las reuniones de consulta o a través de los comités creados para representarlxs, por miedo a represalias del gobierno o a no recibir una compensación adecuada. Lxs líderes de la comunidad fueron a menudo corrompidxs y, en algunos casos, dieron un falso consentimiento en nombre de la comunidad.
A pesar de conocer los problemas de este proceso, TOTAL lo empeoró y disminuyó su carácter democrático al asumirlo. Al contrario, aprovechó el agravamiento del conflicto y su clima de caos, miedo y represión para acelerar el proceso de consulta. Así, cuando lxs militares y la policía proporcionaron seguridad a los equipos de consulta, el ambiente de miedo ya había acallado las voces. Las comunidades han presentado quejas a TOTAL, informando de las irregularidades y los peligros del pago de las indemnizaciones. Aunque TOTAL ha ignorado estas quejas, o las ha desestimado, no puede decir que no estuviera al corriente. Mientras tanto, la empresa afirma que el GNL de Mozambique será una forma de sacar a millones de mozambiqueñxs de la pobreza. Pero la historia ha demostrado que, aunque el país ha acogido varios proyectos extractivos durante décadas, ninguno de ellos ha beneficiado a la población, y la economía no ha hecho más que empeorar. Aún así, solo un tercio de la población tiene acceso a la electricidad y TOTAL no le proporcionará energía —la gran mayoría se exportará a otros países, como el Reino Unido, Estados Unidos, China, India y los Países Bajos.
Además, el gobierno mozambiqueño tiene un historial de corrupción relacionado con los combustibles fósiles. Sin duda, TOTAL conoce el escándalo de los "bonos del atún" de 2016, que actualmente está en el centro del mayor juicio por corrupción de la historia de Mozambique. Lxs funcionarixs mozambiqueñxs tomaron un préstamo ilegal de $2,000 millones del Credit Suisse y del VTB Bank, prometiendo devolver el dinero con los ingresos del gas, mientras gastaban el dinero en armas para proteger las reservas de gas. No se necesitan más pruebas que éstas para saber que los ingresos del gas no llegarán, casi con toda seguridad, a la población. Mozambique sigue tratando de salir de la crisis de la deuda y del profundo abismo financiero en el que le ha metido este acuerdo. Al seguir con sus negocios habituales con el gobierno mozambiqueño frente a este fraude, TOTAL no hace más que permitir y normalizar la corrupción.
La industria del gas será un gran desastre económico para Mozambique, y TOTAL está asegurándose activamente de que el país reciba pocos beneficios: el consorcio Mozambique GNL, del que TOTAL es el líder, junto con los otros consorcios de Rovuma GNL y Coral GNL, tienen filiales en paraísos fiscales, como Dubái, a través de las cuales fluirán los ingresos del gas. Mozambique tiene un acuerdo de doble fiscalidad con Dubái, lo que significa que los consorcios no pagarán las retenciones del 20% sobre los intereses y los dividendos, como lo harían según la legislación fiscal de Mozambique.
Un informe reciente de la empresa berlinesa OpenOil muestra que esto significa que Mozambique perderá $5,300 millones en ingresos fiscales durante la vida útil de Mozambique GNL y Coral GNL. Además, los consorcios también han recibido una reducción del 8% sobre el impuesto a las corporaciones por parte del gobierno de Mozambique durante los primeros ocho años de producción. Está claro que quienes toman las decisiones sobre la industria del gas en Mozambique, tanto a nivel local como mundial, no se inmutan por el impacto del gas en el clima, la población y la economía del país. Lxs defensorxs de los derechos humanos han señalado en detalle esta desastrosa situación a quienes financian, invierten, se benefician y compran a la industria. Entre ellos se encuentran los gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, Italia, Francia, Países Bajos, Japón, Standard Bank, HSBC, BP y muchos otros.
Sin embargo, fingen ignorancia o encuentran excusas poco convincentes para ignorar el sufrimiento de las comunidades afectadas y enfrentarse a la cruda realidad a la que contribuyen sus ganancias. Ha quedado claro que la industria del gas es la que manda, y los gobiernos simplemente les siguen la corriente. Las empresas y los gobiernos del Norte, que se jactan de sus estrictas políticas de derechos humanos, no se preocupan de violar los derechos del pueblo mozambiqueño. Mientras dicen a todx quien quiera escuchar que están abandonando los combustibles fósiles en sus países, en África y en el Sur Global se limitan a hacer más planes, pensando que nadie está viendo. Ha quedado claro que el pueblo de Mozambique no puede confiar en que lxs responsables de la toma de decisiones en el poder le protejan, al medio ambiente o al clima frente a TOTAL y a la industria mundial de los combustibles fósiles. Estxs responsables son muy conscientes de que la industria del gas seguirá llenando los bolsillos de las élites políticas y económicas locales e internacionales, como lo ha hecho durante generaciones.
La sociedad civil y lxs activistas tienen que enfrentarse directamente a TOTAL, para apoyar a las personas cuyos hogares, vidas y medios de sustento están siendo destruidos, para llevar sus voces a los podios internacionales. Ya se han ganado batallas antes: en 2020, la comunidad de Xolobeni, en la región sudafricana del Cabo Oriental, ganó un caso judicial pionero que acabó obligando a Transworld Energy Resources a detener su proyecto de extracción de arenas minerales pesadas. Y solo en los últimos meses, dos campañas arruinaron los planes de Shell. La campaña Stop Cambo, contra un yacimiento petrolífero en el Mar del Norte, empujó a Shell a retirar el proyecto después de que la campaña adquiriera tanta fuerza que lxs miembros parlamentarixs del Reino Unido y Escocia se vieron obligadxs a debatirla y finalmente se opusieron al proyecto. En Sudáfrica, las comunidades pesqueras y lxs activistas ganaron un juicio que obligó a Shell a detener sus perforaciones sísmicas en KwaZulu-Natal. Además, el Tribunal Superior del Reino Unido se pronunciará en breve sobre un recurso legal presentado por Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, con el apoyo de Justiça Ambiental, para cancelar la financiación de $1,150 millones del gobierno británico para el proyecto de GNL de Mozambique. Con el proyecto de GNL de Mozambique en pausa, quienes hacen campaña contra este monstruo deben seguir atacando hasta que TOTAL no tenga más remedio que arreglar su desbarajuste y marcharse para siempre.
Ilham Rawoot trabaja para Justicia Ambiental/Amigos de la Tierra Mozambique.
Foto: Justiça Ambiental
