El sector energético de Puerto Rico no ha sido supervisado por un departamento gubernamental desde 2014. Hoy, la industria energética está controlada por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que supervisó la privatización de la red eléctrica, anteriormente de propiedad pública, aprobando un contrato de quince años con LUMA.
El organismo tiene la directiva de llevar a cabo la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, un mandato que exige que el 40 por ciento de toda la energía sea renovable para 2024, entre otros objetivos ambientales. La Ley de Política Pública es un paso importante hacia la modernización de la red, ya que algunxs expertxs identifican los miles de kilómetros de cableado necesarios a causa de plantas centralizadas de combustibles fósiles como la causa principal de los problemas de distribución. Lo más prudente, según Tom Sanzillo del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, sería ampliar la capacidad solar de la red eléctrica mediante una red descentralizada de usuarixs-operadorxs.
La red puertorriqueña ya cuenta con una de las mayores plantas de energía renovable del mundo: una red de aproximadamente 55.000 paneles solares de propiedad individual. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) asignó casi $10.000 millones para rehacer la red existente bajo el mandato de Donald Trump en 2020, dinero que podría haber subsidiado paneles y baterías por casa para ampliar la capacidad de la red a toda la isla. Desafortunadamente para el público puertorriqueño, LUMA no estaba interesada en soluciones prudentes. Le interesaban las ganancias.
El Estado Libre Asociado perdió su habilidad de influenciar en las decisiones estructurales significativamente con una ley de la era de Barack Obama en 2016 llamada Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como PROMESA o La Junta. Esta ley permitió al Congreso de los Estados Unidos infringir la autonomía financiera de la isla mediante el nombramiento de una Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB por sus siglas en inglés). Desde su formación, la FOMB ha promulgado medidas de austeridad severas en los servicios públicos para ayudar a Puerto Rico a "alcanzar la responsabilidad fiscal y, en última instancia, restablecer el acceso a los mercados de crédito", según el texto de la legislación. La Junta también otorga al FOMB autoridad para negar el derecho a la huelga a lxs trabajadorxs sindicalizadxs de los servicios públicos.
La independencia de la FOMB respecto a lxs legisladorxs puertorriqueñxs significaba que podía abrir paso para que la empresa eléctrica pública de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), vendiera activos del Estado Libre Asociado y externalizara servicios relacionados con la generación y transferencia de electricidad. En 2018 se aprobó la legislación que permite poner la red energética de Puerto Rico bajo gestión privada. Esa ley de 2018 mostró el verdadero propósito de La Junta: derrumbar el muro para dar paso a lxs capitalistas que desde hace mucho tiempo codician los contratos de servicios públicos en el Sur Global. A partir de ese momento fue inevitable que la AEE buscara una asociación público-privada para mejorar la red pública. Ahí es donde entró LUMA.
LUMA Energy se hizo cargo de la distribución eléctrica del Estado Libre Asociado en junio de 2021, después de que su predecesor público acumulara una deuda de casi $9 millones. Ambos trabajan ahora en una asociación público-privada, donde la AEE se encarga de la generación de energía y LUMA de la distribución. LUMA se incorporó específicamente para la administración privada de la red de Puerto Rico y se le concedió un contrato de quince años por valor de $1.500 millones. En respuesta al contrato, lxs trabajadorxs de línea de la Unión de Trabajadorxs de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) declararon una huelga de 24 horas.
Según el presidente del NEPR, Edison Avilés-Deliz, el objetivo de externalizar la transmisión y la distribución a LUMA era "transformar la [red] en un sistema eléctrico moderno, sostenible, fiable, eficiente, rentable y resistente, en consonancia con las prácticas prudentes de los servicios públicos para aumentar la calidad del servicio eléctrico." Eso fue en octubre de 2021. Desde entonces, LUMA ha recibido una inyección de $71,4 millones en efectivo de parte de FEMA, y más de $12.000 millones van en camino. LUMA no ha conseguido transformar estos fondos en servicios siquiera iguales a los de su mal administrado predecesor.
Bajo la supervisión de LUMA, Puerto Rico ha visto un incremento en el número de apagones masivos, incluyendo uno en abril de 2022 que dejó a toda la isla sin energía. A cambio de continuos apagones y el mal servicio, lxs clientxs sufren constantes aumentos de precio. En promedio, lxs puertorriqueñxs gastan un 8 por ciento de sus ingresos en electricidad. Esto es un síntoma de la dependencia de la red en combustibles fósiles, que constituían el 97 por ciento de la energía generada en 2020-2021, y de la oposición de LUMA a desprenderse de la red centralizada. Con poca resistencia de parte del NEPR, la muy importante Ley de Políticas Públicas no ha visto casi ningún progreso en materia ambiental desde que LUMA se hizo cargo.
La incapacidad de LUMA para mejorar su propia red basada en los combustibles fósiles, por no hablar de su falta de acción en cuanto a los mandatos de energía renovable de Puerto Rico, puede atribuirse en parte a las consecuencias de los problemas laborales tras su adquisición.
Un informe de Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día en mayo de 2021 encontró que LUMA, que estaba a punto de asumir el control en pocas semanas, solamente había asegurado 250 de los 800 contratos de trabajadorxs de línea capacitadxs con UTIER. El contrato anterior de UTIER con la AEE fue un punto de discordia para una joven LUMA, que obligó a lxs trabajadorxs de la AEE a volver a aplicar a sus puestos de trabajo. Este proceso de reaplicación forzada se produjo cuando LUMA reconoció a la Unión Insular de Trabajadorxs de la Construcción Industrial y Eléctrica (UITICE) como representante de la negociación de lxs trabajadorxs de línea. UITICE ofreció más concesiones y una actitud favorable a la empresa en la mesa de negociación.
Esto no es como debería ocurrir. En una plantilla multisindical, se elige al sindicato mayoritario para que represente a lxs trabajadorxs en la negociación colectiva. El factor importante aquí es la autonomía de lxs trabajadorxs. En cambio, LUMA tomó la decisión por ellxs, robándoles el derecho a determinar su representación, junto a una gran cantidad de beneficios y acuerdos salariales que tanto les costó conseguir.
Esta maniobra antidemocrática fue el primer clavo en el ataúd de la empresa. Acabó alienando a más de 3.000 trabajadorxs de la AEE que se negaron a renunciar a LUMA. También confirmó los temores de lxs trabajadorxs de que ningún cuerpo gubernamental intervendría para ayudar.
La adquisición de LUMA tuvo su propia audiencia en el subcomité de la Cámara de Representantes en octubre de 2021, con un fuerte énfasis en el tema de personal. En una entrevista, el director ejecutivo de LUMA, Wayne Stensby, titubeó ante la pregunta de "cuántos" apagones ha sufrido Puerto Rico bajo la dirección de su empresa, admitiendo simplemente que "los apagones ocurren a diario".
La solución de LUMA al creciente problema de personal fue subcontratar mano de obra, tanto a contratistas independientes en la isla como a empleadxs de las empresas matrices de LUMA: la estadounidense Quanta Services y la canadiense ATCO Group. Esta medida trajo sus propios debates laborales. Contratistas independientes rechazaron el acuerdo laboral de la Hermandad Internacional de Trabajadorxs de la Electricidad (IBEW en inglés) que hubieran tenido que firmar para trabajar con LUMA.
Pese a sus promesas, la externalización no ha mejorado la situación de LUMA en la práctica. Sólo ha agravado los problemas preexistentes y esto ha provocado la continua falta de servicios después de Fiona. El alcalde de Bayamón tiene la intención de contratar trabajadorxs de línea de emergencia para reconstruir los postes que LUMA no ha tocado, y el alcalde de Auguadilla ha contratado trabajadorxs de línea de la AEE. Según el alcalde Julio Roldán Concepción, Auguadilla no recibió asistencia de LUMA hasta varios días después de que Fiona tocara tierra.
La administración privada de los servicios públicos ha sido impuesta por legisladorxs que dan prioridad a su compromiso con el conservadurismo fiscal por encima del bien común. Mientras tanto, lxs puertorriqueñxs sufren interrupciones regulares en la educación, los servicios de alimentación, el transporte, la atención sanitaria y el agua potable. La privatización se vendió como una solución a los problemas energéticos de Puerto Rico. En cambio, ha sido su propio tipo de desastre.
Joe Wilkins es director de orquesta, compositor y tubista.
