El motivo de este improbable ejercicio de reflexión es un nuevo análisis que muestra que 20 de las más grandes empresas de alimentos del mundo —las más importantes de los sectores de cereales, fertilizantes, carne y lácteos— devolvieron a sus accionistas un total de $53.500 millones en los dos últimos años fiscales.

Para ponerlo en perspectiva, la ONU calcula que necesita $51.500 millones para salvar la vida de 230 millones de personas en situación de riesgo en todo el mundo. Ya se hacen una idea.

Es más, las empresas "obtuvieron" estas ganancias durante un periodo de turbulencia sin precedentes —una pandemia mundial y una guerra a gran escala en Ucrania— en el que se interrumpieron las cadenas de suministro mundiales y millones de personas pasaron hambre.

Mientras que lxs lectorxs de los países más ricos pueden haber notado precios más altos en la compra semanal, el impacto en los países en desarrollo ha sido devastador. Los precios de los alimentos subieron entre un 3 y un 4,5 por ciento en el Reino Unido, Canadá y EE. UU. en los primeros meses de la pandemia, pero un 47 por ciento en Venezuela.

El Programa Mundial de Alimentos calcula que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda se ha más que duplicado, pasando de 135 millones de personas antes de la pandemia a 345 millones. Los países del Cuerno de África, así como Afganistán y Yemen, se han visto afectados en especial.

Dueñas del mercado

¿Cómo pudieron 20 empresas hacerse con esta cantidad de dinero en medio de dos grandes crisis?

Siendo literalmente dueñas del mercado. El nuevo informe de Greenpeace Internacional muestra cómo este pequeño grupo de empresas puede ejercer un control desproporcionado, no sólo sobre las cadenas de suministro de alimentos, sino también sobre la información relativa a esos suministros.

Cuando las cadenas de suministro se interrumpieron y los precios de los alimentos subieron, las ganancias se multiplicaron. Los dividendos en efectivo y los programas de recompra de acciones les permitieron transferir una cantidad astronómica de dinero a sus accionistas, al tiempo que amplificaban aún más su poder sobre la industria del sector y los gobiernos.

Un fallo sistémico de las políticas públicas ha permitido a un grupo selecto registrar enormes ganancias, enriqueciendo a lxs propietarixs que las dirigen y transfiriendo riqueza a lxs accionistas, la mayoría de lxs cuales se encuentran en el Norte Global.

Tomemos un ejemplo del informe: La invasión rusa de Ucrania el año pasado también provocó fuertes subidas de los precios de productos agrícolas como el trigo, el maíz, el aceite de girasol y algunos fertilizantes, de los que Ucrania y Rusia son grandes exportadores.

Sólo cuatro empresas —Archer-Daniels Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus— controlan hasta el 90 por ciento del comercio mundial de cereales. No están obligadas a revelar lo que saben sobre los mercados mundiales, incluidas sus propias existencias de cereales. Esta falta de transparencia significa que estas empresas ocultan información que puede moldear los precios de los cereales según sus intereses: ni siquiera los fondos de inversión libre pueden obtener información si no es directamente de ellas.

El informe concluye que, tras la invasión rusa de Ucrania, la falta de transparencia en torno a las cantidades reales de grano almacenado fue un factor en la creación de una burbuja especulativa que provocó la subida de los precios del grano en todo el mundo. En los dos últimos años fiscales, estas cuatro empresas pagaron un total de $2.700 millones en dividendos en efectivo, y al menos $3.300 millones en recompra de acciones, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor porque no todas informan detalladamente de sus finanzas.

Si queremos un mundo sin hambre, el cambio estructural más importante que podemos introducir en el sistema alimentario mundial es la soberanía alimentaria. Esto significa que lxs legisladorxs capaciten a lxs consumidorxs y productorxs de alimentos mediante políticas que beneficien la producción local de alimentos, el medio ambiente y los derechos de lxs trabajadorxs.

Por años, los movimientos de soberanía alimentaria han tratado de devolver la autonomía a lxs productorxs de alimentos, acortando y fortaleciendo las cadenas de suministro para revertir los daños causados por la agricultura insostenible. No se trata sólo de un deseo: desde Papúa Nueva Guinea a Brasil, pasando por México y muchos otros países, existen movimientos estructurales profundos que trabajan para llevar la comida al plato de todxs.

Pero también debe haber políticas que reduzcan el control de las empresas sobre el sistema alimentario mundial: medidas como regulaciones que garanticen una mayor transparencia, un impuesto sobre las ganancias inesperadas ambicioso y que abarque todo el sector, y una fuerte tributación sobre los pagos de dividendos, así como sobre los ingresos procedentes de los dividendos.

Lograr el hambre cero es el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que los Estados miembros de la ONU se comprometieron a alcanzar para 2030. Recientes conferencias de la ONU, como la COP27 y la COP15, han destacado la agricultura industrial como un importante motor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la pérdida de biodiversidad.

Es hora de que los alimentos se vean como lo que son: una necesidad humana básica que tiene que estar a disposición todxs, y no otra mercancía que se explota y comercializa para el beneficio de unxs pocxs.

Davi Martins es estratega senior de campañas sobre biodiversidad en Greenpeace Internacional.