Social Justice

Las “residencias” católicas en Guayana Francesa: comunidades indígenas se movilizan en busca de reparaciones

La asimilación forzosa de niños amerindios y cimarrones en internados católicos, revelada en el libro Allons enfants de la Guyane, podría ser objeto de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Es lo que esperan muchas organizaciones indígenas.
"Había que matar al indio, pero conservar al hombre". Así resume Alexis Tiouka, activista indígena, los once años de su vida que pasó en las "residencias". Estos internados católicos acogieron a niños amerindios y cimarrones a partir de los años 30 para evangelizarlos y "asimilarlos socialmente" bajo el pretexto de darles acceso a la educación.
"Había que matar al indio, pero conservar al hombre". Así resume Alexis Tiouka, activista indígena, los once años de su vida que pasó en las "residencias". Estos internados católicos acogieron a niños amerindios y cimarrones a partir de los años 30 para evangelizarlos y "asimilarlos socialmente" bajo el pretexto de darles acceso a la educación.

Artículo publicado en Guyaweb por Mediapart, colaborador de Wire.

Creado en Mana en 1935, este sistema fue aprobado por el Estado en 1949, después de que Guayana Francesa se convirtiera en un departamento, mediante la financiación pública de la colocación de niños y el desarrollo de residencias.

El libro publicado en septiembre por la periodista Hélène Ferrarini, Allons enfants de la Guyane, ha arrojado una dura luz sobre esta parte sepultada de la historia de Guayana. Una historia que aún continúa, ya que queda una última residencia en Saint-Georges-de-l'Oyapock, al que acuden unos sesenta niños de Trois-Sauts, un pueblo sin escuela.

Escuela residencial de Saint-Laurent-du-Maroni, 1964. © Foto AGFMM

La investigación de nuestra colega sienta los primeros precedentes de un testimonio. De los 2.000 niños que pasaron por las residencias, "cerca de cuarenta antiguos residentes han dado su testimonio en el libro, pero aún queda mucho por desvelar", explica Hélène Ferrarini durante un debate organizado el 10 de diciembre en el cine Eldorado de Cayena.

En su opinión, "cada residencia, desde Iracoubo, Sinnamary, Maripasoula..., merece una investigación específica porque no hay tantas, salvo el trabajo pionero de Françoise Armanville", publicado hace diez años.

Pero "desde la publicación del libro, hay un efecto dominó, una necesidad de decir la verdad, de sensibilización y de valor para hablar. Las cosas cambiarán si los antiguos residentes deciden contar sus historias", afirma el abogado Alexis Tiouka, quién está comprometido con el reconocimiento de los pueblos indígenas de la Guayana Francesa.

La necesidad de hablar libremente es acuciante, ya que los testigos directos van desapareciendo poco a poco, como Jean Appolinaire, un kalin'a que murió en junio de 2021 y cuya historia es objeto de un capítulo del libro.

"Es muy difícil hablar sobre lo que vivimos"

Esa tarde, en presencia de Hélène Ferrarini, antiguos internos relataron cómo fueron arrancados de sus familias y arrojados a internados católicos.

Por ejemplo, Alexis Tiouka, internado en una residencia a los seis años: "En las residencias, teníamos que inclinarnos ante los religiosos, nos lo habían inculcado. Nos rapaban el pelo como en el ejército, mientras que para nosotros, los kalin'a, es una fuente de orgullo y espiritualidad. El pelo es muy importante en nuestra cultura. Todas estas reglas fueron impuestas. Nos desacreditaban y humillaban todo el tiempo. Es muy difícil hablar sobre lo que vivimos".

"Lo que más me dolió fue ya no poder hablar más en mi lengua", reacciona Eleonore "Kadi" Johannes, quien fue enviada al internado católico a los cuatro años. "Las residencias condicionaron el resto de mi vida. No es casualidad que hoy siga siendo una activista indignada. Es una cuestión de supervivencia", afirma la portavoz del colectivo Or de question.

Si estos activistas de la causa amerindia hablan claro, "es para evitar que se repita el mismo patrón que hoy lleva otros nombres: familia de acogida, internado", insiste Alexis Tiouka. Quizá se deba a la naturaleza del acto, pero entre las intervenciones del público destaca una voz. Es la de Jean-Paul Fereira, alcalde de Awala-Yalimapo y vicepresidente primero de Territorial Collectivity. Nacido en los años 70, pertenece a la última generación que asistió a la residencia Mana antes de su cierre en los años 80.

El achiote, al igual que otros vínculos culturales, estaba prohibido a los residentes. Sólo se permitían las hamacas. © Foto Boris R-Thébia

Convocado para el libro, nunca antes había hablado de su experiencia, aportando un precioso testimonio al silenciado decorado cinematográfico.

"Cuando entramos en el internado, nos dieron un número. Yo era el número 11. Aún hoy lo recuerdo. Hubo abusos físicos y sexuales, pero mucha gente no quiere hablar de ello. Aunque la residencia esté cerrada, es un hecho actual porque lo vivimos en nuestra cabeza, en nuestras venas, en nuestra carne. Quiero dar las gracias a Hélène Ferrarini por este libro, pero deploro que, cuando se trata de los pueblos indígenas, a menudo sean los otros los que hablan por nosotros, los que hacen por nosotros".

"Esta historia es dolorosa, traumática y tabú", explica Boris Thebia, fotógrafo documentalista guyanés que vive en Canadá desde hace siete años. Allí, las poblaciones indígenas sufrieron la misma asimilación forzada a través de la educación, a gran escala (150.000 niños internados). Una historia que tiene resonancias con la de las residencias guayanesas y a la que Boris Thébia desea hacer conocer mejor. En Canadá, "se trata de una verdadera problemática social" desde el momento en que en 2009 el gobierno comenzó a trabajar en el reconocimiento y las reparaciones.

"La historia de Guayana podría trasladarse a Estados Unidos, Australia, Escandinavia, dondequiera que las poblaciones indígenas hayan vivido esta experiencia. En todos estos países se han creado Comisiones para la Verdad y la Reconciliación para reparar este trauma. En Francia no," explica el profesor de derecho Jean-Pierre Massias, presidente del Instituto Louis-Joinet, especializado en justicia en la transición. "Una de las consecuencias del libro, para superar el trauma, podría ser un programa universitario de investigación y una Comisión para la Verdad y la Reconciliación", añade.

En Canadá (aquí, en la provincia de Manitoba, en 1940), los niños fueron ingresados en "internados". 150.000 personas experimentaron este sistema de asimilación forzosa, según investigaciones gubernamentales realizadas entre 2009 y 2015. © Foto Library and Archives Canada

"Admitir que ocurrió en Francia"

En colaboración con el Gran Consejo sobre Costumbres (GCC) y numerosas organizaciones indígenas (Foag, Onag, JAG, Copag), Jean-Pierre Massias acudió a Guayana para iniciar una acción judicial por el reconocimiento la violencia sufrida. Compuesta por expertos (juristas, psiquiatras, historiadores, víctimas, antropólogos), esta comisión tenía como objetivo "estudiar las violaciones de los derechos humanos, identificar las violaciones, escuchar a las víctimas, determinar las responsabilidades, proponer medidas de reparación y de reorganización de la sociedad para evitar la reiteración de los mismos hechos", explica el jurista que ha trabajado en Palestina y en África. "Estos son los cuatro principios de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, que no está ahí para condenar a un gobierno, sino para obtener reparaciones en nombre de la dignidad".

Entre las posibles reparaciones, las de carácter simbólico - "pedir perdón, erigir monumentos, devolver objetos robados"- son las más utilizadas. Las reparaciones de carácter financiero, "difíciles de cuantificar y muy costosas", rara vez se utilizan, según la experiencia de Jean-Pierre Massias.

"Podríamos llegar hasta el reconocimiento de la identidad cultural. Garantizar la salvaguarda de la lengua y la cultura indígenas, reconstruyendo así el sistema mediante la propuesta de reformas sociales, especialmente en la educación", espera el jurista.

Por el momento, Guayana está lejos de este reconocimiento. El Gran Consejo de las Costumbres organizó a mediados de diciembre un seminario para debatir el proyecto de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (TRC). Pero su presupuesto ha sido congelado por la Prefectura, organización administrativa responsable del órgano representativo.

Un recorte presupuestario de "15.000 euros", según Christophe Yanuwana Pierre, su vicepresidente. Y no porque las arcas estén vacías. Según Christophe Pierre, a principios de diciembre quedaban "85.000 euros de presupuesto en el GCC, de un total de 195.000 para 2022". Desde entonces, como señal de una mayor supervisión, también se ha suspendido el presupuesto (25.000 euros) para el encuentro de Prosperidad de los días 17 y 18 de diciembre.

Dinamarca, Finlandia, Canadá y Estados Unidos han activado este "instrumento para la regeneración de la democracia que es TRC", dice Jean-Pierre Massias, "y no lo ha hecho Francia". Una comisión "bastante similar" tuvo lugar durante el escándalo de los "Reunionese of Creuse", niños del sistema de protección de la infancia trasladados sin su consentimiento a departamentos franceses que enfrentaban el éxodo rural, pero "los ejemplos siguen siendo escasos", dice el jurista. "El obstáculo para su aplicación no es jurídico ni financiero, sino psicológico: admitir que ocurrió en Francia".

Para lograr este reconocimiento simbólico e histórico de lo que parece ser un crimen colonial, la narrativa guayanesa debe estar "más estructurada, invitando, por ejemplo, a la Iglesia a hablar del tema", explica el presidente del Joinet Institute, quien vino a desgranar un método y a responder a preguntas: ¿cuál es el objetivo de una TRC, cómo crearla, qué misión tendría? Estas cuestiones se debatieron y trabajaron durante un seminario sobre el tema "Aborígenes y escuela, reparando la injusticia", organizado el 13 de diciembre en la Universidad de Guayana.

Durante una tarde, el GCC, reunido en asamblea extraordinaria, sentó las bases para la creación de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Se está elaborando un informe sobre estos trabajos. Será el primer paso hacia la apertura de una TRC.

"Necesitamos, por tanto, poner en marcha un estudio de factibilidad, sobre el terreno, durante tres meses. Después, de uno a dos años de trabajo para escuchar los testimonios, establecer responsabilidades y proponer medidas paliativas que se plasmarán en un informe", explica Jean-Pierre Massias. Un proyecto que requiere financiación para crear un equipo de expertos, una apropiación por parte de los amerindios y la voluntad política de ponerlo en marcha.

Para ello, ya se está cabildeando con parlamentarios. Además, el seminario coincidió con una visita a Guayana Francesa del Presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, que se trasladó a Camopi. Ella confirmó que habían sido interpelada de manera informal sobre las residencias y sobre el proyecto de una comisión, y que el Presidente de la Asamblea deseaba abordar el tema "sin rodeos".

"Es un reto permanente formar y educar a los niños procedentes de estos territorios aislados sin aniquilar su cultura y su historia. Más allá de la educación, esta cuestión afecta a la integración y el respeto de las poblaciones indígenas en la Guayana Francesa y en toda Francia", explicó.

Una palabra inusual de las "autoridades", en tanto que ni el Estado ni la prefectura han pronunciado una sola palabra desde la publicación del libro y estuvieron ausentes del seminario al que fueron invitados. Nuestra solicitud para entrevistar al subprefecto de los municipios del interior también fue rechazada por la representación local del Estado.

"Tenemos que tomarnos la justicia por nuestra mano", afirma Christophe Yanuwana Pierre, portavoz de Jóvenes de los Pueblos Indígenas (Jeunesses autochtones), cuya madre y abuela son antiguas residentes de los internados.

Es una forma de empujar a la sociedad civil a actuar sin esperar el consentimiento del Estado, en tanto que "es legítimo abrir una Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Guayana porque la historia de las residencias es una bomba de tiempo en la sociedad. Desempeña un papel en la violencia intracomunitaria, en los suicidios y en la desestabilización cultural", afirma Jean-Pierre Massias. "Y la puesta en marcha de esa comisión podría poner al descubierto otras experiencias traumáticas como la esclavitud, la colonización penal... y hacer que otras comunidades de Guayana también se emancipen".

"Las minorías son a menudo las que tienen una visión más avanzada", declaró el MP Jean-Victor Castor (GDR Group), que asistió a la presentación en el Eldorado. "Ustedes se están auto organizando. Quizá la lucha indígena conduzca a una emancipación más general...".

Los hogares amerindios serían entonces el punto de partida de una cuestión más amplia: la de la asimilación o la dominación del mundo occidental sobre los pueblos indígenas. Una Comisión permitiría volver a encuadrar este acontecimiento en una perspectiva más sistémica.

La educación, piedra angular

Incluso si las escuelas cierran definitivamente –la última en funcionamiento, en Saint-Georges, debería cerrarse con la apertura de un complejo escolar en la ciudad en septiembre de 2023, según la autoridad territorial de Guayana Francesa (CTG)– "la historia no se detiene y prosigue un continuo de dificultades de integración, violencia y pobreza", analiza Jean-Pierre Massias, quien aboga por una profunda reforma sistémica, especialmente de la educación.

La escolarización de los niños indígenas y su alojamiento siguen siendo cuestiones cruciales en 2022. Según Libération, unos 300 alumnos de comunidades aisladas están actualmente alojados en internados o con familias de acogida, principalmente en la costa y a partir del sexto curso, debido a la falta de escuelas locales. Esta situación dista mucho de ser ideal y conduce a la deserción escolar.

La CTG lleva un año trabajando en una nueva política de familias de acogida para remediar las numerosas deficiencias de este sistema.

Por ello, más allá del reconocimiento por parte del Estado de su violencia, las cuestiones educativas podrían desempeñar un papel central en las medidas de no-repetición propuestas por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación.

"La educación es un derecho humano en sí mismo y permite la concreción de otros derechos", recuerda Alexis Tiouka en el prefacio de Allons enfants de la Guyane. Esta postura es similar a la del representante de Guayana Francesa ante Unicef, la agencia de la ONU dedicada a la infancia, quien participó en el seminario organizado en la universidad.

Según un informe de 2017 del Observatorio de Prácticas Lingüísticas, en la Guayana Francesa se utilizan unas 20 lenguas en la "primera escolaridad". Desde 1998, el sistema de hablantes de lengua materna hace posible la enseñanza en estas lenguas regionales. Se trata de uno de los escasos esfuerzos por adaptar la institución educativa a los alumnos indígenas.

"La educación está entrelazada con las cuestiones de protección infantil o las familias de acogida, porque la vivienda en la Guayana Francesa, debido a su aislamiento, es un factor de acceso a la educación y de éxito escolar. Es una de las particularidades de aquí, junto con las lenguas", señala David Chenu.

Durante el seminario, dirigió un seminario sobre las realidades de los estudiantes indígenas: alojamiento en la costa, transporte, movilidad, vínculo familia-escuela. Asistieron entre 60 y 70 personas, frente a las 30 que participaron en el seminario de la CVR, lo que demuestra el gran interés que suscitan estos temas cotidianos.

Al término de este seminario se formularon varias observaciones, sobre las que se redactará un informe en las próximas semanas. No son nuevas y abogan, en primer lugar, por estrechar los vínculos con la institución educativa. "Esto sería pertinente en Trois-Sauts, por ejemplo, donde habría un potencial de 150 futuros alumnos de secundaria", subraya David Chenu.

En segundo lugar, la necesidad de promover la cultura amerindia en la costa "con ideas tales como multiplicar el número de puntos de contacto amerindios en las escuelas donde se reciben alumnos indígenas. Este punto de contacto crearía un vínculo, para ayudar a comprender los mecanismos escolares, hablar la misma lengua, evitar bloqueos y, finalmente, evitar la deserción escolar", afirma el delegado de Unicef.

Solo una escuela de la isla de Cayena tiene este tipo de posición, según David Chenu. No hemos podido contrastar esta información con el consejo escolar.

Tercera observación: la necesidad de aumentar la participación de los niños y las familias en los sistemas existentes para una mejor comprensión y acompañamiento.

"Es necesario que ellos participen en la reflexión sobre lo que podría cambiar, para que las instituciones no sean las únicas que fijen las normas. Esto permite crear más vínculos, establecer mecanismos de emergencia si hay preocupación, por ejemplo", explica David Chenu.

Durante el seminario también se solicitó más transparencia para permitir que todos comprendan la realidad de los niños y las familias, "y evitar que los jóvenes se encuentren en la calle cuando los internados cierran los fines de semana o durante las vacaciones", subraya el representante de Unicef.

"Queda mucho por hacer en Guayana Francesa, pero podríamos inspirarnos para la apertura en lo que se ha hecho en Polinesia, por ejemplo, donde las islas están diseminadas por la superficie de Europa. La respuesta allí son las escuelas secundarias multi-sede, ésa es una idea".

Es mucho lo que está en juego: disponer de establecimientos locales capaces de impartir una enseñanza adecuada para que los hogares no sean simplemente sustituidos por una estructura con otra denominación que produzca los mismos resultados.

Available in
EnglishFrenchSpanishGermanPortuguese (Brazil)
Author
Guillaume Reuge
Translators
Susana C. Romaniz and Eugenio Polisky
Date
03.08.2023
Source
Original article🔗
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