El agua en Montevideo y parte de su área metropolitana –donde habitan 1,7 millones de personas, en torno al 50% de la población de Uruguay– “no es potable en la definición perfecta de potabilidad” pero es “bebible y consumible”, según declaró el ministro de Ambiente a principios de mayo.

Con estas palabras, el ministro justificaba la decisión de aumentar la salinidad permitida en el agua para consumo humano por encima de lo que marca la ley, como respuesta a la escasez provocada por la sequía que azota el país desde 2020. De los 200 miligramos por litro de sodio y 250 miligramos por litro de cloruros establecidos por la legislación se pasó a los 440 miligramos por litro de sodio y 750 miligramos por litro de cloruros.

El motivo es que los caudales de las represas de Paso Severino y Canelón Grande en el río Santa Lucía, proveedoras del sistema de agua potable de Montevideo, dejaron de ser suficientes para abastecer a la población. Se recurrió al agua del tramo inferior del río, que presenta mayores niveles de salinidad por su cercanía a la desembocadura en el Río de la Plata.

La empresa pública responsable del agua en Uruguay, Obras Sanitarias del Estado (OSE) anunció la decisión a finales de abril. El problema era conocido desde hacía meses, pero no hubo medidas de comunicación explícita hacia la población ni medidas de prevención de afectaciones o preparación para la contingencia hídrica y social.

La catarata de problemas

Luego de las primeras declaraciones gubernamentales que reconocieron la situación en el mes de mayo, en el marco de un generalizado discurso de minimización del problema, se suscitó un aluvión de dudas y preocupaciones.

Distintos colectivos profesionales advirtieron de afectaciones a la salud principalmente en algunos grupos como personas hipertensas, con enfermedades renales y niñxs pequeñxs. El consumo excesivo de sodio puede provocar problemas cardíacos y cutáneos, entre otros.

Comenzó así el proceso sumatorio de identificación de personas y prácticas afectadas. La industria, los comercios, las instituciones educativas, los hospitales. Las autoridades educativas recomendaron, por ejemplo, no colar el arroz, reutilizar el agua de cocer la pasta, brindar agua mineral a lxs niñxs solo si es requerida, calculando un solo vaso durante las comidas o saborizar el agua del grifo con menta, jengibre o romero para hacerla más aceptable para niñxs de centros de educación inicial –aunque esto luego fue desestimado–.

El agua de OSE en Uruguay ha sido históricamente considerada segura para el consumo. Pero en los últimos años se han acumulado episodios puntuales de mal sabor o color en el agua del grifo, por lo que un creciente número de hogares –de sectores altos y medios– ha incorporado el uso de filtros y purificadores de agua. Estos artefactos no eliminan la sal, por lo que contar con ellos tampoco garantiza el consumo de un agua segura ni insípida. Es necesaria una tecnología de filtros por ósmosis inversa, poco común en el país, aunque en algunos sectores de altos recursos ya se ha implementado. Pero para la mayoría de la población metropolitana el acceso a agua potable se tornó en un problema más con el que lidiar en el día a día.

Las empresas proveedoras de agua mineral embotellada se han visto desbordadas en su capacidad de producción y distribución, por lo que en algunos días y/o lugares el agua mineral también escasea. Para muchxs se volvió necesario encontrar cada día cómo acceder al agua mineral embotellada. Para otrxs esto no es una opción (un bidón de seis litros de agua cuesta en promedio $120 uruguayos, unos tres euros). Se agrega, por otro lado, el descomunal consumo y descarte de residuos plásticos que este proceso ocasiona.

Como perlas de un collar

La sequía no explica la situación por sí sola. También se ha generado una fuerte discusión político-partidista en relación a ineficiencias en la gestión y en la previsión por parte de las autoridades. La coalición de derecha gobernante desde 2020 había iniciado un proceso de reducción de funcionarixs estatales que perjudicó especialmente a OSE.

Desde la oposición se critica la cancelación de un proyecto de represa que estaba previsto en el departamento de Florida. En cambio, OSE informó en marzo de 2022 que había firmado un acuerdo con la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, para el desarrollo del proyecto Neptuno, descartado por el gobierno anterior. Este proyecto propone construir una toma de agua y planta potabilizadora en el Río de la Plata (localidad de Arazatí, San José), que tendría un potencial de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana del 30% del volumen necesario total.

La propuesta ha recibido múltiples críticas o pedidos de cautela desde organizaciones como la Federación de Funcionarios de OSE, Redes Amigos de la Tierra, distintos colectivos científicos e incluso la Intendencia de Montevideo. Las críticas se concentran principalmente en dos grandes campos: uno, el técnico en relación a los inconvenientes de la toma de agua del Río de la Plata por los problemas de salinidad, cianobacterias y afectaciones ecosistémicas que pueden volver muy complejo el proceso de potabilización. Otro, que el proyecto Neptuno se identifica como un proceso privatizador de la gestión del agua, que en Uruguay está constitucionalmente prohibido por el artículo 47 (votado mediante plebiscito en 2004).

Ya es ampliamente reconocido que estamos ante una crisis hidrosocial. Son innumerables los conflictos relacionados con el agua en distintos puntos del país, tanto por la cantidad como por la calidad de esta. Las afectaciones tienen que ver con el agua para consumo humano, el esparcimiento y el deterioro de los ecosistemas. En este sentido, es necesario destacar que a los reiterados eventos de presencia de cianobacterias tóxicas en el Río de la Plata y Río Uruguay (en un país con una gran centralidad del turismo de playa, tanto externo e interno) se agrega el estado preocupante de todas las grandes cuencas del país, con niveles de fósforo y nitrógeno muy elevados.

Las causas, de acuerdo con trabajos científicos, radican en la deficiencia en el saneamiento y tratamiento de aguas residuales y en el modelo agroproductivo preponderante, con niveles muy altos de utilización de insumos como fertilizantes y biocidas. En este sentido, hay una denuncia de larga data sobre los efectos que el modelo agroproductivo ha producido en los ecosistemas en los que se instala y cómo afecta a todo lo vivo a través de, entre otros elementos, el agua. Desde mediados de la década de 1990 en Uruguay se ha registrado una intensificación agrícola creciente, movilizada por el proceso denominado agronegocio. Se trata de una lógica hegemónica de producción que combina la transectorialidad, la priorización del consumidor global, la generalización, ampliación e intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios, la estandarización tecnológica y el acaparamiento de tierras para la producción a gran escala, con participación central de grandes corporaciones financieras.

En el contexto de crecimiento del agronegocio de las últimas dos décadas, se presentó en 2016 la propuesta de una nueva Ley de Riego (Ley N° 16858) que prendió muchas alarmas en los sectores académicos y organizaciones sociales, pero que tuvo unanimidad parlamentaria. Además de las críticas relacionadas a los riesgos para los ecosistemas asociados a la construcción de grandes embalsamientos, también aquí se puso en cuestión el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.

Esta ley abrió la posibilidad, nueva en Uruguay, de que actores del sistema financiero o externos a los sistemas productivos puedan construir, operar, gestionar y cobrar por el agua para riego. Se trata de un proceso sustantivo de avance en la mercantilización del agua, que no puede aislarse del contexto general (nacional y mundial) de los mercados de agua.

Luchas que se enlazan

Los colectivos ambientalistas se han movilizado en defensa del agua de formas muy diversas bajo la consigna “No es sequía, es saqueo”. Consideran que esta situación es un evento más en un proceso acumulativo de crisis hídricas a nivel nacional. Una de estas organizaciones, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, ha sido especialmente activa en los últimos años, alertando sobre la situación del río.

Se han estado realizando una serie de actividades autoconvocadas con coordinaciones diversas. El 31 de mayo se realizó una marcha por el centro de Montevideo, en este caso convocada por el PIT-CNT, organización central de trabajadorxs del Uruguay, a la que resolvieron convocar también la asamblea autoconvocada y la coordinadora de feminismos.

En 2004 se había producido un hito a nivel nacional en torno al agua, sus significados y su gestión. Luego de una fuerte movilización social que tuvo en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida un motor central, se aprobó una reforma constitucional del Artículo 47 –mediante plebiscito– que declara el agua como un bien público y el acceso a agua potable y saneamiento como derechos humanos prestados por empresas públicas, así como que la gestión de los recursos hídricos debe desarrollarse por cuencas hidrográficas y de forma participativa.

En ese proceso la mirada sobre el agua fue acentuadamente urbana y estadocéntrica, con la producción de agua potable y su gestión como temas centrales. No se prestó suficiente atención a otras aguas, o a la conexión entre distintas aguas, que institucionalmente se trataban por separado (agua para consumo, agua para producción, agua para recreación, aguas para ecosistemas, entre otras).

Sin embargo, en los últimos años la idea de abundancia de agua –muy extendida en nuestro país– ha comenzado a ponerse en cuestión. Fundamentalmente, ante la emergencia de múltiples conflictos por su uso y control, frente a la creciente demanda procedente de algunos sectores económicos, la generación eléctrica que la utiliza en gran escala, y la degradación derivada que limita su uso para consumo humano. También debido a la modificación de estándares de calidad aceptable a nivel estatal del agua para consumo humano.

Es así que nuevas dimensiones comenzaron a ser discutidas y problematizadas, y por ejemplo el agua y su disponibilidad para uso agrario se tornó en un tema importante, así como los efectos de determinadas actividades productivas sobre aguas destinadas a otros usos.Hubo movilización para lograr la derogación de la nueva Ley de Riego, que no alcanzó a las firmas necesarias para habilitar un mecanismo de referéndum, pero que logró comenzar a poner el debate en torno al agua como un todo interconectado.Ha llovido un poco por estos días y la situación podría aliviarse algo. Tal vez el agua potable en el futuro próximo pueda mejorar su calidad. Sin embargo, algo es seguro y es que Uruguay se encuentra en un punto de inflexión respecto al agua y todo lo que supone para la vida.

María Noel González es antropóloga uruguaya experta en temas relacionados con el agua y el medio ambiente.

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