El presidente colombiano, Gustavo Petro, acaba de declarar un mes de emergencia económica, social y medioambiental en la región de La Guajira. Al declarar la situación de emergencia, el Presidente Petro, que pasó una semana en la región para agilizar los trámites y garantizar la aplicación de las medidas de emergencia, pudo aprobar leyes que incluyen inversiones muy necesarias en educación, sanidad, turismo y abastecimiento de agua en la región.
La Guajira es una vasta región desértica situada en el extremo nororiental de Colombia. Es una de las principales fuentes de energía de Colombia, sede de una multimillonaria industria minera del carbón y lugar privilegiado para nuevos parques eólicos. La Guajira también alberga la mayor reserva indígena del país, la reserva Wayúu.
Durante demasiado tiempo, el Gobierno colombiano ha despejado el camino para que enormes empresas energéticas nacionales y multinacionales extrajeran recursos de la región sin distribuir nada entre lxs wayúu, que han sufrido un grave abandono. Una nueva iniciativa del presidente Petro pretende rectificar esta situación, dedicando recursos al desarrollo de energías renovables de manera que se redistribuya la riqueza de forma más equitativa entre los indígenas que viven de la tierra.
El saqueo de La Guajira
Las comunidades wayúu, que representan una quinta parte de la población indígena del país, están diseminadas por el desierto, en pequeñas poblaciones de casas conocidas como rancherías que agrupan a diferentes familias y clanes. Lxs wayúu son una de las comunidades más marginadas de Colombia y carecen de acceso a la mayoría de los servicios básicos. Alrededor de un tercio de la población vive en la pobreza (y una cuarta parte en la pobreza extrema), más de unx de cada cuatro niñxs Wayúu menores de cinco años sufre desnutrición, y cada semana muere un bebé en La Guajira.
La Guajira es la zona más seca de Colombia. La temporada de lluvias en La Guajira dura sólo de septiembre a octubre, apenas lo suficiente para cultivar maíz, pero en modo alguno para satisfacer las necesidades de agua potable de las comunidades locales. Aparte de los rudimentarios dispositivos para recoger el agua lluvia, la única fuente de agua para las comunidades en el corazón del desierto de La Guajira son los pozos. En muchas comunidades, los pozos de agua son básicamente agujeros en el suelo, algunos situados bajo cauces secos. Los problemas de escasez y salinización son comunes, y la gente debe transportar el agua a sus hogares a menudo a grandes distancias, siendo las motocicletas el único transporte mecanizado dentro del desierto.
El agua es la sustancia más preciada en La Guajira, y la más escasa. Cuando el agua escasea en la región, las plantas privadas de tratamiento de agua de los pueblos y ciudades de la periferia del desierto abastecen a las comunidades wayúu de los alrededores. Esta agua tratada es cara, y no todas las comunidades pueden permitirse comprar agua o pagar su transporte. Sin embargo, los camiones que transportan el agua desde las ciudades hasta las comunidades situadas a lo largo de la carretera que se extiende desde el sur de La Guajira hasta la costa, en el norte, no pueden adentrarse en las comunidades del desierto porque no hay carreteras adecuadas, por lo que estas comunidades deben sobrevivir por sus propios medios.
La falta de agua potable de fuentes subterráneas, debido al aumento de las temperaturas y al cambio climático, podría crear en el futuro una grave crisis humanitaria y expulsar a comunidades enteras de sus tierras ancestrales (la falta de agua ha sido durante mucho tiempo una de las principales causas de desplazamiento a los centros urbanos). Con proyectos diseñados para crear y conservar el suministro y la entrega de agua en la región para el uso de las comunidades indígenas, el Pacto por una Transición Energética Justa del presidente Petro será la primera vez en la historia de Colombia que se dé prioridad al agua para consumo humano sobre la utilizada para el riego de cultivos o la minería.
Desde la conquista española, lxs europexs y otrxs han amasado fortunas extrayendo metales preciosos y minerales de La Guajira, mientras las comunidades indígenas locales se hunden en la pobreza. Esta larga historia de extractivismo ha generado un desarrollo extremadamente desigual en la región, en la que coexisten dos mundos radicalmente distintos. En La Guajira, una sola mina, El Cerrejón, ha generado miles de millones de dólares extrayendo y exportando carbón para empresas multinacionales durante décadas, mientras que la población local ha tenido que subsistir con los recursos mínimos extraídos de la superficie del desierto.
Aparte de algunas limosnas, la comunidad local recibe escasos beneficios de la mina de carbón de El Cerrejón, una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo, propiedad de una de las mayores empresas mundiales de recursos y explotada por ella. En un principio, la mina de El Cerrejón era propiedad mayoritaria de ExxonMobil, que vendió sus acciones a Glencore en 2002 por un presunto valor de 600 millones de dólares. La explotación de carbón en El Cerrejón comenzó en 1984 (ese año se exportó un millón de toneladas) y actualmente exporta 32 millones de toneladas anuales.
El Cerrejón emplea a tres mil trabajadorxs a tiempo completo, casi ningunx de la comunidad wayúu. La empresa está equipada con una gigantesca flota de transporte terrestre, que incluye 250 camiones gigantes, muchos de los cuales pueden transportar 350 toneladas de carbón cada uno, y tiene su propio aeropuerto privado y pista de aterrizaje.
Posee un tren eléctrico privado de más de 100 vagones que transporta el carbón casi 100 millas entre la mina del Cerrejón, en la Baja Guajira, y Puerto Bolívar, un puerto privado y cerrado situado en la costa norte, desde donde se envía el carbón a Europa (Colombia es el mayor proveedor de Alemania), Asia y Estados Unidos.
El Cerrejón es el mayor terrateniente de La Guajira, con gigantescas parcelas repartidas por todo el territorio wayúu. Para construir las minas de carbón de El Cerrejón, la ciudad portuaria, la autopista y el ferrocarril que las conectan, cientos de familias wayúu fueron expulsadas de sus tierras, y los gobiernos anteriores de Colombia legalizaron esta apropiación de tierras para la empresa.
Para construir y explotar las minas de carbón, más de 50 cuerpos de agua, incluido el caudaloso río Ranchería, han sido desviados de su cauce natural por presas, han sido apropiados para uso exclusivo de la empresa carbonera o han sido destruidos por la contaminación. En gran parte, es el robo y destrucción de estas fuentes de agua por parte de la mina de carbón de El Cerrejón lo que ha hundido a las comunidades wayúu de La Guajira directamente en la pobreza y ha hecho que la vida allí sea tan precaria, especialmente para lxs intantxs, que sufren las tasas de mortalidad más altas del país.
La empresa minera El Cerrejón no sólo ha robado las tierras y el agua de las tribus, sino que también ha despojado a las comunidades wayúu de gran parte de su visión del universo. El cielo nocturno del desierto de La Guajira suele estar lleno de estrellas, excepto al noroeste, donde las duras luces procedentes de Puerto Bolívar, la ciudad portuaria de la empresa minera, opacan constelaciones enteras y sustituyen la Estrella Polar por una fuente artificial de luz, utilizada para navegar por el oscuro desierto.
Las líneas férreas de abastecimiento de carbón dividen el desierto de La Guajira de la costa, interrumpiendo así las rutas de caza y las migraciones de los animales. Tras largas protestas, la comunidad wayúu recibió finalmente una indemnización de la empresa del carbón por las cabras, caballos y seres humanos que murieron atropellados por los trenes casi silenciosos de la empresa o por los camiones gigantes en la carretera, pero las quejas de las comunidades van mucho más allá.
Contraataque
En junio de 2020, la comunidad wayúu solicitó al Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente que investigara la mina de El Cerrejón por violaciones del medio ambiente y de los derechos humanos. En septiembre de 2020, varixs expertxs independientes en derechos humanos de la ONU pidieron que se detuvieran todas las operaciones mineras, citando los graves daños al medio ambiente y los efectos negativos sobre la salud y otros derechos de los pueblos indígenas que viven en la zona, pero las autoridades colombianas no hicieron nada al respecto.
Durante siglos, las comunidades indígenas locales han tenido poca o ninguna voz en los asuntos que afectan su sustento y supervivencia. Desde que el gobierno concedió por primera vez una licencia a El Cerrejón en 1976, la empresa ha negociado y tratado todos los asuntos legales directamente con el gobierno colombiano, sin ninguna consulta a lxs wayúu ni beneficio para ellxs, situación que ha provocado una corrupción y un conflicto generalizados en las comunidades.
El cambio de Colombia hacia las energías renovables es una oportunidad para romper con la larga historia de extracción, explotación y corrupción de la industria minera del carbón en la región. En toda Sudamérica, el desierto de La Guajira es el mejor emplazamiento para la energía eólica, con una constante de nueve metros por segundo a ochenta metros de altura, y el potencial para generar dieciocho gigavatios de electricidad (el resto del país suministra treinta gigavatios), lo que ha convertido a la región en un foco de atracción para las industrias de energía verde. Sin embargo, la electricidad verde generada en el resguardo indígena de La Guajira en los últimos años no ha llegado a las comunidades locales.
Más del 96% de Colombia está conectado a la red eléctrica, pero en las zonas rurales de La Guajira, donde se encuentran la mayoría de los aerogeneradores, menos del 5% está conectado. Aunque los aerogeneradores son mucho menos agresivos con el medio ambiente que las fuentes tradicionales de energía, las gigantescas turbinas eólicas han acabado con aves y murciélagos, afectando al ecosistema de la región. Las industrias de energía verde propiedad de corporaciones europeas o estadounidenses, a pesar de lo que puedan decir, siguen siendo extractivas, preocupadas sólo por los beneficios que pueden extraer de la región y normalmente poco dispuestas a compartir la riqueza, contratar o negociar con las comunidades indígenas locales, razón por la cual las protestas de lxs wayúu a lo largo de los años han llevado a cerrar las turbinas de varias empresas de energía eólica.
Para rectificar esta situación, el Presidente Petro ha creado el Pacto para una Transición Energética Justa, que supone el abandono del carbón y otros minerales extractivos en favor de las energías renovables que beneficien a las comunidades locales. El pacto es el resultado de negociaciones entre el Gobierno, doce empresas energéticas privadas y lxs líderes de más de 200 comunidades wayúu. Creará casi 100 nuevos proyectos de energía renovable, incluidos 53 parques eólicos y 11 solares. También instalará 50 millas de cables para distribuir energía por toda La Guajira. Además, el Gobierno proporcionará paneles solares y baterías a las comunidades. Como parte del pacto del presidente Petro, todas las licencias concedidas a estas y otras empresas estarán sujetas al escrutinio de las comunidades wayúu, que tendrán voz y obtendrán una parte de los beneficios económicos de la generación de energía en su desierto.
Tanto la promoción de las energías renovables como el compromiso del Gobierno de priorizar el uso del agua de la región para el consumo humano apuntan a disminuir los daños de la minería del carbón en la región. Si el pacto del presidente Petro tiene éxito, se habrá corregido un error histórico y las comunidades indígenas locales tendrán por fin la oportunidad de disfrutar de la riqueza y el bienestar que les proporciona su propio territorio.
Kurt Hollander es escritor, fotógrafo y autor de Varias maneras de morir en Ciudad de México.
Foto: Adri Salido / Getty Images
