El cementerio de Paterna, apenas a diez kilómetros del centro de València, es un bullicio estos días. Nada más entrar, un grupo de arqueólogas de la Asociación Científica Arqueoantro excava en busca de fosas en el cuadrante izquierdo, mientras otro equipo de arqueólogos exhuma la fosa 41 donde acaban de hallar restos de varias víctimas del franquismo. Todo ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes de Secundaria que visitan el cementerio con su profesor de historia.
Antonia y Raquel Sanjuán España son dos hermanas que buscan en la fosa 41 a su bisabuela Antonia Cerdá Revilla, quien fue regidora en Alzira (Valencia) durante el gobierno de la República y fusilada en Paterna el 11 de septiembre de 1940 a la edad de 53 años. “Mi bisabuela Antonia era jornalera en la exportadora de frutas de su pueblo, donde llegó a ser presidenta de la Sociedad de Mujeres Obreras La Unión y luego la primera mujer en el Ayuntamiento”, explican con orgullo y añaden que “cuando la detuvieron la raparon y la pasearon por todo el pueblo”. No es la primera vez que estas hermanas emprenden la búsqueda de un familiar represaliado por el franquismo. Su abuelo, Ricardo España Cerdá, el hijo de Antonia, también fue encarcelado y condenado a muerte. El 18 de enero de 1940, con 27 años, fue fusilado y enterrado en la fosa 113 junto a otras cincuenta víctimas. Allí permaneció hasta el año 2017, cuando el equipo de Arqueoantro abrió la fosa en una de las primeras exhumaciones científicas gracias a la Ley de Memoria Democrática. Antonio fue una de las ocho personas identificadas mediante las pruebas de ADN y desde 2019 sus restos descansan junto a su esposa Paquita en el cementerio de Alzira. Paquita, que sacó adelante a la familia sola, murió un año antes de que comenzara la exhumación sin imaginar siquiera que era posible recuperar los huesos de su esposo. “Te podemos contar muy pocas cosas, porque en la familia imperaba el silencio”, lamentan las hermanas Sanjuán. Tan grande fue el silencio que cuando fueron a buscar el expediente del abuelo, el archivero les informó de que la bisabuela también había sido fusilada. Desde entonces intentan conocer la historia de su familia. “La foto de mi abuelo siempre había estado en el comedor de la casa familiar, bien grande, pero nadie hablaba de él. Y de la bisabuela no sabíamos nada”, se sincera Raquel, que pensaba que “si había un secreto en mi familia era por algo malo”. “Eso me molestaba”, continúa, “y me generaba cierta vergüenza hacia mi familia. Por eso empecé a buscar, para no estar incómoda con mi pasado”.
El cementerio de Paterna es el primero en la Comunidad Valenciana en el que hay constancia de un fusilamiento tras la Guerra Civil –el 3 de abril de 1939– y es el segundo con más fusilados en la posguerra. Aquella sangría duró hasta el año 1956, fecha en la que se produjo el último asesinato de un guerrillero antifranquista. Diseminadas por el cementerio existen alrededor de 150 fosas, donde fueron arrojadas las víctimas de la represión franquista después de ser ejecutadas en el Terrer, un muro situado a unos 500 metros del camposanto. Los cálculos hablan de 2.238 personas de diferentes lugares del País Valenciano y del resto de España. Hombres y mujeres comprometidos con la defensa de los valores que representaba la II República: libertad, igualdad, progreso, solidaridad y ciudadanía. Paterna se convirtió así en la gran fosa común y símbolo de la memoria histórica en España. El trabajo de exhumación de estas fosas es fundamental para conseguir que las familias puedan terminar un duelo que aún no se ha cerrado.
Mientras los arqueólogos se afanan por exhumar las últimas fosas, en las Cortes Valencianas se debate en tono bronco el inicio de la tramitación de la llamada Ley de Concordia impulsada por PP y Vox y que tanta polémica ha levantado al equiparar las víctimas del franquismo y la dictadura con las de la República o las de ETA. Aunque la ley elimina los organismos públicos de memoria y las subvenciones a asociaciones, sí que reconoce a las víctimas del periodo comprendido entre 1931 a nuestros días el derecho a “las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”.
En Paterna, nos aclara Mezquida, “estamos cerca de unas 1.500 víctimas exhumadas de las más de 2.200 que hay en este cementerio”. “Llevaremos entre todos los equipos más de 50 fosas exhumadas de las 150 aproximadamente que existen. Hay que tener en cuenta que se han exhumado las fosas más grandes, las que superaban el centenar de víctimas. Se ha hecho mucho trabajo. Quedan las más difíciles, las que están más alteradas o las que no se sabe exactamente de qué fecha son”.
Gran parte de ese trabajo se pudo realizar gracias a la Ley de Memoria Democrática y a los gobiernos progresistas del Botànic. Rosa Pérez Garijo, exconsellera de Memoria Democrática en la Comunidad Valenciana explica a CTXT que “desde la Diputación de Valencia se comenzó a abrir las fosas del franquismo en el año 2015, ahí ya se hizo un trabajo importante que continuó en la Generalitat. Ahora, prácticamente todas las fosas de represaliados o están ya abiertas o están abriéndose o han quedado blindadas, porque dejamos 421 licitaciones firmadas siete días antes de que yo fuera cesada como consellera. Cuando los relatores de la ONU dijeron que la ley de Concordia era una vergüenza que vulneraba todos los derechos de las víctimas –que son víctimas de delitos de lesa humanidad–, el señor Mazón –president de la Generalitat Valenciana– tuvo la osadía de decir que él había firmado esto en su gobierno. Eso es mentira, porque eso estaba firmado y lo tienen que llevar adelante sí o sí, porque está licitado y adjudicado”. Menos optimista se muestra Pérez Garijo con respecto a otros aspectos que pueden verse afectados con la nueva administración. “Me preocupa que decaigan cuestiones tan importantes como es el banco de identificación genética”, se lamenta, “porque en este momento lo más importante es tener un banco de identificación genética y tener centralizadas todas las muestras durante 30 años, para que las que no se pueden identificar con las técnicas que hay ahora, en un futuro sí puedan hacerse”.
En la misma línea se manifestaba Amparo Belmonte, presidenta de la Federación de Familiares de las Fosas de Paterna. “Es muy importante que se ponga en marcha ya el banco de ADN. No tiene ningún sentido estar exhumando y no tener las garantías de que luego esos restos puedan ser identificados”, recalca. “No podéis imaginaros el trauma que supone para las familias este proceso. Es un trabajo diario, todos los días recogiendo información, cesión de datos, hablando con Fisabio –la fundación responsable del banco de ADN de la Conselleria–. Creemos que es muy importante que se ponga ya en marcha el estatal. En Paterna hay más de cien fosas, pero es como una gran fosa común y debemos de poder cruzar todos los datos genéticos”.
Las hermanas Sanjuán se muestran esperanzadas por el hallazgo de los restos óseos en la fosa, pero saben que el cotejo del ADN es un proceso que aún se puede demorar muchos meses. Los resultados de las muestras de la última gran fosa exhumada, la 95, se esperan desde hace un año y otras han tardado hasta cuatro años para conocer el cribado. Las cifras de éxito son además muy bajas: apenas un 15% de los familiares que facilitan su muestra de ADN logran resultados positivos.
Para Belmonte el otro punto importante son los espacios de Memoria Democrática. “Somos las familias las que estamos promoviendo que, en Paterna, tanto el muro donde fueron asesinados nuestros familiares, como las fosas del horror sean lugares de Memoria. Cuando esté ya todo exhumado vamos a promover que se restauren y se protejan las fosas; aunque estén exhumadas queremos que se protejan y que se queden tal y como estaban cuando las dejaron nuestras abuelas, para que no se olviden. Y el otro lugar en el que estamos trabajando es el Memorial 2238, donde queremos reinhumar a los cuerpos no identificados y a los de aquellas familias que así lo deseen”. El Memorial, que fue impulsado por las familias, se encuentra en estos momentos finalizado en cuanto a obra civil, pero aún no tiene el fin de obra y traspaso al Ayuntamiento.
Para Ángel González, víctima directa de la Dictadura y presidente de CAMDE-PV, “la ley es un ataque frontal a todas las víctimas, se nos hace desaparecer no siendo objeto de derecho como tales, se nos equipara a víctimas y verdugos. Se niega nuestro derecho a la verdad, justicia y reparación y a que los crímenes de Lesa Humanidad, que no prescriben, cometidos por la dictadura puedan ser juzgados”. En la misma línea, Lucila Aragó, portavoz de Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, subraya que “es una ignominia que el relato franquista tenga categoría de ley. Eso es lo que pretende la ley mal llamada de Concordia”. Para esta activista y víctima del tardofranquismo, “las raíces las encontramos en el modelo de transición que vivimos en el Estado Español, en el que prevaleció el discurso elaborado por el régimen franquista, una transición basada en un pacto de silencio y en la impunidad, en la que la ley de Amnistía representó un elemento clave eximiendo a los responsables de los crímenes del franquismo de cualquier responsabilidad”. Por ello recalca que “si se hubieran dado pasos en la investigación de esos delitos, quizás fuera más difícil justificar la dictadura franquista. La andanada reaccionaria y neofascista contra la memoria democrática pone de manifiesto que los pasos dados en nuestro país en este ámbito han puesto en evidencia los crímenes y aberraciones franquistas. Las fosas abiertas hablan por sí mismas”, concluye Aragó.
Desde CTXT preguntamos a la fiscal de Memoria Democrática, Susana Gisbert, sobre el alcance de esta ley autonómica. “Es evidente que choca con lo que dice la ley estatal. Está claro que hay un conflicto de competencias y que cuando se empiece a ejecutar tendremos problemas sobre cómo interpretamos una cosa u otra, y hasta qué punto se puede hacer una cosa o dejar de hacer otra. Yo creo que, aparte de que el contenido excede con mucho de lo que es la memoria democrática, según todos los convenios de los que España es parte, técnicamente no se puede sostener una ley autonómica que choque de esa manera con una ley estatal, pero habrá de hablar en última instancia del Tribunal Constitucional”. ¿Cómo valora que el relator de Naciones Unidas haya hecho un informe desfavorable a este proyecto de ley?. “Como fiscal de Memoria Democrática, evidentemente tengo que valorarlo de una manera positiva, porque están dando la razón a la ley nacional, que es por la que fuimos nombrados los fiscales y en la que estamos trabajando la fiscalía. Como ciudadana, me duele que una comunidad autónoma eche atrás todo el trabajo que se estaba haciendo desde otras instancias”.
