Benjamin S. Case es un investigador, escritor, y organizador desde hace mucho tiempo, localizado en el Cinturón del Óxido. Es investigador en el Centro por el Trabajo y la Democracia (Center for Work and Democracy), donde encabeza el Proyecto de Iniciativas Electorales, y es miembro de la Iniciativa de Estudios de la Resistencia (Resistance Studies Initiative).
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Lxs residentes de Atlanta están esperando una decisión de los tribunales sobre si se les permitirá votar acerca de la construcción de un nuevo y enorme centro de entrenamiento policial, conocido como “Cop City”, (Ciudad Policial). El Atlanta Public Safety Training Center (Centro de Capacitación en Seguridad Pública de Atlanta) valorado en $110 millones de dólares seleccionaría aprendices de todas partes del país y contendría una ciudad simulada completa, un modelo notoriamente similar a la “mini-Gaza” del ejercito israelí usada para entrenar a sus tropas para combate urbano.
La Cop City de Atlanta se propuso después del levantamiento por George Floyd en 2020, el gran movimiento de protesta incitado por el asesinato de George Floyd cometido por el entonces oficial Derek Chauvin en Minneapolis, MN, y otros incidentes de violencia policial racista. Tal como las ondas tempranas de protestas de Vidas Negras Importan, el evento de 2020 llevó a algunas reformas policiales —muchas impuestas por los electores por medio de iniciativas electorales— pero en general, las instituciones policiales respondieron al movimiento preparándose para una guerra. Un poco más de un año después que George Floyd dio su último respiro, el ayuntamiento de Atlanta votó luz verde para la Cop City.
Desde el momento en que fue anunciada, muchxs vecinxs de Atlanta lucharon firmemente para impedir la Cop City, mientras el gobierno de la ciudad está haciendo lo que puede para construirla de todas maneras. El esfuerzo por imponer Cop City a pesar de la oposición pública coincide con medidas antidemocráticas y leyes antiprotestas cada vez más draconianas en todo el país, en una espiral bipartita hacia el autoritarismo que ignoramos a nuestro propio riesgo.
Es cada vez más obvio que la lucha contra el autoritarismo no siempre gira alrededor de lxs Republicanxs de extrema derecha. En centros urbanos como Atlanta —pensando también en recientes reacciones de la policía a protestas en New York, Los Angeles, Chicago, y Minneapolis— lxs Demócratas están abriendo camino a la sociedad que lxs Republicanxs de extrema derecha sueñan, donde las decisiones son tomadas por y para quienes ya están en el poder y la policía está armada y preparada para mantener a todxs en su lugar.
El Referéndum sobre la Cop City
En junio de 2021, Joyce Sheperd, un miembro del ayuntamiento de Atlanta introdujo La Ordenanza 21-O-0637 proponiendo arrendar 381 acres de bosque pertenecientes al Estado, a la Fundación de la Policía de Atlanta, para la construcción de la Cop City. El centro sería construido sobre ochenta y cinco acres de terreno deforestado en el Bosque de Weelaunee, adyacente a una área de Atlanta habitada en su mayoría por personas afrodescendientes. Docenas de ciudades de la policía han sido construidas o están en construcción desde el levantamiento por George Floyd, pero el de Atlanta sería el barco insignia —el mayor centro policial de entrenamiento contra la guerrilla urbana y el más interactivo con el público de los Estados Unidos.
La lucha para impedir la construcción de la ciudad policial reunió gente de todas las tendencias, incluyendo antirracistas y oponentes de una policía militarizada, ambientalistas que hicieron sonar la alarma sobre los impactos, potencialmente desastrosos, que la destrucción de gran parte de las áreas verdes de Atlanta tendría sobre el clima, y lxs residentes que ven a la Cop City como una parte de una gentrificación desenfrenada o que simplemente piensan que el dinero de los contribuyentes debería ser mejor gastado en servicios públicos con financiación deficiente. Activistas locales movilizaron manifestaciones y acciones directas en los sitios de las obras, redes de campamentos en los bosques, y una campaña solidaria nacional.
En junio de 2023, luego de dos años de cada vez más protestas y represión, el Ayuntamiento de Atlanta se reunió para votar en un financiamiento público para la construcción de la Cop City. Nuevamente lxs residentes abarrotaron el Ayuntamiento, con comentarios públicos que circularon durante más de trece horas, la mayoría enfáticamente contra el proyecto. Una vez más, el Concejo Municipal ignoró a sus electorxs y votó para destinar decenas de millones de dólares de los impuestos para construir la Cop City.
Al día siguiente, lxs habitantes de Atlanta recurrieron a un tipo más formal de comentario público, con más poder —una campaña para un referéndum con el fin de rechazar la Ordenanza de 2021 arrendando tierras a la fundación de la policía de Atlanta. Esta sería la primera vez que un referéndum popular (que significa votar por una política en vez de un político) ha sido llevado a cabo en Atlanta.
Podría perdonarse la esperanza de que una respuesta a la propuesta de referéndum sobre una ordenanza apoyada por el alcalde y dos veces aprobada por el Concejo Municipal fuera una campaña de concientización pública para persuadir residentes que la Cop City es realmente algo bueno. Al fin y al cabo así es como se supone que la democracia funciona ¿no es verdad? En vez de eso, el gobierno de la ciudad colocó todos los obstáculos posibles para impedir el voto ciudadano.
Esta versión de la petición se rechazó por un tecnicismo; cuando se presentó nuevamente y se aceptó, la ciudad de Atlanta presentó una demanda para restringir la recolección de firmas a lxs residentes de Atlanta para invalidar la petición por completo, alegando que era inconstitucional en Georgia. Un juez de distrito dio marcha atrás con la segunda objeción, diciendo que sería adjudicada si llegase a ser votada. A respecto de la primera cuestión dictaminó que cualquiera podía circular la petición del referéndum, y extendió el plazo de 60 días para presentar las firmas.
Sin embargo, cuando la campaña presentó las 116.000 firmas en el nuevo plazo —significativamente más que todos los votos computados en la última elección para alcalde de Atlanta y casi el doble de la cantidad requerida para aprobar la votación— el gobierno las rechazó argumentando que la campaña había perdido el plazo original, porque como había una apelación contra el litigio, el nuevo plazo era falso. Actualmente, esa apelación se encuentra en el Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones.
Como si esto fuera poco, el Concejo Municipal votó para adoptar procedimientos de reconocimiento de firmas, criticados por especialistas como problemáticos pues resultan en la exclusión de personas marginalizadas. Pero tal proceso solo sería aplicado si fuera autorizado a proseguir. En este estado de cosas, 116.000 firmas están en el limbo y el referéndum está estancado mientras la construcción de la Cop City avanza.
Cambiar alcaldes y miembros del Concejo Municipal —todxs Demócratas en primer lugar— no ha tenido ningún efecto. Luego de la votación de 2021 para arrendar la tierra para la Cop City, muchxs antiguxs concejalxs municipales, incluyendo Sheperd, fueron derrocadxs por una lista de jóvenes Demócratas postulándose en plataformas progresistas. Aun así, la votación de 2023 para financiar la Cop City fue casi idéntica a la de 2021 para arrendarla (11–4 y 10–4, respectivamente). De la misma manera, la alcaldesa que inicialmente apoyaba la Cop City, Keisha Lance Bottoms, fue reemplazada por Andre Dickens, que previamente había dado algunas señales de querer enfrentarse a la policía. Sin embargo, desde que asumió el cargo, Dickens ha ignorado la supresión burocrática del referéndum y la brutal represión policial a lxs manifestantes.
Cambiar lxs representantes Demócratas no fue solo infructífero para alinear la as autoridades con sus electorxs sobre este problema, sino que las tácticas que lxs Demócratas de Atlanta están usando contra el referéndum sobre la Cop City han reflejado directamente los ataques Republicanos contra el voto directo en otros lugares.
Las iniciativas electorales y los referéndums son los únicos medios masivos de legislación directa que tenemos, como tales son un buen barómetro para las instituciones democráticas. Mientras tanto al partido local le incomoda que las personas tengan voz directa en legislación y sería acertado apostar que esxs políticxs no están gobernando en beneficio de los intereses del pueblo. Eso porque cuando se les permite a lxs electorxs que legislen por sí mismxs, estxs tienden a concordar en gran número de cuestiones importantes.
Cada iniciativa estatal desde 1996 hasta hoy para aumentar el salario mínimo, por ejemplo, se ha aprobado con un promedio de apoyo de 60 por ciento en estados rojos y azules igualmente. Durante la presidencia de Barack Obama, lxs Republicanxs se opusieron a la expansión del Medicaid, un pilar de su plataforma, pero casi todas las veces que lxs electorxs pidieron para votar por la expansión en estados Republicanos, esta ha sido aprobada. Se supone que el aborto es la cuestión polarizadora por excelencia, pero los siete votos sobre el derecho o al aborto o su prohibición, desde la decisión del caso Dobbs de la Suprema Corte, han sido por la libertad reproductiva (cuatro decisiones para proteger el derecho al aborto se aprobaron, mientras tres para prohibirlo fallaron).
Como mecanismo de toma de decisiones, las iniciativas electorales son muy populares, y lxs electorxs de ambos partidos son intensamente hostiles a lxs legisladorxs que tratan de suprimir el voto directo. Por eso, cuando los gobiernos estatales o locales quieren hacerlo —por lo general cuando se trata de una iniciativa popular para lxs electorxs pero no para lxs dirigentes de los partidos— suelen intentar no aparecer como si simplemente estuvieran en contra de la democracia. En vez de eso, tienden a usar un abordaje más sutil, creando obstáculos burocráticos — legislación que hace el proceso más caro y menos accesible, obstáculos burocráticos de mala fe, tecnicismos extremadamente engorrosos, y largas impugnaciones judiciales.
Algunos de los métodos más comunes que los gobiernos estatales y locales usan para debilitar las iniciativas de la ciudadanía han sido intentar aumentar el porcentaje necesario para aprobar las iniciativas; subir la cantidad o ampliar la distribución geográfica de las firmas exigidas (lo que aumenta el costo de las campañas); alterar arbitrariamente los plazos y requisitos de trámites; imponer reglas de “tema único” que pueden parecer llenas de sentido común pero que en la práctica permiten que las cortes desechen iniciativas argumentando que se refieren a más de una cosa; imponer un lenguaje electoral divisivo y engañoso; promover medidas contradictorias destinadas a confundir a lxs electorxs; y cosas por el estilo.
Cuando todo lo demás falla, lxs legisladorxs han recurrido a desmantelar iniciativas a las cuales se oponen a través de proyectos de ley que anulan el efecto pretendido, y las cortes han neutralizado iniciativas ciudadanas declarándolas inconstitucionales, a veces valiéndose de tecnicismos absurdos. En casos raros, a menudo involucrando el sistema penitenciario, agencias del gobierno simplemente se han negado a cumplirlas. Aquí es donde el papel de la policía entra en juego. Cuando llega el momento decisivo ¿Quién hará cumplir las normas, y a quién responderán lxs encargadxs de hacerlas cumplir?
A lo largo y ancho del país, cuando se usan elecciones para aprobar políticas que la mayoría desea pero a las que el partido gobernante se opone, los gobiernos estatales y locales están recurriendo a la manipulación del juego para impedir el voto popular. Esto es exactamente lo que estamos viendo en Atlanta. En muchas ocasiones, las campañas han logrado superar las reglas manipuladas para ganar. Si esto será posible en el futuro puede depender de cuan descaradamente la policía pueda actuar para suprimir la disidencia.
El trabajo de la policía es imponer el statu quo, y un statu quo profundamente desigual requiere mano dura. Históricamente, la institución de la policía era importada de Inglaterra, donde los agentes eran usados para defender el poder de la monarquía contra las masas desde el siglo XIII. Una práctica similar se desarrolló en el siglo XVII por medio de grupos armados de hombres blancos designados para imponer el sistema de esclavitud en las colonias americanas y caribeñas.
Los primeros departamentos de policía oficiales en los Estados Unidos fueron la respuesta de la clase gobernante a los llamados a la rebelión de lxs abolicionistas. La policía moderna no se desarrolló para defender a las personas comunes de criminales, sino para proteger a lxs beneficiarixs de un sistema racial y explotador de aquellxs que querían cambiar ese sistema.
Hoy en día, personas razonables pueden no estar de acuerdo sobre el papel ideal de la policía en las calles para una sociedad con más justicia. Pero todxs deberíamos concordar que en la medida en que la policía existe, esta debería rendir cuentas a las comunidades que vigilan, no solo a las personas que detentan el poder. Sería difícil exagerar el peligro que la policía militarizada, dotada de armas, tácticas, y actitud de guerra, representa no solo para la seguridad de nuestras comunidades, sino para cualquier oportunidad que podríamos tener de democratizar los sistemas políticos y económicos de los EE. UU.
No es accidental que la Cop City haya emergido como reacción al levantamiento por justicia racial de 2020, en sí misma una respuesta popular a la violencia racista policial. En aquella ocasión, la policía trató brutalmente a quienes protestaban y atacó periodistas impunemente. El Departamento de Seguridad Nacional inclusive admitió haber usado vehículos no identificados para secuestrar activistas a mano armada. Se propuso crear la Cop City como consecuencia de estos hechos, para entrenar a la policía sobre cómo operar mejor, como si fueran una fuerza de ocupación en terreno hostil en una ciudad poblada por una mayoría de personas afrodescendientes.
Una de las principales fuentes de inspiración de la Cop City, la “mini Gaza,” del ejército israelí es muy elocuente. Es difícil encontrar una única persona, sea cual sea el país que apoye, Israel o Palestina, que quiera que la policía patrulle su barrio de la forma que el ejército israelí opera en Gaza. Quienes apoyan una policía militarizada implícitamente entienden que sus armas serán apuntadas a otras clases de personas en otros lugares.
En enero de 2023, como para no dejar dudas sobre el tipo de policía/ vigilancia que la Cop City reforzaría, la policía de Atlanta hizo una redada en el campamento de lxs manifestantes del Stop Cop City, disparando contra el activista Manuel “Tortuguita” Paez Terán por lo menos catorce veces en el proceso, matándolo allí mismo. La policía proclamó que Tortuguita tenía un arma y disparó contra la policía, pero grabaciones de la redada indican que probablemente los policiales se dispararon unos a otros por accidente, mientras que el abogado del distrito se ha negado a revelar al público las evidencias forenses.
Más tarde ese mismo año, justo cuando la campaña por el referéndum estaba comenzando a marchar a todo vapor, la policía de Atlanta arrestó docenas de manifestantes por terrorismo doméstico, asociación delictiva, y otros delitos condenándoles a sentencias de veinte años de prisión o más. Luego arrestaron tres personas que administraban el Fondo Solidario de Atlanta, que ayudaba a suministrar fianzas para los activistas del Stop Cop City.
La persecución a actividades de apoyo como el fondo de fianzas, y también las imputaciones absurdas —acusación de terrorismo por usar zapatos embarrados, intimidación por criminalizar la distribución de panfletos sobre el asesinato de Tortuguita— dejan muy claro que las sentencias honestas no son la prioridad. Estas acciones de la policía y de lxs abogadxs del estado, como las legislaciones recientes en todo el país criminalizando disentimiento posibilitando la violencia de justicierxs contra manifestantes, son para quebrantar el movimiento.
Poco tiempo después de la represión contra activistas y simpatizantes, el secretario municipal de la ciudad de Atlanta publicó la petición en línea para el referéndum con toda la información personal de lxs signatarixs, efectivamente exponiendo a todxs quienes querían una votación pública sobre el tema de la Cop City. Cuando lxs activistas exigieron que las informaciones fueran redactadas, el ayuntamiento dio la orden al secretario, pero el funcionario no lo ha hecho hasta hoy. Como con las obstrucciones al referéndum, la burocracia tiene una manera fluida de tomar la forma de represión. A pesar de todo, lxs organizadorxs sobre el terreno se negaron a dejarse intimidar y continuaron presionando para luchar contra la Cop City.
La amenaza de autoritarismo más directa claramente parece venir del Partido Republicano. Con el desfile de los medios enfocándose en elecciones con candidatos de dos partidos, puede ser demasiado fácil no ver cómo lxs Demócratas en ciudades liberales están acomodando las piezas para la transición autoritaria. La lucha para frenar la Cop City es emblemática de una lucha más amplia para gobernar la voluntad popular contra una clase política que parece cada vez más preparada para cambiar las instituciones democráticas por un estado policial.
Lxs Republicanxs de derecha no son el problema inmediato en Atlanta, donde el establecimmiento político Demócrata llegó al poder tras el movimiento de los derechos civiles. Pero sabiéndolo o no, ese establecimmiento político Demócrata está preparando el terreno para que la extrema derecha reprima el derecho al voto y los derechos civiles, preparando a la policía para una guerra contra su propio pueblo.
Este fenómeno de ninguna manera se limita a Atlanta y los impactos de la lucha por la Cop City no permanecerá local. Por medio de medidas antidemocráticas, la criminalización de las protestas y la militarización de la policía, la clase gobernante está intentando una maniobra de cerco a las posibilidades de cambios desde abajo. Cuanto más batallas de este tipo perdamos, más se reducirán nuestras opciones.
Benjamin S. Case es un investigador, escritor, y organizador delarga data, radicado en el cinturón del óxido o cinturón manufacturero en EE. UU. Es investigador en el Center for Work and Democracy (Centro por el Trabajo y la Democracia), donde encabeza el Proyecto de Iniciativas Electorales, y es miembro de la Iniciativa de Resistance Studies Initiative(Estudios de la Resistencia).
Foto: Jacobin
