La creciente influencia de Elon Musk en la política mundial y la gobernanza digital es cada vez más evidente a medida que continúa usando su plataforma, X (antes Twitter), para formar alianzas con dirigentes políticxs de derecha en pos de sus intereses empresariales. En Brasil, esta estrategia tiene importantes implicaciones para la soberanía nacional y la regulación de las plataformas digitales, como demuestra su enfrentamiento con el Tribunal Supremo de Brasil y el juez Alexandre de Moraes.

Recientemente, Musk desafió directamente las órdenes del tribunal en sentido de moderar el contenido de su plataforma, que incluía la difusión de desinformación explícita y discursos de odio. Aunque ha cumplido constantemente con los fallos judiciales de varios países sin alegar censura, Musk se ha posicionado en contra de lo que considera intervenciones ilegales y amenazas a la libertad de expresión.

Una investigación del New York Times detalla una estrategia más amplia de Musk: ejercer su influencia en apoyo de dirigentes políticxs que puedan beneficiar sus intereses económicos, como Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil. Musk no solo utiliza X para apuntalar a estxs dirigentes, sino que también busca grandes ventajas corporativas. Por ejemplo, en Argentina, tiene un interés personal en las reservas de litio del país, un recurso esencial para las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos de Tesla. En Brasil, Musk busca  ampliar Starlink, la plataforma de Internet satelital de SpaceX.

La presentación de los Twitter Files en Brasil ante el Congreso de Estados Unidos puso al descubierto los posibles objetivos políticos de Musk. Estas acusaciones, que Musk utilizó para lanzar ataques contra el juez Alexandre de Moraes y la democracia brasileña, fueron posteriormente desmentidas por juristas brasileñxs como Estela Aranha, quien aclaró que las supuestas amenazas estaban relacionadas con una investigación legítima de la Fiscalía de São Paulo contra miembros del PCC (el mayor sindicato del crimen organizado de Brasil) y no implicaban directamente al Tribunal Supremo ni a cuestiones de libertad de expresión. Este incidente subraya la necesidad de una mayor rendición de cuentas por parte de las empresas que gestionan plataformas esenciales de comunicación pública.

La disputa Musk vs. Moraes trasciende la moderación de contenidos; versa sobre la capacidad de un Estado para hacer cumplir sus leyes y reglamentos frente a poderosas corporaciones digitales globales que a menudo operan con una rendición de cuentas mínima. Este caso refuerza la necesidad de regular de forma más estricta y coordinada las plataformas digitales, teniendo en cuenta no solo la libertad de expresión, sino también la integridad de la democracia y la transparencia. Esto es más que un enfrentamiento entre una corporación global y un Estado-nación; es un microcosmos de la lucha en curso por regular el espacio digital, donde las tensiones entre la libertad de expresión, la soberanía nacional y la responsabilidad corporativa siguen desafiando a las autoridades públicas y a la sociedad civil. Esta situación exige una reflexión crítica sobre cómo deben funcionar las empresas de redes sociales en los distintos contextos jurídicos y culturales, respetando al mismo tiempo los derechos humanos.

Foto: Outras Palavras