En mayo, el gobierno israelí decidió crear 22 asentamientos nuevos en Cisjordania; una decisión de la que se hicieron eco la mayoría de los principales medios. Si bien recibió la repulsa oficial por parte de Reino Unido, Finlandia y algunos estados árabes, la decisión se aprobó sin consecuencia alguna para Israel, a pesar de la amenaza europea de imponer sanciones.
Por otra parte, el extracto político israelí recibió la decisión con gran entusiasmo y de forma extraordinaria. El Ministerio de Defensa la describió como "histórica", mientras que el ministro, Israel Katz, dijo que la medida “refuerza el control del estado israelí sobre Judea y Samaria"; nombre con el que Israel se refiere a Cisjordania. El de finanzas, Bezalel Smotrich, próximo al ala más radical, lo celebró como "un gran día para el establecimiento de los asentamientos e importante para el estado de Israel".
El júbilo israelí es comprensible, dado que es una de las decisiones más relevantes en lo que se refiere al desarrollo de los asentamientos en décadas. En paralelo, autorizó la reconstrucción de colonias evacuadas y desmanteladas en 2005, legalizó asentamientos hasta entonces ilegítimos según la legislación israelí y, aprobó, además, la construcción de nuevos.
La distribución geográfica planificada de estos asentamientos, algunos ya existentes, garantizará el control total de Israel sobre Cisjordania. En ella, se incluyen cuatro en el área de Ramallah (zona central); cuatro en Jenin, en el norte; cuatro más en Hebrón, en el sur; dos en Nablus, en el centro norte; uno en Salfit al noreste; tres en Jericó, en el sur del valle del Jordán; tres más al otro lado del valle del Jordán, y uno al este de Jerusalén.
En definitiva, se trata de una anexión a todos los efectos, excepto en el nombre.
La decisión es fruto de años de medidas previas que se han ido intensificando en los últimos meses.
La aprobación, el pasado mes de mayo, de los nuevos asentamientos debe considerarse como un próximo paso natural tras la decisión tomada hace un año por el exministro de defensa Yoav Gallant; encargada de derogar la Ley de Retirada del 2005, la cual provocó el desmantelamiento de cuatro asentamientos en la región de Jenín y la evacuación de todos los ubicados en la Franja de Gaza. Los de Jenin forman parte de los veintidós aprobados recientemente.
A principios de abril, Israel anunció una serie de proyectos de infraestructuras para los asentamientos en Cisjordania que, fundamentalmente, supondrían la división del territorio en dos. Los proyectos sentaron las bases para la expansión de colonias israelíes tras la anticipada legalización y se enfocaron en la separación total del tráfico palestino del de los colonxs mediante la construcción de nuevas carreteras; nuevas vías para los palestinos que evitarían las zonas amenazadas por la confiscación israelí, especialmente en la zona E1 de Jerusalén. Como consecuencia, múltiples franjas de terreno se volverían inaccesibles para los vehículos de las comunidades palestinas de la zona, como Khan al-Ahmar, a los que les resultaría muy complicado llegar a sus hogares en coche.
Además, a principios del mes pasado, el gobierno israelí decidió reactivar el proceso de registro de los terrenos del Área C, congelados por Israel tras la ocupación de Cisjordania en 1967. Acción que supondría la anulación del reconocimiento de títulos de propiedad emitidos por la Autoridad Palestina en Área C, sección que constituye 60% de Cisjordania conforme a los Acuerdos de Oslo y donde la AP no tiene presencia institucional. Por lo tanto, estas tierras de Cisjordania ser considerarían "territorio de Israel", posibilitando el registro de propiedad ante el instituciones del gobierno civil israelí y la conversión de terreno público palestino (o terrenos sin registro finalizado al principio de la ocupación en 1967) en tierras del Estado de Israel.
En definitiva, de nuevo, una anexión en otras palabras.
Todas estas decisiones han ido acompañadas de una escalada de demoliciones de propiedades palestinas en Cisjordania y un incremento de la violencia por parte de los colonxs. Según datos recopilados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH u OCHA por sus siglas en inglés), tan solo en el 2024, Israel demolió 1.768 infraestructuras palestinas; el número más elevado de derrumbamientos en Cisjordania desde el 2009.
Según OCAH, el 43.1% de esas estructuras eran viviendas habitadas; el 26.4% eran infraestructuras agrícolas y el 12.9%, otro tipo de construcciones. Las demoliciones dejaron a 4.265 palestinos sin hogar y afectaron a más de 165.000 personas. Desde principios de 2025, Israel ya había asolado 819 propiedades palestinas en Cisjordania.
Unos días antes de la decisión del gobierno, los colonxs israelís desataron otra ola de ataques violentos a los poblados palestinos: incendiaron terrenos cultivados en la aldea de Mughayyer, quemaron una cabaña campesina en el pueblo de Turmusayya, bloquearon la entrada del poblado de Sinjil al provocar una limpieza étnica y el desmantelamiento total de las comunidades Beduinas, que llevaban varias generaciones asentadas allí. La población más reciente es la población de Mughayyir al-Deir. Todas ellas situadas en la zona rural al este de Ramala.
Esta combinación de acciones israelíes, estatales y no-estatales apunta en una dirección: destruir los medios de subsistencia de los palestinos y reemplazarlos por asentamientos israelíes.
A la vez que continúa su incesante embestida en Gaza, Israel aprovecha la guerra para avanzar su proyecto de colonización en Cisjordania, apresurándose a cumplir la promesa de Smotrich de que 2025 sería «el año de la imposición de la soberanía israelí» en Cisjordania.
