MANILA — “¿Nuestra tierra ahora se destina a los negocios, cuando durante tanto tiempo se constituyó en nuestro medio de subsistencia?”, preguntó Haira Gabrielle Dollano, presidenta de Mindoro Youth for Environment and Nation (MYEN), durante el lanzamiento de la campaña y red Defend Mindoro, el 26 de julio frente a la Comisión de Derechos Humanos en Ciudad Quezón.
La iniciativa busca dar voz a la población mindoreña ante la agudización de la militarización, la estigmatización (red-tagging), los bombardeos aéreos y la invasión de sus tierras ancestrales.
El lanzamiento de Defend Mindoro coincidió con el Discurso sobre el Estado de los Derechos Humanos como parte del segundo día de la caravana LABAN: Southern Tagalog People’s Caravan, una movilización liderada por diversas organizaciones progresistas de la región.
Karapatan Southern Tagalog encabezó el programa y asistieron grupos indígenas, organizaciones juveniles, líderes religiosos, personas defensoras del medio ambiente y otros miembros de la población mindoreña que se oponen a los continuos ataques a sus medios de subsistencia, derechos y dominios ancestrales.
Larry Hernández, un Mangyan-Tadyawon del grupo Repungpungan Amayan Iraya Pag Abra de Ilog (RAIPA), habló de la discriminación y el abandono que sufren las comunidades indígenas, especialmente en lo que respecta a la falta de servicios sociales básicos y la protección estatal de sus dominios ancestrales.
"Debido a la militarización, lxs soldados a veces acampan directamente en nuestras comunidades. Como resultado, ya no podemos vivir en paz. Nuestros derechos como pueblos indígenas y como ciudadanxs ya no se respetan".
Vivian Balanza, una Mangyan-Iraya proveniente de Sitio Malatabako, compartió su propia experiencia bajo el acaparamiento de tierras corporativo y la presencia militar.
"Mis padres están prácticamente recluidos dentro de Hacienda Almeda. Yo misma sufrí abuso y opresión. Me pregunto, ¿a alguien le importa todavía los pueblos indígenas? Nosotrxs, los Mangyan, también merecemos ser visibilizadxs. Somos humanxs. También somos creadxs por Dios".
La aldea de Sitio Malatabako se encuentra bajo reubicación forzada y confinamiento (hamleting) y a un bloqueo de alimentos, tras la toma de las tierras ancestrales del pueblo Mangyan por parte de Piece Land Corporation para desarrollar proyectos inmobiliarios y comerciales. A lxs residentes se les prohíbe cultivar o salir de la aldea, mientras la presencia militar y de fuerzas de seguridad armadas continúa sin cesar.
John Erbel Borreta, portavoz de Defend Mindoro, expuso los resultados de varias misiones de investigación y solidaridad realizadas recientemente en los municipios del interior de Mindoro.
"Recopilamos datos que muestran cómo la militarización afectó a las comunidades. Lo que está en vigor es esencialmente una ley marcial de facto, con bombardeos, evacuaciones forzadas, hostigamiento e intimidación. Esto no es una mera presencia militar; es una represión sistemática", dijo Borreta.
Uno de los casos documentados fue el de Jay -El “JL” Maligday, un joven Mangyan-Hanunuo de 21 años, estudiante de educación, presuntamente asesinado por soldados durante una operación militar. El 7 de abril de 2024, las tropas allanaron su casa en Bulalacao, Mindoro Oriental, obligaron a su familia a salir y, poco después, se escucharon disparos. Lo encontraron muerto en el interior. Aunque el ejército alegó que hubo un enfrentamiento, su familia y testigos afirmaron que estaba desarmado.
Los grupos religiosos no están exentos. La pastora Glofie Baluntong, de la Iglesia Metodista Unida, enfrentó estigmatizaciones políticas (red-tagging) y amenazas mientras entregaba ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.
"Esto no nos está sucediendo solo a nosotros. Pero estas amenazas no nos impedirán ayudar, porque este es nuestro deber y es la voluntad de Dios", dijo Baluntong.
A pesar de los grandes proyectos de infraestructura en Mindoro —como la ampliación de puertos en Calapan y Roxas, la construcción de carreteras bajo el programa Build, Build, Build del expresidente Rodrigo Duterte, y proyectos energéticos como la hidroeléctrica de Pusawan y la planta geotérmica de Naujan— los servicios básicos siguen inaccesibles y la pobreza persiste.
"Nos expulsan de nuestras tierras para dar paso a represas, carreteras y operaciones mineras. Estos no son proyectos para la gente. Son para los capitalistas", dijo Haira Dollano.
Los proyectos mineros, incluidos los de Nickel Asia e Intex Resources, agudizaron aún más los acaparamientos de tierras. Defend Mindoro señaló que la militarización en la isla sirve como una herramienta de agresión en nombre del desarrollo, allanando violentamente el camino para el saqueo corporativo mientras obliga a las comunidades al hambre y el miedo.
Para Amirah Lidasan, presidenta nacional de la alianza indígena Sandugo, lo que ocurre en Mindoro refleja un ataque generalizado contra los derechos de los pueblos indígenas en todo el país.
"Nosotrxs, las minorías nacionales, seguimos luchando por nuestro derecho a nuestros dominios ancestrales. Es justo levantarse contra aquellos que roban nuestras tierras, lxs capitalistas, el gobierno y la élite compradora. El gobierno local debería apoyar nuestra lucha, y debemos tener una educación que sea verdaderamente nacionalista y liberadora".
La secretaria general de Karapatan, Cristina Palabay, subrayó que la agudización de la crisis en Mindoro no es un caso aislado, sino un reflejo de la situación general del país. "Mindoro es un espejo de la nación: abandonada, oprimida y despojada de derechos. Nos levantamos por Mindoro, nos levantamos por el sur de Tagalog y nos levantamos por todas las personas oprimidas de este país", declaró.
En medio de la violencia y la injusticia de larga data, el pueblo de Mindoro sigue manteniéndose firme no para beneficio propio, sino para el futuro de la isla y de la nación en su conjunto. Su lucha es una lucha por la vida, la dignidad y la libertad genuina. (AMU, RVO)
Foto: Bulatlat