De acuerdo con las reformas agrarias, los terrenos agrícolas en Filipinas se están convirtiendo a usos comerciales y residenciales. Los agricultores, que han estado resistiendo, se enfrentan a la falta de tierras y a la vigilancia y violencia por parte de agentes inmobiliarios, que reclaman la propiedad ilegal de terrenos en disputa.
MANILA – El recurso a la violencia contra los agricultores en pie de guerra continúa, 37 años después de la tristemente famosa masacre de Mendiola.
En un comunicado, Rafael Mariano, presidente emérito de Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), indicó que la situación desesperada y la reivindicación de una justicia social y una auténtica reforma agraria siguen siendo las mismas.
“Todavía no se ha hecho justicia. Aún no existe una verdadera reforma agraria. La falta de tierras sigue siendo un problema fundamental para los agricultores filipinos, y ningún programa aborda estos problemas”, comentó Mariano en el Instituto para las Pequeñas Industrias de la Universidad de Filipinas (UP ISSI) el 22 de enero.
Antes un paraíso
Cecil Rapiz, agricultora perteneciente a Alyansa ng Magbubukid ng Bulacan (AMB), comentó que su tierra en San José del Monte, en Bulacán, era antes conocida como un paraíso. Sin embargo, esto cambió cuando los proyectos de conversión de tierras les arrebataron aún más terrenos a los agricultores.
“En la actualidad, es una pesadilla para nosotros los agricultores. Cada vez nos desplazan más proyectos como el MRT-7 (la línea 7 del sistema de metro), la PPP (Asociación Público-Privada) y el Build-Build-Build”, explicó Rapiz.
La conversión del uso de la tierra es el acto o proceso de destinar la utilización física actual de terrenos agrícolas a usos residenciales, comerciales u otros no agrícolas.
En un estudio de UP de 2011, se observó una tendencia a convertir tierras de Luzón Central y de Tagala, al sur. Dichas regiones son áreas prioritarias para distribución de tierras agrarias, pero también se han señalado para preparación y desarrollo de terreno industrial.
Rapiz cuenta cómo, en un esfuerzo por echar a los agricultores de sus tierras, estuvo sometida a vigilancia y acoso constantes.
“Primero, intentaban engañarnos diciendo que recibían órdenes del movimiento joven. Pero después, descubrimos que eran agentes militares. Estuve años tratando de encontrar refugio", agregó Rapiz.
El miedo acecha a Rapiz y sus compañeros. Algunos integrantes de AMB fueron asesinados; entre ellos, la pareja Roger y Lucila Vargas. “Mientras, otros sufrimos detenciones y acusaciones falsas”, añadió.
Escalada de violencia
Jenny Capa, agricultora integrante de Samahang Magsasaka ng San Mateo (SAMA-SAMA), en Norzagaray, también vive la misma cruda realidad.
“Todos los días nos rodean matones armados hasta que los campesinos se ven obligados a abandonar sus tierras”, explicó.
Capa también relató el momento en el que unos matones armados irrumpieron en su casa, le apuntaron con un arma a la cabeza y le pidieron que dejara las protestas.
“Como iban armados, no tuve más remedio que mantenerme alejada. Yo lloraba mientras los matones destruían nuestros hogares. Incluso los niños quedaron traumatizados”, añadió.
Capa explicó que los matones armados eran de Royal Moluccan Realty Holdings Inc (RMRHI). En un informe de 2019 se puede comprobar que RMHRI demolió las casas y destruyó las propiedades y los cultivos de los agricultores.
“Cercaron nuestras casas con alambre de espino. Cada vez que nuestros hijos debían ir a la escuela, teníamos que pasarlos por encima para que no se lastimaran”, explicó.
RMRHI también estuvo detrás de los cargos de robo contra los 14 agricultores de SAMA-SAMA, en Norzagaray, en 2021. Capa, cuyo único delito fue recoger las cosechas y los cocos de sus 75,5 hectáreas de terreno agrícola, estuvo entre los campesinos arrestados.
RMRHI lleva desde 2005 reclamando la propiedad de las 75,5 hectáreas ubicadas en Sitio Compra, en el pueblo de San Mateo, tierras que los agricultores han estado trabajando durante décadas. La intención era usar las tierras en disputa para ampliar el cementerio Golden Haven Memorial Park, supuestamente propiedad de Villars.
Sin embargo, estas tierras de Sitio Compra están protegidas por el Aviso de Cobertura (NOC) de la Reforma Agraria Integral (CARP). Esto significa que están clasificadas para distribuirlas entre los beneficiarios de la reforma agraria, algo que también afirmó la Corte de Apelaciones.
“Nuestros hijos quedaron desatendidos durante tres días debido a los cargos que se nos imputaban. No sabíamos si esos serían nuestros últimos momentos juntos”, explicó Capa.
También comentó que, cuando fue puesta en libertad junto con otros integrantes de SAMA-SAMA, fueron acosados por el Grupo de Trabajo Nacional para Terminar con el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC).
“Al igual que los matones privados, iban a nuestras casas todos los días y nos acusaban de ser terroristas. Nos invitaban a unirnos a cierto grupo para que nos dieran fondos”, narró.
Sin embargo, a pesar de toda la intimidación y el acoso, Capa se mantuvo firme y les dijo a los agentes de NTF-ELCAC que no era una terrorista armada.
La misma lucha
Para la organización campesina Amihan, la administración de Marcos Jr. continúa amenazando a las familias, comunidades, organizaciones y sindicatos de campesinos del país.
“Aún la semana pasada, en Isabela y Dasmariñas, las fuerzas estatales señalaron a un sindicato de agricultores e irrumpieron en una comunidad agrícola civil portando armas”, explicó Zenaida Soriano, presidenta de Amihan en el ámbito nacional.
El ejército y la policía identificaron falsamente a dos integrantes de Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) como desertores del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) el pasado 12 de enero, en Santa María, Isabela.
Amihan también notificó que, tres días después, un camión militar no autorizado transportando cinco soldados uniformados entró en la comunidad agrícola de Lupang Ramos en Dasmariñas, Cavite.
“Su repentina presencia causó gran miedo y alarma entre los residentes, especialmente cuando uno de los soldados amartilló de pronto su arma. Este incidente fue solo uno de muchos intentos de entrada en Lupang Ramos por parte del ejército y la policía”, declaró Amihan.
En su reciente informe, el observatorio de derechos humanos de los campesinos Tanggol Magsasaka declaró que el 90 % de los más de 800 presos políticos del país son campesinos y organizadores de campesinos. En el caso de asesinatos extrajudiciales relacionados con el programa de contrainsurgencia del gobierno, el 93 % de las víctimas pertenecen al sector agrícola. Y, lo que es peor, también enumeró 22 masacres, que provocaron la muerte de 113 agricultores.
Ante la misma lucha de las comunidades campesinas de todo el país contra la militarización y el constante señalamiento terrorista, los agricultores del foro levantaron los puños en prueba de solidaridad con los testimonios de los líderes campesinos.
“El miedo no debe acobardarnos. La agricultura y el cultivo de la tierra no son actos de terrorismo. Somos los que proporcionamos alimentos a la nación”, concluyó Rapiz. (RVO)
Foto: Conmemoración de la masacre de Mendiola, enero de 2021. (Carlo Manalansan/Bulatlat).
