A partir de ahora, dentro de la norma legal de mayor rango se indicará que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.”

Este párrafo viene a robustecer el artículo 50 constitucional que, tras la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, estableció la responsabilidad estatal de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado e impulsó en el país el desarrollo de una serie de normas orientadas a fortalecer la protección de los recursos naturales bajo un esquema de desarrollo sostenible democrático.

Se preguntarán entonces porqué en una nación de reconocida trayectoria en materia ambiental, una discusión como la tutela superior del recurso hídrico se demora veinte años. La respuesta es simple y tiene relación directa con el bloqueo constante que fuerzas políticas de derecha, representantes de un sector empresarial egoísta, hicieron durante años para evitar a toda costa mayores regulaciones en cuanto al agua.

Por años legisladores de partidos políticos altamente comprometidos con sectores interesados en la privatización del agua o la flexibilización de normas de explotación del recurso frenaron la votación de esta reforma legal, bajo los más absurdos argumentos. No obstante, las anteriores elecciones dejaron por fuera de la palestra a muchas de estas fuerzas políticas y ello permitió que finalmente pudiésemos concluir la discusión.

La importancia de esta modificación constitucional es amplia. No solamente implica un reconocimiento a las miles de llamadas de Naciones Unidas para gestar políticas públicas que obliguen a los Estados a una mejor distribución del agua, sino que garantiza en la práctica una herramienta poderosa de justicia en materia ambiental, no únicamente en cuanto a distribución del recurso sino también para garantizar la seguridad de quienes defienden el acceso al agua.

Y es que, aún para un país como Costa Rica que tiene más de la mitad de su territorio cubierto de bosque y una cuarta parte del mismo bajo un régimen de protección ambiental, los efectos inclementes del cambio climático son cada vez mayores y ponen el dedo firmemente en la llaga de la desigualdad social.

El creciente cambio climático nos coloca ante un panorama donde la competencia por los recursos naturales abrirá más la brecha de las inequidades, volviendo más vulnerables a los ya vulnerables. Es ahí cuando la intervención de los gobiernos se torna indispensable para proporcionar distribución social equitativa y atenuar las consecuencias en poblaciones sensibles.

El agua en esta ecuación es un recurso estratégico. Sin agua no hay vida ni dignidad humana. Sin agua no se satisfacen las necesidades básicas de las personas ni hay producción que permita satisfacer las necesidades básicas de un país. Actualmente tenemos en Latinoamérica, o más bien el mundo, un doloroso vínculo entre pobreza y falta de acceso al recurso hídrico, que afecta con muchísima más fuerza a poblaciones rurales y a mujeres.

Lo anterior es de vital importancia. Hablar de acceso al agua implica necesariamente un abordaje desde la desigualdad de género, siendo que por ejemplo el promedio que una mujer en África camina para llevar agua a su hogar es de 6 kilómetros diarios, o que la necesidad de agua de una mujer en periodo de lactancia ronda los 7,5 litros al día. No en vano la “Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible” colocó como uno de sus principios elementales que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua

Dublín también hizo hincapié en el valor económico del agua en todos sus diversos usos en competencia. Lejos de que ello implique visualizar el recurso hídrico como mercancía, tiene que ver con la necesidad de estructuras tarifarias que permitan recuperar los costos económicos y sancionar el desperdicio. Pero significa también asegurar que sea asequible, y entonces se ponen en la mesa dos debates fundamentales: impedir la privatización del agua y generar tarifas diferenciadas que concuerden con las brechas sociales de la población.

Hoy, en medio de una pandemia global, más que nunca se fortalecen los discursos liberales que crean falsos antagonismos y proponen falsas soluciones. Con más fuerza que nunca establecen inexistentes disyuntivas como crecimiento económico vs protección ambiental o derechos laborales vs reactivación productiva. En la mira tendrán al Estado de Bienestar y sus políticas redistributivas, y el agua será un eje central de este ataque.

Frente a ello no nos queda más que enarbolar la bandera de un nuevo Pacto Verde. Un nuevo pacto social que custodia con tenacidad los elementos de gobernanza progresista que hoy tenemos y entiende de una vez por todas que solo en armonía con el medio ambiente podremos tener crecimiento económico sostenible y justo. El gran reto es que no se disocien ambos elementos, que la conservación ecológica genere riqueza distribuida, empleos verdes y bienestar social.

En la Costa Rica que hoy garantiza el derecho humano al agua, persisten voces anacrónicas que nos tornan lento avanzar hacia ese camino. Mientras algunas personas luchamos por reformas legales que orienten al país hacia una economía verde y descarbonizada no faltan quienes vestidos con ropas de otro siglo claman por explotar petróleo. Pero, tanto aquí como en el resto del mundo, seríamos bastante torpes si no aprovechamos esta crisis global para hacer esta vez bien las cosas.