La muerte de George Floyd en los Estados Unidos ha dado lugar a una serie de debates importantes, en particular en torno a la justicia racial y a la vigilancia policial. Mientras que las protestas contra sistemas de justicia penal brutales y las exigencias referentes a los legados coloniales se han extendido por todo el mundo, el sistema penal, la única institución específica que reúne ambos aspectos, no ha recibido tanta atención.
Las prisiones que cubren el paisaje africano son tanto un legado de la subyugación colonial como un lugar para atroces abusos de los derechos humanos. No obstante, han habido pocos llamados en el continente para su abolición o desfinanciación. De hecho, incluso durante el período de agitación y lucha anticolonial, parece haber habido pocas exigencias de este tipo. Esto resulta curioso dado que el encarcelamiento como castigo era completamente desconocido en África antes de la llegada de lxs europexs.
Los sistemas de justicia precoloniales "se centraban más en la víctima que en el perpetradxr y el objetivo final era la compensación y no el encarcelamiento", señala el profesor Jeremy Sarkin. Aunque la detención preventiva era común y algunos estados centralizados, como el reino de Dahomey en África Occidental, tenían prisiones permanentes, no se trataba de instituciones penales sino de establecimientos de reclusión temporal, cuando lxs sospechosxs o lxs convictxs esperaban justicia.
Sin embargo, incluso en la época precolonial, la interacción con Europa había empezado a influir en los sistemas penales y en las ideas relativas a la reclusión. Según Florence Bernault, autora de A History of Prison and Confinement in Africa, "la intensificación de la trata de esclavxs en los siglos XVIII y XIX, y la violencia que ésta implicó en el momento de la abolición, significó que un número sin precedentes de africanxs se enfrentaran a la captura y esclavitud, y que la influencia precolonial de lxs europexs sobre los sistemas penales africanos se debiera principalmente de la difusión de dispositivos de contención corporal y de tortura anticuados".
En los sistemas indígenas, las penas corporales y capitales se reservaban para los peores delitos, mientras que, según el tratado de Leonard Kercher de 1981 sobre el sistema penal de Kenia "el ostracismo, las sanciones religiosas y la expulsión … se empleaban principalmente contra delincuentes menos habituales, que habían ultrajado la conciencia y agotado la paciencia [de la sociedad]". En algunas sociedades, tales expulsiones adoptaron la forma de esclavitud y la trata de esclavxs incentivó la imposición de ese castigo para una gama cada vez más amplia de delitos. Quienes habían sido vendidxs eran retenidxs en campos donde los hombres eran encadenados, aunque en algunos casos, se permitía a las mujeres y a lxs niñxs moverse libremente en recintos vigilados hasta ser embarcadxs.
De forma similar, a medida que se imponía la abolición de la trata de esclavxs, tanto lxs esclavistas como lxs rescatadorxs de esclavxs mantuvieron a las víctimas en recintos cerrados: lxs primerxs para evitar las patrullas y lxs segundxs para alojarlas y supervisarlas en las llamadas " aldeas de la libertad". De este modo, la idea del confinamiento se hizo cada vez más habitual en el continente, aunque todavía no estaba vinculada al castigo; que vino con el colonialismo. No hay pruebas de la existencia de prisiones precoloniales en Kenia.
Sin embargo, cabe señalar que las prisiones estaban entre los primeros edificios que construyeron lxs británicxs cuando llegaban a una futura colonia. En los 16 años siguientes a su arribo a Kenia en 1895, construyeron 30 prisiones con una población promedio de más de 1500 personas encarceladas por día. Durante los siguientes 20 años, el número de prisiones y reclusxs aumentaría a más de doble. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, Kenia encarcelaba un porcentaje mucho mayor de la población que en las colonias británicas de otras partes de África Oriental y Central, con 145 de cada 100.000 nativxs en prisión. Y en 1951, en vísperas de la guerra de Mau Mau, las prisiones albergaban a casi 12.000 personas.
Daniel Branch atribuye la elevada tasa de encarcelamiento al hecho de que Kenia era una colonia de colonxs y de que, como relata un colega historiador, David Anderson, "la ley y el orden eran casi una obsesión para ciertos sectores de la comunidad de colonxs europexs". Este es otro vínculo con los Estados Unidos, donde la frase "la ley y el orden" se ha utilizado durante mucho tiempo para vincular a la resistencia negra contra a la jerarquía racista con la delincuencia, más recientemente en su uso por el Presidente Donald Trump con respecto a las protestas de Black Lives Matter.
De manera similar, en Kenia, el encarcelamiento al servicio de las exigencias de "la ley y el orden" no tenía por objeto impartir justicia. Como observa Branch, "lxs reclusxs de Kenia cumplían condenas en instituciones sin significado histórico, habiendo sido condenadxs por actividades que ellxs mismxs no considerarían delitos". Las prisiones eran más bien una extensión del proyecto de colonización, un dispositivo punitivo para garantizar el cumplimiento del orden colonial racista, así como sus dictados y privilegios de la autoridad blanca.
La prisión colonial se diferenciaba de su homóloga en Europa. "El cuerpo y el dolor no son los últimos objetivos de ... la acción punitiva", escribió Michel Foucault en su libro Vigilar y castigar, que detalla los cambios a largo plazo en el enfoque de la criminología europea. Sin embargo, según Bernault, "mientras que la institución penitenciaria occidental reformuló a lxs individuos libres como ciudadanxs y sujetos legales iguales, la prisión colonial entendía a lxs africanxs principalmente como objetos de poder". Se trataba del ejercicio del poder sobre ellxs y de ideas como la rehabilitación de delincuentes que proponía el movimiento de reforma penitenciaria en Occidente. Estas reformas tuvieron poco impacto en el funcionamiento de la prisión colonial.
Como señala Branch, desde el principio, lxs críticxs consideraron que las prisiones kenianas eran "insuficientemente duras". En su documento, "Imprisonment and Colonialism In Kenya", cita a un visitante de Lamu en 1909 que se quejaba de que la prisión era "una farsa, el castigo en lugar de actuar como elemento disuasorio sólo alienta a lxs prisionerxs a cometer delitos, no tienen un trabajo adecuado que realizar, se les dan todos los días de fiesta".
El encarcelamiento no era sólo un castigo, sino también un modo de extraer mano de obra y recursos para el estado colonial. Se obligaba a lxs prisionerxs a trabajar en proyectos públicos y el trabajo penal era considerado una parte vital de la economía colonial. Como señala Bernault, "Para 1933, el trabajo forzado se había convertido en una condena tan frecuente que el gobierno comenzó a construir campos de detención enteramente dedicados a la agricultura y las obras públicas".
Esta dependencia del trabajo penitenciario contribuyó a que se prefiriera encarcelar a las personas. En su testimonio ante la Comisión Bushe, establecida en 1933 para examinar el sistema de justicia de Kenia tras una serie de incidentes escandalosos, Sydney Hubert La Fontaine, Comisionado Provincial de la Provincia de Ukamba, demostró la preferencia por encarcelar a las personas. Admitió que rara vez habría considerado alternativas al encarcelamiento de lxs nativxs en caso de un primer delito, ni les habría dado tiempo para pagar las multas. "En la gran mayoría de los casos son detenidxs".
Otro incidente relatado por el anti-imperialista británico Norman Leys en su libro, A Last Chance for Kenya, demuestra la complicidad de las autoridades coloniales en el encarcelamiento de africanxs que sabían eran inocentes. Relata la historia de cómo un oficial de distrito se sorprendió al asumir un nuevo cargo, al descubrir que lxs colonxs blancxs tenían el hábito de hacer que su predecesor encarcelara y castigara a sus trabajadorxs menos eficientes con hasta seis meses de trabajos forzados, ¡a pesar que lxs trabajadorxs no habían cometido ningún delito! Cuando intentó detener esta costumbre, lxs colonxs escribieron al gobernador, fue amonestado y se creó una comisión de investigación para investigar sus acciones.
También es importante señalar que lxs colonxs se beneficiaron en gran medida del trabajo forzado de lxs convictxs en sus granjas, lo que sentaría un precedente para las futuras élites africanas. En 1954, el Ministro de Defensa de Kenia, Jake Cusack, diría sobre el uso de la mano de obra de lxs detenidxs Mau Mau: "Somos traficantes de esclavxs y la contratación de nuestros esclavxs la realiza, en este caso, el Departamento de Obras Públicas".
Sin embargo, esas actitudes tropezaban inevitablemente con las limitaciones del sistema penal, muy poco dotado de personal y recursos. A principios de la década de 1930, según Branch, el Departamento de Prisiones empleaba sólo a 20 europexs (principalmente radicadxs en Nairobi) y a más de 400 africanxs. En comparación, el número total de personas que se esperaba que vigilaran en el curso de 1930 era de más de 21.000. La remuneración también era bastante baja y un trabajo en el servicio penitenciario era exclusivo de quienes no tenían otras opciones, por lo que la rotación de personal era elevada. Los niveles de educación, por el contrario, eran abismalmente bajos, ya que el régimen colonial prefería reclutar al personal penitenciario de entre los antiguos soldados, a menudo analfabetos.
Las prisiones no sólo estaban deficientemente financiadas, sino que dependían de la mano de obra gratuita de lxs reclusxs para ser mantenidas en funcionamiento y para financiar una parte importante de sus operaciones. En 1930, por ejemplo, los ingresos de las industrias penitenciarias representaban una quinta parte del costo total del Departamento de Prisiones, unas £8.856, el equivalente a casi £600.000 hoy en día, es decir, unos 80 millones de chelines kenianos.
Es más, las instalaciones carcelarias y especialmente los campos de detención, introducidos en 1926 para alojar a lxs pequeñxs delincuentes en un intento vano de aliviar el hacinamiento, se encontraban destartalados. En general, tendían a ser administrados según los términos de lxs encarceladxs y no de lxs guardias. En muchos campos había escasa separación entre la comunidad penitenciaria y el resto de la sociedad, en algunos casos con lxs reclusxs libres de ir y venir a su antojo, lo que provocaba algunos raros momentos cómicos. Por ejemplo, Branch relata un caso en el que un magistrado de Mombasa, mientras inspeccionaba un campo de detención, se encontró con un recluso al que había condenado allí ese mismo día "tomando el té con su esposa e hijxs al interior del recinto". Y en Thika en 1952, a lxs reclusxs se les permitía salir a dar un paseo y podían preparar su propio licor en el Club Municipal.
Sin embargo, estos escapes momentáneos tal vez no tenían mucha importancia ya que la vida fuera de la prisión reflejaba cada vez más las condiciones dentro de ella. Como señala Caroline Elkins en su libro ganador del Premio Pulitzer, Britain's Gulag, "Durante décadas antes de la Emergencia [Mau Mau], lxs colonizadorxs británicxs intentaron controlar a la población africana a través de un complejo conjunto de leyes similares al apartheid, que dictaban, entre otras cosas, dónde podían vivir lxs africanxs, dónde y cuándo podían trasladarse, qué cultivos podían cultivar y qué lugares sociales podían frecuentar".
La prisión era sólo una parte del sistema para hacer cumplir esta brutal jerarquía racista, la cual incluía otros elementos como la flagelación pública y las multas extorsivas. Por ejemplo, según relata Leys, se denunciaron casos de niñxs africanxs multadxs con el equivalente a un mes de salario por robar una hogaza de pan.
Las depredaciones e imposiciones del Estado colonial y el resentimiento que éstas evocaban iban en aumento y culminaron con el estallido de la sublevación de Mau Mau en 1952. Esto cambiaría fundamentalmente el ya brutal sistema penitenciario de Kenia para peor, ya que decenas de miles de detenidxs y convictxs Mau Mau inundaron el sistema, haciendo que las jerarquías establecidas en su interior se derrumbaran, así como cimentando el lugar de la prisión en la imaginación popular como un lugar de profanación física y muerte social. Se convirtió en una aterradora quimera moderna que combinó castigos corporales y penas capitales precoloniales, ostracismos y expulsiones y los aplicó en una escala hasta entonces inimaginable.
Patrick Gathara es un comentarista y caricaturista social y político radicado en Nairobi.
Foto: Citizen TV
